La Suprema Corte ante la reforma judicial
“Existe una tentación reiterada de renovar a los poderes judiciales que resultan incómodos para el ejercicio del resto de los Poderes estatales. Sin embargo, existe también una respuesta reiterada ante estas prácticas: la resistencia constitucional y la condena ante los abusos del poder y el quebrantamiento del régimen democrático”, dice el proyecto elaborado por la ponencia del ministro de la Suprema Corte, Juan Luis González Alcántara, dentro de la Acción de Inconstitucionalidad 164/2024.
Sobre el proyecto se han dicho muchas cosas en los últimos días, no pocas han sido falsas.
Es falso que el proyecto carezca de sustento jurídico. Realiza un planteo constitucional sólido, fundado además en el derecho internacional de los derechos humanos. Desarrolla su premisa considerando que, por sus efectos, la reforma judicial es equiparable a una modificación de una norma general en materia electoral y puede, por ello, ser impugnada en vía de acción de inconstitucionalidad, excepcionalmente.
Es falso que el proyecto ignore la jurisprudencia reciente de la propia Suprema Corte. En realidad, la cuestión del control de las reformas constitucionales que violan derechos humanos o que atentan contra la estructura básica de una constitución, respecto de la forma o el fondo, a la luz de la trascendente reforma de derechos humanos de 2011, no estaba plena y cabalmente resuelta en México.
Es falso que lo que se propone sea inusitado en el derecho comparado. Los ejemplos de reformas constitucionales revisadas por las altas Cortes son abundantes a nivel internacional, sobre todo en contextos recientes de erosión democrática, y el proyecto enumera casos como los de Taiwán, Alemania, Turquía, Colombia, India, Perú o Belice, acudiendo también al valioso Amicus Curiae de reconocidas y reconocidos juristas.
Es falso que el proyecto viole el artículo 135 de la Constitución al ignorar la relevancia del poder constituyente permanente. En realidad, la idea de que existe un “constituyente permanente” obedece a un desarrollo de la doctrina más añeja y autoritaria. Hoy se entiende que el Poder Reformador de la Constitución tiene límites.
Es falso que el proyecto conduzca a un estadio en el que la Constitución no pueda ser reformable o que abra paso al gobierno de los jueces. El proyecto expresamente afirma que el control sobre las reformas constitucionales sólo puede ocurrir de forma excepcionalísima y con “máxima deferencia” al Poder Reformador de la Constitución.
Es falso que el proyecto parta de una interpretación subjetiva o coyuntural sobre cuáles son las cláusulas inmodificables de la Constitución mexicana. Más bien elabora un recuento pormenorizado y erudito de la historia constitucional mexicana y encuentra unos cuantos principios que deben ser respetados, contenido en el artículo 40 constitucional, leídos a la luz del artículo 1.
Es falso que el proyecto sea sorpresivo proviniendo del Ministro González Alcántara. En su propia comparecencia en el Senado, durante la auscultación previa a ser electo, el jurista sostuvo esta misma posición que hoy mantiene con congruencia ejemplar.
Es falso que el proyecto propone anular toda la reforma judicial. Lo que se propone es mantener la elección para la SCJN, crear un tribunal de disciplina judicial (acotando sus funciones), suprimir los fideicomisos judiciales y eliminar la elección de personas juzgadoras y la adopción de este modelo en los estados.
Es falso que la discusión del proyecto sea imposible a partir de la atribulada reforma de pretendida “supremacía constitucional”. Ello equivaldría a dar a esta precipitada modificación una aplicación retroactiva.
La verdad es, como suele ocurrir, compleja y tiene matices: el proyecto, en sus más de 300 páginas, propone entender que la división de poderes es un principio esencial de la democracia constitucional mexicana, que –se argumenta– queda en riesgo con el modelo de elección por voto popular de todas las personas juzgadoras del país. Esto lo evidencia el proyecto con ejemplos como el siguiente: “[…] consideremos las candidaturas que competirán en el Primer Circuito judicial federal […] el electorado de la Ciudad de México tendrá que evaluar el perfil de hasta 1,155 candidaturas que compiten para ocupar los diferentes cargos a elegir a nivel federal […] la elección prevista por el sistema de listas de personas juzgadoras en México es realmente masiva y no encuentra un símil en otros procesos electorales. Esa masividad vuelve extremadamente improbable que una persona pueda realizar una valoración significativa o razonablemente profunda de las propuestas, trayectoria o perfil de cada una […] El diseño constitucional propuesto tiene un efecto antidemocrático al establecer un sistema que por sus características intrínsecas no permite votar de manera informada” (párrafos 505 a 511).
Así, el argumento central se resume con claridad en el párrafo 179: “En síntesis, la efectiva división de poderes defendida por la democracia constitucional es la consecuencia necesaria de la adecuada garantía y protección de los derechos humanos. Estos derechos, a su vez, constituyen una serie de precondiciones esenciales de las democracias contemporáneas y, en particular, de la democracia mexicana. Por lo tanto, diluir la efectiva división de poderes constituye el abandono de la protección a los derechos humanos que erigen nuestro propio sistema democrático. Sin una protección a tales precondiciones, entonces, cabe la posibilidad de una dilución de nuestros arreglos democráticos”.
