Es cierto que el sistema de justicia mexicano está roto, pero los ataques contra el Poder Judicial Federal no están orientados a reparar sus grietas.
Es real que los órganos de procuración y administración de justicia están rebasados por la impunidad y que en México la triste regla es que sólo obtiene justicia quien cuenta con los recursos económicos o políticos para que la balanza se incline a su favor. Pero es mentira que esta dolorosa realidad se vaya a remontar atacando la independencia judicial y agrediendo a la Suprema Corte de la Justicia de la Nación (SCJN).
La impunidad que más lastima a la sociedad se perpetúa, sobre todo, por la disfuncionalidad de las fiscalías locales, responsables de investigar la mayor parte de los delitos, y por la falta de independencia de los poderes judiciales estatales, sometidos con frecuencia a la voluntad de los gobernadores.
A este panorama desolador abona la Fiscalía General de la República (FGR): siendo la institución más importante para investigar a la delincuencia organizada y, con ello, para desarticular las redes criminales que en buena parte de la república detentan el control territorial y disputan la soberanía al Estado, languidece en la inercia y la incapacidad. En derechos humanos esto se manifiesta, entre otras cuestiones, en la ínfima tasa de judicializaciones y sentencias en casos de desapariciones, tortura y ejecuciones, así como, por ejemplo, en la negligencia frente a la obligación de impulsar el Banco Nacional de Datos Forenses (BNDF), que ayudaría a remontar el rezago en la identificación de cuerpos y restos humanos en todo el país.
En este escenario, el Poder Judicial de la Federación (PJF) ciertamente no es ajeno a la necesidad de cambio. Investigaciones serias han detectado la subsistencia de redes de nepotismo y se siguen documentando casos de corrupción, sobre todo en órganos de primera instancia. El diseño institucional del Consejo de la Judicatura, además, presenta debilidades.
A ello se añade que el juicio de amparo, que es por definición la herramienta más relevante para la defensa de derechos, pese a sus reformas, sigue siendo distante para quienes menos tienen y sólo accesible para quienes más recursos detenta —que no en pocas ocasiones se sirven de esta noble institución para eludir la acción de la justicia—.
Adicionalmente, en muchos órganos jurisdiccionales no ha terminado de permear el cambio de paradigma que debieron significar las reformas de derechos humanos y amparo de hace una década, lo que constantemente se materializa en la denegación de justicia para quienes menos tienen; lo sabemos bien las organizaciones que por años hemos representado legalmente víctimas en estas instancias, fuera y más allá de las oficinas de la Corte.
Pero también hay aspectos que desde hace tiempo vienen cambiando para bien. A partir de la Décima Época, los derechos humanos comenzaron a impulsarse un poco más decididamente en las sentencias, se avanzó paulatinamente en la igualdad de género al interior, se mejoró la comunicación con la sociedad y comenzaron a ampliarse los servicios del Instituto Federal de la Defensoría Pública, indispensables para ensanchar el acceso a la justicia.
En diversas determinaciones, no sin tropiezos, contradicciones y pugnas internas, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha avanzado lentamente en su jurisprudencia sobre derechos humanos, cuestión fundamental si un tribunal constitucional aspira a ganar una mayor legitimidad frente a la ciudadanía.
Responsabilizar sólo al Poder Judicial de la Federación de la deplorable situación de la justicia en México no es serio. Tampoco lo es postular que lo que estamos viendo surge de un genuino interés de mejorar la justicia. El contexto lo confirma: este embate se presenta después de que la SCJN detuviera, por vicios notorios, algunas de las reformas emblemáticas de este sexenio; no ocurrió durante los primeros cinco años de gobierno; se acompaña de una retórica crecientemente agresiva; sucede al tiempo que se preservan y se acrecientan los opacos y millonarios fideicomisos del Ejército y mientras se deja intocada la ineficiente FGR; acontece mientras se preparan otras iniciativas aún más lesivas, con la peligrosa idea de reformar en 2024 la ley para que se elijan mediante voto popular directo a las y los ministros de la SCJN, y se impulsa cuando hace no tanto se celebraba una trascendente reforma al propio Poder Judicial.
Sin duda, vista de forma aislada la reciente discusión sobre los fideicomisos del Poder Judicial permite señalar la necesidad de regular mejor la gestión de estos instrumentos financieros, y de hacerla más transparente y austera. Pero visto de conjunto el proceso político que se ha desatado, es claro que en esta discusión no es la justicia lo que interesa. Lo que está ocurriendo es sin duda alguna una retaliación contra la judicatura, con la pretensión adicional del Ejecutivo de disponer de recursos económicos que hoy administra otro poder.
Don Juan Silva Meza, ministro en retiro de la SCJN que tanto en el desempeño de su cargo como en su posterior presencia pública como exintegrante del Tribunal se ha caracterizado siempre por su reconocida solvencia, reflexionó hace poco sobre los gobiernos que: “han encontrado en la captura de las Cortes Supremas, mediante la erosión de la independencia y autonomía judicial, una alternativa para suprimir contrapesos institucionales […] La reforma judicial impulsada desde este sabotaje al Estado de derecho y la interrupción del orden constitucional deviene, cuando en aras de obtener una determinación judicial en su favor, la autoridad recurre a los instrumentos económicos, políticos, mediáticos, de inteligencia del Estado y de persecución penal creados para fines distintos […] Puesto todo esto de otra manera, diríamos que el quebranto democrático comienza cuando se emplea la presión como medio de inducción jurisdiccional, haciendo nugatoria la independencia del juzgador y la autonomía del órgano judicial […] Esto es lo que no se pueden permitir en un Estado constitucional y democrático de derecho”.
