Los derechos humanos en 2025
El 10 de diciembre se conmemora el Día Internacional de los Derechos Humanos. Este año, la agenda de derechos humanos ha estado marcada por la debilidad y ataques al multilateralismo —cuando celebramos los 80 años de Naciones Unidas—, una apuesta entre los Estados por la paz, la seguridad y la cooperación internacional; por otro lado, en México esa apuesta que debería ser naturalmente multilateral ante los embates de países poderosos, se juega en dos niveles, a nivel internacional, como una aliado del multilateralismo y a nivel local, con un negacionismo ante los diversos retos y pendientes en la materia, sobre los que nos referiremos a continuación.
La crisis de desaparición en el país se hizo palpable durante el primer trimestre con el horror del caso Teuchitlán, un evento que evidenció la magnitud del problema y llevó al Ejecutivo a tener que abordar el tema. Las imágenes de Teuchitlán y después de múltiples eventos de violencia generalizada en el país nos confirman que el alcance de la gobernanza criminal en diversas zonas es sin duda el mayor reto para la democracia en México.
A lo largo del año, colectivos de búsqueda alzaron la voz por la ausencia de más de 130 mil personas. La continua gravedad de la situación motivó al Comité de la ONU contra la Desaparición Forzada (Comité CED) a iniciar, por primera vez, el mecanismo contemplado en el artículo 34 de la Convención Internacional, para determinar si las desapariciones en México son “generalizadas” o “sistemáticas” y presentarla ante la Asamblea General. En respuesta, el gobierno impulsó reformas en la materia que, sin embargo, resultan insuficientes y parten de un diagnóstico erróneo que prioriza las estadísticas sobre la atención real a la crisis. Posteriormente, el relevo de la persona titular en la Comisión Nacional de Búsqueda también expuso los retos de poner al centro a las víctimas; señalamos que solo así podrá fortalecerse una política pública de búsqueda rigurosa y eficaz, tan urgentemente necesaria en el país.
Además, otro reto —identificado por la CIDH en su informe sobre personas defensoras— es la alta vulnerabilidad a la que están expuestas las buscadoras por su labor. Al menos 32 personas buscadoras han sido asesinadas desde 2010, seis en este año, con impactos diferenciados en las mujeres. Seguimos insistiendo en la necesidad de no estigmatizar y proteger a las buscadoras que son la reserva moral del país y porque buscar no debe costar la vida.
La militarización no ha detenido la violencia, por el contrario, se siguen documentando casos graves que involucran elementos de las Fuerzas Armadas. En Sinaloa, el caso de las niñas Leydi Medina y Alexa Rojas, asesinadas en lo que se intentó justificar falsamente como un enfrentamiento, pone en evidencia las fallas en las medidas de control y supervisión, así como en la rendición de cuentas y acceso a la justicia para las víctimas. En Guanajuato, por ejemplo, la desaparición forzada del joven José Juan Arias, donde elementos de la Guardia Nacional están presuntamente involucrados en su detención, es otra muestra. A esto se suman los escándalos de corrupción, como el del “huachicol fiscal”, que confirma las preocupaciones ante la falta de controles civiles de supervisión frente al Poder Militar.
En materia de tortura, este año se emitió el Programa Nacional para Erradicar la Tortura (PNT), después de que diversas organizaciones debimos litigar su publicación ante la omisión de cumplir con esta obligación por parte de la Fiscalía General de la República (FGR). El Programa reconoce que -contrario a lo que se dice en el discurso- la práctica persiste. Como da cuenta el caso de Diego Fernando Bonilla, indígena torturado en Veracruz por policías de investigación y quien después de una larga denuncia, acompañado de su comunidad, no ha podido encontrar justicia.
A nivel institucional en materia de justicia; la reforma al Poder Judicial culminó en una elección con participación ciudadana baja, con visibles irregularidades como el uso de acordeones para “orientar” el voto y la preocupante politización de las personas juzgadoras. Así, los efectos de esta elección se comenzaron a hacer visibles. La SCJN realizó una inadecuada discusión en torno a la modificación de un artículo a la Ley General de Víctimas que validó la eliminación del mínimo presupuestal para su atención.
