Madres buscadoras: interminable lucha por la justicia y la esperanza
Ni homenajes, ni festejos. Este 10 de mayo, las únicas flores que las madres buscadoras aceptaron recibir fueron las del apoyo, la solidaridad y la esperanza, necesarias para seguir interpelando a un Estado que se ha mostrado indolente al atender la crisis de desapariciones en el país.
Como cada año, con los rostros de sus hijos en mano, su fuerza y su dignidad, cientos de familias salieron a las calles de al menos 15 entidades de la República para demandar a las autoridades justicia, verdad, memoria y atención al rezago forense. Este año, además, hubo un importante esfuerzo de unificación de distintos colectivos de búsqueda en el país que decidieron sumar voces al grito de “¿Dónde están?” para interpelar a los gobiernos federales y locales. Las madres exigieron, principalmente, no ser usadas como botín político en esta temporada electoral y demandaron propuestas claras para que las próximas administraciones atiendan los pendientes que dejarán los actuales gobiernos. Alzaron la voz también para exigir “Ni una buscadora asesinada más” y, con ello, demandaron garantías de seguridad para que todos los colectivos puedan continuar con sus dignas labores de búsqueda sin poner en riesgo su integridad.
Así, en Ciudad de México se llevaron a cabo dos grandes acciones de protesta. La primera fue la velada #FloresDeEsperanza, convocada por el Movimiento por nuestros Desaparecidos, integrado por más de 90 colectivos de México y Centroamérica, en la cual se dedicaron mensajes a las mujeres que han fallecido en la lucha y a quienes perdieron a un hijo o a una hija derivado de la situación de violencia en el país, esto acompañado de flores y veladoras para iluminar el camino de quienes ya no están. Durante el evento, el Movimiento compartió un pronunciamiento dirigido a quienes participan en la contienda: “Su responsabilidad en la función pública trasciende su afinidad política y debe priorizar el bienestar de la población más allá de coyunturas electorales. Les exigimos que la causa de la búsqueda de nuestros seres queridos no sea utilizada en el contexto de estrategias comunicacionales de denostación y ataques. Nuestro dolor no es un espectáculo, es el motor que nos permite continuar nuestra lucha por la verdad y la justicia y el regreso de quienes amamos”.
La segunda acción fue la marcha nacional de madres buscadoras, quienes, sin importar el sol inclemente y los enormes esfuerzos de trasladarse al centro del país, desde el norte y el sur, decidieron avanzar a un mismo paso. Así, se unieron las voces de quienes han participado en estas manifestaciones desde hace 13 años y de quienes por primera vez se enfrentan al tormento de la desaparición. Este año también cambió el recorrido: del Monumento a la Madre hacia el Zócalo capitalino —y no al Ángel de la Independencia, como en otras ocasiones—, cruzando el Centro Histórico, donde muchas familias celebraban el 10 de mayo, para llamar a la sociedad a la empatía y a la solidaridad de la población. Los pronunciamientos, así, se dirigieron hacia el Palacio Nacional y los rostros de quienes no han vuelto a casa se posaron sobre la plancha. Después, decenas de buscadoras fueron recibidas en la Basílica de Guadalupe, donde se reconoció la necesidad de atender la crisis para garantizar la justicia y la paz en el país.
Las acciones locales también fueron generalizadas y se realizaron de acuerdo con el contexto de cada estado. Por ejemplo, cientos de madres buscadoras en Zacatecas, partieron de la Unidad Académica de Ingeniería de la Universidad Autónoma del estado hacia la Plaza de Armas, para exigir a las autoridades redoblar esfuerzos para esclarecer los casos que, en su mayoría, son recientes. En Xalapa, las temperaturas que superaron los 38 grados no detuvieron a los colectivos que marcharon con megáfono en mano. Mientras que en Quintana Roo, las mujeres se manifestaron afuera de la Fiscalía General estatal para exigir atención a los casos y para demandar respeto a las protestas, pues en la entidad se les ha respondido con el uso de la fuerza.
Como en varias localidades, la crisis ha llevado a las buscadoras a establecer sitios específicos de memoria, algunos colectivos concentraron su movilización en esos lugares. En Colima, por ejemplo, los colectivos se reunieron en la Plaza de los Desaparecidos, situada en el emblemático Parque Piedra Lisa. En Jalisco y en Veracruz, desde las 8:00 de la mañana, las familias partieron desde sus respectivas Glorietas de los Desaparecidos hacia los Palacios de Gobierno.
