Teuchitlán y la crisis de desapariciones: anuncios insuficientes
Después de que la crisis de desapariciones fue ignorada durante la pasada campaña electoral y durante los primeros meses de la administración en turno, el horror de Teuchitlán y la reacción de una sociedad que despertó de su letargo frente a la imparable violencia, obligaron al gobierno federal a posicionarse ante esta grave problemática que requiere acciones urgentes y extraordinarias.
Tras una reacción inicial que no estuvo a la altura, en su mensaje del 17 de marzo la presidenta afirmó que atender el problema “es una prioridad nacional”. Este mensaje es positivo, pues siempre es relevante que la cabeza del Estado no minimice el tema ni lo reduzca a una discusión de cifras, como ocurrió en el sexenio pasado.
Paralelamente, se prometió que para Teuchitlán habrá verdad y justicia, lo que ya parece improbable dado el cúmulo de negligencias iniciales de la Fiscalía de Jalisco y dada la pobre reacción de la Fiscalía General de la República (FGR). Lo corrobora el cruel y revictimizante espectáculo, inusitado incluso para los estándares mexicanos, que generó la desorganizada apertura del sitio a medios y colectivos por igual. La prioridad de la investigación parece orientada a establecer que en el sitio no se incineraban cuerpos para concluir que no era un “campo de exterminio”, más que en el esclarecimiento pleno. Su investigación es sobre un predio, no sobre una práctica generalizada en la región.
Adicionalmente, se anunciaron una serie de medidas para atender la crisis de desapariciones. Éstas han sido recibidas con escepticismo por la gran mayoría de los colectivos en los que se articulan las madres buscadoras y, en efecto, se quedan muy cortas frente a la magnitud de la crisis. De hecho, algunas de estas medidas ya están previstas en la Ley sobre Desapariciones de 2017 y si no han sido operativas no es por falta de marco legal sino por las resistencias de las propias instituciones, falta de presupuesto e indolencia.
Por ejemplo, se anunció que se creará una Base Única de Información Forense, pero desde 2017 en la Ley en Materia de Desaparición se prevé el Banco Nacional de Datos Forenses (BNDF) en el artículo 119. Sin embargo, el Banco no es aún funcional porque las fiscalías –y en particular FGR— han sido omisas en cumplir sus obligaciones: aún hoy no se incorporan registros básicos como el Sistema Actualizado de Identificación de Huellas Dactilares. Frente a esta omisión, víctimas como Olimpia Montoya han tenido que interponer amparos, con acompañamiento del Centro Prodh, de modo que el Poder Judicial de la Federación ha tenido que reiterar que las autoridades, en específico FGR, deben crear y operar adecuadamente el Banco.
Por otro lado, se anunció que se retomará el Centro Nacional de Identificación Humana (CNIH). Es una buena noticia, pues el modelo de incorporar un enfoque más humanitario que penal para los casos de larga data y el análisis de las piezas óseas altamente degradadas ha dado resultados, como se puede corroborar en el Centro Regional de Identificación Humana de Coahuila (CRIH). Sin embargo, no puede soslayarse que el CNIH se creó por reforma legal en 2022 e incluso se inauguró en Morelos, y fue abandonado a partir de 2023, pues para complacer a las fiscalías se abdicó de crear este esquema paralelo y los esfuerzos se encaminaron a revisar las cifras. Igualmente, se anunció que mejorarán los protocolos de investigación. Pero desde 2022 se adoptó con amplia participación de los colectivos el Protocolo Homologado de Búsqueda, que ya prevé no esperar 72 horas para la búsqueda lo que, sin embargo, es letra muerta.
También se anunció que se homologará la investigación de las desapariciones a la del secuestro, lo que es un retroceso pues son crímenes diferentes. Y, por último, se anunció que ahora se publicarán periódicamente las cifras de carpetas de investigación iniciadas por denuncias de desaparición. Pero este anuncio pasa por alto que en vastas regiones del país no hay condiciones para denunciar. Precisamente por ello, desde 2017 se había creado en la Ley el Reporte de Desaparición y el Registro Nacional de Personas Desaparecidas, en la idea de no obligar a los familiares a denunciar penalmente si esto les expone a riesgos. Cuestionar ahora la pertinencia de que tal reporte pueda levantarse es no entender el contexto.
