La búsqueda de Alicia
El pasado 5 de enero, en Chihuahua, se realizó un acto público al cumplirse 47 años de la desaparición forzada de Alicia de los Ríos. La acción, organizada por su hija del mismo nombre, se organizó afuera de la casa en que creció, donde desde hace algún tiempo se instaló en la fachada un memorial. El acto, en el que se congregaron sobrevivientes del periodo y personas defensoras de derechos humanos, incluyó una ceremonia religiosa presidida por el entrañable jesuita Javier “Pato” Ávila S.J., siempre comprometido con la justicia.
Alicia de los Ríos fue desaparecida en 1978. Tenía 25 años cuando fue vista por última vez en el Campo Militar número 1. Muy probablemente, fue trasladada a la base de Pie de la Cuesta, en Guerrero, donde, como muchos y muchas, es posible que haya sido desaparecida mediante los “Vuelos de la Muerte”. Alicia es una de las 1,103 personas que, de acuerdo con el Mecanismo de Esclarecimiento Histórico, creado por el Estado, fueron desaparecidas en esa época.
Año con año, la familia de Alicia de los Ríos nombra su ausencia desde el día en que desapareció, al tiempo que renueva su demanda de justicia y verdad. Sumándonos a este empeño, en esta ocasión -además de evocar a la Alicia desaparecida- desde el Centro Prodh queremos también reconocer la búsqueda que ha realizado Alicia hija.
Formada desde la infancia en las luchas de las doñas que, en condiciones sumamente adversas, demandaban con valentía que se esclareciera el paradero de sus seres queridos. Alicia es un ejemplo de dignidad y tesón. Firme en su convicción, ha enfrentado gobiernos y coyunturas guiada siempre con la brújula de la verdad, la justicia, la memoria. Ha hecho de todo: marchas, acciones legales, demandas internacionales, protestas, expresiones artísticas, movilizaciones, congresos académicos, inspecciones ministeriales, podcast, diálogos con perpetradores, reportajes y mil y una reuniones. Lo que no ha hecho es rendirse; tampoco ha dejado que le arrebaten su franca sonrisa norteña.
Junto con más personas, durante el pasado sexenio, Alicia acompañó los esfuerzos emprendidos por el gobierno para avanzar en el esclarecimiento del paradero de las y los desaparecidos de la llamada “Guerra Sucia”. Consciente de que en estos temas las ventanas de oportunidad duran poco y que cada paso importa –por pequeño que sea–, Alicia coadyuvó con las autoridades –cuando había condiciones para ello al comienzo del sexenio– y denunció, con dignidad y sin transigir, cuando éstas se agotaron hacia finales de la administración, una vez que se extravió el ímpetu inicial.
Y es que, pese a los esfuerzos preliminares, el sexenio anterior dejó tras de sí oportunidades perdidas y, con ello, hubo otro triunfo de la impune opacidad militar. Llevaban razón los integrantes del Mecanismo de Esclarecimiento Histórico que presentaron su informe antes de que terminara el sexenio, y que a lo largo del proceso documentaron y denunciaron en voz alta y sin rodeos que el compromiso desfallecía y que persistía la obstaculización castrense. Las pruebas están a la vista: ningún funcionario de relevancia recibió los informes del Mecanismo, hasta ahora no se vislumbra ningún seguimiento serio y de buen nivel en el ámbito oficial, y el Ejército sigue sin reconocer nada.
Siendo así, al evaluar el sexenio anterior en este rubro, el hecho político más relevante del que hay que dar cuenta es, sin duda alguna, la reticencia militar a deslindarse públicamente y sin reservas de lo ocurrido en la “Guerra Sucia”, además de su rechazo a colaborar proactivamente en la determinación del paradero las personas desaparecidas, al no abrir sus archivos. Ponderar adecuadamente este hecho permite entender mejor el pasado y contribuye también a orientar mejor nuestro entendimiento y nuestra acción en el presente.
Que se haya perdido otra oportunidad, sin embargo, no ha detenido a Alicia, quien como tantos y tantas familiares sigue demandando lo que por derecho y dignidad le corresponde, pues el horizonte por el que se movilizan las víctimas nunca ha estado supeditado a coyunturas políticas o partidistas. El acto del pasado 5 de enero es muestra de ello.
