La reelección en la CNDH y el México que viene
Sin más argumento que su lealtad al proyecto político electoral que detenta la mayoría, ha sido reelecta para otro período quinquenal la actual titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
Aunque la Presidenta de la República y el partido en el poder han argumentado con razón y contundencia contra la reelección, tratándose de cargos de elección popular, esos mismos argumentos no se extendieron a un órgano crucial para la tutela de los derechos humanos que también se beneficiaría con ello.
Las razones para optar por una renovación estaban a la vista y no fueron consideradas, pese a que se plantearon de forma objetiva y respetuosa en el Parlamento Abierto que se convocó. Aun cuando se demostró que la actual CNDH no investigó a profundidad las quejas sobre eventos recientes; que protegió en sus recomendaciones a las Fuerzas Armadas; que omitió interponer acciones de inconstitucionalidad ante leyes regresivas de la anterior administración, y que fustigó con sus comunicados a sus críticos, se impuso la definición política de avalar la reelección.
De poco sirvió la elaboración, durante el proceso, de indicadores objetivos que perfilaban como mejores opciones otras candidaturas; personas que, por cierto, comparecieron dignamente ante la opinión pública para denunciar lo que estaba ocurriendo. Tampoco se consideró que trascendieron a la opinión pública las quejas por el clima laboral interno; la documentación de recomendaciones irregulares que incluyeron reparaciones millonarias inéditas; el incremento en la institución del personal de extracción partidista denunciado aquí mismo; o la presentación de documentación falsa dentro del proceso de reelección. La “línea” se impuso y se acató con dogmatismo.
El impacto de esta decisión en el Sistema Ombudsperson es nocivo. Otros cinco años de partidización grosera e ineficacia generalizada redundarán en que las miles de víctimas del país no cuenten con una institución de derechos humanos en la que puedan confiar pues ésta seguirá entregada al proyecto político electoral en boga; la CNDH seguirá tomando “partido por el pueblo y por la transformación pues es tiempo de definiciones”, como se llegó a manifestar en un comunicado tan oprobioso como transparente. Es de anticipar, además, que este lamentable ejemplo cundirá, como ya ha ocurrido, entre las comisiones estatales, que profundizarán su histórica falta de autonomía.
Pero más allá de la agenda de derechos humanos, la decisión de defender hasta la ignominia una gestión partidizada e ineficaz envía un mensaje más amplio y preocupante. Muestra cuál es el nivel de prioridad que el nuevo sexenio asignará a los derechos humanos y a la rendición de cuentas. Más aún, deja un pésimo antecedente sobre lo que podrían ser otros procesos por venir, pues muestra cómo lo más probable es que toda consideración técnica se supedite a las valoraciones políticas y a la lealtad al proyecto, incluso en casos notoriamente insostenibles. Si lo que viene en los Comités de Selección que funcionarán como filtro para la elección judicial es igual a lo que prevaleció en la reelección de la titular de CNDH, como lo sugiere su ya anunciada conformación, la colonización partidista de las instancias de contrapeso y control será masiva, inevitable e irreversible en el corto plazo.
Políticamente, no era tan costoso ni tan difícil renovar el liderazgo de la CNDH. Que no haya ocurrido evidencia que la hegemonía política que se está construyendo en efecto busca proactivamente socavar toda instancia de control y contrapeso aduciendo su carácter innecesario dada la pretendida altura moral de la que presume la propia coalición. La historia muestra que ese camino inevitablemente acaba mal. Cuando no hay controles, hay abusos y ese es el México que parece estar por venir.
La pérdida de la CNDH adquiere mayor gravedad dado que estamos próximos a perder otras instancias de contrapeso como el Poder Judicial o el INAI. El acatamiento acrítico y precipitado del destructivo “Plan C”, con formas desmesuradas y soberbias, no augura nada bueno para el país. En un contexto de erosión constitucional, será indispensable que las y los actores comprometidos con los derechos humanos y el Estado de Derecho apuntalen la resiliencia democrática.
Donald Trump ha intentado distanciarse del polémico proyecto promovido por un grupo de reflexión conservador para reformar el gobierno federal.
Con su victoria en las elecciones de este martes, Donald Trump es el hombre del momento en Estados Unidos.
Su triunfo en la carrera por la Casa Blanca sobre la candidata demócrata Kamala Harris, ha completado un regreso triunfal al poder que lo ha convertido en un héroe para muchos de sus seguidores.