Este año también fuimos testigos de alarmantes iniciativas de reformas, las reformas en materia de seguridad, inteligencia y justicia, que han dejado un Estado con poderes amplísimos para la vigilancia digital, con más bases para emplear nuevas tecnologías en seguridad, más militarizado, más centralista en la definición de políticas de seguridad y con múltiples agencias habilitadas para la investigación de delitos. A esto se le suman reformas regresivas a la Ley de Amparo que limitaron las figuras como la del interés legítimo, así como otras reformas regresivas que están en puerta, como la regulación de la figura de “jueces sin rostro”, que fue removida de la discusión en la última semana de sesiones del Senado, pero que se advirtió se analizará a inicios de 2026. No podemos olvidarnos de que se continuó expandiendo el catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa, a pesar de la inconvencionalidad de la figura. Aun así, las Fiscalías, el nudo central de la impunidad, siguen sin ser reformadas y continúan sin poner al centro a las víctimas.
Todo ello, en un contexto donde hemos comenzado a ver los impactos de la falta de algunos controles que fueron eliminados o debilitados, como la falta de mecanismos de transparencia, después de la eliminación del INAI, la constante ineficacia de la CNDH, cuya actuación seguimos monitoreando anualmente y donde la polarización de las discusiones políticas ha llevado a atestiguar eventos de violencia inaceptables, de particulares y aún más condenables de autoridades, en contextos de protesta.
Si bien los retos continúan siendo mayores, también podemos nombrar buenas noticias en diversas dimensiones; en casos concretos, como el de Keren Ordóñez, sentenciada a 50 años de prisión por un secuestro que no cometió, ilustra la prevalencia de sesgos de género en el juicio y la utilización de tortura. Keren recuperó su libertad en abril de este año y pudo reunirse con su mamá, papá e hija luego de 10 años en injusta prisión.
También en medidas estructurales, como la reducción de la pobreza. En los últimos 6 años, 13.4 millones de personas salieron de la pobreza, impulsado por el aumento del ingreso de los hogares, principalmente, derivado del 135% en el salario mínimo desde 2018. Medidas que sin duda nos reiteran que poner a los grupos vulnerables al centro con políticas de largo aliento es la vía para combatir los retos más grandes, como la desigualdad en el país.
De cara al 2026, los desafíos en materia de derechos humanos exigen una renovada voluntad política y un enfoque centrado en la dignidad humana. La crisis de desaparición forzada sigue siendo la deuda más dolorosa del Estado mexicano. Es imperativo detener la ola de iniciativas legislativas que, animadas por una narrativa atractiva ante la violencia que vive el país, se muestran cada vez más regresivas y punitivas, a lo que se le suma la profundización de una visión guiada por resultados numéricos y de profundización de las facultades militares, sin atender realidades puntuales.
Sobre todo, el próximo año debe consolidarse el compromiso ineludible con el cuidado y la protección integral de las personas buscadoras y de las víctimas que buscan justicia. Su determinación, realizada en ocasiones a costa de su propia seguridad y vida, debe ser reconocida, protegida y jamás estigmatizada, pues sólo poniéndolas al centro de la construcción de un sistema de justicia que desmantele la impunidad, y que asegure que los avances sociales, como la reducción de la pobreza, se logrará gozar plena e integralmente de todos los derechos fundamentales.
Esta es nuestra última colaboración de 2025 en este espacio. Agradecemos enormemente la siempre generosa disposición de Animal Político y a las, los y les lectores su seguimiento. ¡Nos seguimos encontrando en 2026!
¿Cuál es la situación de la economía de Cuba? ¿Cómo le impactarán los cambios en Venezuela? ¿Puede realmente colapsar como dice Trump? Lo analizamos.
La captura del expresidente Nicolás Maduro ha abierto una etapa de incertidumbre no solo en Venezuela, sino también en el país que hasta ahora ha sido su principal aliado.