A nivel internacional también hubo esfuerzos relevantes para visibilizar la problemática. Olimpia Montoya y Bibiana Mendoza, buscadoras de Guanajuato, fueron reconocidas con el Premio de Derechos Humanos 2024 por la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), una organización fundamental que este año cumple cinco décadas ininterrumpidas de trabajar por la democracia y los derechos humanos en América Latina, desde la incidencia en Washington D.C. Mendoza fue seleccionada “por su inquebrantable vocería contra la militarización en México”, la cual no ha sido efectiva para enfrentar la violencia en el país. Mientras que Olimpia Montoya, quien busca a su hermano Marco Antonio, fue reconocida por “su papel en el avance de los esfuerzos para crear el Banco Nacional de Datos Forenses”, uno de los pendientes actuales del Estado mexicano.
Los pendientes actuales para revertir la crisis de más de 100 mil personas desaparecidas en el país son claros: deben adoptarse medidas extraordinarias para la identificación humana y adoptar cabalmente la Política Nacional para Prevenir y Erradicar las Desapariciones, que en un muy claro decálogo propuso el Comité de la ONU sobre las Desapariciones Forzadas (Comité CED). Estos pendientes no sólo los han recordado en múltiples ocasiones las organizaciones civiles y las instancias internacionales. Lo hacen también, día a día, las madres buscadoras que con su enorme amor y dignidad buscan a los suyos y exigen a las autoridades que sus voces sean escuchadas. No sólo en mayo, sino siempre, les acompañamos y les reconocemos su fortaleza para luchar de manera incansable hasta encontrarles a todas y encontrarles a todos y todas.
Nicolás Maduro se prepara para iniciar el 10 de enero su tercer período presidencial, durante el cual ha prometido consolidar el nuevo modelo económico que ha venido imponiendo en los últimos años.
“¡Exprópiese!”.
El fallecido presidente venezolano Hugo Chávez convirtió esta palabra en su grito de guerra y desde 2007 la utilizó para anunciar la estatización de fábricas, bancos, hoteles, empresas de telecomunicaciones y de energía, así como de cinco millones de hectáreas de tierras.
Las expropiaciones fueron uno de los pilares en los que se asentaba el nuevo modelo político, económico y social que el mandatario impulsó en el país a principios de los años 2000: el llamado socialismo del siglo XXI.
Sin embargo, su sucesor desde 2013, Nicolás Maduro, quien se proclama “hijo de Chávez” y defensor de su legado, en el último lustro y sin muchas estridencias se ha ido alejando del proyecto económico de su mentor.
El mandatario, que pese a los cuestionamientos sobre su legitimidad espera iniciar el 10 de enero un tercer mandato, ha dejado a un lado el enfrentamiento con los empresarios que marcó tanto el inicio de su gestión como la de Chávez, y ha optado por tender puentes hacia ellos.
“¿Para qué sirvió el conflicto estéril, la guerra entre nosotros y el no escucharnos? Para el retroceso y para infligirnos daños (…) Saquemos la economía de la diatriba y la guerra política y concentrémonos en trabajar para producir”, pidió el gobernante a los industriales y ganaderos venezolanos en julio pasado, buscando que el conflicto político interno no se traslade a la economía.
Y para ello, además de las palabras, Maduro ha tomado medidas concretas. En los últimos años, ha devuelto centros comerciales y fincas a sus dueños originales e incluso se ha abierto a la posibilidad de privatizar empresas.
En noviembre, el presidente de la Confederación Venezolana de Industriales (Conindustria), Luigi Pisella, aseguró que el gobierno planeaba transferir al capital privado 350 empresas de las que el Estado se hizo cargo en las últimas dos décadas.
Todos estos gestos hacen creer que el país sudamericano consolida un nuevo modelo que algunos expertos han definido como “capitalismo autoritario”.
La permanencia de la “élite gobernante”
Pero ¿qué es el capitalismo autoritario y cuáles son sus características?
“Es un sistema donde se permite al capital privado enriquecerse, pero en el que, simultáneamente, se socavan los derechos sociales, económicos y políticos de los ciudadanos para favorecer la permanencia en el poder de las élites gobernantes“, explicó a BBC Mundo Antulio Rosales, profesor de Ciencias Políticas de la Universidad de York (Canadá).
En similares términos se pronuncia el politólogo Guillermo Tell Aveledo, quien, sin embargo, cree que el capitalismo autoritario venezolano no es convencional.
“La ‘apertura’ carece de una racionalidad económica profunda, mientras que el sistema político permanece cerrado y fuertemente centralizado. Este esquema no representa una ruptura con el socialismo del siglo XXI, sino que es una adaptación pragmática que busca perpetuar el poder bajo nuevas condiciones“, puntualizó a BBC Mundo el decano de la Facultad de Estudios Jurídicos y Políticos de la Universidad Metropolitana de Caracas.
En el último lustro, los venezolanos han visto como, casi de la noche a la mañana, desaparecieron los controles de precios y de divisas vigentes desde 2003; se despenalizó el uso del dólar internamente, hubo una dolarización de facto de la economía que redujo la inflación; y se relajaron los trámites para importar productos.
