Un año ha pasado ya desde que inició la lucha de habitantes de Xochimilco y de Azcapotzalco contra la militarización, por la defensa del territorio y por la protección de sus derechos humanos. El 10 de agosto de 2022 pobladores de San Luis Tlaxialtemalco y vecinos de la Unidad Habitacional El Rosario, presentaron sendas quejas, ante la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHCM) para denunciar la vulneración de distintas garantías, tras la construcción de cuarteles de la Guardia Nacional en sus comunidades.
En el primer caso, se cedió un predio, de más de 30 mil metros cuadrados, para la construcción de instalaciones de la Guardia Nacional, sin realizar una consulta libre, previa e informada, sin analizar las afectaciones de las y los pobladores y violando su derecho al medio ambiente, al desarrollo propio y a su autodeterminación como pueblo indígena.
“Como pueblos originarios tenemos el derecho a que se nos informe bien, sin ningún sesgo ni tendencia; sin embargo nunca nos consultaron. La presencia de la Guardia Nacional tampoco garantiza la seguridad del ciudadano (…) Por otro lado, el hecho que se haya construído en esa zona nos preocupa porque ¿de dónde se toma el agua para el abastecimiento del personal del cuartel? De nuestros propios recursos naturales, cuando en el propio barrio de San Luis no llega el agua”, explicó una de las habitantes, durante Foro Xochimilco NO es cuartel, realizado el 17 de junio de este año, junto con varios integrantes de las Asambleas del Agua de la demarcación.
Por su parte, las y los habitantes de Azcapotzalco, argumentaron en su queja que al construir un cuartel en donde antes se encontraba la única área recreativa de la Unidad -una cancha de futbol-, en las inmediaciones de un preescolar, las autoridades del Gobierno capitalino y de la Alcaldía vulneraron su derecho a la ciudad, al espacio público y a la creación, recuperación, mantenimiento y defensa de los espacios de convivencia social.
Así, las y los vecinos de ambas alcaldías buscaron la protección del organismo de derechos humanos local, en un tema donde la Comisión ha tenido históricamente un papel activo en advertir los riesgos de la militarización. Hoy en día, las quejas siguen sin ser admitidas.
Gran parte de la justificación de las autoridades capitalinas para realizar estas acciones, pese a que se realicen en detrimento de las garantías de los capitalinos, ha sido la supuesta necesidad de fortalecer la estrategia de seguridad. Esto, pese a que en múltiples momentos las mismas autoridades han indicado que en la Ciudad de México la incidencia delictiva ha ido a la baja y que se cuenta con la mejor policía del país. Estas aseveraciones confirman que en esta entidad no se necesitan más cuarteles ni mayor despliegue de una corporación como la Guardia Nacional, que tiene desdibujado su carácter civil, y que, al estar compuesta mayormente por militares, ha reproducido las inercias castrenses como el abuso, uso excesivo de la fuerza y la opacidad.
Una muestra de esto es la detención arbitraria y desaparición forzada de tres personas en la comunidad de Topilejo, cometidas en 2022 por parte de elementos de la Guardia Nacional, por las que la Comisión Nacional de Derechos Humanos emitió una recomendación el pasado 2 de agosto.
Justamente, como hemos venido insistiendo en distintos posicionamientos, para prevenir estas situaciones que atentan contra los derechos y para proteger la integridad de las y los capitalinos es necesaria la existencia de controles robustos, que se exija la rendición de cuentas y que la presencia de la corporación sea extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria a la Policía capitalina. Es necesario, sobre todo, preservar la vía civil en la capital y darle contenido real y exigible a los derechos al medio ambiente, a la seguridad ciudadana y a la ciudad, recientemente incorporados en la Constitución local, lo que por cierto fue muy celebrado y difundido.
Estas no han sido las únicas luchas contra la militarización en la Ciudad. En febrero, habitantes de pueblos, barrios y colonias de Xochimilco, por medio de una demanda de amparo, lograron la suspensión definitiva de la construcción de instalaciones de la GN sobre el Vivero Nezahualcóyotl, un área natural protegida, medida cautelar que sigue vigente. Mientras que vecinas y vecinos de San Mateo Xalpa (también de la alcaldía xochimilca) y habitantes de Milpa Alta han resistido y mantienen su exigencia contra la construcción de cuarteles en sus zonas.
Para dialogar sobre estos procesos, esta semana sostendremos en el Centro Prodh el foro: “Derechos Humanos y militarización: ¿necesitamos al Ejército y a la Guardia Nacional en la CDMX?”.
Es fundamental que se evite la implantación de un modelo de seguridad militarizado en la capital, lo que sería contrario a la identidad de una verdadera “ciudad de derechos”.
Oficialmente no existe como una entidad jurídica, pero eso no impidió que el Tribunal Supremo de Rusia declarara como una organización extremista al “movimiento público internacional LGTB”.
Además, prohibió cualquiera de sus actividades en todo el país a raíz de un proceso impulsado por una moción del Ministerio de Justicia.