En esencia, esto es lo que el martes se discutirá.
La desnutrición aguda, que ha causado estragos en Afganistán durante décadas, ha alcanzado un nivel sin precedentes.
“Esto es como el fin del mundo para mí. Siento tanto dolor. ¿Te imaginas por lo que he pasado viendo a mis hijos morir?”, dice Amina.
Ha perdido seis hijos. Ninguno de ellos vivió más allá de los tres años y ahora otra está luchando por sobrevivir.
Bibi Hajira tiene siete meses pero es del tamaño de una recién nacida. Sufre de una severa desnutrición aguda, y ocupa la mitad de una cama en el pabellón del hospital regional en Jalalabad, en la provincia oriental de Nangarhar, Afganistán.
“Mis hijos están muriendo de pobreza. Todo lo que les puedo dar de comer es pan seco y agua que caliento poniéndola al sol”, cuenta Amina, casi gritando de angustia.
Lo que es más devastador es que su historia no es para nada la única, y que muchas más vidas podrían salvarse con un tratamiento oportuno.
Bibi Hajira es una de 3,2 millones de menores que sufren de desnutrición aguda, que está causando estragos en el país. Es una condición que ha asolado Afganistán durante décadas, instigada por 40 años de guerra, pobreza extrema y una multitud de factores en estos años que el Talibán tomó control.
Pero la situación ha llegado a un abismo sin precedentes.
Demasiado débiles para moverse
Es difícil imaginar lo que 3,2 millones significan, así que las historias de apenas un pequeño cuarto de hospital pueden servir para entender este desastre en desarrollo.
Hay 18 menores en siete camas. No es un aumento temporal, es como es todos los días. No hay llantos ni balbuceos, el silencio enervante en el cuarto solo se rompe con el agudo pitido del monitor de pulso cardíaco.
La mayoría de los niños no están sedados ni tienen máscaras de oxígeno. Están despiertos pero demasiado débiles para moverse o emitir un sonido.
Sana, de tres años, que viste una túnica púrpura y se cubre la cara con su pequeñísimo brazo, comparte la cama con Bibi Hajira. Su madre murió dando a luz a su hermanita hace unos meses, así que su tía Laila cuida de ella. Laila me toca el brazo y levanta siete dedos; uno por cada hijo que ha perdido.
En la cama vecina está Ilham, de tres años, diminuto para su edad, con la piel descascarándose de sus brazos, piernas y cara. Hace tres años, su hermana murió a la edad de dos.
Es demasiado penoso el solo echarle una mirada a Asma, que tiene un año. Tiene unos hermosos ojos castaños y largas pestañas, pero están abiertos de par en par, casi sin parpadear, respirando con dificultad en una máscara de oxígeno que cubre casi toda su pequeña cara.
El doctor Sikandar Ghani, que la observa, sacude la cabeza. “No creo que vaya a sobrevivir”, vaticina. El cuerpito de Asma ha entrado en shock séptico.
A pesar de las circunstancias, hasta ese momento, había estoicismo en el cuarto; las enfermeras y las madres haciendo su trabajo, alimentando a los niños, consolándolos. Todo se detiene, una mirada descompuesta se fija en muchas caras.
Nasiba, la madre de Asma, está llorando. Levanta su velo y se agacha para besar a su hija.
“Siento como si la carne se me estuviera derritiendo. No puedo soportar verla sufrir así”, gime. Nasiba ya ha perdido tres hijos. “Mi esposo es un jornalero. Cuando le dan trabajo, comemos”.
El doctor Ghani nos cuenta que Asma podría sufrir un ataque cardíaco en cualquier momento. Salimos del cuarto. Menos de una hora más tarde, ha muerto.
Caída de la financiación internacional
700 niños han muerto en los últimos seis meses en este hospital, más de tres por día, nos informó el departamento de Salud Pública del Talibán en Nangarhar. Una cifra abrumadora, pero habría muchas más muertes si esta instalación no se mantuviera funcionando con el financiamiento del Banco Mundial y UNICEF.
Hasta agosto de 2021, los fondos internacionales que se entregaban directamente al gobierno anterior financiaban casi todo el cuidado de salud pública en Afganistán.
Cuando el Talibán retomó el control, el dinero dejó de entrar debido a las sanciones internacionales que les impusieron. Eso desató el colapso del sistema sanitario. Las agencias de socorro actuaron para proveer lo que se suponía que era una respuesta temporal de emergencia.
Siempre ha sido una solución insostenible y, ahora, en un mundo distraído por tantas otras cosas, los fondos para Afganistán se han encogido. De la misma manera, las políticas del gobierno del Talibán, específicamente sus restricciones contra las mujeres, significan que los donantes están renuentes de dar financiación.
“Heredamos un problema de pobreza y desnutrición, que se ha vuelto peor por los desastres naturales como las inundaciones y el cambio climático. La comunidad internacional debería incrementar la ayuda humanitaria, no deberían vincularla a los asuntos políticos e internos”, nos comentó Hamdullah Fitrat, el vocero encargado del gobierno talibán.
