¿Nuevo “Congreso Constituyente”?
El gobierno de Donald Trump representa una amenaza creciente para México. Es fundamental la tarea que el Gobierno Federal lleva a cabo para defender el interés nacional. Pero sería lamentable que la agresión del autoritario estadounidense refuerce en el ámbito interno la desmesura con que la mayoría gobernante entiende su actual hegemonía.
La reflexión viene a cuento por lo visto en la conmemoración de la Constitución, el pasado 5 de febrero en Querétaro. La marginación del Poder de la Unión ya auguraba un evento de mermado carácter republicano. Pero es una afirmación contenida en el discurso presidencial lo que causa mayor preocupación: “El 2 de junio de 2024 el pueblo de México no tuvo dudas y mayoritariamente dijo que siga la transformación y que llegue la primera mujer presidenta. Y si lo pensamos profundamente eligió a un nuevo Congreso Constituyente”.
Llevan toda la razón las dos primeras afirmaciones. Es cierto que mayoritariamente el pueblo de México respaldó el proyecto político del partido en el poder, en muy buena medida –según los análisis que han empezado a publicarse– por la notoria aprobación a las políticas laborales y a las políticas sociales implementadas. Es cierto, también, que en una decisión de profunda trascendencia histórica que debe celebrarse, la mayoría eligió también a la primera presidenta de la república, lo que es un paso hacia adelante en la igualdad sustantiva.
Pero pasar de estos dos asertos a la afirmación de que México eligió a un “nuevo Congreso Constituyente” implica un salto al que no se llega de forma obvia, ni siquiera “pensándolo profundamente”.
La adopción de una nueva Constitución no estuvo en las urnas el 2 de junio. Algunas voces afirman que la inscripción en la plataforma electoral de Morena del programa de reformas delineado en el llamado “Plan C” vinculaba el mandato de las urnas con la obligatoria aprobación de todas estas reformas. Pero este es un argumento formalista que no resuelve la cuestión de fondo: es forzado derivar de la votación pasada un apoyo cabal, explícito y unívoco a cada una de las iniciativas incluidas en ese programa de modificaciones, abundantes y complejas en su conjunto; máxime cuando las reformas más polémicas de este paquete –militarización, ampliación de delitos con prisión preventiva oficiosa, control del judicial, eliminación del organismo autónomo de transparencia– no tienen en realidad relación precisa con la reversión de la desigualdad económica. Estos cambios no se relacionan con la eliminación del programa económico neoliberal en la carta magna.
La propia elaboración de las iniciativas que derivaron en estas reformas impide equiparar su elaboración a un proceso constituyente, pues no surgieron de una deliberación amplia e inclusiva, sino del diseño elaborado por el equipo compacto del anterior presidente, que presentó el paquete el 5 de febrero de 2024. Lo que ocurrió desde entonces no fue la discusión plural propia de las mejores prácticas de las asambleas constituyentes contemporáneas, sino una dinámica poco democrática conforme a la cual no cabía cambiar “ni una coma” a lo propuesto.
Al margen de lo anterior, incluso si se asume que la elección del 2 de junio mandatara el cumplimiento íntegro del llamado “Plan C”, tendría que asumirse que concluidas estas reformas se habría agotado tal mandato pues otras modificaciones a nuestra norma máxima no hacían parte de dicho plan. No es, sin embargo, esto lo que estamos viendo ni lo que se anuncia cuando se equipara la mayoría legislativa actual a un “Congreso Constituyente”.
La discusión sobre la naturaleza de un poder constituyente es vasta y no es el caso extendernos aquí. Pero importa decir al menos que, idealmente, un congreso de esta naturaleza debería ser convocada ex profeso para la tarea de redactar la norma más relevante de una nación, teniendo para ello una conformación y unos procedimientos específicos. La pluralidad en una empresa de esta índole es fundamental y la participación de la ciudadanía en los procesos también. Como señala Roberto Gargarella: “en una democracia, la discusión sobre la Constitución y los principios subyacentes a ella debe ser producto de una conversación igualitaria e inclusiva entre todos los potencialmente afectados”.
Es cierto que, en México, todos los gobiernos anteriores buscaron plasmar en la Constitución su propio proyecto político; las modificaciones relacionadas del Pacto por México durante la administración peñanietista son el ejemplo de ello. Pero lo novedoso hoy es que se pretenda equiparar una mayoría contemporánea a la que conformaron los constituyentes que discutieron y aprobaron la Constitución de 1917.