Conforme la crisis de desapariciones en México continúa y se extiende, tristemente, surge una nueva generación de hijos e hijas de personas desaparecidas que se movilizan y organizan para buscar a quienes les hacen falta. Les vemos en las marchas, en las reuniones, en los talleres, en las asesorías que llegan cada día al Centro Prodh. Y aunque las circunstancias de las desapariciones actuales no son las que imperaron en los setenta, el dolor es el mismo. Cuando estos familiares busquen referentes, podrán encontrar en el digno testimonio de personas como Alicia, como Tita Radilla, como Tania Ramírez, como Alejandra Cartagena, un norte ético para guiar los pasos: el que se caracteriza por no medrar con la lucha para obtener posiciones personales, por no acomodar la demanda esencial a los tiempos políticos, por no modular la voz con oportunismo, por no consentir el olvido y la desesperanza, por insistir desde el amor y no desde el odio o la estridencia, y por construir en colectivo sin afanes protagónicos.
A 47 años, seguimos desde el Centro Prodh sumándonos a quienes preguntan ¿dónde está Alicia? Al mismo tiempo, rendimos tributo a la búsqueda emprendida por sus familiares, abrazando con respeto y admiración a Alicia hija.
Nicolás Maduro se prepara para iniciar el 10 de enero su tercer período presidencial, durante el cual ha prometido consolidar el nuevo modelo económico que ha venido imponiendo en los últimos años.
“¡Exprópiese!”.
El fallecido presidente venezolano Hugo Chávez convirtió esta palabra en su grito de guerra y desde 2007 la utilizó para anunciar la estatización de fábricas, bancos, hoteles, empresas de telecomunicaciones y de energía, así como de cinco millones de hectáreas de tierras.
Las expropiaciones fueron uno de los pilares en los que se asentaba el nuevo modelo político, económico y social que el mandatario impulsó en el país a principios de los años 2000: el llamado socialismo del siglo XXI.
Sin embargo, su sucesor desde 2013, Nicolás Maduro, quien se proclama “hijo de Chávez” y defensor de su legado, en el último lustro y sin muchas estridencias se ha ido alejando del proyecto económico de su mentor.
El mandatario, que pese a los cuestionamientos sobre su legitimidad espera iniciar el 10 de enero un tercer mandato, ha dejado a un lado el enfrentamiento con los empresarios que marcó tanto el inicio de su gestión como la de Chávez, y ha optado por tender puentes hacia ellos.
“¿Para qué sirvió el conflicto estéril, la guerra entre nosotros y el no escucharnos? Para el retroceso y para infligirnos daños (…) Saquemos la economía de la diatriba y la guerra política y concentrémonos en trabajar para producir”, pidió el gobernante a los industriales y ganaderos venezolanos en julio pasado, buscando que el conflicto político interno no se traslade a la economía.
Y para ello, además de las palabras, Maduro ha tomado medidas concretas. En los últimos años, ha devuelto centros comerciales y fincas a sus dueños originales e incluso se ha abierto a la posibilidad de privatizar empresas.
En noviembre, el presidente de la Confederación Venezolana de Industriales (Conindustria), Luigi Pisella, aseguró que el gobierno planeaba transferir al capital privado 350 empresas de las que el Estado se hizo cargo en las últimas dos décadas.
Todos estos gestos hacen creer que el país sudamericano consolida un nuevo modelo que algunos expertos han definido como “capitalismo autoritario”.
La permanencia de la “élite gobernante”
Pero ¿qué es el capitalismo autoritario y cuáles son sus características?
“Es un sistema donde se permite al capital privado enriquecerse, pero en el que, simultáneamente, se socavan los derechos sociales, económicos y políticos de los ciudadanos para favorecer la permanencia en el poder de las élites gobernantes“, explicó a BBC Mundo Antulio Rosales, profesor de Ciencias Políticas de la Universidad de York (Canadá).
En similares términos se pronuncia el politólogo Guillermo Tell Aveledo, quien, sin embargo, cree que el capitalismo autoritario venezolano no es convencional.
“La ‘apertura’ carece de una racionalidad económica profunda, mientras que el sistema político permanece cerrado y fuertemente centralizado. Este esquema no representa una ruptura con el socialismo del siglo XXI, sino que es una adaptación pragmática que busca perpetuar el poder bajo nuevas condiciones“, puntualizó a BBC Mundo el decano de la Facultad de Estudios Jurídicos y Políticos de la Universidad Metropolitana de Caracas.
En el último lustro, los venezolanos han visto como, casi de la noche a la mañana, desaparecieron los controles de precios y de divisas vigentes desde 2003; se despenalizó el uso del dólar internamente, hubo una dolarización de facto de la economía que redujo la inflación; y se relajaron los trámites para importar productos.
La medidas pusieron fin a la acuciante escasez de alimentos y medicamentos, desatada tanto por las regulaciones de precios como por la mala gestión de las empresas estatizadas.
Sobre todo en Caracas, la capital, proliferan negocios pensados para el consumidor de clase alta que eran imposibles de ver hace apenas cinco o siete años.
