Justicia pendiente: el Poder Judicial frente a los casos de la familia Barajas Piña
“Como buscadores de nuestros seres queridos, enfrentamos el dolor que nos carcome hasta los huesos. Nos enfrentamos a la revictimización cuando nos acercamos a las autoridades (…) Así pasan los días, meses, años. En nuestro caso, mi hija fue entregada justo al año que la desaparecieron, en todo ese tiempo las autoridades no fueron para buscarla”, así comenzó Ma. del Tránsito Piña su participación en el foro “Buscar no debe costar la vida”, el pasado 5 de febrero, tras la proyección del documental “El lugar de la memoria, retorno a Salvatierra”, en la Universidad de Guanajuato. Ella, junto con su esposo Javier Barajas y colectivos en la entidad y en el país, sigue luchando contra la impunidad que enfrentan los miles de casos de desaparición en México.
Han sido ya 6 años de lucha de la familia Barajas Piña, “los profes”, como les conocen con cariño muchas personas en la entidad y quienes se han solidarizado con su caso. Primero, tras la desaparición de su hija, Guadalupe, en febrero de 2020, y quien fue encontrada sin vida un año después tras las labores de búsqueda de sus padres y hermano. Con el de Guadalupe, se encontraron 80 cuerpos en una de las fosas más grandes del país; de éstos sólo el caso de “la maestra Lupita” ha llegado a judicializarse.
Hoy la familia espera que se resuelva el amparo directo 51/2025, que promovieron tres de los sentenciados por la desaparición y homicidio de Guadalupe (un cuarto sentenciado se encuentra prófugo de la justicia), esto después de un proceso tortuoso donde ya se han dictado resoluciones absolutorias, con anterioridad. El caso lo resolverá el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Decimosexto Circuito. El magistrado ponente Roberto Hoyos Aponte, junto con la magistrada Presidenta Lorena Citlali Piza Peña y el magistrado Rafael Rojas Licea, tienen en sus manos la oportunidad de poner fin de manera definitiva a este largo juicio.
La familia ha hecho el llamado para que el Tribunal sea firme y termine finalmente el proceso penal por la desaparición de Lupita y confirme la sentencia condenatoria en contra de los responsables. Si es así, por fin terminaría la larga búsqueda de justicia que han sostenido dignamente por años. De lo contrario, implicaría una grave regresión en el proceso, el cual ha representado múltiples riesgos y revictimización para la familia durante todos estos años y enviaría un mensaje de dolor e impunidad a los colectivos de búsqueda y familiares de personas desaparecidas en la entidad, incluidas las familias de las personas localizadas en la fosa de Salvatierra.
Este no es el único tormento de “los profes”. También buscan justicia por el asesinato de su hijo Francisco Javier, el 29 de mayo de 2021, el cual sucedió en represalia por la búsqueda de su hermana y de otras personas desaparecidas. El caso de Javier es emblemático de los riesgos letales que enfrentan las personas buscadoras en el estado de Guanajuato y en el país.
El proceso de justicia en este caso también ha estado lleno de obstáculos. Ahora la familia se encuentra a la espera de una nueva resolución de apelación. Si bien, en mayo de 2024 se dictó sentencia condenatoria contra los dos implicados, el Poder Judicial de la Federación ordenó reponer el proceso en el caso de uno de ellos (sentenciado por su participación tanto en el homicidio de Javier como en la desaparición de Guadalupe) por cuestiones formales. La posible confirmación de la sentencia se encuentra frente a la Sala Séptima Penal Unitaria del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Guanajuato, a cargo del magistrado Luis Alberto Valdez López, y se resolverá próximamente. La Séptima Sala penal tiene así la oportunidad de enviar un mensaje respecto a que buscar un ser querido nunca debe de costar la vida.
“La violencia no sólo nos quitó a nuestros hijos, nos arrebató la posibilidad de encontrar a los que nos faltan”, expresó Javier Barajas durante su intervención en el conversatorio, al dar cuenta de su desplazamiento fuera del estado ante los riesgos que enfrentan como familia.
