Nuevo marco legal de seguridad pública: oportunidades y riesgos
Estamos ante un profundo cambio jurídico en cuanto a seguridad pública. A las reformas constitucionales publicadas en diciembre pasado, se suman las iniciativas de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública (LGSNSP) y la Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia en Materia de Seguridad Pública (LSNIIMP), presentadas hace unos días.
La reforma constitucional es trascendente. Implicó la modificación del artículo 21, reformado tres veces en los últimos tres meses de 2024. Con este cambio, corresponde a las policías, a la Guardia Nacional –por la reforma de septiembre de 2024– y ahora a la Secretaría de Seguridad Pública la investigación de los delitos.
También se ampliaron las atribuciones del Secretariado Ejecutivo (SE) del Sistema, con lo cual se constitucionalizan sus facultades para auditar los fondos de ayuda federal en la materia que se aporten a entidades y municipios. Del mismo modo, se ampliaron las facultades de la Secretaría para formular, coordinar y dirigir la Estrategia Nacional de Seguridad Pública y, muy particularmente, para solicitar información a cualquier institución del Estado, incluso para el esclarecimiento de delitos.
Desarrollando esta reforma, la iniciativa de LGSNSP fortalece dentro del Sistema la posición de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y robustece la posición del Secretariado. Igualmente, la LSNIIMP amplía notoriamente las atribuciones de la SSPC para obtener información que permita generar instrumentos de inteligencia.
Estas reformas presentan una mezcla de oportunidades y riesgos.
Dentro de las oportunidades: por mucho tiempo se insistió en la necesidad de refundar el Sistema Nacional de Seguridad Pública, dotando de más atribuciones al Secretariado. Estas reformas van en esa dirección. Por otro lado, el fortalecimiento de la Secretaría de Seguridad y del propio Sistema puede contribuir a contener la expansión de poder militar que hemos presenciado en los últimos años.
Sin embargo, estas reformas generan también riesgos. Primero, la incierta diversificación de las instituciones que pueden investigar delitos. Tradicionalmente, la investigación de los delitos correspondía a las policías ministeriales de las fiscalías, actuando bajo la conducción y mando del ministerio público. Este diseño había mostrado su inefectividad y por ello se proponía que las policías preventivas investigaran. Pero en el actual contexto, esta reforma implica –de forma sumamente problemática– que una institución militar como lo es la Guardia Nacional tenga esta atribución, que ahora se extiende también a la Secretaría de Seguridad y a las policías locales, sin que sea claro cómo eso sería operativo. Se argumenta que esta reforma generará colaboración, pero también puede generar competencia y conflicto, así como controversias legales sobre qué implica respetar el marco constitucional –aún presente– conforme al cual “el mando y la conducción” las sigue detentando el ministerio público.
Segundo, la falta de salvaguarda respecto de las atribuciones en materia de inteligencia, señalado ya por Artículo 19, Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D) y Social TIC. Por ejemplo, la iniciativa prevé el diseño de una plataforma digital de usuarios de telefonía móvil, al que accederán todas las instituciones de seguridad (art. 12 iniciativa LGSNSP). También se faculta a la Secretaría para solicitar información o interconexión a todas las bases de datos disponibles en instituciones de Estado (art. 8 fr. III iniciativa LGSNIIMSP).
Dados los abusos documentados en el pasado –como con Pegasus–, será esencial que en el uso de herramientas como estas haya controles; sobre todo porque estas leyes se implementarán con una Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y un Poder Judicial Federal políticamente cooptados.
Tercero, el papel asignado a los poderes judiciales. En la iniciativa de LGSNSP (arts. 8 fr. XIII y 11) se establece que la Federación y las entidades se coordinarán con el Poder Judicial Federal y con los poderes judiciales estatales. En un contexto de demanda de mano dura, de acoso mediante conferencias de prensa y de abierto control mediante la Reforma Judicial, esta “coordinación” puede manifestarse en los hechos como subordinación. Aunque sea impopular, hay que reivindicar la independencia judicial y recordar que –por ejemplo– ante un caso penal las personas juzgadoras no deben tener consideraciones “de seguridad pública”, sino exclusivamente las que emanen del respectivo expediente, a la luz del debido proceso.
Cuarto, la acumulación de poder en la Secretaría de Seguridad. Es patente y notorio, en la reforma constitucional y en las iniciativas, el enorme fortalecimiento de la SSPC y su titular. Sin llegar a un fatalismo extremo ni a paralelismos simplistas, no puede obviarse que en México ya tuvimos perfiles policiales en la titularidad de la misma Secretaría que fueron dotados de poderes legales y “metalegales” sin controles, bajo el argumento de que ello les permitía ser eficaces. El desenlace es conocido. Por ello, se justifica reiterar que los controles y contrapesos son siempre necesarios cuando el poder incrementa, sobre todo en el ámbito de la seguridad y justicia.