Como se ve, el escepticismo de las familias ante lo anunciado tiene justificación. Máxime dado que estas medidas serán implementadas por un funcionariado que proviene del tramo final de la anterior administración, a quienes se premió con continuidad este sexenio pese a su lamentable desempeño. Es difícil hablar de medidas novedosas cuando las personas encargadas de implementarlas son las mismas que las obstaculizaron en el pasado. Además, nada se ha anunciado para prevenir el reclutamiento forzado. En ese sentido, es positivo relanzar la CURP, pero la crisis de desapariciones tiene más que ver con impunidad, rezago forense, reclutamiento forzado y gobernanza criminal que con un registro poblacional.
Para que el positivo anuncio de voluntad de la presidencia redunde en cambio real, las medidas a adoptar deben ser más profundas y requieren inversión, lo que por la desatención inicial al tema en este sexenio sucederá plenamente hasta el año que entra. Es fundamental, además, que las propuestas queden abiertas a la retroalimentación, en diálogo con lo que en el tema han propuesto actores internacionales –como por ejemplo el Comité contra las Desapariciones Forzadas de la ONU (Comité CED), que hace unos años recomendó una muy completa Política Nacional para Prevenir y Erradicar las Desapariciones—. Pero, sobre todo, estas medidas deben quedar abiertas al diálogo con los propios colectivos de personas buscadoras, que con claridad y dignidad han salido a decir de nuevo “Sin las familias, no”.
Descalificar el reclamo de las familias o estimar que detrás hay una campaña opositora es una forma de eludir la responsabilidad. En este tema, las víctimas son los desaparecidos y sus familiares, no el gobierno. Por eso es esencial escucharles en su pluralidad y seguirles acompañando, como ocurrió en la jornada de Luto Nacional por Teuchitlán, donde se reportaron movilizaciones en 26 estados. Sin este contexto de exigencia firme, la crisis de desapariciones difícilmente será revertida y la verdad sobre Teuchitlán no será alcanzada. Es por ello esencial que como sociedad no perdamos la capacidad de condolernos.
Una madre explica por qué ella -y el 77% de las mujeres del país africano- han utilizado estos peligrosos productos, incluso en bebés.
Una madre del norte de Nigeria está visiblemente alterada mientras abraza a su hijo de dos años, que tiene quemaduras y la piel descolorida en la cara y las piernas.
La mujer, de 32 años, utilizó productos para blanquear la piel de sus seis hijos, presionada por su familia, con unos resultados de los que ahora se arrepiente profundamente.
Fátima, cuyo nombre se ha cambiado para proteger la identidad de su familia, dice que una de sus hijas se cubre la cara siempre que sale a la calle para ocultar sus quemaduras.
Otra quedó con la piel más oscura que antes, con un círculo pálido alrededor de los ojos, mientras que una tercera tiene cicatrices blanquecinas en los labios y las rodillas.
Su hijo pequeño aún tiene heridas supurantes, pues su piel está tardando mucho en curarse.
“Mi hermana tuvo hijos de piel clara, pero los míos son más morenos. Me di cuenta de que mi madre favorecía a los hijos de mi hermana en detrimento de los míos por su tono de piel y eso hirió mucho mis sentimientos”, dice Fátima.
Una crisis sanitaria
La mujer relata que utilizó cremas que compró en un supermercado local de Kano, una ciudad al norte del país y la segunda más poblada, sin prescripción médica.
Al principio pareció funcionar. La abuela se encariñó con los hijos de Fátima, que entonces tenían entre dos y 16 años.
Pero entonces aparecieron las quemaduras y las cicatrices.
El blanqueamiento o aclaramiento de la piel, también conocido como “decoloración” en Nigeria, se utiliza en distintas partes del mundo por razones cosméticas, aunque éstas suelen tener profundas raíces culturales.
En Nigeria, las mujeres utilizan productos para blanquear la piel más que en ningún otro país africano: el 77% los usa regularmente, según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS).
En Congo-Brazzaville la cifra es del 66%, en Senegal del 50% y en Ghana del 39%.
Las cremas pueden contener corticoesteroides o hidroquinona, que pueden ser perjudiciales si se usan en cantidades elevadas, y en muchos países sólo se pueden obtener con receta médica.
Otros ingredientes utilizados a veces son el mercurio, un metal venenoso, y el ácido kójico, un subproducto de la fabricación del sake, la bebida alcohólica japonesa.
La dermatitis, el acné y la decoloración de la piel son posibles consecuencias, pero también trastornos inflamatorios, intoxicación por mercurio y daños renales.
Según la OMS, la piel puede volverse más fina, por lo que las heridas tardan más en cicatrizar y es más probable que se infecten.
La situación es tan grave que la Agencia Nacional para la Administración y el Control de Alimentos y Medicamentos de Nigeria (Nafdac, por su siglas en inglés) declaró el estado de emergencia en 2023.
