El Círculo Feminista de Análisis Jurídico es una organización feminista cuya misión es lograr que el derecho sea una herramienta accesible que contribuya a la emancipación y autonomía de las mujeres, lo anterior mediante la divulgación de la cultura jurídica desde una perspectiva feminista y colectiva.

La justicia será feminista o no será

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Las madres organizadas contra la violencia vicaria de Chihuahua llevamos dos años en el caminar para que se legisle de acuerdo al momento histórico en el que estamos viviendo. Exigimos la <a href="https://laverdadjuarez.com/2024/08/17/grupos-de-ultraderecha-truenan-la-inclusion-de-violencia-vicaria-en-chihuahua/" target="_blank" rel="noopener">inclusión de la violencia vicaria</a> en la <a href="https://www.congresochihuahua2.gob.mx/biblioteca/leyes/archivosLeyes/153.pdf" target="_blank" rel="noopener">Ley Estatal del Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia</a>.
En Chihuahua, estado con cinco municipios con alerta de género, la violencia contra las mujeres es una realidad alarmante, sin dejar de mencionar que la agenda está retrocediendo en el tema de nuestros derechos: no existe paridad de género en el gabinete, los derechos de las mujeres no es un tema prioritario en la agenda de la gobernadora María Eugenia Campos, y hay un atraso en temas de derechos humanos, como el acceso a pensiones dignas, juicios amigables y alertas Amber en temas de retenciones con agresores vicarios.
Ante esta situación, mujeres que hemos sido víctimas de violencia vicaria nos unimos y organizamos para exigir el reconocimiento de esta figura en la ley como un tipo de violencia específico.
La violencia vicaria es un delito que se comete contra las mujeres, definición ya <a href="https://x.com/DerechosTiempo/status/1762217873039122910" target="_blank" rel="noopener">validada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación</a>, además de que este delito ya ha sido incluido en casi todas las legislaciones estatales del país. Sin embargo, en Chihuahua las autoridades no han tomado medidas para incluir este concepto en la ley.
Por el contrario, en días pasados, el diputado <a href="https://www.congresochihuahua.gob.mx/detalleNota.php?id=10349" target="_blank" rel="noopener">Carlos Olson</a> convocó a un foro al que llamó “Violencia vicaria” en el que incluyó a agresores vicarios, acción que las mujeres que formamos parte del movimiento feminista chihuahuense percibimos como un demérito a la lucha feminista, así como una forma de incitar al odio y al discurso misógino, un intento por utilizar un término que ha sido impulsado mediante el camino jurisdiccional de los derechos humanos por madres que buscan justicia.
Cabe señala que el diputado se caracteriza por sus discursos homofóbicos y misóginos, con una postura negacionista hacia la realidad que vivimos la mujeres en el Estado, siendo importante indicar que cuando se voto la Ley 3de 3, el diputado Olson optó por abandonar el pleno.
Esto es un retroceso en la lucha por los derechos de las mujeres, quienes denunciamos la falta de acción por parte de las autoridades estatales para incluir la violencia vicaria en la ley y proteger a las mujeres y sus hijas e hijos. Este evento no fue más que un ataque a las propuestas de la sociedad organizada contra la violencia vicaria, en donde se desinformó y se le dio voz a agresores vicarios que han sido denunciados por violencia familiar, y a los cómplices de los mismos, que no proponen nada y solo intentan que no se legisle para evitar ser sancionados.
Nuestra colectiva, integrada por mujeres de diversas corrientes políticas, exige la inclusión de la violencia vicaria en la ley y la protección de las mujeres y sus hijos. Los derechos no son objeto de debate; es fundamental que todas y todos vivan en una sociedad que proteja la maternidad.
* Roberta Gutiérrez Cortazar es integrante de la colectiva <a href="https://www.instagram.com/revolucionatena/" target="_blank" rel="noopener">Revolución Atena</a>, representante de Chihuahua en el <a href="https://www.fncvv.com/" target="_blank" rel="noopener">Frente Nacional contra Violencia Vicaria</a>.

