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Ayotzinapa: nueve años de lucha por la verdad
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La lucha cotidiana de los derechos humanos
El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) es una organización civil... Continuar Leyendo
6 minutos de lectura
Ayotzinapa: nueve años de lucha por la verdad
El tema esencial, que es el paradero de los jóvenes y el esclarecimiento pleno de lo ocurrido, continúa pendiente. Esto es, sin duda, lo que más pesa sobre el ánimo de las familias, que llegan a este aniversario sin haber alcanzado el resultado que esperaban. La sensación es que el tiempo se agota sin arribar a la luz de la verdad. 
26 de septiembre, 2023
Por: La lucha cotidiana de los derechos humanos

A nueve años de la noche cruenta de Iguala, las familias de los normalistas siguen luchando por la verdad y por la justicia, dando un digno ejemplo de amor y resistencia.

Los hechos son conocidos. El 26 de septiembre de 2014 fueron desaparecidos en Iguala, Guerrero, 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, en una jornada donde también fueron privados de la vida seis personas, incluyendo a tres estudiantes, y resultaron heridas varias decenas de víctimas, entre las que se encontraban un estudiante que continúa en estado mínimo de conciencia hasta el día de hoy y a otro joven alumno que sobrevivió a un impacto de bala en su rostro.

Al inicio, la investigación fue conducida por el estado de Guerrero, que dejó ir pistas y líneas de investigación claves. Después, intervino la federación por medio de la extinta Procuraduría General de la República (PGR), que confeccionó, sin evidencia científica, un relato de cierre que se presentó como la “verdad histórica”. Conforme a ésta, todos los chicos habrían sido privados de la vida en un solo evento y reducidos a cenizas en una pira humana hecha en el Basurero de Cocula. Tras la publicación de esta versión de clausura, el presidente Enrique Peña Nieto llamó a los familiares de los normalistas a dar la vuelta a la página.

Las familias resistieron este embate y propusieron que un grupo de expertos internacionales independientes analizara el caso. Así llegó a México el GIEI en 2015, para realizar un cualificado trabajo de revisión de la hipótesis oficial, al amparo de las medidas cautelares que otorgara la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). En septiembre de ese año y después en abril de 2016, mediante sendos informes, el GIEI concluyó entre otras cosas que la “verdad histórica” carecía de sustento probatorio; que se había torturado de forma generalizada durante la investigación; que se habían dejado de lado líneas relevantes de investigación vinculadas al trasiego de trasnacional de drogas, y que el Ejército no había entregado toda la información con que contaba. En la revisión de las inconsistencias de la llamada “verdad histórica” fue determinante, también, la labor realizada por el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), que practicó el más contundente análisis multidisciplinario sobre el Basurero de Cocula con que hoy contamos.

Por esta labor, el gobierno federal prácticamente echó del país al GIEI. Las familias, sin embargo, resistieron el cierre del sexenio. Su lucha fue alentada en esos momentos duros por hitos del caso como la publicación de un Informe hecho por la Oficina en México de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), que documentaba el profuso empleo de tortura en la indagatoria. En 2017, el Poder Judicial encontró fundados estos señalamientos y echó por los suelos las acusaciones presentadas, mediante una innovadora sentencia emitida por un Tribunal Colegiado de Reynosa, debido al cúmulo de irregularidades presentes.

En esas condiciones, las familias llegaron al 2018, cuando era patente que habría alternancia en la Presidencia de la República. Aunque inicialmente se les propuso una Comisión de la Verdad, al existir pendientes de justicia, ellas y ellos insistieron en que este diseño sería insuficiente. Fue así que se generó una nueva etapa anclada en tres componentes centrales: una figura que concretara la voluntad política de esclarecer, misma que en el caso se tradujo en la Comisión para el Acceso a la Justicia en el Caso Ayotzinapa (COVAJ), que por sus características y limitaciones no es equiparable a las comisiones de la verdad surgidas en otras latitudes; una nueva fiscalía especial, que desembocó en la creación de la Unidad Especial para la Investigación y Litigación en el caso Ayotzinapa (UEILCA), cuyo titular fue nombrado muy tardíamente y después removido recientemente cuando se atentó contra su independencia técnica; y finalmente el regreso de los expertos del GIEI que habían participado en el caso, lo que se materializó plenamente, con retraso, hasta el 2020.