La audiencia se celebró a puerta cerrada sin la presencia de “la parte de demandada”, aunque sí se permitió la entrada de periodistas para escuchar la decisión del tribunal.
Hace tres años la Constitución rusa fue modificada para dejar claro que el matrimonio se refiere a la unión entre un hombre y una mujer.
Las relaciones entre personas del mismo sexo no están reconocidas en la Carta Magna rusa.
Los temores que despierta esta decisión
Antes de la sentencia, le pregunté a Sergei Troshin, diputado municipal en San Petersburgo, qué efecto tendría.
“Creo que esto significará que cualquiera que el Estado considere activista LGBT podría recibir una larga pena de prisión por ‘participar en una organización extremista'”, dijo el funcionario que se declaró homosexual el año pasado.
“Para el organizador de un grupo así, la pena de prisión será aún mayor”, agregó.
“Esto es una represión real. Hay pánico en la comunidad LGBT de Rusia. La gente está emigrando con urgencia. La palabra real que estamos utilizando es evacuación. Estamos teniendo que salir de nuestro propio país. Es terrible”, lamentó Troshin.
En los últimos años, la comunidad LGBT de Rusia se ha visto sometida a una presión cada vez mayor por parte de las autoridades. En 2013, se aprobó una ley que prohibía “la propaganda [dirigida a menores] de relaciones sexuales no tradicionales”.
El año pasado, esas restricciones se ampliaron a todos los grupos de edad en Rusia.
Las referencias al colectivo LGBT se han eliminado de libros, películas, anuncios y programas de televisión. A principios de este mes, un canal de televisión ruso decoloró un arco iris en un vídeo de una banda de kpop surcoreana para evitar ser acusado de violar la ley de “propaganda gay”.
“No las necesitamos”
En la Duma, la cámara baja del Parlamento ruso, Vitaly Milonov, famoso diputado del partido gobernante y que es conocido por sus posturas homófobas, afirmó que la prohibición de los grupos LGBT “no tiene que ver con las minorías sexuales ni con la vida privada de las personas”.
“Se trata más bien de la agenda política proclamada por este movimiento internacional LGBT”, me dijo.
“Tienen sus propias tareas, sus propios objetivos. Actúan como una fuerza política, una estructura política, y los objetivos de esta estructura contravienen la Constitución rusa”, aseguró.
En ese momento le aclaré que “no existe un movimiento llamado ‘Movimiento público internacional LGBT’. ¿Cómo puedes prohibir algo que no existe?”.
“Oh, es fácil”, respondió Milonov. “Podemos prohibir cualquier actividad de las organizaciones internacionales LGBT aquí en Rusia. Eso está muy bien. No las necesitamos”, dijo asegurando que todavía no había llegado al final de su lucha.
“Estoy deseando dar el siguiente paso: prohibir la bandera arco iris de seis colores. No necesitamos esta bandera. Es un símbolo de la lucha contra la familia tradicional. Espero que nadie pueda mostrar esta bandera en Rusia”, concluyó.
“Valores tradicionales”
Desde que Vladimir Putin gobierna Rusia, el Kremlin se ha volcado en defender una ideología centrada en el pensamiento conservador y los “valores familiares tradicionales”.
Para las autoridades rusas el activismo LGBT es algo inherentemente occidental y que es hostil a las costumbres de Rusia y la presión que ejercen sobre la comunidad la presentan como un medio para defender la estructura moral del país.
Otro aspecto es la popularidad de estas medidas de cara a las elecciones presidenciales del próximo marzo.
“Creo que [la audiencia judicial] está relacionada”, opinó Sergei Troshin. “[Las autoridades] están creando un enemigo artificial”.
“Dicen: ‘Estamos luchando contra Occidente’. La batalla contra las personas LGBT encaja en esta retórica antioccidental. Luchar tanto contra Occidente como contra la comunidad LGBT es popular entre la parte conservadora y antioccidental de la sociedad. Así que este tema se impulsará en el periodo previo a las elecciones”, agregó.
“Me están echando”
Maxim Goldman, quien trabaja para una organización rusa que ofrece apoyo personas transgénero y no binarias, añade que “intentan distraer la atención de problemas más importantes, en los que las autoridades rusas no quieren que la gente piense”.
“En cuanto nos enteramos de la vista en el Tribunal Supremo, las personas que dirigen nuestra organización se dieron cuenta de que tendríamos que abandonar el país urgentemente. Se convirtió en una emergencia”, contó Goldman.
Hablé con Maxim, que se identifica como no binario, en su último día en Rusia. Había hecho una pequeña maleta y estaba a punto de dirigirse al aeropuerto.
“Me siento totalmente rechazado por mi propio país“, lamenta. “Se supone que aquí tenemos una democracia. Se supone que la gente que ponemos en el poder debe cuidar de nosotros”.
Recuerda que puedes recibir notificaciones de BBC News Mundo. Descarga nuestra app y actívalas para no perderte nuestro mejor contenido.