Los focos se centran ahora en el presidente electo y surgen muchas preguntas sobre las decisiones que tomará en su segunda presidencia.
Durante la campaña fue objeto de atención y polémica el llamado Proyecto 2025, una iniciativa de un grupo conservador para reformar el gobierno federal.
Aunque el propio Trump ha intentado distanciarse, los demócratas y otros detractores del presidente electo creen que el Proyecto 2025 es en realidad su plan oculto de gobierno.
La propuesta fue creada por la Fundación Heritage y ha sido vinculada a Trump porque varios de sus antiguos funcionarios contribuyeron al plan.
El planteamiento, de más de 900 páginas, contempla el despido de miles de funcionarios, la ampliación del poder del presidente, el desmantelamiento del Departamento de Educación y otras agencias federales, así como recortes fiscales radicales.
Kamala Harris y los demócratas intentaron movilizar a los votantes contra un plan que, según el presidente Joe Biden, “destruiría Estados Unidos” de llevarse a cabo.
“No tengo ni idea de quién está detrás [del Proyecto 2025]”, escribió Trump en su red social Truth Social. “No estoy de acuerdo con algunas de las cosas que dicen y algunas de las cosas que dicen son absolutamente ridículas“.
Un portavoz de la iniciativa dijo hace meses en redes sociales que el Proyecto 2025 “no habla en nombre de ningún candidato o campaña”.
La Fundación Heritage dio a conocer el proyecto en abril de 2023 y desde entonces ha suscitado la preocupación y las críticas de los sectores que en Estados Unidos se describen como “liberales”.
A principios de julio, el presidente de Heritage, Kevin Roberts, planteó la perspectiva de la violencia política durante una entrevista en un podcast.
“Estamos en el proceso de la segunda revolución estadounidense, que seguirá siendo incruenta si la izquierda lo permite”, dijo Roberts al podcast War Room, fundado por el asesor de Trump Steve Bannon.
En respuesta, la campaña demócrata, entonces todavía encabezada por Biden, acusó a Trump y a sus aliados de “soñar con una revolución violenta para destruir la idea misma de Estados Unidos“.
Es habitual que los centros de estudio de Washington propongan listas de deseos políticos para posibles gobiernos en ciernes.
¿Qué más ha dicho Trump sobre el Proyecto 2025?
A principios de julio, Trump aseguró en su plataforma de redes sociales que no sabe “nada sobre el Proyecto 2025”.
“Cualquier cosa que hagan, les deseo suerte, pero no tengo nada que ver con ellos”, afirmó.
Sin embargo, varias personas vinculadas al proyecto trabajaron en el gobierno de Trump o como aliados en su campaña de reelección.
- El director del Proyecto 2025, Paul Dans, fue jefe de personal de la Oficina de Gestión de Personal bajo el mandato de Trump.
- El director asociado Spencer Chretien fue asistente especial de Trump y director asociado de Personal Presidencial.
- El asesor Russell Vought trabajó en la Oficina de Gestión y Presupuesto de Trump.
¿Qué es el Proyecto 2025?
El documento del Proyecto 2025 esboza cuatro objetivos principales: restaurar la familia como pieza central de la vida estadounidense; desmantelar el Estado administrativo; defender la soberanía y las fronteras de la nación; y garantizar los derechos individuales otorgados por Dios para vivir libremente.
Es uno de los varios documentos políticos de una plataforma conocida como Agenda 47, así llamada porque Trump será el 47º presidente de Estados Unidos.
la Fundación Heritage dice que el Proyecto 2025 fue escrito por varios exfuncionarios designados por Trump y refleja los aportes de más de 100 organizaciones conservadoras.
Aquí te presentamos un resumen de varias propuestas clave.
Gobierno
El Proyecto 2025 propone que toda la burocracia federal, incluidas agencias independientes como el Departamento de Justicia, quede bajo control presidencial directo, una controversial idea conocida como “teoría del ejecutivo unitario”.
En la práctica, eso agilizaría la toma de decisiones, lo que permitiría al presidente aplicar de manera directa sus políticas en una serie de ámbitos.
Las propuestas también abogan por eliminar la protección laboral de miles de empleados públicos, que podrían ser sustituidos por cargos políticos.
El documento califica al FBI de “organización hinchada, arrogante y cada vez más al margen de la ley” y aboga por revisiones drásticas de esta y otras agencias federales, incluida la eliminación del Departamento de Educación.
