Subcomité para la Prevención de la Tortura: supervisión internacional contra una práctica generalizada en México
Esta semana se lleva a cabo la visita a México del Subcomité para la Prevención de la Tortura (SPT) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la primera visita de un mecanismo internacional de derechos humanos con la actual administración federal y la tercera visita de éste tras sus misiones en 2008 y 2016.
El Subcomité tiene un mandato de prevención de la tortura, contando con el derecho de acudir sin aviso previo a lugares de privación de la libertad como prisiones, instalaciones militares, hospitales psiquiátricos y estaciones migratorias, evaluando el trato que reciben las personas y sosteniendo entrevistas bajo el principio de estricta confidencialidad para evitar cualquier represalia. El objetivo del SPT es evaluar la situación de la práctica de tortura en estos lugares, una violación a derechos humanos que, en contra del discurso oficial, continúa siendo generalizada en el país. Adicionalmente, esta entidad internacional evalúa y asesora la implementación del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNPT) en los Estados, que en el caso de México está adscrito a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
La visita coincide con cambios sustantivos en la política de seguridad de la administración federal, en la que se ha puesto preponderancia en los números de detenciones; se han perpetuado y ampliado figuras violatorias de derechos humanos, como la prisión preventiva oficiosa o la próxima regulación de los “jueces sin rostro”, y se han debilitado o eliminado órganos garantes y protectores de derechos como la CNDH y el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI). Todo ello, sin tomar medidas efectivas para mejorar las condiciones de los centros de detención.
Por ello, preocupa que en su más reciente comparecencia ante la Comisión Permanente en la Cámara de Diputados, durante esta semana, la titular de la CNDH no se haya pronunciado sobre esta visita que es de la mayor relevancia, pues en su última revisión el Subcomité recomendó que el MNPT realizara más visitas no anunciadas a centros de privación de la libertad y que fortaleciera los Mecanismos de Prevención a nivel local, con trabajo conjunto de la sociedad civil. En cambio, durante la comparecencia se destacaron las visitas ordinarias y se dejó de lado que en los últimos dos años el MNPT no ha emitido informes de supervisión, ni que desde el 2022 no cuenta con Comité Técnico, un órgano de gobierno integrado por ciudadanos reconocidos en la materia, que debe delimitar los lineamientos de trabajo de dicho Mecanismo.
Es en ese mismo contexto de debilitamiento institucional que se enfrentan nuevos retos. Esto, debido a que el informe resultado de la visita que incluye las recomendaciones de este mecanismo en particular, únicamente es hecho público si el Estado así lo decide. Ya en el pasado, las organizaciones de la sociedad civil hemos tenido que exigir por vía de transparencia que su informe se hiciera público. Hoy, ante la inexistencia del INAI, sería relevante que el Estado anuncie desde ahora que permitirá su publicación, pues solo así la sociedad civil podemos hacer un trabajo más contundente de seguimiento a las omisiones u acciones en la materia a partir de las observaciones y recomendaciones hechas por el Subcomité. Esta es además una oportunidad para el Estado mexicano de demostrar su compromiso con los organismos internacionales, en un convulso contexto mundial de debilitamiento.
En ese marco, desde el Centro Prodh, al igual que otras organizaciones aliadas, hemos presentado al SPT información obtenida a partir del acompañamiento a víctimas y sobrevivientes, y a la información que recibimos constantemente sobre la situación en la que se encuentra el estado de centros penitenciarios en distintas entidades de la República, en donde las personas reportan que han padecido condiciones indignas de detención, violencias ocasionadas por la ausencia de gobernabilidad y control del crimen, falta de acceso a la justicia, de atención médica, a la salud mental, traslados irregulares, entre otras prácticas sistemáticas que vulneran derechos humanos. También recordamos eventos graves en otro tipo de centros de detenciones administrativas, como las sucedidas en la estación migratoria en Juárez, donde 40 personas perdieron la vida en un incendio, y el registro de más de 19 suicidios de mujeres en el CEFERESO de Morelos en dos años.
Por ello, se vuelve relevante que el SPT pueda conocer de primera mano la situación en los centros de reclusión y algunos otros que funcionan como tal, pero que no están debidamente regulados. Por ejemplo, los llamados “anexos” donde se han registrado tantos eventos de violencia desproporcionada en el país. También que pueda escuchar a la sociedad civil que documentamos todos los días esas condiciones y la situación de las víctimas.
En ese sentido, recordamos algunas recomendaciones que hizo el STP, tras sus visitas anteriores y que hasta ahora no han sido cumplimentadas cabalmente por el Estado. Entre ellas: tomar acciones ante el autogobierno y corrupción en centros penitenciarios, originadas por la connivencia entre grupos de criminalidad y las autoridades; garantizar la calidad de la defensa pública otorgada a las personas privadas de la libertad; que las alegaciones de tortura y malos tratos no queden en la impunidad, con investigaciones de oficio, prontas, exhaustivas e imparciales; que las declaraciones realizadas como resultado de la tortura no sean utilizadas como prueba en ningún procedimiento; que se registren todas las detenciones, entre ellas las de personas migrantes, y que se prioricen miradas interseccionales, como atender la discriminación que enfrentan mujeres, personas migrantes y/o personas indígenas, entre otras.