Chihuahua sin Ley Vicaria

La Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes (ENAPEA) es una política pública que el Estado mexicano adoptó en 2015 con el objetivo de erradicar para el 2030 el embarazo entre mujeres de 10 a 14 años, y reducirlo en un 50% entre mujeres de 15 a 19 años. Dicha estrategia, además de perseguir la reducción de embarazos en adolescentes, considera algunas líneas de acción para la atención de la maternidad adolescente.
Esta política es importante por diversos motivos. Por un lado, aborda el tema de la heterogeneidad del embarazo en la adolescencia en razón de la edad, reconociendo que existen diferencias en los embarazos que ocurren antes y después de los 15 años; mientras que por otro, incorpora dentro de la población objetivo a los hombres adolescentes.
La estrategia encuentra su justificación en el hecho de que las adolescentes de 15 a 19 años de edad constituyen el grupo de mujeres en edad fértil más grande, y que en los últimos 40 años las adolescentes han disminuido su fecundidad en mucho menor grado que otros grupos de edad (ENAPEA, 2015).
En consecuencia, se dispuso alcanzar 5 objetivos específicos a lograr mediante 19 líneas de acción y 90 actividades.
Algunas consideraciones relevantes sobre la política pública
La ENAPEA describe al embarazo adolescente -y, por consiguiente, se podría decir que a la maternidad- como un “problema poblacional que amplía las brechas sociales y de género” (ENAPEA, 2015: 3), connotación que si bien se apega a la caracterización que realiza el derecho internacional de los derechos humanos, impone una carga negativa susceptible de generar un estigma sobre quienes ya son madres.
Cabe señalar que en 2018 el Comité CEDAW hizo manifiesta su preocupación por la insuficiencia de recursos financieros y humanos destinados a la implementación efectiva de la estrategia, cuestión que puede impedir la reincorporación de las madres adolescentes al sistema educativo, por lo que recomendó al Estado mexicano garantizar la suficiencia de recursos para la aplicación de la Estrategia.
Adicionalmente el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo hizo la observación de que la ENAPEA carece de medidas apropiadas e idóneas para la atención de la maternidad adolescente, sosteniendo que, además de la prevención, deben plantearse acciones para quienes ya son madres y padres adolescentes, es decir, políticas que permitan a las beneficiadas la acumulación de capacidades y habilidades después de convertirse en madres.
Es relevante precisar que, en septiembre de 2021 fue aprobada la “Segunda Fase de la Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes 2021-2024”, en la que se hicieron algunos ajustes a la política existente.
Respecto estas modificaciones, se valora positivamente que, a diferencia de la conformada en 2015, la actual incluye en el análisis el consumo de alcohol y otras drogas, cuestión que es importante para examinar los riesgos que dichas prácticas representan para las y los adolescentes.
Asimismo, se presentan directrices que fortalecen la coordinación entre las instituciones involucradas e integra mayores elementos para trabajar con los hombres adolescentes, sobre todo en temas como la corresponsabilidad y difusión de nuevas masculinidades.
También se robusteció la exégesis con el enfoque interseccional, lo que permite conocer a detalle las diferencias que existen entre las y los adolescentes con motivo del lugar de residencia, género, pertenencia étnica, condición socieconómica y lengua, así como la forma en que esas particularidades inciden en el acceso a los derechos.
Sin embargo, solo retomaron 4 de los 5 componentes que se habían previsto en la Estrategia de 2015, quedando fuera el relativo a las &#8220;oportunidades laborales apropiadas para la edad&#8221;. De esta manera, la nueva estrategia se aboca a satisfacer el derecho a la educación, y derechos sexuales y reproductivos.