En esta fase, algunos avances de proceso se han logrado: la “verdad histórica” fue reconocida como insuficiente; perpetradores de tortura se encuentran hoy en prisión; mandos de la PGR rinden cuentas también por la manipulación de la indagatoria y, lo más importante, fueron identificados los restos de algunas de las víctimas, lo que se informó a sus familias mediante procesos dignos y respetuosos.

Adicionalmente, gracias a investigaciones periodísticas, hoy sabemos más sobre el entorno macrocriminal de Iguala en 2014; sabemos que en efecto esta zona la controlaba una red que no era una mera organización regional con capacidad de sobornar algunas policías municipales locales, sino un potente entramado delictivo en el que se habían desdibujado las líneas entre el Estado y el narcotráfico por el contubernio de autoridades municipales, estatales y federales, incluyendo en estas últimas a la Policía Federal y al Ejército. Así lo confirman los mensajes de texto del servicio Blackberry empleados por la red criminal en cuestión durante 2014, prueba objetiva que acredita más allá de toda duda el contubernio del narcotráfico con autoridades municipales, estatales y federales, e incluso con los castrenses.

Pero el tema esencial, que es el paradero de los jóvenes y el esclarecimiento pleno de lo ocurrido, continúa pendiente. Esto es, sin duda, lo que más pesa sobre el ánimo de las familias, que llegan a este aniversario sin haber alcanzado el resultado que esperaban. La sensación es que el tiempo se agota sin arribar a la luz de la verdad.

A este sentido de frustración han abonado las Fuerzas Armadas, en el contexto del alarmante empoderamiento militar que vemos en el presente. Esos obstáculos se han traducido en la omisión de entregar documentos relevantes, lo que motivó la salida del GIEI y la protesta de los familiares en el Campo Militar 1; en el otorgamiento de beneficios procesales inauditos, como la prisión domiciliaria a un mando castrense relacionado con el caso por mediación expedita e irregular de la actual Guardia Nacional; o incluso en el intento amedrentador de los militares procesados de llamar a juicio a los actores que han contribuido a alcanzar verdad en el caso.

Ante esta realidad, los padres y las madres han apelado de nuevo al Presidente de la República como comandante supremo de las Fuerzas Armadas, con la esperanza de que se ponga del lado de la verdad y de las víctimas y no del Ejército y sus mentiras; con la esperanza de que no se institucionalice la mentira militar; con la esperanza, en fin, de que la razón de las víctimas no sucumba frente a la razón de Estado. El resultado de este último lance es aún incierto.

Estando en duda si aún habrá espacio para que el poder civil se imponga sobre el poder militar en este caso, lo que es indudable es que a nueve años la dignidad de los padres y de las madres sigue irradiando una fuerza inclaudicable, frente ante la que sólo cabe empatizar y reconocer. Son ellos y ellas -más que activistas, organizaciones, expertos, funcionarios o instancias- quienes al mantenerse en unión y movimiento siguen abriendo brechas para la verdad. Esto hermana a las familias de Ayotzinapa, con tantas y tantos familiares que buscan a los más de cien mil personas desaparecidas que le hacen falta a México, con quienes comparten dignidad, indignación y esperanzas, y les vuelve un referente para todas las personas que frente a la violencia, las desapariciones, la deshumanización, la estigmatización contra las víctimas, el maltrato institucional y  la impunidad normalizada, alzan la voz y no se dejan en este México herido. No les dejemos solas.

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Quién es José Raúl Mulino, presidente de Panamá y cómo ganó con el apoyo de un exmandatario condenado por lavado de dinero
7 minutos de lectura
Quién es José Raúl Mulino, presidente de Panamá y cómo ganó con el apoyo de un exmandatario condenado por lavado de dinero

El delfín de Ricardo Martinelli, quien está asilado en la embajada de Nicaragua, se impuso en unas elecciones de una sola vuelta con alrededor de un tercio de los votos.

06 de mayo, 2024
Por: BBC News Mundo
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La elección de José Raúl Mulino como presidente de Panamá este domingo puede resultar paradójica vista desde ciertos ángulos.