El tema de tortura presenta múltiples desafíos que no han sido atendidos adecuadamente en el país, a pesar de los múltiples pronunciamientos de organismos internacionales en años anteriores y a casi 10 años de que se promulgara la Ley General en la materia, que aún presenta deficiencias en su implementación. La situación de los centros de privación de la libertad pone en relieve la persistencia de esa práctica y cómo afecta desproporcionadamente a las personas en situación de mayor vulnerabilidad. Por ello, esperamos que la actual administración se aleje de las posiciones negacionistas. Si queremos que realmente haya justicia para los rostros que han sobrevivido a esta grave violación a derechos humanos, necesitamos un Estado que esté abierto al escrutinio internacional, de manera transparente, buscando tomar acciones para revertir estas prácticas y que no las perpetúe, aproveche, niegue, minimice o encubra.
Después de ayudar a Trump a llegar a la Casa Blanca en un cambio histórico, algunos latinos sienten que no está mejorando la economía en Estados Unidos.
Cuando el exdemócrata Sam Negron acudió a las urnas para votar por Donald Trump en 2024, lo hizo con una sola cosa en mente: la economía.
“No me gustaba pagar US$7 por huevos”, dijo Negron, agente de policía estatal de Pensilvania en Allentown, una ciudad de mayoría latina. “Pero básicamente fueron todos sus argumentos… hacer de Estados Unidos un país fuerte de nuevo”.
Negron, quien se pasó al Partido Republicano en 2019 tras décadas como demócrata, no estaba solo.
Cuando Trump logró una victoria electoral decisiva en 2024, lo hizo con el respaldo de millones de votantes latinos que lo impulsaron a la meta.
En esas elecciones, Trump recibió un porcentaje mayor del voto latino que cualquier otro republicano en la historia de Estados Unidos, con el 46% de ese electorado votando a su favor.
Pero un año después de esa victoria, han comenzado a surgir grietas en ese apoyo.
Una nueva encuesta de CBS News, socio estadounidense de la BBC, muestra que el apoyo a Trump entre los latinos estadounidenses ha caído a 38 %, una marcada disminución desde el máximo de 49% alcanzado a principios de febrero de 2025, tras su regreso a la Casa Blanca.
La economía como prioridad
El voto latino es vasto y diverso: abarca comunidades de distintas ascendencias, poder económico y tamaño relativo.
Sin embargo, en conjunto, forman el bloque de votantes no blancos más grande del país, con un total de más de 36 millones de personas.
Los datos muestran que el avance de Trump entre estos votantes en 2024 se debió, en gran medida, a su insatisfacción con la economía en los últimos años de la administración Biden.
Una encuesta del instituto Pew sugirió que el 93% de los latinos que votaron por Trump consideraron la economía como su principal preocupación, con la delincuencia violenta y la inmigración muy por detrás.
Esas mismas preocupaciones podrían estar volviendo a perseguir a Trump.
Los datos de la nueva encuesta de CBS muestran que una mayoría significativa de latinos (61 %) desaprueba la gestión de la economía por parte de Trump, mientras que el 69 % desaprueba su gestión de la inflación.
La gran mayoría afirmó que evalúa el desempeño de la economía estadounidense a través de los precios.
El estratega republicano Mike Madrid, crítico de Trump y uno de los observadores más reconocidos de la política latina, afirma que los votantes latinos se han “vuelto completamente en contra” de Trump, principalmente por la economía.
Esta tendencia, dice, es una repetición de la situación en la que se encontraron los demócratas durante las elecciones de noviembre de 2024.
“El giro latino hacia la derecha se debió más a que los latinos abandonaron el Partido Demócrata (debido a la economía) que a que se sintieran obligados a apoyar al Partido Republicano”, señala.
“Mucha gente de aquí votó por Trump esta vez, porque no pasaba nada con Biden”, afirma Moses Santana, residente de una zona predominantemente latina del norte de Filadelfia, donde Trump obtuvo apoyo en 2024.
“Pero la situación sigue siendo difícil… las personas de bajos ingresos definitivamente están sintiendo el impacto de los precios”, agrega Santana, quien trabaja en un centro de reducción de daños causados por drogas.
“Muchos creen que Trump tiene mucho que ver con sus problemas”.
La evaluación de Santana fue compartida por John Acevedo, un agente inmobiliario de 74 años residente de Pasadena, California. “La economía no va bien. Los precios han subido”, señaló. “Prometió que bajarían. No lo han hecho”.
Aunque los funcionarios de la Casa Blanca apuntan a la reducción de los precios de la gasolina, los ingresos arancelarios y la inversión extranjera como éxitos económicos, las encuestas indican que un amplio espectro de estadounidenses sigue preocupado por la desaceleración del mercado laboral, los altos precios y los problemas de asequibilidad.
La inflación se mantuvo en el 2,.7% en diciembre por segundo mes consecutivo, muy por encima del objetivo de la Reserva Federal, debido principalmente al aumento de los costos de los alimentos y la vivienda.
