Rezago forense: falsas disyuntivas
La crisis de desapariciones no ha sido revertida en México. En particular, el rezago forense en la identificación de cuerpos y restos sigue siendo un desafío mayúsculo aún no atendido. Requiere de todos los esfuerzos y de un abordaje interdisciplinario, por lo que es un error contraponer irresponsablemente diferentes técnicas de búsqueda, postulando falsas disyuntivas.
Lo anterior viene a cuento porque hace unos días, una publicación en redes de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas (CNB) causó escándalo y escarnio en la comunidad científica dedicada a las ciencias forenses. En una infografía, la CNB contrapuso la identificación mediante levantamiento de huellas dactilares a la identificación mediante confrontación de perfiles genéticos empleando ADN. La primera, según esta institución, es más barata y ofrece 100 % de confiabilidad. La segunda, para este ente de Estado, es cara y no ofrece plena certeza.
Esta contraposición es falaz y va en sentido contrario de la solidez científica que el actual gobierno busca imprimir a la actividad pública. Como lo señalaron inmediatamente voces muy acreditadas, en ciencia ningún método de identificación ofrece 100 % de certeza. Además, si bien la identificación por vía de huellas dactilares es útil y relevante respecto de cuerpos encontrados recientemente, no puede postularse como única vía para atender el rezago forense, pues son numerosos los cuerpos relacionados con desapariciones de larga data, respecto de los cuales no será ya posible obtener huellas para confronta. Aunque sea escabroso señalarlo, no puede obviarse que en México los restos recuperados no siempre incluyen extremidades de las que puedan levantarse huellas: en muchas ocasiones, se trata de fragmentos corporales o de piezas óseas, que además en ocasiones están dañadas por la exposición a la intemperie o por factores externos como el fuego.
No puede soslayarse, tampoco, que en algunas entidades federativas la identificación por huellas dactilares sólo está ocurriendo en el escritorio y sobre papel, pues las fiscalías no han depurado sus bases de datos como para asegurar plenamente la trazabilidad de los respectivos cuerpos y restos; en estos casos, hay identificación, pero no restitución ni entrega de restos a las familias, ante la incapacidad de las autoridades de hallar esos cuerpos que legalmente se encuentran bajo su propio resguardo.
El avance en la identificación de cuerpos mediante huellas dactilares es sin duda positivo y hay que animar a que prosiga, pues está arrojando logros significativos. La participación en ello de la cooperación internacional, los propios esfuerzos de la CNB y la colaboración del INE son esfuerzos en la dirección correcta. Pero hay que ponderar esta línea de acción en su justa dimensión para no generar simulación. Esto ocurre, por ejemplo, cuando se celebra como un avance para los familiares de personas desaparecidas la entrega de un escáner de huellas digitales a la Fiscalía General de Justicia Militar, aun cuando las instancias castrenses de justicia en ningún supuesto legal compatible con el régimen internacional de derechos humanos pueden indagar la desaparición de una persona y/o participar en el levantamiento de cuerpos o restos de civiles.
El intento de contraponer la identificación mediante huellas dactilares a la identificación mediante perfiles genéticos, como si de una disyuntiva se tratara, se relaciona con el abandono en que ha quedado el Centro Nacional de Identificación Humana (CNIH), una de las iniciativas de la anterior administración que levantaron expectativas y que hoy es un elefante blanco. Este Centro, inaugurado en presencia de familiares de personas desaparecidas, representó en su momento la esperanza de que verdaderamente hubiera un impulso de una política de Estado para superar el rezago forense. Si bien la operación del Centro generaba una serie de desafíos legales no menores –lo que por cierto fue explotado con oportunismo por las fiscalías para preservar el estado actual de cosas– pudo ser una plataforma extraordinaria para la identificación genética de cuerpos y restos asociados casos de larga data o difíciles, integrado por peritos supeditados más a la ciencia y que al ministerio público, con enfoque preponderantemente humanitario y no penal. Sin embargo, el modelo fue abandonado a nivel federal. Pese a ello, esta forma de trabajar ha empezado a rendir frutos a nivel local, como lo supo distinguir recientemente un muy importante reportaje publicado en The New York Times sobre el esperanzador Centro Regional de Identificación Humana de Coahuila (CRIH).
