Los derechos humanos en 2025
El 10 de diciembre se conmemora el Día Internacional de los Derechos Humanos. Este año, la agenda de derechos humanos ha estado marcada por la debilidad y ataques al multilateralismo —cuando celebramos los 80 años de Naciones Unidas—, una apuesta entre los Estados por la paz, la seguridad y la cooperación internacional; por otro lado, en México esa apuesta que debería ser naturalmente multilateral ante los embates de países poderosos, se juega en dos niveles, a nivel internacional, como una aliado del multilateralismo y a nivel local, con un negacionismo ante los diversos retos y pendientes en la materia, sobre los que nos referiremos a continuación.
La crisis de desaparición en el país se hizo palpable durante el primer trimestre con el horror del caso Teuchitlán, un evento que evidenció la magnitud del problema y llevó al Ejecutivo a tener que abordar el tema. Las imágenes de Teuchitlán y después de múltiples eventos de violencia generalizada en el país nos confirman que el alcance de la gobernanza criminal en diversas zonas es sin duda el mayor reto para la democracia en México.
A lo largo del año, colectivos de búsqueda alzaron la voz por la ausencia de más de 130 mil personas. La continua gravedad de la situación motivó al Comité de la ONU contra la Desaparición Forzada (Comité CED) a iniciar, por primera vez, el mecanismo contemplado en el artículo 34 de la Convención Internacional, para determinar si las desapariciones en México son “generalizadas” o “sistemáticas” y presentarla ante la Asamblea General. En respuesta, el gobierno impulsó reformas en la materia que, sin embargo, resultan insuficientes y parten de un diagnóstico erróneo que prioriza las estadísticas sobre la atención real a la crisis. Posteriormente, el relevo de la persona titular en la Comisión Nacional de Búsqueda también expuso los retos de poner al centro a las víctimas; señalamos que solo así podrá fortalecerse una política pública de búsqueda rigurosa y eficaz, tan urgentemente necesaria en el país.
Además, otro reto —identificado por la CIDH en su informe sobre personas defensoras— es la alta vulnerabilidad a la que están expuestas las buscadoras por su labor. Al menos 32 personas buscadoras han sido asesinadas desde 2010, seis en este año, con impactos diferenciados en las mujeres. Seguimos insistiendo en la necesidad de no estigmatizar y proteger a las buscadoras que son la reserva moral del país y porque buscar no debe costar la vida.
La militarización no ha detenido la violencia, por el contrario, se siguen documentando casos graves que involucran elementos de las Fuerzas Armadas. En Sinaloa, el caso de las niñas Leydi Medina y Alexa Rojas, asesinadas en lo que se intentó justificar falsamente como un enfrentamiento, pone en evidencia las fallas en las medidas de control y supervisión, así como en la rendición de cuentas y acceso a la justicia para las víctimas. En Guanajuato, por ejemplo, la desaparición forzada del joven José Juan Arias, donde elementos de la Guardia Nacional están presuntamente involucrados en su detención, es otra muestra. A esto se suman los escándalos de corrupción, como el del “huachicol fiscal”, que confirma las preocupaciones ante la falta de controles civiles de supervisión frente al Poder Militar.
En materia de tortura, este año se emitió el Programa Nacional para Erradicar la Tortura (PNT), después de que diversas organizaciones debimos litigar su publicación ante la omisión de cumplir con esta obligación por parte de la Fiscalía General de la República (FGR). El Programa reconoce que -contrario a lo que se dice en el discurso- la práctica persiste. Como da cuenta el caso de Diego Fernando Bonilla, indígena torturado en Veracruz por policías de investigación y quien después de una larga denuncia, acompañado de su comunidad, no ha podido encontrar justicia.