“Cuba está lista para caer”, declaró el presidente Donald Trump un solo día después de que el sábado 3 de enero fuerzas estadounidenses atacaran Caracas de madrugada y se llevaran a Maduro y su esposa, Cilia Flores, para juzgarlos en Nueva York.
Trump ha reiterado en los pasados días que el régimen cubano se sostiene por el suministro de petróleo de Venezuela y, si este se corta, quedará sin ingresos y colapsará por sí solo sin necesidad de una intervención militar.
Desde La Habana, las autoridades condenaron reiteradamente la operación estadounidense en Caracas y prometieron defenderse en caso de ataque, pero en ningún momento han refutado el pronunciamiento de Trump sobre la situación límite de la economía cubana.
En este contexto, surgen varias preguntas: ¿cómo está hoy Cuba? ¿Cómo le impactarán los cambios en Venezuela? ¿Puede realmente colapsar como dice Trump?
Una economía al límite
La economía cubana atraviesa una situación crítica, algo que ni siquiera el gobierno trata ya de ocultar.
El presidente, Miguel Díaz-Canel, reconoció que “no se trata de una crisis más”, sino de “la acumulación de distorsiones, adversidades, dificultades y errores propios, exacerbados por un cerco externo extremadamente agresivo”.
El país lleva años atrapado en la recesión, incapaz de pagar sus múltiples deudas u obtener financiación externa, con una producción en retroceso y sin lograr garantizar el suministro de alimentos y productos básicos a la población, golpeada a diario por cortes de electricidad de varias horas.
El producto interior bruto (PIB) se contrajo más de un 4% hasta el tercer trimestre de 2025, según el último dato oficial, y el cierre del año apuntaba a un resultado incluso peor por el agravamiento de la crisis energética y el impacto del huracán Melissa.
El gran problema es que la debacle afecta a todos los sectores, comenzando por el productivo.
La producción industrial en 2024 fue la más baja en 40 años, según los datos más recientes del gobierno, y todo apunta a que en 2025 se habría reducido aún más.
La agricultura está bajo mínimos por el ineficiente sistema de gestión estatal, la falta de fertilizantes y combustible; el turismo internacional —una fuente clave de divisas— cerró 2025 con cifras estimadas por debajo de los dos millones de visitantes, las peores en más de 20 años con excepción de la pandemia.
A esto se suma una grave escasez de medicamentos en un contexto de brotes simultáneos de dengue, zika y chikungunya, y la reducción al mínimo de la cartilla de racionamiento, que desde hace años no garantiza la supervivencia de las familias.
Los cubanos también sufren la inflación: el peso cubano ha caído en picado frente al dólar en los últimos años y el último dato de junio de 2025 refleja una subida interanual del 14,75% en los precios al consumidor.
Por si fuera poco, el embargo financiero y comercial que EE.UU. impone a Cuba desde 1960, endurecido por Trump en sus dos mandatos, aporta una losa extra a la pesada carga que ya soporta una economía derrotada, sin apenas margen de maniobra y aislada de los mercados internacionales.
Lo más delicado de la crisis cubana, en todo caso, es la situación límite en la que se encuentra su sistema energético.
“En muchas partes del país los cortes eléctricos no bajan de 20 horas al día. Quiere decir que solamente tienen luz cuatro horas, y eso es una situación difícil”, indica a BBC Mundo el economista Omar Everleny, exdirector del centro de estudios de la economía cubana de la Universidad de la Habana.
Al margen del precario estado de las centrales eléctricas en la isla, los apagones responden sobre todo a la escasez del petróleo que las abastece; una escasez cuyo impacto se extiende al transporte, la producción y la vida cotidiana.
Cuba necesita unos 110.000 barriles diarios para funcionar con normalidad y produce por su cuenta aproximadamente 40.000, por lo que depende en gran parte del crudo que recibe del exterior.
Más en concreto, de dos proveedores casi exclusivos: Venezuela y México.
¿Cuánto depende del petróleo de Venezuela?