La crisis de desapariciones y el rezago forense en México son inmensos. Es un despropósito contraponer las diversas aproximaciones técnicas disponibles. No estamos en una condición en la que generar falsas disyuntivas abone: necesitamos de todo, frente a este flagelo que no cesa. Así lo hicieron patente, con la dignidad de siempre, las madres, hermanas, cónyuges e hijas de personas desaparecidas que la semana pasada participaron en el Congreso Mundial sobre la Desapariciones al que convocó el Comité de la ONU en la materia, celebrado en Ginebra. Y es que aunque las instancias de derechos humanos hoy se excusan en un soberanismo añejo, la crisis de México sigue bajo el seguimiento y la atención de la comunidad internacional.
Internamente, se pretende invisibilizar la continuidad de la crisis –o peor aún, se intenta atribuir la responsabilidad a la propias víctimas como se hacía en el pasado y como lo hacen, en el presente, de modo irresponsable, actores del partido en el poder como el gobernador de Sonora– pero en los foros internacionales el reclamo de las familias es y seguirá siendo incontenible.
En este marco, la identificación mediante ADN seguirá siendo tan necesaria como la identificación mediante huellas dactilares, del mismo modo que seguirá siendo necesaria la cabal puesta en marcha del Banco Nacional de Datos Forenses y la exploración de esquemas humanitarios de identificación que no sean controlados por las negligentes fiscalías.
Turquía ha construido más de 100 bases militares en territorio iraquí, lo que aumenta los temores de una ocupación.
En las montañas del Kurdistán iraquí se encuentra el pintoresco pueblo de Sergele.
Durante generaciones, aldeanos como Sherwan Sergele se han ganado la vida cultivando granadas, almendras y duraznos, y buscando frutos silvestres y especias en los bosques circundantes.
Pero Sergele, situado a 16 km de la frontera con Turquía, está cada vez más rodeado de bases militares turcas, que se extienden por las laderas.
Una de estas, asentada a media altura de la cima occidental, se alza imponente sobre el pueblo, mientras que otra, en el oriente, está en construcción.
Al menos siete bases se han construido aquí en los últimos dos años, incluyendo una junto a una pequeña presa que regula el suministro de agua de Sergele, lo que la ubica en un lugar prohibido para los aldeanos.
“Esto es 100% una forma de ocupación de tierras kurdas [del Kurdistán iraquí]”, afirma Sherwan, de 50 años, quien ha perdido el acceso a parte de sus tierras.
“Los turcos lo arruinaron”, agrega.
Sergele está ahora en peligro de ser arrastrado a lo que localmente se conoce como la “Zona Prohibida”, una extensa franja de tierra en el norte de Irak afectada por la guerra de Turquía contra el grupo militante kurdo PKK, que inició una insurgencia en el sur del territorio turco en 1984.
La Zona Prohibida abarca casi toda la frontera iraquí con Turquía y en algunos tramos se adentra hasta 40 km.
Equipos y Comunidades de Acción por la Paz, un grupo de derechos humanos con sede en el Kurdistán iraquí, afirma que cientos de civiles han muerto a causa de ataques aéreos y con drones en la Zona Prohibida y sus alrededores.
Según un informe parlamentario del Kurdistán de 2020, miles de personas se han visto obligadas a abandonar sus tierras y pueblos enteros fueron vaciados por el conflicto.
Sergele se encuentra ahora en la primera línea de la guerra de Turquía contra el PKK.
Cuando el equipo de investigaciones de la BBC visitó la zona, aviones turcos bombardearon las montañas que rodean la aldea para erradicar a los militantes del PKK, que desde hace tiempo operan desde cuevas y túneles en el norte de Irak.
Gran parte de las tierras alrededor de Sergele fueron arrasadas por los bombardeos.
“Cuantas más bases construyan, peor nos irá”, dice Sherwan.
Decenas de instalaciones militares
En los últimos años Turquía ha estado incrementando rápidamente su presencia militar en la Zona Prohibida, pero hasta ahora no se conocía públicamente la magnitud de esta expansión.
