Claves para dimensionar la ley eléctrica que viene
El pasado 26 de diciembre, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció que en el próximo periodo de sesiones del Congreso de la Unión se presentarán iniciativas de leyes que “fortalecerán las reformas constitucionales” que ha promulgado en su administración.
Entre estas iniciativas, muy probablemente se incluirá la nueva ley de la industria eléctrica, que dará forma al sector a partir de 2025. Estará fundamentada en los cambios consagrados en la Constitución y en lo que se denominó Estrategia Nacional del Sector Eléctrico (ENSE) en noviembre pasado. La pregunta es: ¿serán funcionales esos lineamientos planteados en la Constitución y la ENSE para diseñar un adecuado marco legal del sistema eléctrico de México?
¿Cómo han hecho otros países para reestructurar su mercado eléctrico?
Un parámetro de referencia es el aprendizaje que otros países ya han experimentado durante procesos de reestructuración de su mercado eléctrico. Sudáfrica, por ejemplo, ha enfrentado apagones constantes debido a la mala gestión de su empresa estatal de electricidad, Eskom. La ausencia de un marco regulatorio claro e independiente, y la corrupción presente en todos los eslabones de la cadena de oferta energética, han disuadido a las inversiones privadas de apostar por Sudáfrica. Aunque el gobierno de ese país ha implementado planes de reestructuración y búsqueda de inversiones, los avances son limitados. Sin embargo, hay que reconocer que desde 2024, gracias a mejoras administrativas en Eskom, Sudáfrica ha tenido su mayor período sin apagones.
En comparación, Brasil ha avanzado hacia la descentralización con políticas que favorecen la generación distribuida. En este esquema, pequeños productores y consumidores generan su propia electricidad. Esta tendencia ha permitido que, en 2024, la capacidad de la generación distribuida alcance 45 gigavatios (GW). En 2024, este tipo de tecnología representó aproximadamente el 15 % de la generación eléctrica total del país. Brasil proyecta un aumento al 17 % para 2034, lo que representará una porción significativa de su matriz energética renovable, según el Plan Decenal de Expansión de Energía del Ministerio de Minas y Energía de ese país. Para dimensionar, la capacidad instalada de generación distribuida de México ronda el 3.5 % del total.
En Estados Unidos, operadores independientes como ERCOT y PJM han logrado estabilizar sus redes mediante modelos de precios eficientes que impulsan la transición hacia energías más limpias y aseguran la confiabilidad del sistema. Estos modelos también han logrado mitigar la congestión y optimizar los recursos a través de inversiones inteligentes y el desarrollo de energías renovables.
La Unión Europea (UE), por su parte, ha aplicado medidas que han equilibrado la competencia del mercado y la sostenibilidad ambiental, como acuerdos de compra de energía a largo plazo (PPAs) y mecanismos para reducir la volatilidad de los precios. Bajo el plan REPowerEU, la UE busca que el 72 % de su electricidad provenga de fuentes renovables para 2030. Ello refuerza su independencia de los combustibles fósiles, particularmente para desconectarse de la dependencia del gas natural de Rusia, como respuesta estratégica ante los riesgos que le supone el conflicto bélico con Ucrania.
Riesgos del mal diseño del marco jurídico eléctrico mexicano
Un aspecto fundamental de cualquier legislación eléctrica es el despacho eléctrico. Este término hace referencia a la regulación de la inyección de energía a la red, en función de la demanda. La ENSE no define este punto con claridad, pero ratifica el modelo de López Obrador, que favorece el despacho de plantas de la Comisión Federal de Electricidad (CFE). Si el marco legal y regulatorio que viene legaliza el trato preferencial a plantas estatales, sin tomar en cuenta la optimización de costos y la competencia económica, veríamos los siguientes efectos perjudiciales.
1. Mayores costos de la energía
Recordemos que actualmente la energía producida por activos de la CFE cuesta 1.9 veces más que la producida por las empresas privadas, con datos oficiales de la Comisión Reguladora de Energía. A largo plazo, esto podría elevar los precios finales de la electricidad. Si no se subsidian, se perjudicaría a consumidores y empresas. Si se subsidian, aumentaría el gasto público y sería necesario desviar recursos de otros servicios esenciales como salud y educación para cubrir esta cuota. Una mala decisión, sobre todo si consideramos que otros esquemas dependen menos, o nada, de la ayuda financiera del gobierno.
2. Desinversión en renovables y efectos adversos en el medio ambiente
La preferencia por las plantas de la CFE, que dependen mayormente de combustibles fósiles, podría dificultar el cumplimiento de los objetivos climáticos de México, que busca generar el 35 % de su electricidad de fuentes limpias para 2030. Esto desalentaría la inversión en energías renovables ante la incertidumbre para los inversionistas, lo que podría frenar la innovación y la diversificación en el sector.