Dicha modificación acota aún más la integralidad de la política pública, y transgrede el principio de progresividad y no regresión de los derechos, en virtud del cual no pueden establecerse medidas que incidan sobre lo previamente alcanzado, a menos que haya una razón objetiva y razonable, o se compruebe que el Estado mexicano hizo todo lo posible por evitar que esto ocurriera.
No obstante, del análisis del documento sobre la Segunda Fase se observa apenas una justificación de que el acotamiento se efectúa para redireccionar y concentrar los esfuerzos, <a href="#_ftn1" name="_ftnref1">1</a> sin que esto pueda considerarse una argumentación suficiente.
Sumado a ello, dicha estrategia se dirige principalmente a igualar las oportunidades mediante la resolución de necesidades prácticas, sin llegar a planear medidas que consideren los intereses estratégicos, y abonen a la resolución de las relaciones de poder y la subordinación.
En suma, la política orientada a la protección de los derechos de las adolescentes embarazadas y madres adolescentes se intensifica para prevenir el embarazo adolescente, se torna moderada para garantizar la atención obstétrica y retención escolar, y disminuye considerablemente para proteger a las madres adolescentes.
Esta tendencia a dejar al margen la atención a la maternidad en este momento de la vida, es contraria al enfoque de derechos en virtud del cual los fenómenos deben analizarse en su integralidad y no de manera aislada.
En este sentido, observar el fenómeno de la reproducción en la adolescencia desde los enfoques de género y de derechos implica ir más allá de solo prevenir el embarazo y conmina al Estado a sentar las bases para la atención de la maternidad en la adolescencia.
Lo anterior considerando que, no obstante es oportuno que se prevenga la gestación en adolescentes, también lo es que por diversas razones que van más allá de la ausencia de métodos anticonceptivos o de conocimiento para utilizarlos -argumentos comúnmente utilizados para sustentar la prevención del embarazo-, hay mujeres que se convierten en madres durante este periodo, lo que obliga al Estado a constituir un marco jurídico y políticas públicas, que garanticen y protejan los derechos de quienes ya son madres.
Lograr una atención integral y adecuada de la maternidad adolescente en el país nos obliga a la reflexión sobre la forma en que se está abordando el fenómeno y a repensar en las medidas que hasta ahora se han acuñado.
<a href="https://twitter.com/CirculoAnalisis" target="_blank" rel="noopener">@CirculoAnalisis</a>
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Bibliografía:
Comité para la Eliminación de toda Forma de Discriminación contra la Mujer (Comité CEDAW), 2018, Observaciones finales sobre el noveno informe periódico de México (CEDAW/C/MEX/CO/9) en sus sesiones 1608a y 1609a, celebradas en julio de 2018.
Gobierno de la República, 2015, Estrategia Nacional para la Prevención de Embarazo Adolescente, ENAPEA.
INSTITUTO NACIONAL DE LAS MUJERES, 2021, Segunda Fase de la Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes 2021-2024.
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<a href="#_ftnref1" name="_ftn1">1</a> Al respecto, en el documento de la Segunda Fase se lee: “El actual gobierno de México presentó una segunda fase de la ENAPEA: la ENAPEA 2021-2024. Con ella se busca reorientar las actividades en el contexto de la actual transformación del país y articularlas con las prioridades y los programas de la nueva administración” (Segunda Fase ENAPEA, 2021: 8). La “reorientación” se basó a su vez en los insumos presentados por Eurosocial, institución que en noviembre de 2020 presentó una evaluación de la ENAPEA, donde se recomendó que la estrategia “focalice sus esfuerzos en un conjunto básico y crítico de intervenciones que afectan los determinantes próximos del embarazo en la adolescencia: detección temprana del abuso sexual y el embarazo forzado; educación sexual integral en las escuelas y otros espacios comunitarios para captar a la población adolescente no escolarizada y consejería en salud sexual y reproductiva y dispensa de método anticonceptivos.

