Cómo combatir la impunidad en el país donde casi nadie denuncia

Imagina que una mañana antes de ir al trabajo te das cuenta de que alguien robó las llantas de tu coche, además en tu calle no hay cámaras. ¿Usarías tu tiempo para ir a la fiscalía para denunciar uno de los delitos con mayor impunidad en el país? Seguramente no. Sabes que la policía no tiene la capacidad de investigar debido a la falta de cámaras, así que se quedará impune. También sabes que estarás más de cuatro horas esperando un papel que ni siquiera asegura la recuperación de las llantas. Además, es importante considerar el contexto emocional: el enojo y la frustración que surge después de un robo podría empeorar al darte cuenta de que no habrá justicia. Ante este panorama, es inevitable no denunciar.

Desafortunadamente, este no es un problema nuevo. En el país sólo se denuncian e investigan 7 de cada 100 delitos, mientras que el 93% restante nunca llega a conocimiento de las autoridades ni se refleja en las cifras oficiales. A este último porcentaje se le conoce como cifra negra y es clave para comprender la crisis de seguridad pública del país.

Ante estas cifras, es indudable que las capacidades del Estado para garantizar seguridad en México son más endebles de lo que parece. No sólo se subestima el impacto de la delincuencia en la vida cotidiana, sino que conocemos menos del 10 % del problema real.

¿Cuáles son las causas de la cifra negra?

Durante los últimos trece años, los seis delitos que analiza el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) han mantenido cifras negras por encima del 80 %. Los tres más graves son: extorsión, fraude y robo en calle o transporte público. De estos, la tendencia de extorsión y robo se ha mantenido constante a lo largo del tiempo, mientras que la de fraude presenta una tendencia al alza desde 2015. Esto no debería sorprendernos, pues la misma naturaleza y contexto de estos actos delictivos explican su baja denuncia.

Desafortunadamente, a nivel nacional no se han presentado políticas específicas dirigidas a incentivar la denuncia de estos delitos, así que el país seguirá enfrentando un subregistro de los hechos delictivos, lo que impide una verdadera evaluación y respuesta a la crisis de seguridad.

Querétaro es el único estado del país donde los y las policías están equipados con tabletas electrónicas. La tableta les permite levantar denuncias de ciertos delitos (principalmente robos) casi al momento y en el lugar de los hechos, pues lo hacen a través de un sistema digital desde la calle o el lugar donde se encuentran. Es decir, cuando un policía acude a un llamado como primer respondiente, tiene la capacidad de levantar una denuncia que después se convertirá en una carpeta de investigación en la fiscalía, ya que todo el sistema de justicia está conectado mediante el sistema, que recibe el nombre de Cosmos. Con esta estrategia, el tiempo de denuncia de un robo pasó de más de seis horas en el Ministerio Pública a solamente 45 minutos, en promedio, en el lugar de los hechos y sin tener que acudir a una agencia del Ministerio Público.

En consecuencia, a partir de la implementación de esta estrategia aumentó significativamente el número de denuncias por robo a negocio, robo a vehículo, robo a casa y robo a transeúnte. Este dato podría malinterpretarse como que aumentó la inseguridad en Querétaro, pero no es así. Más bien, al hacer más rápidas y accesibles las denuncias, está disminuyendo la cifra negra. El modelo de Querétaro es un ejemplo de buenas prácticas en el país y debería ser adoptado por otras entidades.

La cifra negra refleja sólo el principio de una cadena de procesos donde intervienen diferentes autoridades, desde la policía hasta los jueces penales. Bajo la promesa de que la reforma judicial nos ofrecerá un sistema de justicia más accesible y efectivo, si no se atienden las causas originarias de por qué las personas no denuncian los delitos, esta oferta está vacía. Es decir, no veremos que las personas responsables de cometer actos ilícitos sean presentadas ante los jueces porque ni siquiera hay incentivos para denunciar.

Queda claro que la reforma judicial no es realmente una reforma al sistema de justicia, pues no aborda de manera integral los problemas que arrastran todas las instituciones involucradas. Hablamos de policías, servicios periciales o policías científicas, ministerios públicos o fiscales, defensorías públicas, centros de atención a víctimas.

A  través de la fórmula simplista de sustituir a los jueces y desmantelar las estructuras judiciales se prometió un “sistema más justo”. Sin embargo, los nuevos jueces electos por voto popular seguirán sin conocer los casos, porque ni siquiera se denuncian. Entonces, ante la ausencia de resultados, se generará aún más desconfianza en el sistema de justicia penal.

Si se lograra conectar la también reciente reforma al artículo 21 constitucional -que faculta a las policías a investigar- y esta reforma se complementa con un plan de modernización de las fiscalías, con una definición clara de roles de investigación y persecución penal, y se articula con la reforma judicial para contar con más y mejores jueces penales, entonces sí podríamos creer que se está trabajando para disminuir la impunidad y ofrecer mejores resultados.

Sin embargo, soy bastante escéptica ante este escenario. A diferencia de la política de proximidad de Querétaro, que ha facilitado los procesos para denunciar y ha mejorado la relación entre la ciudadanía y la policía, la reforma judicial ni siquiera se ve articulada en el discurso con la reforma a las policías. Así, la revisión de Fiscalías se ve lenta y sin rumbo, cuando menos hasta el momento. Ambos actores son clave en el proceso de denuncia y su ineficiencia es una de las razones por las que las víctimas prefieren no denunciar. Si la reforma no toca los actores clave, es muy poco probable que tenga algún impacto en la cifra negra.

También es importante considerar las implicaciones de una eventual disminución en la cifra negra dado un aumento de denuncias. Si las fiscalías y los jueces penales ya operan con una carga de trabajo elevada y con recursos limitados, ¿están realmente preparadas para recibir y procesar más delitos? Sin una mejora estructural en las instituciones responsables de coordinar las investigaciones y judicializar los delitos, un aumento en las denuncias únicamente saturará más al sistema, ralentizando los procesos previos y los nuevos, generando más desconfianza en la población. En este último escenario, la reducción de la cifra negra —sin capacidad de encauzar a investigaciones y procesos efectivos en fiscalías y tribunales— es un arma de doble filo, porque evidencia la capacidad muy limitada del sistema de justicia en México.

* Valeria Campuzano es investigadora del Programa de Justicia de México Evalúa.