En días pasados se dieron a conocer dos evaluaciones internacionales sobre aspectos de la situación de derechos humanos en México, que coinciden ambas en reprobar la atención de nuestro país a temas fundamentales.
Se trata, por un lado, de las Observaciones Preliminares dadas a conocer por el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria, y por otro de las Observaciones Finales sobre la información complementaria que México presentó al Comité contra la Desaparición Forzada (Comité CED). Vale la pena detenerse en ambos documentos.
En sus Observaciones Preliminares, publicadas tras su visita al país durante este mes de septiembre, el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria estimó que las detenciones arbitrarias se presentan de manera “generalizada” en el país, en buena medida a consecuencia de la actual política de seguridad. Por ello, llamó la atención sobre la necesidad de garantizar que en el Registro Nacional de Detenciones ingresen todas las privaciones de la libertad que se realicen, incluyendo las detenciones administrativas de migrantes y de personas con discapacidad psicosocial, así como las que realizan el Ejército, la Marina y la Guardia Nacional.
El Grupo también se refirió al preocupante abuso de la prisión preventiva oficiosa, señalando que: “De las aproximadamente 90,000 personas en detención preventiva (denominada “en proceso”) en 2022, alrededor del 50 por ciento están sujetas a detención preventiva oficiosa”.
Por otro lado, el Grupo de Trabajo se refirió a la persistencia del uso excesivo de la fuerza durante las detenciones. Así, señaló que: “A menudo se infligen palizas y torturas para obtener confesiones. Las personas detenidas a veces se ven obligadas a dar información sobre otros presuntos sospechosos o posibles pruebas, y los malos tratos también se utilizan como forma de humillación y castigo”.
También manifestó alarma por el clima adverso contra la judicatura, al destacar que: “le preocupa saber que los miembros del Poder Ejecutivo han presionado a los jueces, particularmente cuando esos jueces han dictaminado que las iniciativas del ejecutivo contravienen la ley”. Del mismo modo, destacó la preocupante situación de las personas migrantes, poniendo como ejemplo que: “Ante el incendio en las instalaciones de Ciudad Juárez en marzo de 2023, en el que murieron 40 personas y muchas resultaron heridas, el Grupo de Trabajo enfatiza que las personas migrantes no deben ser mantenidas a puertas cerradas y deben tener acceso a las áreas al aire libre”.
En cuanto al Comité sobre la Desaparición Forzada, después de que México compareciera ante esta instancia durante tres días y remitiera información escrita, este cuerpo colegiado concluyó que en nuestro país las desapariciones siguen en aumento, sin que hasta ahora se haya adoptado una “Política Nacional para Prevenir y Erradicar las Desapariciones”. En ese sentido, lamentó la generalizada impunidad y señaló que “la investigación y persecución penal de la desaparición forzada y desaparición cometida por particulares continúan sin ser priorizada”, destacando en lo particular “el alarmante número de desapariciones registradas en el Estado parte y la deficiente investigación de tales hechos que tiene como consecuencia un número escaso de sentencias y con ello la continuidad de una impunidad casi absoluta”.
También se refirió a la deficiente coordinación interinstitucional; recomendó “Garantizar el funcionamiento efectivo del Banco Nacional de Datos Forenses y su interoperabilidad con otros bancos de perfiles genéticos existentes en México y en otros países a fin de multiplicar las opciones de cruces de datos genéticos”.
Adicionalmente, sobre el muy criticado proceso de revisión al Registro Nacional de Personas Desaparecidas, el Comité reprobó contundentemente la forma en que este ejercicio se está realizando al concluir que: “El proceso de actualización del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas que se está llevando a cabo por iniciativa de la Presidencia de la República […] no cumple con los criterios establecidos en el Protocolo Homologado de Búsqueda y en estándares internacionales aplicables a la materia para este tipo de actividad; no es ejecutado por las autoridades competentes en materia de búsqueda sino por otras instancias; no cuenta con una metodología clara y transparente y mecanismos que permitan la participación de los familiares de las personas desaparecidas; y en [su] implementación se han denunciado actos de revictimización, incluyendo señalamientos contra los familiares de ocultar el paradero de sus seres queridos”.
Como se ve, la evaluación de la situación de México por parte de estas dos instancias es crítica; por eso mismo, importa el seguimiento a sus recomendaciones. Siendo así, hay que lamentar el tono de la respuesta del Estado al Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria, donde las autoridades federales señalaron que “no se coincide en la apreciación del Grupo de Trabajo de que las detenciones arbitrarias se presenten de manera generalizada en el país”. Esta respuesta, lamentable, recuerda a las que se estilaban en los sexenios anteriores, cuando se intentó infructuosamente disputar el diagnóstico internacional con argumentos frágiles.
Y es que cualquiera que analice seriamente las consecuencias del modelo militarizado de seguridad, los impactos de la política migratoria o los sesgos policiales en las detenciones contra población socialmente estigmatizada, podrá concluir fácilmente que en efecto las “detenciones arbitrarias son generalizadas” en México, como lo advirtió el Grupo de Trabajo.
El resultado de estas evaluaciones nos recuerda también que las violaciones a derechos humanos no se erradican porque así lo declare un gobierno. Los problemas que ocasiona la falta de Estado de Derecho y los arraigados patrones de abuso no se eliminan por decreto: hacen falta políticas públicas sostenidas y un constante énfasis en la rendición de cuentas, esfuerzos a los que no abonan los discursos triunfalistas que afirman, contra toda evidencia y contra las recientes evaluaciones internacionales, que en México ya no se violan los derechos humanos.
Imagina que se libra una batalla en la sala de juntas de una empresa multimillonaria que desarrolla una tecnología futurista potencialmente capaz de salvar o destruir el mundo.
