Retos para los derechos humanos en 2025
Comienza un nuevo un año y con él se avizoran retos inmensos para los derechos humanos en México.
En primer lugar, a partir del 20 de enero, el regreso al poder en los Estados Unidos de una opción política abiertamente racista y xenófoba genera un escenario de pronóstico reservado. En derechos humanos, no es exagerado advertir sobre la crisis migratoria que una política de deportación masiva puede generar, respecto de personas que ya hoy enfrentan situaciones críticas a su paso por México, donde quedan a merced de salvajes poderes legales e ilegales.
En segundo lugar, la violencia sigue lastimado día a día a las familias y comunidades en México, con regiones controladas por la macrocriminalidad en estados como Chiapas, Sinaloa, Michoacán, Guerrero o Guanajuato, donde la línea que debe separar a las autoridades de las organizaciones criminales se ha vuelto inexistente o borrosa. Son más de 80 asesinatos los que se registran diariamente en el país, sin que la campante militarización muestre los prometidos resultados. La prisa en difundir una narrativa de avance en esta asignatura, cuando la realidad desmiente día a día el optimismo, conduce más a la normalización de la violencia que a su reversión y deja a su suerte a miles de víctimas poco visibilizadas y menos atendidas.
Reconocer esta realidad nos conduce a recordar, en tercer lugar, ese enorme y doloroso reto que es la persistente crisis de desapariciones. Hay que insistir en ello frente a las pretensiones de negar esta realidad, y para no dejar solas a quienes buscan a sus seres queridos. Su reclamo es vigente y actual pues cada día hay nuevas y nuevos desaparecidos en el país. Las políticas en la materia siguen siendo insuficientes, ya que a nivel federal se optó por proseguir en la inercia de dejar de reconocer la crisis, abandonar los esfuerzos extraordinarios de identificación humana, debilitar a las instancias de atención victimal y condescender la negligencia de las fiscalías. Es en el ámbito estatal donde sobreviven, amenazados, los principales esfuerzos por encarar el rezago forense.
En cuarto lugar, no puede escapar que este año será crucial para el disfuncional sistema de justicia mexicano. Aprobada la reforma judicial, en el marco de una serie de modificaciones que terminaron por erosionar el diseño democrático constitucional que se dibujaba al menos normativamente en la Constitución, está previsto que la primera elección judicial se realice este 2025. Lo que hasta ahora ha trascendido sobre el proceso no permite ningún optimismo: listas de personas aspirantes donde la idoneidad no es lo común, comités de selección con sesgo partidista, medidas -como la proyección de un número pequeño de casillas- que restringirán la participación y/o propiciarán el acarreo partidista por el inherente carácter oneroso de una jornada como la prevista, boletas que por su complejidad inducirán a la confusión. Entre tanto, las fiscalías continúan en la inercia de su mediocridad, al amparo de reformas que suplen su deficiencia como la regresiva prisión preventiva oficiosa.
Finalmente, en quinto lugar, destaca el enorme reto que representa la crisis ambiental global. El calentamiento climático pone en riesgo la vida en nuestra “Casa Común” y por su propia naturaleza demanda soluciones también globales, que lamentablemente chocan con la cerrazón en que lógicamente desemboca el auge de gobiernos soberanistas y nativistas por todo el mundo.
El panorama no es por tanto halagüeño. Por eso, dado que el año inicia entre nubarrones, se impone dirigir la mirada hacia quienes en este entorno adverso anuncian con sus resistencias y dignas luchas horizontes en los que la dignidad de todos y todas se vuelva efectiva costumbre. Las madres buscadoras, las comunidades indígenas, las y los jornaleros de San Quintín en huelga, el periodismo de investigación, las personas defensoras del territorio, las personas que desde las prisiones siguen luchando por su libertad como Keren en Tlaxcala, las mujeres jóvenes que se organizan, las personas que colaboran discretamente en las casas y albergues para migrantes, la creatividad volcada en las expresiones artísticas y quienes en todo el mundo construyen comunidad en colectivo nos muestran que la esperanza no está perdida. La resiliencia personal y la resiliencia democrática no sólo son posibles en este convulso 2025: son más que nunca necesarias.