Embarazo en adolescentes: derechos que no se consideran, aspectos de la vida que no se protegen

Embarazo Adolescente: sin derechos y sin protección

El pasado 15 de marzo, el Senado de la República ratificó el Convenio 190 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) o Convenio sobre la violencia y el acoso laboral. Expertos en la materia y organizaciones de la sociedad civil han expresado su importancia para la protección a los derechos humanos en nuestro país. Por esta razón, desde la Círcula consideramos relevante profundizar en los efectos que tendrá este convenio en las obligaciones del Estado y de los particulares, poniendo particular atención en una de las industrias más feminizadas a nivel internacional: la industria indumentaria. <a href="#_ftn1" name="_ftnref1">1</a>
Como bien señala Intersecta, uno de los beneficios más relevantes para las y los trabajadores con la ratificación de este convenio será la visión sistemática <a href="#_ftn2" name="_ftnref2">2</a> al abordar el fenómeno de la violencia y el acoso, poniendo énfasis en las medidas preventivas y de reparación. Además, atiende la necesidad de analizar las diferentes violencias centrándose en las personas afectadas, sin que la única manera de administrar justicia sea a través de la vía penal.
Adicionalmente, el convenio hace hincapié en la necesidad de adoptar un enfoque inclusivo e integral que tome en cuenta las consideraciones por género, pero no solamente eso, ya que se debe de garantizar el derecho a la igualdad y a la no discriminación de todas las personas, en especial de los grupos en situación de vulnerabilidad que estén afectados de manera desproporcionada por la violencia. Asimismo, la protección de este convenio es tan amplia que toma en cuenta a todas las personas que trabajan, sin importar la situación contractual en la que se encuentren, es decir, a trabajadoras en formación, pasantes, voluntarias, postulantes a empleo, entre otras.
Como se mencionó anteriormente, la Círcula considera importante analizar la situación de las niñas y mujeres trabajadoras, quienes representan la mayor parte de la mano de obra dentro de la industria del calzado y del vestido en nuestro país. Con base en el “Índice de la Transparencia de la Moda en México 2021” , <a href="#_ftn3" name="_ftnref3">3</a> elaborado por Fashion Revolution, se estima que a nivel internacional entre el 70% y el 80% de la fuerza laboral del sector de las prendas de vestir confeccionadas en los países productores son mujeres con bajos niveles de educación y, con frecuencia, menores de edad. <a href="#_ftn4" name="_ftnref4">4</a> Sumado a esto, de acuerdo con la OIT, los salarios de las mujeres dentro de la industria textil, la confección y el calzado son inferiores a los de los hombres a nivel internacional.
En México, esta industria contribuye aproximadamente con el 2.4% del PIB del sector manufacturero. Solo en 2018, el sector del vestido empleó a más de medio millón de personas, en su mayoría mujeres. En cuanto al sector del calzado, México es el noveno productor mundial, encabezado por el estado de Guanajuato, donde se fabrican 7 de cada 10 pares de zapatos en el país. <a href="#_ftn5" name="_ftnref5">5</a>
De acuerdo con el INEGI y la Cámara Nacional de la Industria del Vestido (CANAIVE), en México las mujeres representan 68% de la fuerza de trabajo en la industria de la confección de prendas de vestir, a comparación con el 35% que representan en la industria manufacturera en general. <a href="#_ftn6" name="_ftnref6">6</a> Sin embargo, con base en el Índice de Transparencia de la Moda en México 2021, estos porcentajes no toman en cuenta los eslabones de la cadena vinculados con el diseño de la prenda, la producción de insumos o la comercialización, entre otras actividades; por lo que seguramente el porcentaje de la participación de la mujer es mucho más alto.
Además, también se concluyó que el 90% de las marcas evaluadas no divulgan información sobre salarios, prestaciones, horarios de trabajo, días de descanso y el pago de horas extra. Solamente el 3% publica anualmente la diferencia salarial entre hombres y mujeres, incluyendo la distribución de los puestos de trabajo dentro de la empresa, así como la prevalencia de violaciones laborales por razón de género en las instalaciones de sus proveedores.