A nivel institucional en materia de justicia; la reforma al Poder Judicial culminó en una elección con participación ciudadana baja, con visibles irregularidades como el uso de acordeones para “orientar” el voto y la preocupante politización de las personas juzgadoras. Así, los efectos de esta elección se comenzaron a hacer visibles. La SCJN realizó una inadecuada discusión en torno a la modificación de un artículo a la Ley General de Víctimas que validó la eliminación del mínimo presupuestal para su atención.
Este año también fuimos testigos de alarmantes iniciativas de reformas, las reformas en materia de seguridad, inteligencia y justicia, que han dejado un Estado con poderes amplísimos para la vigilancia digital, con más bases para emplear nuevas tecnologías en seguridad, más militarizado, más centralista en la definición de políticas de seguridad y con múltiples agencias habilitadas para la investigación de delitos. A esto se le suman reformas regresivas a la Ley de Amparo que limitaron las figuras como la del interés legítimo, así como otras reformas regresivas que están en puerta, como la regulación de la figura de “jueces sin rostro”, que fue removida de la discusión en la última semana de sesiones del Senado, pero que se advirtió se analizará a inicios de 2026. No podemos olvidarnos de que se continuó expandiendo el catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa, a pesar de la inconvencionalidad de la figura. Aun así, las Fiscalías, el nudo central de la impunidad, siguen sin ser reformadas y continúan sin poner al centro a las víctimas.
Todo ello, en un contexto donde hemos comenzado a ver los impactos de la falta de algunos controles que fueron eliminados o debilitados, como la falta de mecanismos de transparencia, después de la eliminación del INAI, la constante ineficacia de la CNDH, cuya actuación seguimos monitoreando anualmente y donde la polarización de las discusiones políticas ha llevado a atestiguar eventos de violencia inaceptables, de particulares y aún más condenables de autoridades, en contextos de protesta.
Si bien los retos continúan siendo mayores, también podemos nombrar buenas noticias en diversas dimensiones; en casos concretos, como el de Keren Ordóñez, sentenciada a 50 años de prisión por un secuestro que no cometió, ilustra la prevalencia de sesgos de género en el juicio y la utilización de tortura. Keren recuperó su libertad en abril de este año y pudo reunirse con su mamá, papá e hija luego de 10 años en injusta prisión.
También en medidas estructurales, como la reducción de la pobreza. En los últimos 6 años, 13.4 millones de personas salieron de la pobreza, impulsado por el aumento del ingreso de los hogares, principalmente, derivado del 135% en el salario mínimo desde 2018. Medidas que sin duda nos reiteran que poner a los grupos vulnerables al centro con políticas de largo aliento es la vía para combatir los retos más grandes, como la desigualdad en el país.
De cara al 2026, los desafíos en materia de derechos humanos exigen una renovada voluntad política y un enfoque centrado en la dignidad humana. La crisis de desaparición forzada sigue siendo la deuda más dolorosa del Estado mexicano. Es imperativo detener la ola de iniciativas legislativas que, animadas por una narrativa atractiva ante la violencia que vive el país, se muestran cada vez más regresivas y punitivas, a lo que se le suma la profundización de una visión guiada por resultados numéricos y de profundización de las facultades militares, sin atender realidades puntuales.
Sobre todo, el próximo año debe consolidarse el compromiso ineludible con el cuidado y la protección integral de las personas buscadoras y de las víctimas que buscan justicia. Su determinación, realizada en ocasiones a costa de su propia seguridad y vida, debe ser reconocida, protegida y jamás estigmatizada, pues sólo poniéndolas al centro de la construcción de un sistema de justicia que desmantele la impunidad, y que asegure que los avances sociales, como la reducción de la pobreza, se logrará gozar plena e integralmente de todos los derechos fundamentales.
Esta es nuestra última colaboración de 2025 en este espacio. Agradecemos enormemente la siempre generosa disposición de Animal Político y a las, los y les lectores su seguimiento. ¡Nos seguimos encontrando en 2026!
El perdón otorgado por el presidente de EU al exmandatario hondureño condenado por traficar toneladas de cocaína contrasta con su defensa de la mano dura al narco en la región.