En los últimos tres años hemos ido a más de una decena de centros de salud en el país y hemos visto un rápido deterioro de la situación. Durante cada una de nuestras recientes visitas a hospitales, hemos visto niños muriendo.
Pero también hemos visto evidencia de que el tratamiento adecuado puede salvarlos. Bibi Hajira, que estaba en un estado frágil cuando llegó al hospital, se encuentra mucho mejor ahora y ha sido dada de alta, nos confirmó el doctor Ghani por teléfono.
“Si tuviéramos más medicamentos, instalaciones y personal, podríamos salvar a más niños. Nuestro personal está fuertemente comprometido. Trabajamos incansablemente y estamos listos a dar más”, aseguró.
“Yo también tengo hijos. Cuando un niño muere, también sufrimos. Entiendo lo que debe estar pasando en los corazones de los padres”.
Un niño tras otro
La desnutrición no es la única causa del auge en la mortalidad. Otras enfermedades prevenibles y curables también están matando a los niños.
En la unidad de cuidados intensivos, al lado del pabellón de desnutrición, Umrah, de seis meses, está luchando contra una pulmonía severa. Llora intensamente a medida que una enfermera le inyecta un suero intravenoso en el cuerpo. Nasreen, la madre de Umrah, está sentada a su lado, con lágrimas rodándole por la cara.
“Cómo quisiera morir en lugar de ella. Tengo tanto miedo”, dice. Dos días después de que visitamos el hospital, Umrah murió.
Estas son las historias de aquellos que pudieron llegar a un hospital. Innumerables otros no pueden. Sólo uno de cada cinco niños que requieren tratamiento hospitalario pueden recibirlo en el hospital de Jalalabad.
La presión sobre el centro es tan intensa que casi inmediatamente después de que Asma muriera, una pequeñita bebé de tres meses, Aaliya, fue trasladada a la mitad de la cama que Asma había dejado vacía.
Nadie en el cuarto tuvo tiempo de procesar lo que había pasado. Había otra menor seriamente enferma que había que tratar.
El hospital de Jalalabad sirve a la población de cinco provincias, que el gobierno del Talibán estima en unos cinco millones de personas. Y ahora la presión ha aumentado. La mayoría de los más de 700.000 refugiados afganos que fueron forzosamente deportados por Pakistán desde finales del año pasado permanecen en Nangarhar.
En las comunidades que rodean el hospital, encontramos evidencia de otra estadística alarmante divulgada esta año por la ONU: que 45% de los niños menores de 5 años en Afganistán tienen retraso en el crecimiento; son más pequeños de lo que deberían ser.
Mohammed, el hijo de Robina de 2 años, no puede pararse solo todavía y mide mucho menos de los que le corresponde.
“El doctor me dice que si recibe tratamiento durante los próximos tres a seis meses, estará bien. Pero ni siquiera podemos comprar comida. ¿Cómo vamos a pagar el tratamiento?”, se pregunta Robina.
Ella y su familia tuvieron que irse de Pakistán el años pasado y ahora viven en un asentamiento seco y polvoriento en el área de Sheikh Misri, a poca distancia en auto de Jalalabad por enlodados caminos.
“Temo que se vuelva discapacitado y nunca sea capaz de caminar”, indica Robina.
“En Pakistán, también tuvimos una vida difícil. Pero había trabajo. Aquí mi esposo, un jornalero, escasamente consigue empleo. Lo hubiéramos podido llevar a tratamiento si todavía siguiéramos en Pakistán”.
UNICEF afirma que el retraso en el crecimiento puede causar severos daños físicos y cognitivos irreversibles, cuyos efectos pueden durar toda la vida y hasta afectar la siguiente generación.
“Afganistán ya está enfrentando problemas económicos. Si amplias secciones de nuestra futura generación está física o mentalmente discapacitada, ¿cómo podrá ayudarles nuestra sociedad?, cuestiona el doctor Ghani.
Mohammad puede ser salvado de sufrir daños permanentes si recibe tratamiento antes de que sea demasiado tarde.
Pero los programas comunitarios de nutrición administrados por las agencias de socorro en Afganistán han sufrido los recortes más dramáticos, muchos de ellos han recibido apenas una cuarta parte de la asistencia necesaria.
En cada calle de Sheikh Misri nos encontramos con familias con niños desnutridos o con retraso de crecimiento.
Sardar Gul tiene dos hijos desnutridos: Umar de 3 años y Mujib de 8 meses, un niño pequeños con ojos brillantes que carga en su regazo.
“Hace un mes, el peso de Mujib se redujo a menos de tres kilos. Una vez que pudimos registrarlo con una agencia de socorro, empezamos a recibir paquetes de comida. Eso verdaderamente lo ha ayudado”, afirma Sardar Gul.
Mujib ahora pesa seis kilos, todavía un par de kilos por debajo del peso normal, pero significativamente mejor.
Es evidencia que la intervención oportuna puede salvar a los niños de la muerte y la discapacidad.
*Con información adicional de Imogen Anderson y Sanjay Ganguly
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