La relación económica entre Cuba y Venezuela se ha reducido en los últimos años a un intercambio muy específico.
“Cuba aporta servicios médicos, educacionales, entrenadores deportivos y ahora se confirmó -aunque ya lo sabíamos- que también de seguridad y militares a cambio de petróleo venezolano”, indica a BBC Mundo el economista Ricardo Torres, investigador del Centro de Estudios Latinoamericanos y Latinos de la American University en Washington DC.
Esto se debe, señala, a que Venezuela apenas exporta otros bienes, Cuba carece de divisas para pagar sus compras de crudo y tampoco existen ya inversiones bilaterales relevantes desde la retirada de PDVSA de la isla en 2017.
Durante años, el petróleo de Venezuela fue el principal sostén del sistema energético cubano, con el envío de unos 100.000 barriles diarios en la cumbre de la alianza entre Hugo Chávez y Fidel Castro a inicios de este siglo.
El flujo, sin embargo, se ha ido reduciendo de forma sostenida según diferentes estimaciones, a falta de datos oficiales fiables.
Omar Everleny explica que de aquellos niveles iniciales se pasó a promedios “de 58.000 barriles diarios, luego a 38.000 y finalmente, en 2025, nunca se sobrepasaron los 30.000 y en algunos meses llegaron a caer hasta los 18.000”.
“Cuba ya estaba adaptándose a esa disminución sistemática del flujo desde Venezuela”, puntualiza.
La agencia Reuters estima que Venezuela envió a Cuba un promedio de 27.000 barriles diarios, según datos de seguimiento de tanqueros y documentos de PDVSA, lo que estaría cubriendo, hasta ahora, casi la mitad del déficit energético que arrastra la isla.
¿Y del crudo de México?
En el caso de México, la petrolera estatal Pemex confirmó en diciembre, en un informe presentado ante autoridades bursátiles de Estados Unidos, que su filial Gasolinas Bienestar había enviado a Cuba unos 17.200 barriles diarios de crudo y 2.000 barriles diarios de derivados entre enero y septiembre de 2025, con un valor aproximado de US$400 millones.
El portal de noticias mexicano Proceso recoge que en los diez primeros meses de 2025 los envíos de petróleo mexicano a Cuba crecieron un 121% en comparación con el mismo período del año anterior.
Ante esto, surge una pregunta: Si Cuba está en bancarrota, ¿cómo hace frente a los pagos del petróleo mexicano?
Ni la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ni Pemex ni su subsidiaria han ofrecido una respuesta clara.
Preguntada por un periodista local, Sheinbaum afirmó en una rueda de prensa que los envíos de petróleo mexicano a Cuba van por dos vías: “contratos” y “ayuda humanitaria”.
Pese a los datos antes mencionados, la presidenta aseguró que “no se está enviando más petróleo del que se había enviado históricamente, no hay un envío particular”.
Cuba despliega personal médico en México (se otorgaron 3.650 visados a doctores en los últimos 7 años, según el último dato oficial de la cancillería mexicana el pasado octubre) pero se desconoce si este servicio se remunera en parte con petróleo.
“Supongo que Cuba no está pagando por ese petróleo porque, si Cuba pudiera comprar petróleo cuando lo necesita, lo compraría en cualquier lugar. El problema es que no tiene dinero y le debe a todo el mundo”, sentencia el economista Ricardo Torres.
En todo caso, la falta de claridad sobre su naturaleza y los mecanismos de pago ha puesto los envíos de crudo mexicano a Cuba en el foco de debate.
Lo que hasta ahora era un intercambio discreto ha pasado a adquirir una dimensión geopolítica, ya que determina en gran medida la supervivencia energética de Cuba, especialmente si se corta el flujo del suministro venezolano.
Esto no ha pasado desapercibido en Estados Unidos: altos funcionarios y congresistas han comenzado a prestar atención a los envíos de petróleo mexicano a Cuba, según indican fuentes de Washington a medios como Reuters y Financial Times, si bien por ahora no se han emitido amenazas o sugerido posibles sanciones al gobierno de Sheinbaum.
