Los derechos humanos en 2026: la falsa disyuntiva
El 2026 inició con una noticia cuyo impacto para los derechos humanos va más allá de la sociedad venezolana y de la región.
La condenable acción militar unilateral de Estados Unidos en suelo venezolano deja un peligroso precedente y da un golpe a todo el régimen internacional de derechos humanos basado en normas del derecho internacional. Previo al ataque, se habían llevado a cabo un bloqueo marítimo y al menos 104 ejecuciones arbitrarias en el Caribe, lo que había sido ya denunciado por procedimientos especiales de las Naciones Unidas.
Como lo han dicho múltiples actores internacionales y el propio gobierno mexicano, la acción es una flagrante violación a instrumentos internacionales como la Carta de las Naciones Unidas (ONU) y a la Carta de la Organización de los Estados Americanos (OEA).
También es cierto y necesario decirlo: el régimen en Venezuela es uno autoritario y represivo, que por más de una década ha cometido violaciones graves a derechos humanos, documentadas por personas defensoras, organizaciones de derechos humanos y expertas y expertos de Naciones Unidas, mediante su Misión internacional independiente de determinación de los hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela, que en los últimos años denunciaron detenciones arbitrarias, tortura, ejecuciones y desapariciones forzadas. Además, el año pasado se publicó el informe Venezuela: graves violaciones a los derechos humanos en el contexto electoral, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el cual analiza, en tres etapas, la estrategia represiva del régimen para obstaculizar el desarrollo de una contienda electoral libre, justa, competitiva y transparente.
Estas prácticas se agravaron particularmente en contra de periodistas, activistas, víctimas e integrantes de la sociedad organizada a partir de las elecciones de 2024, lo que llevó a que muchas de ellas fueran detenidas arbitrariamente y estén sujetas a procesos penales ilegales hasta la fecha. Hoy, en las voces de esos periodistas independientes, víctimas de violaciones a derechos humanos y de organizaciones como Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea) o COFAVIC, es donde hay que poner atención para conocer de primera mano dónde están las mayores preocupaciones y alertas que hay que identificar en tiempos tan turbulentos.
Son estas voces las que han exigido abiertamente que se requiere de un trabajo conjunto con organismos internacionales y de la comunidad internacional para abordar la situación de ese país y denunciar las violaciones a derechos humanos cometidas por el régimen venezolano, a la vez que han condenado las recientes acciones militares en el país y exigido priorizar acciones pacíficas. No hay contradicción en estas denuncias.
La disyuntiva no es si la libre determinación de los pueblos implica convalidar violaciones graves a derechos humanos o abstenerse de repudiar y denunciar estas acciones; por el contrario, estos principios son la base de ese régimen internacional de derechos humanos. Como lo hemos denunciado previamente en este espacio, el principio de la no intervención no puede ser ciego ni omiso ante los abusos.
No es noticia que este régimen internacional siempre ha sido endeble, en tanto depende del cumplimiento de sus propias normas por parte de los Estados y sus líderes, poderosos o no. Hoy sin duda ese régimen y los organismos interestatales que lo sostienen —a los que los propios Estados de la región imponen la urgencia de dar respuesta ante esta crisis— están mucho más debilitados y cuestionados después de estas acciones militares.
No obstante, el reto es que los Estados que condenan y solicitan que el régimen multilateral funcione, lo fortalezcan, lo prioricen y lo respeten a nivel internacional y nacional. Porque con sus deficiencias, hoy más que nunca se requiere de un esquema multilateral donde se prioricen las respuestas pacíficas y sea posible llamar a rendir cuentas a aquellos gobiernos que han violado las normas de derecho internacional con acciones unilaterales militares y a quienes han cometido violaciones de derechos humanos en contra de su ciudadanía.
A la luz de la historia de nuestra región es que podemos distinguir la verdadera disyuntiva: decidir si se quiere continuar socavando los organismos internacionales —por ejemplo, dejando de cumplir recomendaciones y ordenamientos de organismos internacionales a nivel interno— o fortalecer los espacios multilaterales, poniendo al centro lo que llevó a la construcción de este régimen internacional de normas de derechos humanos: la dignidad de las personas.
Un maquinista murió y decenas de personas resultaron heridas en el accidente ocurrido en la línea de vía única que conduce a Machu Picchu.
Un maquinista murió y decenas de personas resultaron heridas en una colisión frontal de trenes cerca de Machu Picchu, la atracción turística más popular de Perú.
Dos trenes chocaron en la vía única que conduce a la antigua ciudad inca el martes, según un comunicado del gobierno local.
Según indicaron las autoridades, 20 ambulancias acudieron al lugar del accidente y los heridos fueron trasladados a centros médicos en la cercana ciudad de Cusco.
De acuerdo con el ministerio de Salud de Perú, los servicios de salud han atendido a 36 heridos, “la mayoría con traumatismos múltiples y contusiones”. Nueve de ellos, fueron dados de alta, mientras que 25 siguen recibiendo atención médica.
La embajada de Estados Unidos en Perú informó que había ciudadanos estadounidenses entre los heridos, pero la policía aún no ha confirmado la identidad de las personas involucradas en el incidente.
El presidente de Perú, José Jeri; el jefe del Gabinete Ministerial y los ministros de Comercio Exterior y Turismo y de Transportes y Comunicaciones se encuentran en Cusco para supervisar el operativo de atención tras el accidente.
El medio de comunicación local Peru21 informa que “cientos” de turistas permanecen en el lugar a la espera de ser evacuados, una operación que se ha visto “dificultada” por el terreno alrededor del lugar del accidente.
Al menos 20 de los heridos se encuentran en estado grave, según declaró un funcionario de salud a la agencia de noticias Reuters.
El acceso a Machu Picchu
La colisión ocurrió en la vía férrea que une la estación de Ollantaytambo con Aguas Calientes, la localidad más cercana a Machu Picchu. El trayecto entre ambas estaciones suele durar alrededor de 90 minutos.
Los dos trenes implicados en el accidente eran operados por PeruRail e Inca Rail, respectivamente.
“Lamentamos profundamente lo sucedido”, declaró PeruRail en un comunicado, añadiendo que su personal brindó “inmediatamente” primeros auxilios al maquinista, al conductor del tren y a los pasajeros afectados por el incidente.
Aún no se ha esclarecido la causa del accidente.
El incidente se produce en medio de una disputa en curso entre los proveedores de transporte al sitio declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco con las comunidades locales descontentas con lo que consideran un proceso de licitación poco transparente.
Los trenes y autobuses que transportan a los turistas a la antigua ciudad tienen precios elevados y pueden resultar muy lucrativos debido a su acceso limitado.
Construida en los Andes peruanos en el siglo XV, la ciudad inca de Machu Picchu es una de las Siete Maravillas del Mundo Moderno.
Los visitantes pueden llegar al sitio en tren y autobús, o realizar una caminata por el Camino Inca con un operador turístico autorizado.
En 2011, las autoridades implementaron un límite diario de visitantes para proteger y preservar el sitio, pero persisten las preocupaciones sobre el turismo masivo.
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