Inmigración
En el documento se propone aumentar la financiación para un muro en la frontera entre Estados Unidos y México, una de las promesas emblemáticas de Trump en 2016.
Sin embargo, lo más destacado es la consolidación de varias agencias de inmigración estadounidenses y una gran expansión de sus poderes.
Otras propuestas incluyen eliminar categorías de visas para víctimas de delitos y trata de personas, aumentar las tarifas a los inmigrantes y permitir solicitudes por vía rápida para los inmigrantes que pagan una prima.
No todos esos detalles se repiten en la plataforma del Partido Republicano, pero la formación quiere implementar el “mayor programa de deportación en la historia de Estados Unidos”.
Esa idea fue uno de los principales argumentos de Donald Trump ante los votantes.
Clima y economía
El documento propone recortar drásticamente el dinero federal para la investigación y la inversión en energías renovables y pide que el próximo presidente “detenga la guerra contra el petróleo y el gas natural”.
Los objetivos de reducción de carbono serían reemplazados por esfuerzos para aumentar la producción y la seguridad energética.
El documento expone dos visiones contrapuestas sobre los aranceles y está dividido sobre si el próximo presidente debería intentar impulsar el libre comercio o levantar barreras a las exportaciones.
Pero los asesores económicos sugieren que un segundo gobierno de Trump debería recortar los impuestos a las corporaciones y sobre la renta, abolir la Reserva Federal e incluso considerar un retorno a la moneda respaldada por oro.
Aborto
El Proyecto 2025 no exige una prohibición del aborto a escala nacional.
Sin embargo, propone retirar del mercado la pastilla abortiva mifepristona.
El documento propone nuevos esfuerzos de recopilación de datos sobre el aborto y, de manera más general, sugiere que el Departamento de Salud y Servicios Humanos debería “mantener una definición de matrimonio y familia con base bíblica y reforzada por las ciencias sociales”.
Al menos en lo que respecta al aborto, el documento difiere bastante sustancialmente de la plataforma republicana, que sólo menciona la palabra “aborto” una vez.
La plataforma dice que las leyes sobre el aborto deberían dejarse en manos de los estados individuales y que los abortos tardíos (que no definen) deberían prohibirse, una visión a la que Trump se ha aferrado en gran medida.
La plataforma del partido añade que se debe proteger el acceso a la atención prenatal, el control de la natalidad y la fertilización in vitro, y no menciona la limitación de la distribución de mifepristona.
Tecnología y educación
Según las propuestas del Proyecto 2025, se debería prohibir la pornografía y cerrar las empresas de tecnología y telecomunicaciones que facilitan el acceso a dicho contenido.
El documento exige la posibilidad de elección de escuela y el control de los padres sobre los centros educativos y apunta a lo que llama “propaganda despierta”.
Propone eliminar una larga lista de términos de todas las leyes y regulaciones federales, incluidos “orientación sexual”, “diversidad, equidad e inclusión”, “igualdad de género”, “aborto” y “derechos reproductivos”.
Jared Huffman, un congresista demócrata de California, lanzó el grupo de trabajo Stop Project 2025.
Describió el Proyecto 2025 como “un complot distópico que ya está en marcha para desmantelar nuestras instituciones democráticas”.
Huffman dijo que el proyecto “aboliría los controles y equilibrios, socavaría la separación Iglesia-Estado e impondría una agenda de extrema derecha que infringe las libertades básicas y viola la voluntad pública”.
“Necesitamos una estrategia coordinada para salvar a Estados Unidos y detener este golpe antes de que sea demasiado tarde”, dijo Huffman antes del triunfo electoral de Trump.
La Fundación Heritage es uno de los centros de estudios más influyentes que ha elaborado documentos de políticas diseñados para guiar una posible segunda presidencia de Trump.
Desde la década de 1980, ha producido documentos políticos similares como parte de su serie Mandato para el Liderazgo.
El Proyecto 2025, respaldado por un presupuesto de US$22 millones, también establece estrategias para implementar políticas que comenzarán después de la toma de posesión presidencial en enero de 2025.
En sus discursos y en su sitio web, Trump ha respaldado una serie de ideas incluidas en el Proyecto 2025, aunque su campaña ha dicho que él tiene la última palabra sobre la política.
Muchas de las propuestas enfrentarían desafíos legales inmediatos si se implementaran.
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