Esta perspectiva fortalece el ejercicio avasallante que ha caracterizado en la actual legislatura al partido mayoritario, a sus integrantes y sobre todo a sus liderazgos más encumbrados, pues un Congreso Constituyente no tiene más límite que sí mismo; sobre todo ahora, tras las reformas de la mal llamada “supremacía constitucional”. Reconocer que tras las modificaciones del semestre pasado existe una nueva carta magna no es una aceptación exagerada dado el calado de los cambios adoptados. Pero resultaría todavía más excesivo que la fracción mayoritaria de la actual legislatura se atribuya hacia adelante una condición constituyente que no le corresponde.
Es deseable que dejando atrás los atropellos del más reciente periodo legislativo y los excesos retóricos del presente, la mesura demostrada en la conducción de la política exterior eventualmente se note también hacia la conducción de la política interna nacional. De otro modo, los llamados a la unidad nacional en este delicado momento serán poco creíbles.
Altos funcionarios de la Casa Blanca usaron la aplicación comercial Signal para discutir planes de guerra confidenciales. ¿Cómo es esta plataforma y qué nivel de seguridad tiene?
La plataforma de mensajería Signal ocupó por sorpresa muchos titulares de noticias después de que la Casa Blanca confirmara el lunes que la app se utilizó en un chat grupal secreto entre altos funcionarios estadounidenses.
El redactor jefe de la revista The Atlantic, Jeffrey Goldberg, fue añadido inesperadamente al grupo en el que se discutían planes de ataque contra el grupo militante hutí en Yemen.
La operación militar estadounidense resultó en el lanzamiento de misiles sobre la capital yemenita, Saná, que dejaron decenas de muertos el pasado 16 de marzo.
El presidente de EE.UU., Donald Trump, dijo ese día que era una acción “decisiva” contra “la piratería, la violencia y el terrorismo”.
Pero el probable uso descuidado de una aplicación comercial de mensajería -en el que se dice que participaron el vicepresidente, JD Vance; el secretario de Defensa, Pete Hegseth; el secretario de Estado, Marco Rubio; y el asesor de Seguridad Nacional, Mike Waltz, entre otros- ha causado reacciones en Washington.
El líder demócrata del Senado, Chuck Schumer, lo ha calificado de “una de las filtraciones de inteligencia militar más sorprendentes” de la historia y ha pedido una investigación.
¿Qué es realmente Signal y hasta qué punto eran seguras o no las comunicaciones de altos funcionarios a través de ella?
La seguridad en la app
Se calcula que Signal tiene entre 40 y 70 millones de usuarios mensuales, lo que la hace bastante pequeña comparada con los mayores servicios de mensajería, WhatsApp y Messenger, que cuentan con miles de millones de clientes.
Pero en lo que sí lidera a sus competidores es en términos de seguridad.
La clave es el cifrado de extremo a extremo (E2EE) que utiliza. En pocas palabras, significa que solo el remitente y el destinatario pueden leer los mensajes. Ni siquiera Signal puede acceder a ellos.
Otras plataformas también tienen E2EE -incluido WhatsApp-, pero las características de seguridad de Signal van más allá.
Por ejemplo, el software que hace funcionar la aplicación es de código abierto, lo que significa que cualquiera puede comprobarlo para asegurarse de que no hay vulnerabilidades que los hackers puedan explotar.
Sus propietarios afirman que recopila mucha menos información de sus usuarios y, en concreto, no almacena registros de nombres de usuario, fotos de perfil o los grupos a los que pertenecen las personas.
La aplicación pertenece a la Fundación Signal, una organización sin ánimo de lucro con sede en EE.UU. que depende de las donaciones y no de ingresos por publicidad.
“Signal es el estándar de oro en comunicaciones privadas”, dijo su jefa, Meredith Whittaker, en un post en X después de que se hiciera pública la historia de la seguridad nacional estadounidense.
En una entrevista con la BBC en diciembre pasado, Whittaker aseguró que Signal se utiliza en comunicaciones militares en todo el mundo.
“Muy, muy inusual”
El “estándar de oro” de su seguridad es lo que hace que Signal resulte atractiva para expertos en ciberseguridad y periodistas, que suelen utilizar la aplicación.
Pero incluso ese nivel de garantía se considera insuficiente para conversaciones de muy alto nivel sobre asuntos de seguridad nacional extremadamente delicados.
Esto se debe a que la comunicación a través de un teléfono móvil entraña un riesgo en gran medida inevitable: solo se mantiene tan segura como lo haga la persona que usa el dispositivo.
Si alguien accede a un teléfono con la app de Signal abierta -o si descubre su contraseña- podrá ver los mensajes.
Y nada puede evitar que alguien eche un vistazo por encima del hombro de alguien que esté usando el teléfono en un espacio público.
Además, el Grupo de Inteligencia de Amenazas de Google ha detectado un aumento de los intentos de vulneración de la plataforma por parte de hackers al servicio de los servicios de inteligencia rusos.