Sin embargo, junto a ese boom de mayor consumo y lujo también se dispararon los precios de los productos y servicios y sumieron a millones en la pobreza, pues las medidas no vinieron acompañadas de ningún plan compensatorio.
El pragmatismo
Los ajustes sirvieron para que el país saliera de la histórica hiperinflación en la que entró en 2017 y para que su economía tenga 13 trimestres consecutivos creciendo, según datos el Banco Central de Venezuela (BCV).
Para los expertos consultados este giro no fue producto de una revisión ideológica ni de una rectificación por parte de las autoridades, sino que fue algo forzado por las circunstancias.
“La apertura se da porque colapsa la renta petrolera, debido a la combinación de la caída de los precios del petróleo en los mercados internacionales que se produce a partir de 2014 y de la reducción de la producción nacional”, afirmó a BBC Mundo el economista Francisco Monaldi.
El petróleo es la principal fuente de divisas de Venezuela, pero de producir tres millones de barriles diarios a principios del siglo, el país pasó a medio millón en 2020, una caída que dejó al Estado sin más del 90% de sus ingresos, dijo Maduro en julio pasado.
“La falta de dinero obligó a las autoridades a acudir a aquellos que podían tenerlo y a los que tradicionalmente vio como sus enemigos: los empresarios“, precisó Monaldi, profesor de la Universidad de Rice (Estados Unidos).
Antulio Rosales, por su parte, también considera que el giro económico fue impuesto por la crisis generada por el propio modelo socialista, pero agregó otro factor externo: las sanciones que distintos gobiernos han impuesto en los últimos años al gobierno de Maduro por socavar la democracia y violar derechos humanos.
“El gobierno vio obstaculizado los caminos para continuar con el socialismo rentístico, es decir, para vender petróleo en el mercado internacional y redistribuir esos fondos internamente. Esto, sumado a las presiones internas (malestar social y protestas) por la escasez y la inflación, lo forzaron a generar ciertas aperturas para continuar en el poder“, agrega el economista.
El grueso de las sanciones impuestas en los últimos años por Estados Unidos, la Unión Europea, Canadá y otros países han estado dirigidas contra funcionarios y exfuncionarios venezolanos o sus allegados.
No obstante, algunas de estas medidas han sido dirigidas en contra de la estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa), del Banco Central (BCV) y de otras instancias gubernamentales, las cuales han visto cómo se le cerraban las puertas a los mercados internacionales tradicionales.
Monaldi, por su parte, cree que las sanciones internacionales solo fueron un ingrediente más.
“En 2017, cuando se impusieron las sanciones financieras (a Pdvsa y al BCV) Venezuela estaba a punto de un default financiero [impago de deuda] generalizado”, recordó el economista, quien insiste en que la razón fundamental del giro dado por el gobierno fue la crisis económica “autoinfligida” que estalló en 2017.
“Las hiperinflaciones llevan a los gobiernos a ser pragmáticos, inclusive a aquellos que son más de izquierda”, dice.
Y como prueba de lo anterior menciona dos decisiones que, según él, hubieran sido imposibles de imaginar hace un par de años atrás.
La primera, la aceptación de que la petrolera estadounidense Chevron maneje la empresa mixta que tiene con Pdvsa, pese a que la legislación venezolana lo prohíbe; y la segunda, la entrega de Ferrominera del Orinoco, la mayor productora de hierro del país, a la empresa india Jindal.
Las sanciones personales llevaron también a que muchos emprendedores con fortunas invirtieran en negocios en el país y demandaran en casa un consumo de alto valor que antes podían satisfacer en el extranjero.
De enemigos a aliados
El cambio de actitud de las autoridades hacia los empresarios, en particular los tradicionales, tiene sus condiciones.
“Los empresarios, sobre todo los nacionales, saben que hay algunas reglas que deben respetar, y una de ellas es jugar con el gobierno“, agrega Rosales.
¿Qué significa esto? “Que los empresarios no deben meterse en política o mejor dicho, si se van a meter en política es para apoyar las iniciativas del gobierno, pero no a la oposición ni a ningún tipo disidencia”, explica.
“Los empresarios saben que si cumplen esto, se les abren las puertas a unas oportunidades de grandes ganancias en unos mercados con enormes distorsiones”, remata.
Los hechos confirman las palabras del experto. En el último lustro, también se ha producido un giro en la actitud de las patronales hacia el gobierno.
Los principales gremios empresariales, los cuales en el pasado reciente formaron junto a los sindicatos, partidos políticos opositores y otras organizaciones civiles un bloque para enfrentar al chavismo en las calles y en las urnas, parecen ahora haberse acercado al oficialismo.