Por lo tanto, en una industria en la que la mayoría de las trabajadoras son mujeres, las violaciones a sus derechos humanos (como lo es el acoso sexual, la desigualdad en la remuneración y de oportunidades) requieren ser analizadas de manera diferenciada y con perspectiva de género, y resulta preciso preguntarnos lo siguiente: ¿es el Convenio 190 de la OIT un mecanismo jurídico de cambio social en favor de la vida de las niñas y mujeres trabajadoras de nuestro país?
Con base en este convenio, el Estado mexicano tiene la obligación de crear mecanismos de prevención, atención y reparación para las diferentes violencias que pueda llegar a vivir una persona en el ámbito laboral, sin embargo, esta obligación no es exclusiva de las autoridades mexicanas, ya que el Convenio aplica a todos los sectores: público o privado, de la economía formal e informal. 
Es momento de que las grandes empresas de la industria del calzado y del vestido en México se hagan responsables de las violaciones a los derechos humanos que persisten en las cadenas de suministros <a href="#_ftn7" name="_ftnref7">7</a> de sus estrategias de negocio. Es un hecho que la industria indumentaria tiene grandes beneficios en la economía de nuestro país, en el sentido de que proporciona puestos de trabajo a las personas; sin embargo, también tiene efectos negativos, dado que esos puestos de trabajo suelen ser precarios, mal pagados, basados en la explotación y carentes de protección de los derechos laborales y humanos de las personas.
El colapso de la fábrica de ropa de Chimalpopoca, causado por el terremoto del 19 de septiembre de 2017, demostró que la fuerza laboral de la industria de la confección en México sigue trabajando en condiciones deplorables. La industria indumentaria sigue sin conocer las condiciones de trabajo que prevalecen en las fábricas en donde se producen las mercancías que venden. Las empresas no solamente son responsables de sus relaciones comerciales directas, también son responsables de la protección a los derechos laborales de las personas que se encuentran dentro de toda su cadena de suministro.
A partir de la ratificación del Convenio 190 de la OIT contaremos con mecanismos más amplios de protección para las personas trabajadoras, sin embargo, es necesario contar con la implementación de políticas públicas por parte del Estado, así como con políticas de transparencia e instrumentos de prevención, atención y reparación dentro de las empresas, que tomen en cuenta los contextos y violencias que atraviesan a las personas que laboran en esos espacios.
* Ivanna Ramos González es cofundadora y abogada de la Círcula (<a href="https://twitter.com/CirculoAnalisis" target="_blank" rel="noopener">@CirculoAnalisis</a>).
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<a href="#_ftnref1" name="_ftn1">1</a> De manera general, abarca la confección de prendas, calzados y otras piezas que usan las personas para vestirse.
<a href="#_ftnref2" name="_ftn2">2</a> Disponible <a href="https://front.animalpolitico.com/blog-de-intersecta/siete-razones-para-ratificar-convenio-190-de-la-oit/" target="_blank" rel="noopener">aquí</a>.
<a href="#_ftnref3" name="_ftn3">3</a> Disponible <a href="https://issuu.com/fashionrevolution/docs/006ar_fti_reporte_2021_espan_ol_071221" target="_blank" rel="noopener">aquí</a>.
<a href="#_ftnref4" name="_ftn4">4</a> De acuerdo con el Sistema de Clasificación Industrial de América del Norte (SCIAN) entre la población de 5 a 17 años se estimó que existen 51 mil niñas, niños y adolescentes que realizan actividades en la industria del vestido y del calzado en 2017. Según estas estimaciones, el estado con mayor trabajo infantil y adolescente sería Puebla con 36.1%, seguido del estado de Guanajuato con 23.7% respecto del total nacional.
<a href="#_ftnref5" name="_ftn5">5</a> Cámara de la Industria del Calzado de Guanajuato, 2018. Estadísticas a propósito de la Industria del Calzado, INEGI 2014.