Las autoridades confirmaron la identidad de cuatro cuerpos que mostraban señales de tortura
La Fiscalía General de Ecuador confirmó que los cuatro cuerpos que se encontraron incinerados y con señales de tortura cerca de una base militar corresponden a los de cuatro niños que salieron a jugar fútbol el pasado 8 de diciembre y nunca volvieron a su casa.
Poco antes, un juez había ordenado la captura de 16 miembros de las fuerzas militares del país por su posible rol en el asesinato.
“Con base en los elementos de convicción expuestos por #FiscalíaEc, el Juez de la causa dicta prisión preventiva para los 16 militares procesados por presunta #DesapariciónForzada“, publicó la fiscalía en su cuenta en la red social X.
El caso ha generado indignación en Ecuador, donde cientos de personas salieron a la calle a pedir el regreso de Steven Medina, de 11 años, Saúl Arboleda de 15, y los hermanos Ismael y Josué Arroyo, de 15 y 14 años.
Luego del anuncio de la fiscalía, en las calles que rodeaban la institución se veían las caras de dolor y rabia por un crimen que cerró de manera violenta el que fue un difícil 2024 en cuestión de seguridad para el gobierno del presidente Daniel Noboa.
El caso se convierte en uno de los momentos más difíciles para un presidente que ha basado su estrategia de lucha contra el crimen en la declaratoria del estado de excepción, el cual otorga poderes especiales a las fuerzas de seguridad para afrontar a las bandas al margen de la ley.
Un país de luto
La indignación por el caso empujó a muchas personas a salir a protestar, exigiendo el regreso de los niños sanos y salvos.
Por ello, horas después de conocerse la identidad de los cuerpos y el escabroso final de los 4 niños, la Asamblea Nacional de Ecuador declaró 3 días de luto por la “desaparición forzada y asesinato” de los menores.
“Exhortamos a las autoridades del Gobierno Nacional y a la justicia ejercer todo el peso de la ley en este caso”, dijo la rama legislativa en un comunicado publicado en X.
Hasta el momento no ha habido respuesta del gobierno de Noboa ni de las altas esferas militares del país.
Sin embargo, este domingo se celebró el entierro de los niños, después de que sus restos fueran entregados a los familiares en ataúdes sellados con plástico, informó el diario ecuatoriano El Universo.
“Justicia para nuestros niños”, gritaron las madres y familiares de los niños en el cementerio Ángel María Canals, en el suburbio de Guayaquil, precisó el periódico.
La prensa ecuatoriana reportó que los familiares de las víctimas insistieron en que no descansarán hasta que los responsables de estas muertes sean sentenciados.
Muchas versiones
La desaparición de los cuatro muchachos cerca de Guayaquil generó de manera inmediata una polarización entre la población, en parte impulsada por las distintas versiones de los hechos que comenzaron a circular al conocerse el caso.
En una declaración inicial, el ministro de Defensa de Ecuador, Gian Carlo Loffredo, adjudicó la desaparición de los menores a “grupos delincuenciales”.
Pero días después, Loffredo cambió la versión y reconoció que los menores fueron detenidos por una patrulla de 16 militares que se movilizaban en dos vehículos.
Los militares “observan a ocho personas que estaban presuntamente robándole a una mujer”, explicó.
“Se bajan los miembros de la patrulla, neutralizan y aprehenden a tres personas y una cuarta es entregada por la ciudadanía que lo había cogido”, señaló el ministro en declaraciones a la radio City.
Esta versión indignó a los familiares, y a miles de ecuatorianos que los apoyaban, e hizo que la gente se fuera a las calles con carteles exigiendo el regreso de los menores, algunos con el lema de “son futbolistas, no terroristas”.
A la hora del anuncio de la fiscalía, muchos de esos manifestantes expresaron su dolor a las afueras del edificio.
Con la detención de los 16 militares, se espera que comience un proceso de esclarecimiento de los hechos para entender qué fue lo que verdaderamente ocurrió esa tarde del 8 de diciembre.
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