¿Caerá Cuba, como dice Trump?
Entonces, ¿qué espera a Cuba en 2026? ¿Se quedará sin combustible? ¿Puede colapsar como dice Trump?
Cualquier respuesta a estas preguntas sería especulativa, por lo que solo es posible analizar el escenario actual en busca de pistas.
El gobierno cubano ha prometido que 2026 será un año de recuperación económica, con un crecimiento del 1% del PIB si se recuperan el turismo, las exportaciones, la producción, los servicios y la financiación.
Sin embargo, ni los más optimistas dentro y fuera de la isla creen que esto sea posible.
La posible reducción del suministro de petróleo podría dejar casi a oscuras un país que ya sufre cortes eléctricos de varias horas al día, dificultar aún más la producción y el transporte de bienes básicos y disuadir a posibles visitantes extranjeros.
A esto se suma que unos 2,7 millones de cubanos han huido de la isla desde la pandemia en un éxodo migratorio masivo, según datos del demógrafo cubano Juan Carlos Albizu Campos.
Con ellos Cuba no solo ha perdido más de una cuarta parte de su población -de más de 11 millones a entre 8 y 9 millones según diferentes cálculos- sino también a una parte importante de los jóvenes cualificados que podrían ayudar a sacar adelante su economía.
Un corte total del petróleo venezolano, cerca de un tercio de la demanda energética de Cuba, representaría un golpe devastador.
“Si esto pasa, y creo que va a pasar, pondría al país en una situación límite, porque ¿cuánto más puedes quitarle la electricidad a la gente? Ya sería quitársela completamente”, indica el economista Ricardo Torres.
Torres opina que, aun manteniendo el suministro mexicano, el sistema eléctrico y el transporte de la isla estarían en riesgo de paralización casi completa.
El economista recuerda, además, que Trump todavía tiene cartas bajo la manga para dañar aún más a Cuba, como suspender los vuelos, eliminar o reducir los envíos de dinero, o cortar completamente las exportaciones de algunos productos exentos del embargo estadounidense.
Los expertos no creen, en todo caso, que una asfixia económica total de la economía cubana fuerce necesariamente un cambio político.
El reciente éxodo se llevó a las pocas figuras que quedaban de la oposición dentro de la isla gobernada por el Partido Comunista (único legal) y el régimen de Díaz-Canel ha intensificado su represión sobre la disidencia hasta prácticamente desactivarla desde las históricas protestas del 11 de julio de 2021.
“Aunque nos devuelvan a la época de las cavernas, esto no va a cambiar”, declaró un cubano desde el anonimato a BBC Mundo, en una frase que encarna el ambiente de pesimismo y resignación que impera dentro de la isla.
Por otra parte, las opciones de ayuda externa a corto plazo son limitadas: los aportes de aliados lejanos como Rusia o China han sido hasta ahora marginales en comparación con el petróleo venezolano.
Cuba acumula además importantes deudas con ellos, por lo que no se espera que redoblen sus inversiones o amplíen su financiación, y tampoco se vislumbran otras fuentes de financiación externa para un país excluido de los circuitos internacionales de crédito y en situación de morosidad con sus acreedores, entre ellos el Club de París.
Así, más que un colapso inmediato e inminente, lo que la mayoría de los expertos vaticinan para Cuba es una profundización de la crisis hacia un punto límite difícil de sostener.
“Ya la gente en Cuba está sobreviviendo. Si tú tienes apagones, falta de medicamentos, comida y transporte, estás en un nivel mínimo de sobrevivencia. Entonces, pasar del piso no sé si se pueda, pero estamos muy cerca del último lugar a donde se puede bajar”, apunta el economista Omar Everleny.
Sin un solo indicio de salida a la crisis, las consecuencias en términos políticos, sociales y humanitarios de llegar a ese escenario extremo es, por el momento, una incógnita.
BBC Mundo solicitó a autoridades cubanas una entrevista para este artículo, pero no obtuvo respuesta.
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