“Las relaciones institucionales entre el Ejecutivo nacional, regional y municipal con todos los sectores económicos están articuladas y trabajando conjuntamente para solucionar los desafíos” económicos que enfrenta el país, dijo en abril pasado la Federación de Cámaras y Empresas de Venezuela (Fedeindustria) en un comunicado.
En el documento, la organización rechazaba la posibilidad de que EE.UU. reimpusiera medidas contra el sector petrolero venezolano tras las críticas al gobierno de Maduro por el hecho de que las elecciones presidenciales del 28 de julio no fueron competitivas ni transparentes.
“Lo que ha ocurrido en los últimos años es muy positivo y lo ha logrado un gobierno con el que hemos tenido profundas diferencias y que está sancionado”, dijo a BBC Mundo Ricardo Cussano, expresidente de Fedecámaras, la principal organización gremial del país.
Cussano defendió la nueva actitud empresarial en los siguientes términos: “El país necesita construir confianza para atraer inversiones, y eso pasa porque la conflictividad política deje de existir y se abra un proceso de negociación y verdadero diálogo para hacer la institucionalidad venezolana más robusta e inclusiva”.
La tesis de empresarios como Cussano ha sido fuertemente criticada por la oposición política venezolana, que teme que esa alianza mine los esfuerzos para el cambio político que se evidenció en las elecciones del 28 de julio de acuerdo a las actas de resultados publicadas por la oposición, en las que se demostró el triunfo de Edmundo González.
Más parecido a Rusia que a China
“(La economía venezolana) Está en una transición que tiene como referencia al modelo chino”, dijo a finales de 2023 Rafael Lacava, miembro de la dirección nacional del oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) y gobernador del estado Carabobo, para explicar los cambios económicos que se están produciendo en el país.
Sin embargo, los expertos dudan de que la comparación se ajuste a la realidad.
“Esta ‘apertura’ se caracteriza por una aparente libertad de mercado sin competencia real, el predominio de élites económicas vinculadas al oficialismo y la ausencia de una planificación económica sofisticada, a diferencia de los modelos vietnamita o chino que poseen estructuras coherentes y unas élites relativamente serias”, analiza el politólogo Guillermo Tell Aveledo.
Coincide Monaldi, quien considera que las autoridades venezolanas parecen estar copiando el modelo ruso más que el chino.
“Maduro sigue el modelo que (Vladimir) Putin impuso en Rusia, donde el Estado tiene una intervención muy significativa, pero hay una oligarquía de empresarios cercanos al régimen que tienen una influencia tremenda sobre la economía”.
El ascenso del controversial empresario colombo-venezolano Alex Saab hasta el gabinete ministerial de Maduro, así como las informaciones que aseguran que unas 48 empresas estatales ya han sido entregadas a privados, muchos de ellos cercanos al altos funcionarios, según datos de Transparencia Venezuela, refuerzan esta tesis.
Consolidación o retroceso
Ahora se inicia un nuevo período presidencial marcado de nuevo por el conflicto político: muchos países considerarán como presidente legítimo al opositor Edmundo González, claro vencedor de las elecciones de julio de acuerdo a los resultados publicados, pero será Maduro quien detente el poder.
Y en ese contexto surge la pregunta: ¿Este experimento es sostenible en el tiempo? Los expertos difieren.
“Estas aperturas surgieron por pragmatismo: había que hacerlo para mantener cierta estabilidad y seguir en el poder. Pero yo diría que ahora, luego de 4 o 5 años, son irreversibles“, afirma Rosales.
Los sectores que se han beneficiado del nuevo modelo son para el experto una de las razones que asegurarán su supervivencia.
“Las bases de sustento del poder están entre otros lugares, en los militares, que se han beneficiado económicamente de este cambio, y en el sector privado, el cual ha sido disciplinado e incluso se ha convertido en un nuevo aliado del régimen político“, explica.
Monaldi, por el contrario, tiene sus dudas y apela a la historia para justificarlas.
“La gran pregunta para mí es: si se levantan las sanciones y se recupera la producción petrolera, ¿Maduro seguiría pragmático y liberalizador o volvería a querer controlar todo?”.
Y acto seguido recuerda: “Los cubanos han liberalizado como tres o cuatro veces la economía desde la caída de la Unión Soviética para después retroceder, porque le temen mucho a los actores independientes en la economía porque no pueden controlarlos. Xi Jinping [presidente de China] está haciendo lo mismo con los ricos ahora mismo”.
Los empresarios, por su parte, aspiran a que el nuevo modelo se consolide. Y con ellos como aliados, voluntarios o involuntarios, también Maduro busca sostenerse en el poder un tercer mandato a pesar del conflicto político interno y el rechazo internacional.
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