También es cada vez más frecuente que las mujeres blanqueen a sus hijos, como hizo Fátima.
“Mucha gente relaciona la piel clara con la belleza o la riqueza. Las mujeres tienden a proteger, como ellas lo llaman, a sus hijos de esa discriminación blanqueándolos desde el parto”, explica a la BBC Zainab Bashir Yau, propietaria de un spa dermatológico en la capital, Abuja.
La mujer calcula que el 80% de las mujeres que ha conocido han blanqueado a sus hijos, o piensan hacerlo.
Algunos fueron blanqueados cuando eran bebés, dice, así que simplemente continúan con la práctica.
Motivo de discriminación
Una de las formas más comunes de saber si alguien utiliza productos para blanquear la piel en Nigeria es por la oscuridad de sus nudillos. Otras partes de las manos o los pies se aclaran, pero los nudillos tienden a permanecer oscuros.
Sin embargo, los fumadores y los consumidores de drogas también presentan a veces manchas oscuras en las manos, debido al humo.
Por ello, a veces se asume erróneamente que los usuarios de productos para aclarar la piel pertenecen a este grupo.
Fátima dice que eso es lo que les ocurrió a sus hijas, de 16 y 14 años.
“Se enfrentan a la discriminación de la sociedad: todos les señalan con el dedo y les llaman drogadictos. Esto les ha afectado mucho”, afirma.
Ambas han perdido a posibles novios porque los hombres no quieren que se les relacione con mujeres de las que se pueda pensar que consumen drogas.
Sin control de ningún tipo
Visité un mercado popular en Kano, donde personas que se autodenominan “mixólogos” crean desde cero cremas para blanquear la piel.
El mercado tiene toda una hilera de tiendas donde se venden miles de estas cremas.
Algunas variedades premezcladas están exhibidas en las estanterías, pero los clientes también pueden seleccionar los ingredientes crudos y pedir que les preparen una crema delante de ellos.
Me di cuenta de que muchas cremas blanqueadoras tenían etiquetas que decían que eran para bebés, pese a que contenían sustancias reguladas.
Otros vendedores admitieron utilizar ingredientes como ácido kójico, hidroquinona y un potente antioxidante, el glutatión, que pueden causar erupciones y otros efectos secundarios.
También fui testigo de cómo chicas adolescentes compraban cremas blanqueadoras para ellas y a granel para poder vendérselas a sus compañeras.
Una mujer, que tenía las manos descoloridas, insistió en que un vendedor añadiera un agente aclarante a una crema que se estaba mezclando para sus hijos, a pesar de que se trataba de una sustancia regulada para adultos e ilegal para su uso en niños.
“Aunque tengo las manos descoloridas, estoy aquí para comprar cremas a mis hijos para que tengan la piel clara. Creo que mis manos están así sólo porque utilicé el producto equivocado. A mis hijos no les pasará nada”, afirma.
Un vendedor dijo que la mayoría de sus clientes compraban productos para que sus bebés “resplandecieran” o tuvieran un aspecto “radiante y brillante”.
La mayoría parecía desconocer las dosis aprobadas.
Un vendedor dijo que utilizaba “mucho kójico” -muy por encima del límite prescrito- para aquellos que querían una piel clara y una cantidad menor si deseaban un cambio más sutil.
La dosis aprobada de ácido kójico en cremas en Nigeria es del 1%, según Nafdac.
Incluso vi a vendedores poniendo inyecciones a mujeres.
El doctor Leonard Omokpariola, director de Nafdac, afirma que se está intentando educar a la población sobre los riesgos de estos productos.
También afirma que se están haciendo redadas en los mercados y que se está intentando confiscar los ingredientes aclarantes de la piel en las fronteras cuando intentan ser introducidos en el país.
Pero afirma que a veces resultaba difícil para los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley identificar estas sustancias.
“Algunos se transportan en contenedores sin etiquetar, por lo que si no se llevan a los laboratorios para su evaluación, no se puede saber qué contienen”, explica.
Fátima dice que sus acciones la perseguirán para siempre, especialmente si las cicatrices de sus hijos no desaparecen.
“Cuando le confié a mi madre lo que había hecho, debido a su comportamiento, y cuando se enteró de los peligros de la crema y del estigma al que se enfrentan sus nietos, se entristeció de que tuvieran que pasar por eso y se disculpó”, afirma.
Fátima está decidida a ayudar a otros padres a no cometer el mismo error.
“Aunque lo he dejado… los efectos secundarios siguen aquí, ruego a otros padres que usen mi situación como ejemplo”, zanja.
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