El sinuoso camino de “los profes” es, paradójicamente, ajeno a lo que enfrentan miles de familias en la región y en el país, pues la mayoría de los casos de desaparición o de represalias a la búsqueda no llegan a ser conocidos por un juzgado. Por ello, las decisiones en los casos de la familia Barajas Piña pueden llegar a ser un “punto de inflexión” en esa tendencia inercial de impunidad que se vive en México, como lo enfatizó la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos en México durante el foro. Esto, porque ambos casos están ante dos poderes judiciales –el federal y el de Guanajuato– que se encuentran en renovación después de una reforma ampliamente cuestionada.
Así, la sociedad, las organizaciones civiles acompañantes y los organismos internacionales estaremos vigilantes, para evaluar la actuación de las personas juzgadoras con base en sus sentencias. Lo que decidan estos tribunales no sólo resolverá dos expedientes: marcará el mensaje que la judicatura –estatal y federal– envía a quienes buscan a sus desaparecidos y reclaman verdad y justicia.
En el caso de Guadalupe y Javier la exigencia es clara: que las personas juzgadoras valoren integralmente las pruebas, reconozcan la participación de los responsables y garanticen la seguridad de las víctimas. Sólo así se podrá poner fin al dolor de “los profes”, y enviar un mensaje a las miles de familias que buscan a un ser querido: que en México todavía es posible enfrentar la impunidad, hasta encontrarlos, y hasta lograr que buscar no cueste la vida.
Casi 12 horas después de que dejara la celda donde permanecía, el opositor fue capturado nuevamente por hombres armados, denunció su familia. La fiscalía anunció su nuevo arresto por “incumplimiento de las condiciones impuestas”.
Casi 12 horas después de que fuera excarcelado en Venezuela, el opositor Juan Pablo Guanipa ha sido “secuestrado” por “un grupo de personas armadas”, según denunció su hijo Ramón Guanipa en redes sociales.
“Era un grupo de aproximadamente 10 personas no identificadas (…). Exigimos FE DE VIDA inmediata y su liberación”, decía el mensaje que fue publicado en la cuenta oficial de X del opositor.
A la denuncia se sumó rápidamente María Corina Machado, líder de la oposición y premio Nobel de la Paz, quien también publicó un mensaje de alerta en su cuenta de X:
“Hace pocos minutos fue secuestrado Juan Pablo Guanipa en la urbanización Los Chorros de Caracas. Hombres fuertemente armados, vestidos de civil, llegaron en 4 vehículos, y violentamente se lo llevaron. Exigimos su liberación inmediata”.
Primero Justicia, el partido de Guanipa, también publicó un mensaje en X diciendo que su líder había sido “secuestrado por cuerpos represivos de la dictadura” y hacían responsables a “Delcy Rodríguez, Jorge Rodríguez y Diosdado Cabello de cualquier daño contra la vida de Juan Pablo”.
Poco después, la Fiscalía de Venezuela emitió un comunicado en el cual confirmó que el opositor había sido aprehendido nuevamente a solicitud suya.
“Se ha solicitado ante el tribunal competente la revocatoria de la medida cautelar acordada al ciudadano Juan Pablo Guanipa en virtud de haberse verificado el incumplimiento de las condiciones impuestas”, se lee en el escrito, en el cual no se aclara dónde se encuentra el político.
Aunque no se han informado las condiciones impuestas a Guanipa para excarcelarlo, en la mayoría de los casos los jueces venezolanos prohíben a los beneficiarios de estas medidas realizar declaraciones a los medios o a través de sus redes sociales, algo que el opositor hizo.
La Fiscalía también agrega que había solicitado al tribunal que pasara “a un régimen de detención domiciliaria”.
La excarcelación
Juan Pablo Guanipa, de 61 años y cercano a María Corina Machado, había sido excarcelado horas antes tras pasar ocho meses en prisión.