<a href="#_ftnref6" name="_ftn6">6</a> INEGI y CANAIVE (2019), Colección de estudios sectoriales y regionales Conociendo la Industrias del vestido, México.
<a href="#_ftnref7" name="_ftn7">7</a> Es el conjunto de actividades, instalaciones y medios de distribución necesarios para llevar a cabo el proceso de venta de un producto en su totalidad. Esto es, desde la búsqueda de <a href="https://economipedia.com/definiciones/materia-prima.html" target="_blank" rel="noopener">materias primas</a>, su posterior transformación y hasta la fabricación, transporte y entrega al <a href="https://economipedia.com/definiciones/consumidor.html" target="_blank" rel="noopener">consumidor</a> final.

Ratificación de Convenio 190 de la OIT: avance en los derechos de las trabajadoras de la industria indumentaria

Convenio 190 OIT: derechos de las trabajadoras de la industria indumentaria

Recientemente se publicó la sentencia del caso Digna Ochoa y familiares Vs. México <a href="#_ftn1" name="_ftnref1">1</a>. La resolución versa sobre la muerte de Digna Ochoa, una defensora de derechos humanos que representó casos de alto nivel y cuyo reconocimiento traspasó fronteras.  La Corte Interamericana determinó, entre otras cosas, que en la investigación de la muerte de  Digna Ochoa se usaron y aplicaron estereotipos de género que obstaculizaron el procedimiento.
México es un lugar especialmente riesgoso para las defensoras de derechos humanos. Conforme a la relatora especial sobre este tema, nuestro país destaca por ser uno de los que presentan mayor cantidad de personas defensoras asesinadas.<a href="#_ftn2" name="_ftnref2">2</a> La situación se complejiza cuando son mujeres quienes realizan esta labor. Al respecto, la Corte Interamericana destacó que las mujeres defensoras de derechos humanos tienen que enfrentar obstáculos adicionales, tales como ser estigmatizadas, recibir comentarios misóginos, o  que  por el hecho de ser mujeres sus denuncias no son tomadas con seriedad.<a href="#_ftn3" name="_ftnref3">3</a> Además, es común que sean amedrentadas con amenazas de violencia sexual y que sean víctimas de feminicidio y violación, entre otro tipo de violencias.<a href="#_ftn4" name="_ftnref4">4</a>
A esta situación de riesgo se suma que, en muchas ocasiones, el ser una persona defensora de derechos humanos en México es un trabajo precarizado. Son contadas las organizaciones dedicadas a la defensa de derechos humanos que ofrecen a su personal prestaciones laborales básicas como seguridad social. Es común que quienes dedican su vida laboral a esta tarea tengan contratos a corto plazo o trabajen en calidad de consultoras. Esto, en el supuesto que el dedicarse a defender derechos humanos sea un trabajo con retribución económica y una actividad a la que la persona se dedique por elección. En muchos otros casos, quienes desempeñan estas actividades lo hacen sin recibir un sueldo debido a que no tienen otra opción, ya a que el bienestar de su comunidad, el acceso a la justicia por casos como la desaparición o el asesinato de un ser querido, o la salvaguarda de su vida misma, dependen de ello. Esta situación tiene un impacto en la calidad de vida, la salud, la seguridad e incluso en la integridad de quienes defienden derechos humanos.
El caso de Digna Ochoa toma especial relevancia debido a su renombre como defensora y por el contexto en el que ocurrió su muerte. Después de haber sufrido una serie de amenazas relacionadas con su activismo, el 19 de octubre de 2001 Digna Ochoa fue hallada sin vida, con un disparo en la cabeza y otro en la pierna. A pesar de las amenazas que había sufrido, se descartó que Digna hubiera sido víctima de homicidio y se determinó que no era procedente el ejercicio de la acción penal, ya que lo más probable era que su muerte se debiera a un “suicidio disimulado”.<a href="#_ftn5" name="_ftnref5">5</a>
Durante la investigación ocurrieron diversos sucesos encaminados a manchar la imagen de Digna. En palabras de la abogada Karla Michelle, también defensora de derechos humanos y representante del caso, la estrategia de las autoridades fue desacreditarla, hacerla ver &#8220;como una loca” y  sustentar la hipótesis del suicidio <a href="#_ftn6" name="_ftnref6">6</a>.