La medidas pusieron fin a la acuciante escasez de alimentos y medicamentos, desatada tanto por las regulaciones de precios como por la mala gestión de las empresas estatizadas.
Sobre todo en Caracas, la capital, proliferan negocios pensados para el consumidor de clase alta que eran imposibles de ver hace apenas cinco o siete años.
Sin embargo, junto a ese boom de mayor consumo y lujo también se dispararon los precios de los productos y servicios y sumieron a millones en la pobreza, pues las medidas no vinieron acompañadas de ningún plan compensatorio.
El pragmatismo
Los ajustes sirvieron para que el país saliera de la histórica hiperinflación en la que entró en 2017 y para que su economía tenga 13 trimestres consecutivos creciendo, según datos el Banco Central de Venezuela (BCV).
Para los expertos consultados este giro no fue producto de una revisión ideológica ni de una rectificación por parte de las autoridades, sino que fue algo forzado por las circunstancias.
“La apertura se da porque colapsa la renta petrolera, debido a la combinación de la caída de los precios del petróleo en los mercados internacionales que se produce a partir de 2014 y de la reducción de la producción nacional”, afirmó a BBC Mundo el economista Francisco Monaldi.
El petróleo es la principal fuente de divisas de Venezuela, pero de producir tres millones de barriles diarios a principios del siglo, el país pasó a medio millón en 2020, una caída que dejó al Estado sin más del 90% de sus ingresos, dijo Maduro en julio pasado.
“La falta de dinero obligó a las autoridades a acudir a aquellos que podían tenerlo y a los que tradicionalmente vio como sus enemigos: los empresarios“, precisó Monaldi, profesor de la Universidad de Rice (Estados Unidos).
Antulio Rosales, por su parte, también considera que el giro económico fue impuesto por la crisis generada por el propio modelo socialista, pero agregó otro factor externo: las sanciones que distintos gobiernos han impuesto en los últimos años al gobierno de Maduro por socavar la democracia y violar derechos humanos.
“El gobierno vio obstaculizado los caminos para continuar con el socialismo rentístico, es decir, para vender petróleo en el mercado internacional y redistribuir esos fondos internamente. Esto, sumado a las presiones internas (malestar social y protestas) por la escasez y la inflación, lo forzaron a generar ciertas aperturas para continuar en el poder“, agrega el economista.
El grueso de las sanciones impuestas en los últimos años por Estados Unidos, la Unión Europea, Canadá y otros países han estado dirigidas contra funcionarios y exfuncionarios venezolanos o sus allegados.
No obstante, algunas de estas medidas han sido dirigidas en contra de la estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa), del Banco Central (BCV) y de otras instancias gubernamentales, las cuales han visto cómo se le cerraban las puertas a los mercados internacionales tradicionales.
Monaldi, por su parte, cree que las sanciones internacionales solo fueron un ingrediente más.
“En 2017, cuando se impusieron las sanciones financieras (a Pdvsa y al BCV) Venezuela estaba a punto de un default financiero [impago de deuda] generalizado”, recordó el economista, quien insiste en que la razón fundamental del giro dado por el gobierno fue la crisis económica “autoinfligida” que estalló en 2017.
“Las hiperinflaciones llevan a los gobiernos a ser pragmáticos, inclusive a aquellos que son más de izquierda”, dice.
Y como prueba de lo anterior menciona dos decisiones que, según él, hubieran sido imposibles de imaginar hace un par de años atrás.
La primera, la aceptación de que la petrolera estadounidense Chevron maneje la empresa mixta que tiene con Pdvsa, pese a que la legislación venezolana lo prohíbe; y la segunda, la entrega de Ferrominera del Orinoco, la mayor productora de hierro del país, a la empresa india Jindal.
Las sanciones personales llevaron también a que muchos emprendedores con fortunas invirtieran en negocios en el país y demandaran en casa un consumo de alto valor que antes podían satisfacer en el extranjero.
De enemigos a aliados
El cambio de actitud de las autoridades hacia los empresarios, en particular los tradicionales, tiene sus condiciones.
“Los empresarios, sobre todo los nacionales, saben que hay algunas reglas que deben respetar, y una de ellas es jugar con el gobierno“, agrega Rosales.
¿Qué significa esto? “Que los empresarios no deben meterse en política o mejor dicho, si se van a meter en política es para apoyar las iniciativas del gobierno, pero no a la oposición ni a ningún tipo disidencia”, explica.
“Los empresarios saben que si cumplen esto, se les abren las puertas a unas oportunidades de grandes ganancias en unos mercados con enormes distorsiones”, remata.
Los hechos confirman las palabras del experto. En el último lustro, también se ha producido un giro en la actitud de las patronales hacia el gobierno.
Los principales gremios empresariales, los cuales en el pasado reciente formaron junto a los sindicatos, partidos políticos opositores y otras organizaciones civiles un bloque para enfrentar al chavismo en las calles y en las urnas, parecen ahora haberse acercado al oficialismo.