Con imágenes satelitales analizadas por expertos y corroboradas con informes sobre el terreno y contenido de código abierto, la BBC descubrió que, hasta diciembre de 2024, el ejército turco había construido al menos 136 instalaciones militares fijas en el norte de Irak.
A través de su vasta red de bases militares, Turquía ahora tiene un control de facto más de 2.000 km² de territorio iraquí, según el análisis de la BBC.
Las imágenes satelitales revelan, además, que el ejército turco ha construido al menos 660 km de carreteras para conectar sus instalaciones.
Estas rutas de suministro han provocado deforestación dejando una huella perdurable en las montañas de la región.
Si bien algunas bases datan de la década de 1990, el 89% han sido construidas desde 2018, el año en que Turquía comenzó a expandir significativamente su presencia militar en el Kurdistán iraquí.
El gobierno turco no respondió a las solicitudes de entrevistas de la BBC, pero mantiene que sus bases militares son necesarias para contrarrestar al PKK, considerado organización terrorista por Ankara y varios países occidentales, incluido Reino Unido.
Kani Masi, la capital del subdistrito, a solo 4 km de la frontera entre Irak y Turquía, tiene zonas ubicadas dentro de la Zona Prohibida y podría ofrecer una visión del futuro de Sergele.
En la población que una vez fue famosa por su producción de manzanas, ahora quedan pocos residentes.
El agricultor Salam Saeed, cuyas tierras se encuentran a la sombra de una enorme base turca, no ha podido cultivar su viñedo en los últimos tres años.
“En cuanto llegas aquí, tienes un dron sobrevolándote”, le dice a la BBC. “Te disparan si te quedas”.
El ejército turco se instaló aquí por primera vez en la década de 1990 y ha ido consolidando su presencia desde entonces.
Su base militar principal, con muros de hormigón antiexplosiones, torres de vigilancia y comunicación, y espacio para el desplazamiento de vehículos blindados de transporte de personal, está mucho más desarrollada que los pequeños puestos de avanzada en los alrededores de Sergele.
Salam, al igual que otros lugareños, cree que Turquía, en última instancia, quiere reclamar el territorio como suyo.
“Lo único que quieren es que abandonemos estas zonas”, añade.
Poca influencia
Cerca de Kani Masi, la BBC pudo observar cómo las fuerzas turcas efectivamente han hecho retroceder a la guardia fronteriza iraquí, responsable de proteger las fronteras internacionales de Irak.
En varios puntos, los guardias fronterizos protegían sus posiciones en territorio iraquí, justo enfrente de las tropas turcas, sin poder llegar hasta la frontera y con el riesgo potencial de un enfrentamiento.
“Los puestos que ven son puestos turcos”, dice el general Farhad Mahmoud, señalando una cima al otro lado de un valle, a unos 10 km dentro del territorio iraquí.
Pero “no podemos llegar a la frontera para saber el número de puestos”, añade.
La expansión militar de Turquía en el Kurdistán iraquí, impulsada por su auge como potencia en el uso de drones y su creciente presupuesto de defensa, se considera parte de un cambio más amplio en su política exterior hacia un mayor intervencionismo en la región.
Al igual que en sus operaciones en Irak, Turquía también ha buscado establecer una zona de amortiguamiento a lo largo de su frontera con Siria para contener a los grupos armados sirios aliados con el PKK.
En público, el gobierno iraquí condena la presencia militar turca en el país. Pero en privado ha accedido a algunas de las exigencias de Ankara.
En 2024, ambas partes firmaron un memorando de entendimiento para combatir conjuntamente al PKK.
Pero el documento, obtenido por la BBC, no impone ninguna limitación a las tropas turcas en Irak.
Irak depende de Turquía para el comercio, la inversión y la seguridad hídrica, y su fragmentada política interna continúa socavando la capacidad del gobierno para adoptar una postura firme.
El gobierno nacional iraquí no respondió a las solicitudes de comentarios de la BBC.
Mientras tanto, los gobernantes de la región semiautónoma del Kurdistán iraquí mantienen una estrecha relación con Ankara basada en intereses mutuos y a menudo minimizan los daños civiles causados por las acciones militares turcas.