Donald Trump, el presidente de Estados Unidos que asegura combatir los carteles de drogas en América Latina, liberó de la cárcel a alguien condenado por liderar todo un “narcoestado” en la región.
Juan Orlando Hernández, el expresidente de Honduras que cumplía una pena de 45 años de prisión en EE.UU. por narcotráfico, recibió un perdón oficial de Trump el lunes por la noche y quedó en libertad, según varias fuentes.
La Oficina Federal de Prisiones de EE.UU. señala en su sitio web que Hernández dejó el mismo lunes la cárcel de Hazelton en West Virginia, donde cumplía su sentencia emitida el año pasado.
“Mi esposo Juan Orlando Hernández VOLVIÓ a ser un hombre libre, gracias al perdón presidencial otorgado por el Presidente Donald Trump”, escribió la esposa del exmandatario hondureño, Ana García, en su cuenta de la red social X el martes.
Trump había anticipado su decisión el viernes, mientras su controvertida ofensiva militar contra presuntos traficantes de drogas en América Latina suma al menos 83 muertos en ataques a barcos en aguas del Caribe y el Pacífico.
El presidente afirmó el martes que EE.UU. empezará además a realizar “ataques por tierra” que podrían dirigirse a Venezuela o a cualquier país que considere produce o vende drogas ilegales a EE.UU.
Su gobierno sostiene que esas acciones letales son legales, en defensa de estadounidenses que podrían ser envenenados por drogas ilícitas.
Pero algunos expertos advierten que los ataques a civiles pueden constituir ejecuciones extrajudiciales e ilegales, y otros sospechan que el propósito de EE.UU. es presionar al presidente venezolano Nicolás Maduro para que deje el poder.
Varios analistas, e incluso miembros del Partido Republicano de Trump, ven una paradoja entre esas acciones de mano dura y el indulto a alguien que ayudó a meter más de 400 toneladas de cocaína en EE.UU., según los propios fiscales de este país.
“Realmente crea una incoherencia: vemos usar la fuerza letal contra presuntos traficantes de nivel bajo y medio en el mar” y “a un jefe de Estado condenado por posibilitar las mismas rutas (de drogas) ser tratado de forma muy diferente”, señala Rebecca Bill Chavez, presidenta de Diálogo Interamericano, un centro de análisis regional en Washington.
“Esto hace que la misión antinarcóticos, o al menos su narrativa, parezca mucho más selectiva y motivada por razones políticas”, dice a BBC News Mundo quien fuera subsecretaria de Defensa de EE.UU. para el Hemisferio Occidental entre 2013 y 2016.
“En sus narices”
Las pruebas presentadas contra Hernández en una corte federal de Nueva York el año pasado alcanzaron para que el jurado lo declarara culpable por unanimidad.
De hecho, el juicio a JOH (como también se lo denomina por sus iniciales) fue una suerte de radiografía de lo que los fiscales definieron como un “narcoestado” latinoamericano en pleno siglo XXI.
Si bien siendo presidente hondureño entre 2014 y 2022 Hernández se mostraba como aliado de Washington, en privado hablaba de “meter la droga a los gringos en sus narices”, según uno de los testigos del caso.
El mismo testigo, un excontador hondureño que se presentó con nombre ficticio y protegido por el gobierno de EE.UU., relató que vio a Hernández recibir maletines de dinero del narco Geovanny Fuentes Ramírez.
Alexander Ardón, otro hondureño que estaba preso por narcotráfico, testificó que financió campañas de Hernández y que con la ayuda del poder hondureño movió toneladas de cocaína en sociedad con criminales como Joaquín “El Chapo” Guzmán, líder del cartel de Sinaloa condenado a cadena perpetua en EE.UU.
Según Ardón, “El Chapo” entregó US$1 millón a la campaña presidencial del exmandatario en 2013 a través de Tony Hernández, un exdiputado hermano de Juan Orlando que también cumple cadena perpetua en EE.UU. por narcotráfico.