“Las relaciones institucionales entre el Ejecutivo nacional, regional y municipal con todos los sectores económicos están articuladas y trabajando conjuntamente para solucionar los desafíos” económicos que enfrenta el país, dijo en abril pasado la Federación de Cámaras y Empresas de Venezuela (Fedeindustria) en un comunicado.
En el documento, la organización rechazaba la posibilidad de que EE.UU. reimpusiera medidas contra el sector petrolero venezolano tras las críticas al gobierno de Maduro por el hecho de que las elecciones presidenciales del 28 de julio no fueron competitivas ni transparentes.
“Lo que ha ocurrido en los últimos años es muy positivo y lo ha logrado un gobierno con el que hemos tenido profundas diferencias y que está sancionado”, dijo a BBC Mundo Ricardo Cussano, expresidente de Fedecámaras, la principal organización gremial del país.
Cussano defendió la nueva actitud empresarial en los siguientes términos: “El país necesita construir confianza para atraer inversiones, y eso pasa porque la conflictividad política deje de existir y se abra un proceso de negociación y verdadero diálogo para hacer la institucionalidad venezolana más robusta e inclusiva”.
La tesis de empresarios como Cussano ha sido fuertemente criticada por la oposición política venezolana, que teme que esa alianza mine los esfuerzos para el cambio político que se evidenció en las elecciones del 28 de julio de acuerdo a las actas de resultados publicadas por la oposición, en las que se demostró el triunfo de Edmundo González.
Más parecido a Rusia que a China
“(La economía venezolana) Está en una transición que tiene como referencia al modelo chino”, dijo a finales de 2023 Rafael Lacava, miembro de la dirección nacional del oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) y gobernador del estado Carabobo, para explicar los cambios económicos que se están produciendo en el país.
Sin embargo, los expertos dudan de que la comparación se ajuste a la realidad.
“Esta ‘apertura’ se caracteriza por una aparente libertad de mercado sin competencia real, el predominio de élites económicas vinculadas al oficialismo y la ausencia de una planificación económica sofisticada, a diferencia de los modelos vietnamita o chino que poseen estructuras coherentes y unas élites relativamente serias”, analiza el politólogo Guillermo Tell Aveledo.
Coincide Monaldi, quien considera que las autoridades venezolanas parecen estar copiando el modelo ruso más que el chino.
“Maduro sigue el modelo que (Vladimir) Putin impuso en Rusia, donde el Estado tiene una intervención muy significativa, pero hay una oligarquía de empresarios cercanos al régimen que tienen una influencia tremenda sobre la economía”.
El ascenso del controversial empresario colombo-venezolano Alex Saab hasta el gabinete ministerial de Maduro, así como las informaciones que aseguran que unas 48 empresas estatales ya han sido entregadas a privados, muchos de ellos cercanos al altos funcionarios, según datos de Transparencia Venezuela, refuerzan esta tesis.
Consolidación o retroceso
Ahora se inicia un nuevo período presidencial marcado de nuevo por el conflicto político: muchos países considerarán como presidente legítimo al opositor Edmundo González, claro vencedor de las elecciones de julio de acuerdo a los resultados publicados, pero será Maduro quien detente el poder.
Y en ese contexto surge la pregunta: ¿Este experimento es sostenible en el tiempo? Los expertos difieren.
“Estas aperturas surgieron por pragmatismo: había que hacerlo para mantener cierta estabilidad y seguir en el poder. Pero yo diría que ahora, luego de 4 o 5 años, son irreversibles“, afirma Rosales.
Los sectores que se han beneficiado del nuevo modelo son para el experto una de las razones que asegurarán su supervivencia.
“Las bases de sustento del poder están entre otros lugares, en los militares, que se han beneficiado económicamente de este cambio, y en el sector privado, el cual ha sido disciplinado e incluso se ha convertido en un nuevo aliado del régimen político“, explica.
Monaldi, por el contrario, tiene sus dudas y apela a la historia para justificarlas.
“La gran pregunta para mí es: si se levantan las sanciones y se recupera la producción petrolera, ¿Maduro seguiría pragmático y liberalizador o volvería a querer controlar todo?”.
Y acto seguido recuerda: “Los cubanos han liberalizado como tres o cuatro veces la economía desde la caída de la Unión Soviética para después retroceder, porque le temen mucho a los actores independientes en la economía porque no pueden controlarlos. Xi Jinping [presidente de China] está haciendo lo mismo con los ricos ahora mismo”.
Los empresarios, por su parte, aspiran a que el nuevo modelo se consolide. Y con ellos como aliados, voluntarios o involuntarios, también Maduro busca sostenerse en el poder un tercer mandato a pesar del conflicto político interno y el rechazo internacional.
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