En el análisis de estas leyes secundarias, es deseable que el Congreso de la Unión realice una deliberación amplia. Pero nada indica que esto vaya a suceder: la nueva “Estrategia Nacional de Seguridad Pública” estrictamente no ha sido analizada en el Senado, en términos del artículo 69 constitucional, y ya se implementa por el Ejecutivo. Sin deliberación en el Congreso y sin diálogo con otros sectores. En el cambio que está en curso sólo contamos con diagnóstico y propuesta gubernamental. Ojalá acierten.
El presidente llega a los 100 días de su segundo gobierno con varias medidas encaminadas, pero encuentra obstáculos a algunos impulsos reformistas.
En los primeros 100 días de su segundo mandato, Donald Trump mostró que busca ampliar el poder de por sí descomunal que tiene como presidente de Estados Unidos.
Ha invocado una autoridad extraordinaria para diversos cometidos: desde remodelar el comercio internacional hasta deportar migrantes sin seguir necesariamente el debido proceso.
Con una catarata de órdenes ejecutivas firmadas en este lapso, el presidente quiere modificar el gobierno de EE.UU. a su gusto y reclama mayor influencia sobre los bufetes de abogados, las universidades y las reglas electorales de su país.
Trump ha indicado incluso que podría buscar un tercer mandato pese a que la Constitución le impone un límite de dos.
Pero Erica Frantz, una profesora de ciencia política en la Universidad Estatal de Michigan experta en autoritarismo, descarta que el apetito de poder de Trump sea mayor ahora que en su primer gobierno (2017-2021).
“Lo que es diferente es su capacidad para tener éxito en la búsqueda del poder”, dice Frantz a BBC Mundo. “Está siendo mucho más exitoso en marginar, silenciar o desmantelar a cualquier individuo, institución o grupo que potencialmente pudiera limitar su poder”.
Sin embargo, Trump 2.0 tampoco se ha salido siempre con las suyas. Y esto se debe en gran medida a tres obstáculos importantes con los que se ha topado hasta ahora:
1. La Justicia
Trump domina a su Partido Republicano, que a su vez tiene mayorías en ambas cámaras del Congreso, por lo que el Poder Judicial es un contrapeso clave del presidente de EE.UU.
Los tribunales federales han suspendido temporalmente medidas polémicas de Trump, como su intento de terminar con la ciudadanía automática que la Constitución otorga a quien nace en el país.
Otro caso notorio en el que intervino la justicia es la deportación de un inmigrante al que Trump acusa de pertenecer a la pandilla MS-13.
Kilmar Abrego García fue enviado a una cárcel de El Salvador junto a otros inmigrantes pese a que un fallo judicial prohibía hacerlo. El gobierno primero dijo que se trató de un error administrativo y luego reivindicó la expulsión.
El asunto llegó a la Corte Suprema, que exigió al gobierno “facilitar” la liberación de Abrego García. Y, ante señales de que esto se demoraba, la jueza federal que supervisa el caso, Paula Xinis, acusó al Ejecutivo de actuar de “mala fe” por negarse a informar sobre el caso y ordenó una investigación inusual al respecto, que luego pausó por unos días.
El máximo tribunal de EE.UU. ha fallado sobre otras acciones del gobierno, por ejemplo al ordenarle que le avise con “tiempo razonable” a los migrantes venezolanos que quiere deportar, para que puedan desafiar legalmente su expulsión.
Pero también ha desactivado bloqueos que jueces de menor rango pusieron a medidas controversiales de Trump, como los despidos de personal y congelamientos de fondos en el gobierno.
Con una mayoría conservadora de seis jueces en nueve —tres de ellos nombrados por Trump—, la Corte Suprema será decisiva en varios de estos casos y, según Frantz, aún está por verse su voluntad de servir de control significativo al mandatario.
“Otros tribunales pueden desempeñar un papel importante, como lo están haciendo, en los intentos de hacer retroceder a Trump”, dice la experta. “Pero en última instancia, si la Corte Suprema cede, la puerta se abre de par en par para que siga la toma de poder y la democracia decaiga”.
2. Harvard
Una de las novedades del regreso de Trump a la Casa Blanca han sido sus esfuerzos para ganar influencia sobre algunas de las principales universidades de EE.UU.
