Desapariciones: diagnóstico erróneo, reformas insuficientes
Se ha presentado ya la iniciativa por la que se reforman, adicionan y derogan diversos artículos de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas (LGMDFP) que, junto con una serie de reformas a la Ley General de Población, constituye la respuesta legislativa del Gobierno Federal frente a la sacudida a la conciencia nacional que ha significado el caso Teuchitlán.
Pero la iniciativa presentada es insuficiente: parte de un diagnóstico errado y con ello articula medidas que se quedan cortas frente a la magnitud de la crisis.
Respecto del diagnóstico, el punto de partida es lamentable. En la exposición de motivos, se dice: “En México, en el pasado, durante la guerra sucia, la desaparición forzada era perpetrada por agentes del Estado, en la actualidad la comisión de este delito ha mutado y ahora la desaparición está vinculada con la delincuencia organizada y es cometida por particulares”.
Esta perspectiva, en esencia idéntica a la que se argüía en los sexenios panistas y priistas, es un error. Sin duda, en una buena cantidad de las desapariciones que ocurren en el país participan particulares que integran las organizaciones macrocriminales que controlan algunas regiones de México. Pero también en una buena cantidad de casos estos particulares operan con la aquiescencia de las autoridades legalmente constituidas, y en otro tanto son de hecho servidores públicos quienes participan activamente en la privación ilegal de la libertad de las víctimas.
Del caso Ayotzinapa al caso de Claudia Uruchurtu, quien lleva ya 4 años desaparecida –como lo recordaron hace unos días sus hermanas, el Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, y el Colectivo de Defensores por la Justicia de Oaxaca—, una y otra vez hemos visto cómo intervienen servidores públicos en estos crímenes atroces, tornándolos así en desapariciones forzadas. Negarlo, como si no fueran parte del Estado los policías municipales, los agentes estatales y los elementos militares que participan, agravia la memoria y es un retroceso.
Pero el diagnóstico equívoco está presente también en otros aspectos. Por ejemplo: las iniciativas parecen concebir que el principal problema en esta materia se encuentra en el registro de las desapariciones. En consecuencia, es notorio que la mayor parte de las modificaciones propuestas se relacionan con el conteo del fenómeno.
Así, a partir de los propuestos artículos 12 Duodecies, 73 y otros, se prioriza la incorporación de todo reporte de desaparición a una nueva Base Nacional de Carpetas de Investigación. A esto se añade que el artículo 89 propone que todas las comisiones de búsqueda deben informar a las fiscalías de cualquier reporte de desaparición. De este modo, las reformas acaban con la existencia del reporte por desaparición como alternativa para los familiares que no desean denunciar penalmente por temor a represalias o por vivir en regiones donde la macrocriminalidad controla hasta el Ministerio Público.
Para redondear este nuevo enfoque, el artículo 110 prevé nuevas categorías en el Registro Nacional de Personas Desaparecidas, claramente encaminadas a que la Base Nacional de Carpetas de Investigación sea el instrumento principal para contabilizar el número de personas desaparecidas en México. A todas estas modificaciones parece subyacerles un diagnóstico erróneo, según el cual lo primordial es disminuir las cifras en el conteo.
Tal vez por ello se dejan de lado otras cuestiones urgentes, como lo sería, por ejemplo, el fortalecimiento normativo y presupuestal del Centro Nacional de Identificación Humana, que no ha podido operar por la persistente obstaculización de las fiscalías, del que nada dicen las iniciativas pese a que se había anunciado que sería retomado.
La iniciativa de modificaciones a la LGMDFP contiene algunos aspectos positivos: se incorpora la “Plataforma Única de Identidad”, a partir de la interconexión de diversas bases de datos (art. 12 Bis.); se aumentan los incentivos para testigos colaboradores reduciendo las potenciales penas de algunos delitos (art. 33); se establece que las fiscalías participarán como invitadas permanentes en el Sistema Nacional de Búsqueda (art. 45) y se establece que el Sistema Nacional de Búsqueda se reunirá con mayor periodicidad (art. 47); se intenta fortalecer a las fiscalías especializadas, previendo que tengan determinadas unidades específicas (art. 68); se refuerzan obligaciones frente al Banco Nacional de Datos Forenses (BNDF) por cuanto hace a la obligación de las autoridades de interconectar sus bases de datos (Art. 119) y se incorpora un nuevo registro, la “base de datos de indicios criminalísticos” (Art. 133).
Pero, pese a estas medidas puntuales, al partir de un diagnóstico equivocado y al enfocarse primordialmente en el tema de los registros y las cifras, la iniciativa se queda corta frente a la inmensa crisis de desapariciones que vive el país.
Por ello es deseable que la presentación de estas propuestas sea sólo el inicio de un proceso en el que la deliberación sea amplia. Estas limitadas propuestas se verían beneficiadas con una revisión profunda, en la que las voces de los organismos internacionales de derechos humanos podrían ser de ayuda. Sobre todo, se verían beneficiadas con la participación de las familias buscadoras y demás colectivos. Mala señal sería que se aprobaran en sus términos y de forma precipitada, pues este no es un proceso legislativo cualquiera: el principio de “participación conjunta” (art. 5 de la LGMDFP) obliga a incorporar la voz de quienes buscan a sus seres queridos y quienes desde hace tiempo han dicho con firmeza: #SinLasFamiliasNo.
El aliado de Pablo Escobar había estado en Alemania desde 2020, después de cumplir su condena por narcotráfico en Estados Unidos. Fue detenido al llegar a Bogotá.