Es por estas y otras razones que la experta en datos Caro Robson, que ha trabajado con el gobierno estadounidense, dijo que era “muy, muy inusual” que altos funcionarios de seguridad se comunicaran en una plataforma de mensajería como Signal.
“Por lo general, se utilizaría un sistema gubernamental muy seguro, operado y propiedad del gobierno, con niveles muy altos de cifrado”, afirmó.
Esto significa que los dispositivos se mantienen en “lugares muy seguros controlados por el gobierno”.
El gobierno de EE.UU. ha utilizado históricamente una sala Scif para tratar información confidencial y asuntos de seguridad nacional.
Esta célebre foto, tomada en el interior de la que quizá sea la Scif más famosa -la Sala de Situación de la Casa Blanca- en 2011, muestra al entonces presidente Barack Obama y a su equipo reaccionando a una actualización durante la incursión estadounidense que llevó a la muerte de Osama bin Laden.
Un Scif es un área cerrada ultrasegura en la que no se permiten dispositivos electrónicos personales.
“Para acceder siquiera a este tipo de información clasificada, hay que estar en una sala o edificio concreto que se inspecciona repetidamente en busca de micrófonos o dispositivos de escucha”, explicó Robson.
Los Scifs pueden encontrarse en lugares que van desde bases militares hasta los domicilios de los funcionarios.
“Todo el sistema está encriptado de forma masiva y protegido con los más altos estándares de criptografía del gobierno”, explicó. “Especialmente cuando se trata de defensa”.
El gobierno de Estados Unidos tiene también otros medios para transmitir información clasificada, como el Sistema Conjunto de Comunicaciones de Inteligencia Mundial (Jwics) y la red de Enrutadores de Protocolo Secreto de Internet (SIPR), a los que los altos funcionarios del gobierno pueden acceder a través de computadoras portátiles y teléfonos específicamente configurados.
Cifrado y registros
Hay otra cuestión relacionada con Signal que ha suscitado preocupación: la desaparición de mensajes.
Signal, como muchas otras aplicaciones de mensajería, permite a sus usuarios configurar los mensajes para que desaparezcan tras un periodo determinado.
El periodista Jeffrey Goldberg, de The Atlantic, afirma que algunos de los mensajes del grupo de Signal al que estaba agregado desaparecieron al cabo de una semana.
Esto puede violar las leyes sobre el mantenimiento de registros, a menos que los usuarios de la aplicación reenvíen sus mensajes a una cuenta oficial del gobierno.
Este no es ni mucho menos el primer escándalo relacionado con E2EE.
Varios gobiernos han querido instaurar lo que llaman una “puerta trasera” en los servicios de mensajería. Esta sería utilizada para poder leer los mensajes que creen que pueden suponer una amenaza para la seguridad nacional.
Plataformas como Signal y WhatsApp se han opuesto a los intentos de crear una puerta trasera de este tipo, alegando que acabaría siendo utilizada por agentes malintencionados.
Pero, como demuestra esta polémica, ningún nivel de seguridad o protección legal importa si simplemente compartes tus datos confidenciales con la persona equivocada.
O, como dijo sin rodeos un crítico: “La encriptación no puede protegerte de la estupidez”.
Usada en otros gobiernos
La aplicación no está prohibida por completo por el gobierno estadounidense. Durante la presidencia de Joe Biden (2021-2025), algunos funcionarios pudieron descargar Signal en los teléfonos proporcionados por la Casa Blanca.
Pero se les ordenó usar la aplicación con moderación y nunca compartir información clasificada en ella, dijeron exfuncionarios de seguridad nacional del gobierno demócrata a medios de EE.UU.
Las regulaciones del Pentágono establecen que las aplicaciones de mensajería “NO están autorizadas a acceder, transmitir ni procesar información no pública del Departamento de Defensa”, informó la cadena CNN.
John Wheeler de Wheelhouse Advisors, una consultora de ciberseguridad, le dice a la BBC que usar Signal para comunicar mensajes sensibles de esta naturaleza es riesgoso.
“Los canales que generalmente se utilizan para las comunicaciones dentro de los sistemas gubernamentales están monitoreados y bien protegidos desde el punto de vista de su uso”, asegura el experto.
Con herramientas externas, señala, parece que no existen protocolos de autorización.
“Algo tan delicado debería requerir protocolos de comunicación muy estrictos. Me sorprendió mucho que utilizaran este tipo de solución”, añade Wheelhouse.
Después de este incidente, el experto señala que aliados estadounidenses en el exterior tal vez se lo piensen dos veces antes de comunicar información sensible a funcionarios estadounidenses.
* Con información de Tom Gerken, Lily Jamali, Max Matza y Kayla Epstein.
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