Esto significa que los precios no están bajando, como ha afirmado Trump, sino que están subiendo a un ritmo más lento.
Quién es responsable
Trump, por su parte, ha responsabilizado repetidamente a Biden de los problemas económicos persistentes.
La inflación alcanzó un máximo de 40 años del 9.1% durante el mandato de Biden en junio de 2022, cuando las economías mundiales aún enfrentaban las disrupciones vinculadas con la pandemia y con la guerra de Ucrania.
Pero disminuyó al final de su mandato.
El argumento del presidente es uno que al menos algunos de sus partidarios latinos están dispuestos a considerar.
Lydia Domínguez, nacida en México, veterana de la Fuerza Aérea con 10 años de servicio y miembro de la Junta Escolar del Condado de Clark en Las Vegas, dice que cree que para esta administración ha sido “bastante difícil”, hasta el momento, reactivar la economía, a pesar de que ella lo considera su mejor esfuerzo.
“Sin duda, han sido muy productivos al conseguir que las empresas vinieran a establecer fábricas aquí en Estados Unidos”, señala, y agrega que, si bien los precios se mantienen altos, reconoce el mérito de Trump por “empoderar” a las empresas y a sus empleados.
Incluso entre algunos firmes partidarios de Trump, las preocupaciones económicas generan sentimientos encontrados sobre el presidente.
Entre ellos se encuentra Amanda García, ganadera que vive cerca de Rio Grande City, Texas, en la frontera con México.
Si bien García está ampliamente satisfecha con el gobierno de Trump, en particular con su gestión de la frontera y la inmigración, afirma que ha tenido que enfrentar las perturbaciones del mercado causadas por sus campañas arancelarias.
“Realmente afecta a la economía y nos impacta a nosotros (los ganaderos) en otro nivel”, indica. “A veces, se trata simplemente de que (Trump) tuitea algo (sobre comercio), y eso molesta a alguien y puede tener un gran impacto”.
Y agrega: “No creo que él a veces se dé cuenta”.
Las redadas migratorias
Otros votantes latinos han expresado su preocupación por las operaciones de control migratorio de Trump, que incluyen redadas de agentes del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) en todo el país y la deportación de más de 600 mil personas tan solo entre enero de 2025 y principios de diciembre.
“Estoy en contra de todo eso”, indicó Rebeca Pérez, trabajadora de un restaurante en la ciudad californiana de Oxnard, donde se produjeron redadas migratorias a gran escala en sus lugares de trabajo en junio.
“Se supone que este es un país libre para todos, pero no lo es”.
Pérez añadió que en Oxnard, uno de los centros agrícolas de California, se han desperdiciado productos en las granjas porque los trabajadores tienen demasiado miedo de presentarse.
La encuesta de CBS reveló que el 70% de los latinos desaprueba la gestión de Trump de la inmigración, muy por encima del promedio nacional del 58%.
Si bien los latinos se mostraron divididos en su apoyo a los objetivos de deportación de Trump, el 63% dijo que no le gusta la forma en que los está implementando actualmente.
Sin embargo, varios latinos que hablaron con la BBC afirmaron apoyar las redadas migratorias y las presentaron como una forma de proteger los empleos y el sustento de inmigrantes legales y ciudadanos estadounidenses.
“Como ser humano, los compadezco. Son pobres en sus países”, afirma Sam Negron, el agente de policía de Allentown. “¿Pero adivina qué? Yo soy pobre en el mío”.
Al igual que con la economía, la campaña migratoria de Trump también ha generado sentimientos encontrados entre quienes siguen apoyándolo después de un año en el cargo.
Oscar Byron Sarmiento, electricista de Houston, afirmó que aunque cree que Trump está haciendo un “gran trabajo”, también piensa que las medidas drásticas contra la inmigración “han ido algo lejos”.
“Hay mucha gente buena. Inmigrantes respetuosos de la ley”, afirmó. “Sí, están aquí ilegalmente, pero no creo que debamos perseguirlos”. Quieren estar en Estados Unidos y contribuir, añadió.
“Están cumpliendo las normas. Como las abuelas, las madres, los tíos”, dijo Sarmiento. “Dejen a esa gente en paz”.
Mike Madrid, el estratega político, señala que mitigar o revertir las preocupantes cifras de las encuestas entre los latinos probablemente resultará difícil para la Casa Blanca de Trump antes de las elecciones de mitad de mandato de este año.
“Nosotros (los latinos) tenemos la afiliación partidista más débil de cualquier grupo y podemos rechazar a ambos partidos cuando nos fallan o simplemente no son honestos con nosotros”, añade Madrid.
“Ambos partidos pueden ser culpables de eso”.
Los problemas del presidente entre los latinos son algo que incluso muchos partidarios de Trump reconocen y esperan que se solucionen con el tiempo.
“Hay una creciente preocupación”, dice Crystal, la esposa de Oscar Byron Sarmiento.
“En este momento, Trump está perdiendo popularidad, simplemente por no poder tomar la iniciativa con el mensaje”.
Información adicional de Leire Ventas de BBC Mundo y Angélica Casas
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