La última vez que el excapo Carlos Lehder Rivas salió de Colombia, hace casi cuatro décadas, estaba escoltado por la policía. Y su regreso al país la tarde del viernes tuvo una suerte similar.
El antiguo narcotraficante, uno de los líderes del extinto Cártel de Medellín junto a Pablo Escobar, fue detenido el viernes por las autoridades colombianas al llegar al país procedente de Alemania.
El jefe de la Policía Nacional, Carlos Fernando Triana, dijo en su cuenta de X que Lehder fue trasladado el viernes por la noche a una unidad policial en Bogotá “para verificar su situación judicial”.
Previamente, Migración Colombia informó que el excapo de 75 años llegó a Bogotá en un vuelo procedente de Frankfurt, Alemania, y que tenían información sobre “una orden de captura vigente” en su contra.
Hasta este sábado, las autoridades no habían reportado más sobre su situación. Su abogada, Sondra McCollins, aseguró a la prensa local que su cliente no tiene un proceso judicial abierto y que espera que sea liberado pronto.
En 1987, Lehder fue detenido por las autoridades colombianas y extraditado a Estados Unidos, donde fue sentenciado a 135 años de prisión por tráfico de cocaína. La sentencia se redujo 55 años después de que Lehder accedió a testificar contra el exlíder militar y jefe de facto de Panamá Manuel Antonio Noriega.
Fue liberado en 2020 cuando su salud se deterioró. Se trasladó a Alemania, donde tiene ciudadanía por su ascendencia paterna.
En un principio, Lehder había solicitado al Estado colombiano que le permitiera una vida en libertad después de cumplir su condena en Estados Unidos, que lo tuvo aislado, sin visitas y sin llamadas por la mayor parte del tiempo en prisión.
Al no conseguirlo, optó por irse a Alemania donde también se sometería a un tratamiento por el cáncer de próstata que le fue detectado.
Pieza clave del cartel de Medellín
La vida de Carlos Lehder dejó de estar entre los parámetros considerados normales desde que sus padres se separaron cuando tenía 4 años: pasó su niñez entre internados y viajó a Nueva York a los 15 años a vivir la adolescencia con otros familiares.
En los años 70, Lehder lideró una red de compraventa y contrabando de carros robados en Estados Unidos que lo llevó a la cárcel en Connecticut.
Apenas salió, en el 75, empezó a traficar marihuana y cocaína.
Su andar criminal lo llevó a aliarse con Pablo Escobar, dándole al incipiente Cartel de Medellín los saberes necesarios para entrar y traficar en el país que más droga consume en el mundo, Estados Unidos.
En 1978, compró y se apoderó de una isla en las Bahamas que luego convirtió en lugar de paso de avionetas que venían de Colombia cargadas de marihuana y, cada vez más, cocaína.
En sus biografías, Lehder es descrito como un hombre que está por encima del promedio intelectual de sus pares narcotraficantes: hablaba tres idiomas y se jactaba de una justificación política sobre sus prácticas ilegales.
Nacionalista y antimperialista, era crítico de la política estadounidense de la cual se lucraba: la prohibición y la guerra contra las drogas.
En los 80, patrocinó un movimiento político de corte fascista y latinoamericanista, fundó un periódico y montó un hotel campestre llamado La Posada Alemana, que contaba con dos leones enjaulados y una estatua tamaño natural de John Lennon desnudo.
“Más leyenda que realidad”
A sus 37 años, el 4 de febrero de 1987 Carlos Lehder fue capturado por las autoridades durante una fiesta en su casa.
Sobre su captura hay varias versiones.
Una de ellas dice que su aliado, Pablo Escobar, lo traicionó y delató por una relación que Lehder tuvo con la pareja de uno de sus sicarios.
Otra teoría decía que Escobar estaba preocupado por las conversaciones que Lehder supuestamente tenía con el gobierno para intercambiar información sobre guerrilleros por amnistías.
Una tercera hipótesis señalaba que la captura fue un mero accidente en una fiesta aguada por policías.
Lo cierto es que es mismo 4 de febrero de 1987, Lehder se convirtió en el primer narco colombiano extraditado a EU.
En ese momento, la extradición era la causa principal de una fuerte guerra entre el Estado colombiano y los narcos, que se organizaron bajo el nombre “Los extraditables” y decían preferir “una tumba en Colombia que una cárcel en los Estados Unidos”.
En 1991, en una búsqueda de una paz pactada no solo con los narcos sino con las guerrillas, una nueva Constitución acabó con la extradición.
Pero ahí Lehder ya había sido sentenciado a más de un siglo en la cárcel en EU.
“La leyenda de Carlos es mucho mayor a lo que en realidad pasó”, dijo uno de sus abogados, Óscar Arroyave, en una entrevista con BBC Mundo en 2020.
“Porque Carlos nunca traficó grandes cantidades de cocaína; hoy se incautan barcos que llevan la misma cantidad que Carlos traficó en toda su carrera y los culpables son condenados a penas que no pasan los 10 años”, señaló.
“Su caso quedará en la historia como un ejemplo de lo que pueden hacer las malas decisiones de un gobierno y un sistema (judicial en EU) que condena todos los días a gente sin evidencias”.
Lehder nunca se declaró culpable. De haberlo hecho, habría podido pasar la mitad del tiempo en la cárcel.
Con información de Daniel Pardo, de BBC News Mundo.
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