Fue su hijo Ramón, quien también confirmó esa noticia en su cuenta de X hacia el mediodía hora local: “Anuncio que mi papá, Juan Pablo Guanipa, fue excarcelado hace minutos”.
Al poco tiempo se conoció un video del mismo Guanipa, ya fuera de su celda, en el que se dirigió a sus seguidores:
“Aquí estamos saliendo en libertad después de año y 10 meses escondido, casi nueve meses aquí detenido, hoy, estamos saliendo en libertad. Mucho que hablar del presente y futuro de Venezuela. Siempre con la verdad por delante”.
Y aunque la de Guanipa no fue la única excarcelación ocurrida este domingo, sí ha sido quizá la más sorprendente, al tratarse de un abogado que fue diputado de la Asamblea Nacional (Parlamento) y ganó la gobernación del Zulia en las elecciones regionales de 2017, pero jamás pudo asumir su cargo al negarse a reconocer a la Constituyente que entonces se instaló en el país.
Según la organización Foro Penal, este domingo hubo al menos “35 excarcelaciones de presos políticos y verificadas”. De esas personas, al menos seis formaron parte de los equipos y comandos de campaña de Machado.
El arresto
Guanipa fue detenido por las autoridades venezolanas en mayo de 2025, dos días antes de que se llevaran a cabo los comicios regionales y legislativos.
El ministro del Interior, Diosdado Cabello, hizo público el arresto en una rueda de prensa en la que mostró un video del momento de la captura del opositor, quien permanecía en la clandestinidad desde las cuestionadas elecciones presidenciales de julio de 2024.
En esos comicios, el Consejo Nacional Electoral (CNE) anunció a Nicolás Maduro como ganador sin publicar datos detallados. A su vez, la oposición denunció fraude electoral y mostró las actas de votación que convalidaban el triunfo de su candidato Edmundo González.
Foro Penal detalló que al menos 1.800 personas fueron detenidas en los días que siguieron a los comicios de 2024.
Al arrestar a Guanipa, Cabello precisó en ese entonces que 70 personas más fueron aprehendidas como parte de la llamada “Operación Tun Tun”, un operativo de seguridad que el gobierno venezolano ha aplicado en años anteriores contra políticos y activistas a los que acusa de organizar “actos desestabilizadores”.
Otras excarcelaciones
Desde que EE.UU. atacó el territorio venezolano, el pasado 3 de enero, las autoridades venezolanas han excarcelado a decenas de personas.
En la intervención militar murieron más de 100 personas, según cifras del gobierno de Venezuela, y fue capturado Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, quienes permanecen en Nueva York para ser juzgados por narcotráfico.
La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, dijo en días pasados que tras la intervención más de 600 prisioneros habían salido de las cárceles y comisarias policiales, pero Foro Penal dice que esa cifra ha sido inflada.
La misma ONG informó que hasta el 8 de enero habían sido excarcelados 158 detenidos y que el pasado 26 de enero otros 110 corrieron la misma suerte, a los cuales hay que sumar 35 de este domingo.
Entre los favorecidos de este domingo están el abogado Perkins Rocha, del equipo legal de Machado y preso desde agosto de 2024; Dignora Hernández, secretaria política del partido Vente Venezuela; María Oropeza, jefa del Comando ConVenezuela y coordinadora del partido opositor Vente Venezuela en el estado Portuguesa; Luis Tarbay, coordinador de los equipos internacionales del comando, y Catalina Ramos, coordinadora nacional de asociaciones ciudadanas del partido Vente Venezuela.
El caso de Guanipa revela que las excarcelaciones no pueden considerarse liberaciones en sentido estricto, porque los procesos penales contra opositores y disidentes continúan, y en cualquier momento las autoridades pueden aprehenderlos nuevamente si consideran que violaron las condiciones impuestas.
Sin embargo, esto podría cambiar si se aprueba la Ley de Amnistía anunciada por Rodríguez, la cual efectivamente cerraría los juicios e investigaciones en curso.
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