Mulino ganó los comicios de una sola vuelta con 34% de los votos, según resultados parciales, y al recibir la noticia de su triunfo por parte del Tribunal Electoral se comprometió a formar “un gobierno de unidad nacional lo antes posible”.

“Implica un enorme peso sobre mis hombros, que recibo complacido”, dijo.

Mulino es delfín político del expresidente Ricardo Martinelli, quien quedó fuera de la competencia electoral por estar condenado por lavado de dinero, y esto quizás sea llamativo en un país donde la corrupción figura en encuestas como el tema que más preocupa a la gente.

El ahora presidente electo indicó incluso en campaña que piensa “ayudar” al magnate Martinelli, refugiado en la embajada de Nicaragua, a evitar que cumpla su pena de 10 años de cárcel, porque sostiene -como él- que fue resultado de una persecución política injusta.

También podría sorprender que en un país como Panamá, donde estallaron protestas masivas en años recientes, haya triunfado un exministro de Seguridad Pública criticado por una represión policial de manifestantes en el pasado.

Sin embargo, los analistas señalan distintos factores que explican este éxito electoral.

Para entenderlos, hay que comenzar por conocer quién es el próximo presidente panameño, alguien a quien pocos veían como tal hasta hace unos meses.

José Raúl Mulino habla durante un acto político
AFP
Mulino ha prometido volver a la bonanza económica del gobierno de Martinelli, su padrino político, pero los analistas advierten que las condiciones cambiaron.

“Leal al expresidente”

Abogado de 64 años, Mulino alcanza la cima del poder en su país tras una larga trayectoria política, algo que quizá también luzca contradictorio con el descontento popular expresado por los panameños hacia su clase dirigente.

Es hijo de un exgobernador de la provincia de Chiriquí, en la región occidental de Panamá y limítrofe con Costa Rica.

Su madre solía pedirle que riera para cambiar el talante adusto por el que algunos le apodaron “Stalin”, según el diario panameño La Prensa.

Mulino saluda a seguidores con su esposa Maricel Cohen
AFP
Mulino, casado desde 1985 con Maricel Cohen, tiene cuatro hijos.

Sin embargo, en el plano ideológico Mulino está lejos del extinto líder comunista soviético: se define de centroderecha en un país donde la izquierda política es irrelevante.

Casado y con cuatro hijos, Mulino posee una licenciatura universitaria en derecho y ciencias políticas, una maestría en derecho marítimo en Estados Unidos y ha trabajado en el sector privado como socio de un bufete de abogados en Panamá.

Incursionó en política participando en la “cruzada civilista”, un movimiento que reunió a distintos sectores de la sociedad panameña contra el régimen militar que hubo en el país entre 1968 y 1989.

Luego de la invasión de EE.UU. y la caída del régimen del general Manuel Noriega, Mulino fue vicecanciller y canciller del gobierno de Guillermo Endara (1989-1994).

Años después ganó más notoriedad y protagonizó polémicas como ministro del gobierno de Martinelli (2009-2014), primero de Justicia y luego de Seguridad Pública.

Desde este cargo impulsó políticas de “mano dura”, ya fuera con retenes policiales en las calles o con la represión de protestas contra una ley que resultó en dos muertes y decenas de heridos en la provincia de Bocas del Toro en 2010, hechos por los que el Estado tuvo que resarcir a las víctimas con pensiones vitalicias.

Mulino
AFP
Mulino protagonizó distintas polémicas como ministro de Seguridad Pública.

Tras salir del ministerio, Mulino pasó seis meses preso de forma preventiva por presunto peculado en un contrato millonario del gobierno para adquirir radares de una firma italiana.

Pero el caso terminó anulado y Mulino, que llegó a definirse como “preso político”, siempre reivindicó su proceder.

Fue precandidato presidencial para las elecciones de 2019 por el partido Cambio Democrático con que Martinelli había llegado al poder, pero resultó derrotado en las primarias por Rómulo Roux, un abogado que volvió a postularse este año.

Mulino se pasó al partido Realizando Metas que fundó Martinelli en 2020 y fue su candidato a vicepresidente para estas elecciones, hasta que el expresidente quedó inhabilitado en marzo por su condena por lavado.

Fue entonces cuando Mulino se convirtió repentinamente en candidato presidencial en una coalición con el partido Alianza.