La droga cruzaba Honduras por tierra, aire y mar rumbo a EE.UU., con carreteras pavimentadas por el gobierno en zonas remotas para facilitar su traslado, pistas de aterrizaje y puertos estratégicos controlados por narcos, y fuerzas de seguridad del Estado que en realidad protegían las cargas ilícitas.
En el juicio también hubo indicios de cómo la violencia se disparó en Honduras hasta tener la mayor tasa de homicidios del mundo en la década pasada, según datos de las Naciones Unidas.
Devis Leonel Rivera, un exlíder del grupo criminal hondureño Los Cachiros que también está preso en EE.UU., testificó haber sobornado a Hernández y cometido 78 asesinatos según su propia cuenta.
“Un mensaje horrible”
Hernández se ha declarado inocente desde que fue acusado por EE.UU. y extraditado a Nueva York en 2022 hasta ahora.
En una carta que envió a Trump en octubre, sostuvo que fue víctima de una “persecución política” por parte del anterior gobierno estadounidense de Joe Biden.
“Como usted, fui atacado imprudentemente por fuerzas radicales de izquierda que no podían tolerar el cambio, que conspiraron con narcotraficantes y recurrieron a acusaciones falsas”, señala la misiva del expresidente hondureño divulgada por medios estadounidenses.
Luego del indulto, Trump dijo sentirse “muy bien” por su decisión y se refirió al proceso contra Hernández como “una horrible caza de brujas” del gobierno de Biden.
Hernández “era el presidente, y había algunas drogas siendo vendidas en su país, y como él era el presidente fueron a por él”, afirmó Trump en declaraciones a la prensa el martes.
Sin embargo, exfuncionarios del gobierno de Biden como su consejero de seguridad nacional para América Latina, Juan González, han indicado que buena parte de la investigación fiscal de EE.UU. sobre Hernández ocurrió durante el primer mandato de Trump (2017-2021).
El anuncio del indulto a Hernández levantó cuestionamientos de la oposición demócrata y dentro del propio partido republicano.
“¿Por qué indultaríamos a este tipo y luego perseguimos a Maduro por traficar con drogas en Estados Unidos?”, preguntó el senador republicano Bill Cassidy en X el domingo.
Otro senador republicano, Thom Tillis, sostuvo que el indulto a Hernández “es un mensaje horrible”.
“Es confuso decir, por un lado, que deberíamos potencialmente incluso considerar invadir Venezuela por el tráfico de drogas y, por otro lado, dejar ir a alguien”, declaró Tillis a periodistas el martes.
Trump acusa a Maduro de liderar uno de los grupos latinoamericanos de narcotráfico que ha designado como “terroristas”, el Cartel de los Soles, algo que el mandatario socialista venezolano rechaza y considera un pretexto para intentar derrocarlo.
Washington considera a Maduro un presidente ilegítimo y, durante una reciente conversación telefónica que tuvo con él, Trump le dio a un ultimátum para dejar Venezuela antes del viernes pasado, según medios estadounidenses.
Desde el inicio de los ataques militares contra presuntos traficantes de drogas en el Caribe en septiembre, varios expertos advierten que la droga ilegal más peligrosa que llega a EE.UU. es el fentanilo que nunca se produjo masivamente en Sudamérica.
Christopher Sabatini, investigador principal para América Latina de Chatham House, un influyente centro de análisis británico, cree que para Trump esto “no se trata en realidad de una guerra contra las drogas”.
“Si así fuera, estaría dirigiendo sus fuerzas a otra parte y, obviamente, no estaría indultando a un expresidente condenado por facilitar la entrega de hasta 400 toneladas de cocaína a Estados Unidos”, dice Sabatini a BBC Mundo.
“Se trata de partidismo. Se trata de aliados. Y lo que es más importante”, agrega, “se trata de forzar a otros gobiernos de la región para que le apoyen”.
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