3. Inhibición de la inversión en manufactura y comercialización
Es importante considerar los riesgos legales que plantean al sector privado la incertidumbre política, la debilidad del Estado de derecho y otros problemas de gobernanza. Evidencia de ello son las respuestas a los sondeos a inversionistas realizados por el Banco de México. Un tercio de los encuestados expresan que los principales factores que inhiben su decisión de establecer sus operaciones de manufactura y comercialización en nuestro país son justamente estos riesgos.
Es más, el modelo que prioriza la participación de mercado de la CFE se puede interpretar jurídicamente como una violación de los compromisos del T-MEC relacionados con la competencia y trato justo a los inversionistas privados. Su implementación podría derivar en costosos litigios internacionales, lo que aumentaría la incertidumbre económica.
4. Limitación de la oferta eléctrica en el futuro
En el contexto de la ENSE y la presentación próxima de la iniciativa de la nueva ley eléctrica, es urgente que se defina de manera muy inteligente el concepto de “prevalencia de empresas estatales” que quedó plasmado en el marco del artículo 27 constitucional. La propuesta que hemos escuchado en el discurso político de limitar la participación privada al 46 % —nivel que tuvo la CFE en 2022— plantea un error de origen, pues implica omitir variables como la demanda creciente de energía, el diseño de los sistemas energéticos para cumplir los compromisos ambientales, y las ventajas que el cambio tecnológico puede aportar al sistema mediante la inversión publico-privada. Imponer restricciones como el 54 % de participación estatal es equivalente a poner una camisa de fuerza a la oferta eléctrica del futuro.
Cómo debe ser el diseño de la nueva ley eléctrica
Es necesario diseñar un sistema flexible, con reglas claras e instituciones capaces de regular y operar el sistema. Debe asegurar que haya monitoreo continuo y que se reporten con transparencia las estadísticas y el desempeño. Debe, también, darse la posibilidad de reajustar los planes de inversión conforme a las circunstancias cambiantes, para garantizar la confiabilidad del suministro energético. Es esencial que la política energética combine sostenibilidad y crecimiento económico.
Para ello, el Centro Nacional de Control de Energía (Cenace), el operador del sistema, debe estar facultado con independencia tanto de las empresas estatales como de los operadores privados. Sus funciones deben ser supervisar a estas entidades, gestionar subastas de capacidad, monitorear y dar trazabilidad a la generación y consumo de energía renovable, así como coordinar proyectos de electrificación en áreas desatendidas con protocolos modernos de transparencia y rendición de cuentas.
Por último, la ley deberá integrar criterios ambientales y económicos alineados con los compromisos internacionales de México. Esto incluye límites de emisiones vinculados a metas nacionales de reducción, e incentivos a la CFE para que en sus planes de inversión priorice las fuentes de energías limpias. Ante esta coyuntura, la colaboración entre actores públicos y privados es clave para fomentar la sostenibilidad y garantizar un sistema energético robusto y confiable.
* Ana Lilia Moreno (@analiliamoreno) es coordinadora del Programa de Regulación y Competencia de México Evalúa.
Los investigadores anticorrupción califican como “profundamente lamentable” lo que consideran como una falta de cooperación de Yoon Suk Yeol con el proceso legal.
La agencia anticorrupción de Corea del Sur no pudo ejecutar una orden de detención contra Yoon Suk Yeol, suspendido de sus funciones desde el 14 de diciembre.
Los 150 oficiales involucrados en la operación fueron superados en número, primero por la gran cantidad de seguidores de Yoon que se habían congregado afuera de su residencia desde tempranas horas de la mañana, y luego por un muro humano de escoltas de seguridad dentro de la propiedad.
Los agentes de la Oficina para las Investigaciones de Corrupción de Funcionarios de Alto Rango (CIO, por sus siglas en inglés) trataban de ejecutar una orden de arresto emitida a principios de esta semana después de que Yoon ignorara tres citaciones judiciales en las que sería interrogado.
Yoon se encuentra actualmente bajo investigación por abuso de poder e incitación a una insurrección después de que intentara imponer la ley marcial a principios de diciembre.
La medida, que duró unas pocas horas, condujo a una crisis política, en la que Yoon fue destituido por el Parlamento liderado por la oposición y suspendido de su cargo.
Desde tempranas horas de este viernes, decenas de furgonetas policiales se alinearon en la calle frente a la residencia de Yoon en el centro de Seúl, la capital de Corea del Sur, antes de que el equipo de arresto, compuesto por oficiales de policía y miembros de la CIO, comenzara a moverse hacia el edificio alrededor de las 08:00 hora local (23:00 GMT).
La operación comenzó con un equipo de 20 personas, pero rápidamente se multiplicó hasta llegar a unas 150.
Incluso entonces, el número de agentes involucrados no fue suficiente.