En el actual contexto, vale la pena recordar estas lúcidas palabras de un muy reconocido juez constitucional mexicano, quien además en su momento hizo frente a las descalificaciones contra el debido proceso del calderonismo —que por cierto, no distan de las que hoy se escuchan entre algunos actores del gobierno federal—.
Todas y todos queremos que la justicia en México cambie, pero no así. No con un debate poco serio en el que la pretensión de fondo es amedrentar a la judicatura, socavar contrapesos y recuperar cuantiosos recursos presupuestales para los proyectos del Ejecutivo.
Oficialmente no existe como una entidad jurídica, pero eso no impidió que el Tribunal Supremo de Rusia declarara como una organización extremista al “movimiento público internacional LGTB”.
Además, prohibió cualquiera de sus actividades en todo el país a raíz de un proceso impulsado por una moción del Ministerio de Justicia.
La audiencia se celebró a puerta cerrada sin la presencia de “la parte de demandada”, aunque sí se permitió la entrada de periodistas para escuchar la decisión del tribunal.
Hace tres años la Constitución rusa fue modificada para dejar claro que el matrimonio se refiere a la unión entre un hombre y una mujer.
Las relaciones entre personas del mismo sexo no están reconocidas en la Carta Magna rusa.
Los temores que despierta esta decisión
Antes de la sentencia, le pregunté a Sergei Troshin, diputado municipal en San Petersburgo, qué efecto tendría.
“Creo que esto significará que cualquiera que el Estado considere activista LGBT podría recibir una larga pena de prisión por ‘participar en una organización extremista'”, dijo el funcionario que se declaró homosexual el año pasado.
“Para el organizador de un grupo así, la pena de prisión será aún mayor”, agregó.
“Esto es una represión real. Hay pánico en la comunidad LGBT de Rusia. La gente está emigrando con urgencia. La palabra real que estamos utilizando es evacuación. Estamos teniendo que salir de nuestro propio país. Es terrible”, lamentó Troshin.
En los últimos años, la comunidad LGBT de Rusia se ha visto sometida a una presión cada vez mayor por parte de las autoridades. En 2013, se aprobó una ley que prohibía “la propaganda [dirigida a menores] de relaciones sexuales no tradicionales”.
El año pasado, esas restricciones se ampliaron a todos los grupos de edad en Rusia.
Las referencias al colectivo LGBT se han eliminado de libros, películas, anuncios y programas de televisión. A principios de este mes, un canal de televisión ruso decoloró un arco iris en un vídeo de una banda de kpop surcoreana para evitar ser acusado de violar la ley de “propaganda gay”.
“No las necesitamos”
En la Duma, la cámara baja del Parlamento ruso, Vitaly Milonov, famoso diputado del partido gobernante y que es conocido por sus posturas homófobas, afirmó que la prohibición de los grupos LGBT “no tiene que ver con las minorías sexuales ni con la vida privada de las personas”.
“Se trata más bien de la agenda política proclamada por este movimiento internacional LGBT”, me dijo.
“Tienen sus propias tareas, sus propios objetivos. Actúan como una fuerza política, una estructura política, y los objetivos de esta estructura contravienen la Constitución rusa”, aseguró.
En ese momento le aclaré que “no existe un movimiento llamado ‘Movimiento público internacional LGBT’. ¿Cómo puedes prohibir algo que no existe?”.
“Oh, es fácil”, respondió Milonov. “Podemos prohibir cualquier actividad de las organizaciones internacionales LGBT aquí en Rusia. Eso está muy bien. No las necesitamos”, dijo asegurando que todavía no había llegado al final de su lucha.
“Estoy deseando dar el siguiente paso: prohibir la bandera arco iris de seis colores. No necesitamos esta bandera. Es un símbolo de la lucha contra la familia tradicional. Espero que nadie pueda mostrar esta bandera en Rusia”, concluyó.
“Valores tradicionales”
Desde que Vladimir Putin gobierna Rusia, el Kremlin se ha volcado en defender una ideología centrada en el pensamiento conservador y los “valores familiares tradicionales”.
Para las autoridades rusas el activismo LGBT es algo inherentemente occidental y que es hostil a las costumbres de Rusia y la presión que ejercen sobre la comunidad la presentan como un medio para defender la estructura moral del país.
Otro aspecto es la popularidad de estas medidas de cara a las elecciones presidenciales del próximo marzo.
“Creo que [la audiencia judicial] está relacionada”, opinó Sergei Troshin. “[Las autoridades] están creando un enemigo artificial”.
“Dicen: ‘Estamos luchando contra Occidente’. La batalla contra las personas LGBT encaja en esta retórica antioccidental. Luchar tanto contra Occidente como contra la comunidad LGBT es popular entre la parte conservadora y antioccidental de la sociedad. Así que este tema se impulsará en el periodo previo a las elecciones”, agregó.
“Me están echando”
Maxim Goldman, quien trabaja para una organización rusa que ofrece apoyo personas transgénero y no binarias, añade que “intentan distraer la atención de problemas más importantes, en los que las autoridades rusas no quieren que la gente piense”.
“En cuanto nos enteramos de la vista en el Tribunal Supremo, las personas que dirigen nuestra organización se dieron cuenta de que tendríamos que abandonar el país urgentemente. Se convirtió en una emergencia”, contó Goldman.
Hablé con Maxim, que se identifica como no binario, en su último día en Rusia. Había hecho una pequeña maleta y estaba a punto de dirigirse al aeropuerto.
“Me siento totalmente rechazado por mi propio país“, lamenta. “Se supone que aquí tenemos una democracia. Se supone que la gente que ponemos en el poder debe cuidar de nosotros”.
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