Mientras Martinelli es “quizás la figura más popular del país”, Mulino “no es conocido por ser una figura carismática o popular, pero sí leal al expresidente”, dice Juan Diego Alvarado, un politólogo e investigador panameño experto en elecciones, en diálogo con BBC Mundo.

Abrazados

El ahora presidente electo de Panamá realizó una campaña corta y efectiva, sin arriesgarse a participar en los debates entre candidatos, apelando al caudal de votos de su padrino político.

“Vamos a ganar y Ricardo Martinelli estará conmigo desde el primer día”, tuiteó Mulino en marzo.

Este domingo, en plena jornada electoral, visitó al expresidente en la embajada de Nicaragua y su campaña divulgó imágenes de ambos abrazados.

Mulino y Martinelli en un acto político
Getty Images
Mulino mostró durante la campaña su cercanía con el expresidente Martinelli.

Los analistas señalan que buena parte de los votantes de Mulino están disconformes con el gobierno actual de Laurentino Cortizo, del Partido Revolucionario Democrático (PRD), y con el sistema político en general.

En un país que durante la pandemia tuvo un severo confinamiento y su primera recesión en años, y donde ahora asoma una desaceleración económica tras la recuperación reciente, esos votantes añoran el crecimiento sostenido próximo a un 8% del PIB anual que hubo en la presidencia de Martinelli.

La base electoral de Martinelli que heredó Mulino para ganar con mayoría simple las presidenciales de una sola vuelta “es una minoría consolidada”, señala Harry Brown Araúz, investigador del Centro Internacional de Estudios Políticos y Sociales (CIEPS) en Panamá.

“Esa parte de la población tiene un recuerdo bueno del período presidencial del presidente Martinelli, donde hubo una dinámica económica muy fuerte”, le dice Brown Araúz a BBC Mundo.

Mulino ha prometido volver a aquellos años de bonanza con creación de empleos, mejoras en la seguridad pública y mayor acceso a servicios como agua potable o electricidad, que escasean sobre todo en zonas rurales e indígenas del país.

Partidarios de Martinelli y Mulino con banderas
AFP
Los votantes de Mulino reivindican las mejores económicas y de infraestructura que hubo durante el gobierno de Martinelli.

También propuso ampliar el metro capitalino que fue inaugurado en 2014 por Martinelli, el primero de Centroamérica, construir carreteras y un tren entre Ciudad de Panamá y el interior, así como parar el creciente flujo de migrantes que entra al país por la selva del tapón del Darién rumbo a EE.UU.

El presidente electo ha ofrecido pocos detalles en campaña de cómo piensa lograr todo eso y Alvarado advierte que “las condiciones económicas no están dadas para regresar a ese crecimiento” del gobierno de Martinelli, que respondía en buena medida a factores exógenos.

Recientemente Panamá ha sufrido una sequía que bajó el nivel de agua y el flujo de barcos en el canal marítimo que es un pilar de su economía.

El cierre de una gran mina de cobre tras las masivas protestas del año pasado por su impacto ambiental le costará al país este año cinco puntos del PIB, que pasará de expandirse 7,5% en 2023 a 2,5% en 2024, según el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Y la deuda pública panameña ha crecido en los últimos años hasta alcanzar US$47 mil millones o la mitad del PIB a fines de 2023.

Alvarado concluye que quienes apoyan a Martinelli y dieron el triunfo a Mulino priorizaron sus logros en el gobierno a los señalamientos de corrupción que les hacían sus adversarios, a veces sin presentar alternativas creíbles.

Manifestante grita durante protesta callejera en Panamá
Getty Images
Panamá se ha visto sacudido por protestas callejeras en años recientes.

Señala además que hay una demanda de “mano dura” de parte de la población contra la criminalidad o para enfocar la migración como un problema de seguridad, lo cual pudo haber beneficiado a Mulino.

Pero para el presidente electo empieza ahora el desafío de gobernar sin mayorías legislativas un país en crisis y que tuvo grandes protestas callejeras recientes, no sólo contra la mina sino también por el costo de vida y su gran desigualdad social.

“En la medida en que las condiciones económicas en Panamá no se den para el crecimiento”, advierte Alvarado, “es probable que las políticas económicas que se tomen sean impopulares y lleven entonces a nuevas movilizaciones”.

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BBC

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