Cerca de la mitad de ellos logró ingresar al recinto, pero quedaron atrapados durante horas en un enfrentamiento con los oficiales de seguridad del presidente (cuyo trabajo todavía consiste en proteger a Yoon, a pesar de que este ha sido despojado de sus poderes), además de una unidad militar responsable de la ciudad de Seúl.
“Hemos determinado que el arresto es prácticamente imposible”, informó la CIO, responsable de la investigación por la efímera declaración de ley marcial de Yoon el mes pasado.
“Detengan el robo”
Si la orden de arresto hubiera sido ejecutada, Yoon se habría convertido en el primer presidente en funciones en ser arrestado en la historia de Corea del Sur.
La CIO aseguró que la falta de cooperación de Yoon en el proceso legal es “profundamente lamentable” y añadió que los próximos pasos se decidirán después de una revisión.
Cuando la oficina anticorrupción anunció la suspención de la orden de arresto, los seguidores de Yoon, que llevan días acampando frente a la residencia presidencial, celebraron con cantos y bailes.
“¡Ganamos!”, corearon. Algunos llevaban carteles que decían: “Detengan el robo”, una frase que también fue utilizada por los partidarios de Donald Trump después de que perdiera las elecciones de 2020.
La CIO afirmó que la preocupación por la seguridad del equipo en el terreno fue un factor que influyó en la decisión de cancelar la orden de arresto.
El servicio de seguridad presidencial respondió que responsabilizará al CIO y a la policía por allanamiento, y alegó que el equipo había herido a algunos de los miembros de su personal.
Dudas sobre la jurisdicción del CIO
Este nuevo acontecimiento no es inesperado, dada la actitud desafiante que ha mostrado Yoon durante todo el proceso de investigación.
Los expertos aseguran que, como abogado y exfiscal, Yoon es muy consciente de las lagunas legales disponibles para su defensa.
Los investigadores tienen hasta el 6 de enero para arrestarlo antes de que expire la orden de arresto actual.
Esto significa que podrían intentar ejecutarla nuevamente durante el fin de semana.
Pero esto podría representar un desafío aun mayor, pues es probable que la multitud de seguidores apostados a las afueras de la residencia presidencial aumente.
Sin embargo, la CIO también podría solicitar una nueva orden de arresto y tratar de detenerlo nuevamente en un futuro próximo.
Antes de que el intento fuera frustrado, el equipo de seguridad de Yoon le dijo a la agencia de noticias Yonhap que había estado negociando con los investigadores de la agencia anticorrupción.
La policía ha abierto una causa penal contra el jefe del servicio de seguridad de Yoon y su adjunto, y los ha citado para interrogarlos, según Yonhap.
Adicionalmente, el equipo legal de Yoon también fue visto entrando a la residencia poco después del mediodía, hora local.
Su abogado, Yoon Gab-keun, declaró hace días que emprenderían acciones legales en contra de la orden de arresto, argumentando que los agentes anticorrupción carecían de autoridad para detenerlo.
Park Chan-dae, el líder del principal partido de oposición, el Partido Democrático, ha criticado a Yoon por no cumplir su promesa de asumir la responsabilidad legal y política por su fallido intento de instaurar la ley marcial.
“Fue una completa mentira”, señaló Park, instando a la CIO a ejecutar nuevamente la orden de captura contra Yoon.
La CIO fue creada hace cuatro años en respuesta a las quejas de los surcoreanos por los excesos de la expresidenta Park Geun-hye.
En diciembre de 2016, la mantaria fue destituida del cargo.
El alcance de la jurisdicción de esta agencia ha sido cuestionado por otras agencias, pero su fracaso a la hora de lidiar con Yoon podría ser percibido como vergonzoso.
Semanas de caos
Corea del Sur ha estado sumida en el caos político desde que Yoon intentó instaurar la ley marcial el 3 de diciembre, que creó una gran división en el Parlamento entre aquellos leales a Yoon y un grupo que buscaba destituirlo.
Días y noches de protestas culminaron con un voto en el Parlamento dominado por la oposición para destituir a Yoon el 14 de diciembre.
Dos semanas después, el parlamento votó para destituir a su sustituto, el presidente interino Han Duck-soo.
Fue la primera destitución de un presidente interino en la historia de Corea del Sur.
Los parlamentarios de la oposición argumentaron que Han, cuya labor era sacar al país de su crisis política, se negaba a cumplir con las demandas de completar el proceso de impeachment de Yoon.
El viernes, los fiscales también acusaron de cargos de insurrección al jefe del ejército Park An-su, quien fue nombrado comandante de la ley marcial durante la breve declaración, y al comandante de las fuerzas especiales Kwak Jong-geun, según el medio de noticias Yonhap, con sede en Seúl.
Ambos serán juzgados mientras se encuentran en prisión.
Información adicional de Jake Kwon en Seúl
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