El Partido Democrático del Kurdistán (PDK), archienemigo del PKK, domina el Gobierno Regional del Kurdistán (GRK) y ha estado oficialmente al mando desde 2005, cuando la constitución iraquí otorgó a la región su estatus semiautónomo.
Los estrechos vínculos del PDK con Turquía han contribuido al éxito económico de la región y han fortalecido su posición, tanto frente a sus rivales políticos regionales como ante el gobierno iraquí en Bagdad, con el que pugna por una mayor autonomía.
Hoshyar Zebari, miembro de alto rango del politburó del PDK, trató de culpar al PKK de la presencia turca en el Kurdistán iraquí.
“Ellos [el ejército turco] no están perjudicando a nuestro pueblo”, le dijo a la BBC.
“No los están deteniendo. No están interfiriendo en sus asuntos. Su objetivo principal, su único objetivo, es el PKK”.
“Nos han destruido”
El conflicto no da señales de tener un fin, a pesar de que el líder del PKK, Abdulla Öcalan, encarcelado desde hace tiempo, pidió en febrero a sus combatientes deponer las armas y disolverse.
Turquía ha continuado bombardeando objetivos en todo el Kurdistán iraquí, mientras que el PKK se atribuyó la responsabilidad del derribo de un dron turco el mes pasado.
Y aunque los incidentes violentos en Turquía han disminuido desde 2016, según un recuento de la ONG Crisis Group, en Irak se han disparado, y los civiles que viven en la región fronteriza enfrentan un riesgo creciente de muerte y desplazamiento.
Uno de los muertos fue Alan Ismail, de 24 años, un paciente con cáncer en etapa cuatro que fue alcanzado por un ataque aéreo en agosto de 2023 mientras viajaba a las montañas con su primo, Hashem Shaker.
El ejército turco negó haber llevado a cabo un ataque ese día, pero un informe policial visto por la BBC atribuye el incidente a un dron turco.
Cuando Hashem presentó una denuncia ante un tribunal local por el ataque, fue detenido por las fuerzas de seguridad kurdas y retenido durante ocho meses bajo sospecha de apoyar al PKK, acusación que él y su familia niegan.
“Nos han destruido. Es como matar a toda la familia”, afirma Ismail Chichu, padre de Alan.
“Ellos [los turcos] no tienen derecho a matar gente en su propio país, en su propia tierra”.
El Ministerio de Defensa de Turquía no respondió a las solicitudes de comentarios de la BBC.
Anteriormente, ha declarado a los medios que las fuerzas armadas turcas respetan el derecho internacional y que, en la planificación y ejecución de sus operaciones, solo atacan a terroristas, procurando evitar daños a la población civil.
La BBC vio documentos que sugieren que las autoridades kurdas podrían haber ayudado a Turquía a evadir su responsabilidad por las víctimas civiles.
Documentos confidenciales a los que tuvo acceso la BBC muestran que un tribunal kurdo cerró la investigación sobre el asesinato de Alan, alegando que se desconocía al autor.
Y su certificado de defunción, emitido por las autoridades kurdas y visto por la BBC, indica que murió a causa de “fragmentos explosivos”.
El hecho de no mencionar que las víctimas de ataques aéreos mueren como resultado de la violencia, y no en un accidente, dificulta que las familias busquen justicia e indemnización, a las que tienen derecho tanto bajo la legislación iraquí como kurda.
“En la mayoría de los certificados de defunción, solo escribieron ‘infijar’, que significa explosión”, afirma Kamaran Othman, de Equipos y Comunidades de Acción por la Paz.
“Puede ser cualquier cosa que explote. Creo que el Gobierno Regional Kurdo no quiere responsabilizar a Turquía de lo que está haciendo aquí”, agrega.
El GRK afirmó que varias víctimas del conflicto entre Turquía y el PKK han sido documentadas como “mártires civiles”, lo que significa que murieron injustamente y tienen derecho a una indemnización.
Casi dos años después de la muerte de Alan, su familia sigue esperando, si no una indemnización, al menos el reconocimiento del GRK.
“Al menos podrían enviar sus condolencias; no necesitamos su indemnización”, dice Ismail.
“Cuando algo se pierde, se pierde para siempre”.
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