Su director ejecutivo, que cuenta con el apoyo de los líderes mundiales, es derrocado por directivos de alto nivel que se vuelven contra él, provocando una reacción del resto de la empresa que exige despedirlos a ellos.
No es el guion de una serie de Netflix, sino los últimos días en OpenAI.
Periodistas, inversores y aficionados a la tecnología han estado observando los acontecimientos como si de una producción de ficción se tratara, aunque las opiniones difieren sobre si sería un thriller o una comedia.
¿Qué pasa con OpenAi?
La batalla en la cúspide de OpenAI, la empresa creadora del chatbot de inteligencia artificial ChatGPT, comenzó repentinamente el pasado viernes, cuando la junta directiva anunció el despido del cofundador y director ejecutivo Sam Altman.
En una publicación en un blog, la junta acusó a Altman de no ser “consistentemente sincero en sus comunicaciones” y alegó que, como resultado, había “perdido confianza” en su liderazgo.
Sólo hay seis personas en esa junta y dos de ellos eran Sam Altman y otro cofundador, Greg Brockman, quien renunció después de que el primero fuera despedido.
Cuatro figuras muy cercanas a Altman y la empresa entraron de inmediato en acción, tomando por sorpresa a toda la comunidad tecnológica, incluidos –supuestamente– sus propios inversores.
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Elon Musk, también cofundador de OpenAI, escribió en X (antes Twitter) que estaba “muy preocupado”.
Ilya Sutskever, el científico jefe de la empresa, era miembro de esa junta y escribió que “no tomaría medidas tan drásticas a menos que lo considerara absolutamente necesario”.
Ahora Sutskever ha expresado su pesar por la decisión y es uno de los muchos firmantes de una explosiva carta dirigida a la junta directiva, en la que piden el regreso de Altman y Brockman y amenazan con abandonar OpenAI si esto no sucede.
¿Qué causó el conflicto?
Entonces, ¿qué fue lo que desató esta rápida bola de nieve? En realidad aún no lo sabemos, pero se barajan algunas opciones.
Hay informes de que Altman consideraba algunos proyectos de hardware, como la financiación y el desarrollo de un chip de IA, lo que supondría una dirección bastante diferente en OpenAI. ¿Había asumido algunos compromisos de los que la junta no estaba al tanto?
¿O podría reducirse a una fuente de conflicto muy antigua y muy humana, como el dinero?
En una nota interna cuyo contenido se difundió ampliamente, la junta dejó claro que no acusaba a Altman de “malversación financiera”.
Pero sabemos que OpenAI se fundó como una organización sin fines de lucro; es decir, una empresa que no pretende ganar dinero. Recibe suficientes ingresos para cubrir sus propios costos de funcionamiento y cualquier exceso se reinvierte en el negocio. La mayoría de las organizaciones benéficas son sin fines de lucro.
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En 2019 se estableció una nueva rama de la compañía que sí buscaba obtener beneficios. La firma expuso cómo coexistirían las dos. La parte sin fines de lucro lideraría a la que obtuviera ganancias y se impondría un límite a los rendimientos que los inversores pudieran obtener.
No todo el mundo estaba contento con esto y se dijo que fue una razón fundamental tras la decisión de Elon Musk de abandonar la corporación.
OpenAI, sin embargo, se encuentra ahora en la circunstancia favorable de valer una enorme cantidad de dinero.
Según informes, una venta de acciones de empleados que no se llegó a materializar esta semana fue valorada en $86 mil millones de dólares.
¿Podría haber presiones para dar más poder a la parte lucrativa del negocio?
¿Cómo terminará esto?
OpenAI está detrás de la inteligencia artificial general (AGI por sus siglas en inglés). Todavía no existe y es fuente de preocupación y asombro.
Es básicamente la idea de que algún día habrá herramientas de inteligencia artificial que puedan realizar una serie de tareas tan bien o mejor que los humanos (es decir, nosotros) en la actualidad.
La AGI tiene el potencial de cambiar toda la forma en que hacemos las cosas. Empleos, dinero, educación… todo eso queda en el aire cuando las máquinas pueden hacer cosas. Es, o será, un fenómeno increíblemente poderoso.
¿Está OpenAI más cerca de eso de lo que creemos? ¿Lo sabe Altman? En un discurso muy reciente, afirmó que lo que vendría el próximo año haría que el actual bot ChatGPT pareciera como “un familiar extravagante”.
Creo que eso es menos probable. Emmett Shear, el nuevo director ejecutivo interino de OpenAI, publicó en X que “la junta no destituyó a Sam por un desacuerdo específico sobre seguridad“.
También anunció que habrá una investigación sobre lo sucedido.
Pero Microsoft, el mayor inversor de OpenAI, ha decidido no arriesgarse a que Altman se lleve esta tecnología a otra parte.
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Anunció que el emprendedor se unirá al gigante tecnológico con sede en Seattle para liderar un equipo de investigación de IA aún por conformar. Su cofundador Greg Brockman lo acompañará y, a juzgar por la cantidad de empleados que publicaban hoy en X, parece que también se llevará a algunos de los mejores talentos de OpenAI.
Al parecer, Microsoft está dispuesto a igualar el salario de cualquier empleado de OpenAI que desee dejar la empresa.
Muchos miembros del personal de OpenAI compartían la misma publicación en X, que dice: “OpenAI no es nada sin su gente”.
¿Es eso una advertencia para Shear de que va a tener que contratar personal nuevo? Un compañero de la BBC que estaba frente a la sede de OpenAI me dijo el lunes que a las 09:30 en San Francisco no se veía llegar gente a trabajar.
O, ¿quizá es simplemente un recordatorio de que, a pesar de que esta corporación trabaja en una forma de tecnología que está reconfigurando el mundo, se trata en el fondo de un drama muy humano?
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