El mandatario y sus asesores sostienen que buscan combatir el antisemitismo que hay en esas casas de estudios desde las protestas contra la guerra de Israel en Gaza.
Pero las exigencias que el gobierno ha hecho a las universidades, bajo amenaza de cortarles la ayuda financiera federal, van desde reformas internas hasta cambios en las políticas de admisiones, y según sus críticos comprometen la libertad académica.
Muchos se inquietaron cuando la Universidad de Columbia aceptó en marzo varias demandas del gobierno, incluido un cambio de supervisión en su departamento de Medio Oriente, para intentar mantener US$400 millones de fondos y contratos federales.
Sin embargo, en abril Trump y sus colaboradores chocaron con una institución que se negó a cumplir sus exigencias: la Universidad de Harvard.
“Ningún gobierno —sin importar qué partido esté en el poder— debe dictar qué pueden enseñar las universidades privadas, a quién pueden admitir y contratar, y qué áreas de estudio e investigación pueden seguir”, sostuvo el presidente de Harvard, Alan Garber, en un comunicado.
El gobierno congeló US$2.200 millones de fondos federales para esa universidad de élite, y podría hacer lo mismo con cerca de US$8.000 millones más.
Pero Harvard se mantuvo firme y presentó una demanda contra la administración de Trump, quien a su vez amenazó con quitarle la exención fiscal.
Joshua Sandman, un profesor emérito de ciencia política en la Universidad de New Haven, sostiene que Harvard no consiguió “proteger a estudiantes judíos de agresiones físicas, intimidación y acoso”.
Pero “Trump ha utilizado esto como pretexto para presionar a Harvard para que capitule y cambie su cultura y actitud liberal”, dice Sandman, que es experto en la presidencia de EE.UU., a BBC Mundo.
Tal vez otras universidades que evitaban confrontar a Trump en público hayan tomado nota de la actitud de Harvard ante la Casa Blanca.
La semana pasada, los líderes de más de 400 instituciones de enseñanza terciaria de EE.UU. emitieron un comunicado conjunto “contra la extralimitación gubernamental y la interferencia política sin precedentes que ahora ponen en peligro la educación superior estadounidense”.
3. El mercado (y la Fed)
Dos de los mayores retrocesos de Trump desde que asumió el 20 de enero están vinculados a un actor difícil de ignorar: el mercado.
La primera marcha atrás de Trump fue la tregua que anunció en su guerra comercial global, ante caídas extraordinarias en bolsas de valores y precios de bonos del Tesoro por el temor de los inversores al impacto de esa política en la economía.
“La gente se estaba pasando un poco de la raya, se estaban poniendo un poco nerviosos”, declaró el mandatario al anunciar en abril que suspendía por 90 días el aumento de aranceles a decenas de países excepto China.
Eso provocó cierto alivio en el mercado, pero Wall Street y los bonos volvieron a caer la semana pasada junto al dólar cuando Trump arremetió contra el presidente de la Reserva Federal (banco central) de EE.UU., Jerome Powell, por resistirse a sus reclamos de bajar las tasas de interés para impulsar la economía.
Trump llegó a pedir en redes sociales el despido de Powell, pese a que su labor es independiente, pero volvió a ceder tras otra reacción adversa del mercado a sus presiones.
“No tengo intención de despedirlo”, declaró el mandatario sobre Powell y el mercado volvió a dar señales de alivio.
Trump también sugirió que podría buscar una salida a la guerra comercial con China, ante advertencias empresariales de que los aranceles de 145% que anunció a importaciones de ese país podrían causar aumentos de precios y escasez de ciertos productos.
“145% es muy alto, y no será tan alto”, declaró Trump a la prensa, aunque China ha descartado negociar bajo coerción y tomó sus propias medidas de represalia comercial contra EE.UU.
Los analistas creen que el mandatario podría volver a cambiar sus posturas en cualquier momento, pero advierten que el mercado ya probó que puede doblarle el brazo.
“(Trump) es un empresario nato, así que claro que le importa cuando el mercado financiero —ya sea la bolsa, los bonos o las monedas— le pone el pulgar hacia abajo”, dice a BBC Mundo Arturo Porzecanski, un economista basado en Washington con experiencia en Wall Street.
A su juicio, también es significativo que Elon Musk anunciara que reducirá “significativamente” su participación en el gobierno de Trump después de que un informe mostró un desplome en los beneficios de su empresa Tesla, atribuido entre otros factores a sus actividades políticas.
“Lo que le saca la alfombra a Trump”, concluye Porzecanski, “es lo que pasa en los mercados”.
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