Entre otras pruebas, las determinaciones relativas al suicidio se basaron en dictámenes de psicología forense, en los cuales se observan diversos estereotipos de género. Para tratar de demostrar que Digna padecía un trastorno psicológico o de personalidad, el personal de servicios periciales usó como evidencia elementos de su vida privada, como por ejemplo, que sus relaciones sentimentales eran poco estables. Igualmente, el personal de servicios periciales argumentó como evidencia una supuesta interrupción del embarazo de la defensora. Al respecto, señalaron que esto era un “hecho significativo” y que no obstante a que “se decía muy apegada a la religión católica”, la defensora no tuvo “sensación de culpa”. Además, la labor como defensora de Digna fue contextualizada como algo negativo, toda vez que se señaló que, derivado de su labor en defensa de los derechos humanos, Digna tenía “tendencia al sufrimiento&#8221;. <a href="#_ftn7" name="_ftnref7">7</a>
Así, de un plumazo, Digna Ochoa pasó de ser una activista reconocida internacionalmente por su trabajo, para convertirse en una mujer “exigente”, “religiosa” con un “fuerte sentimiento de ira”, “relaciones interpersonales inestables”, que podía padecer de “histeria conversiva”.
El tribunal señaló que estas conclusiones basadas en estereotipos de género devalúan a  la víctima y buscan &#8220;justificar los crímenes cometidos contra esta y/o encubrir a la o las personas responsables&#8221;. Además, la Corte destacó que los estereotipos de género en la investigación afectan la objetividad del personal encargados de dar seguimiento a las denuncias, ya que influyen en su &#8220;percepción para determinar si ocurrió o no un hecho de violencia, en su evaluación de la credibilidad de los testigos y de la propia víctima&#8221;. <a href="#_ftn8" name="_ftnref8">8</a>
La sentencia advierte que la investigación sobre la muerte de Digna Ochoa estuvo viciada por estereotipos de género, que los peritajes apelaron a aspectos íntimos con el objetivo de afectar la imagen y credibilidad de la defensora de derechos humanos. Además, se invisibilizó el contexto de su labor como defensora y las amenazas que había sufrido, poniendo mayor énfasis en aspectos de su vida personal, afectando negativamente a la investigación y a la valoración de la prueba.<a href="#_ftn9" name="_ftnref9">9</a>
En otras ocasiones la Corte se ha pronunciado respecto al impacto que los estereotipos de género tienen en  las investigaciones de casos de violencia contra las mujeres. En el paradigmático caso de Campo Algodonero,<a href="#_ftn10" name="_ftnref10">10</a> el tribunal destacó que diversas denuncias por desaparición de jóvenes fueron minimizadas por las autoridades, quienes desacreditaban a las víctimas bajo el pretexto de que “andaban con el novio” o “andaban de voladas”. En un contexto similar, en el caso Velázquez Paiz Vs Guatemala,<a href="#_ftn11" name="_ftnref11">11</a> la Corte Interamericana señaló que la desaparición y posterior feminicidio de una joven no fueron investigados diligentemente. Lo anterior, toda vez que la chica había estado en una fiesta la noche previa a su desaparición, el cuerpo fue encontrado con aliento alcohólico y debido a su vestimenta y accesorios las autoridades estimaron que su perfil correspondía “al de las pandillas y al de una prostituta” y por lo tanto, su muerte no debía investigarse.
La muerte de Digna Ochoa y los estereotipos de género que se presentaron durante su investigación ocurrieron hace más de veinte años; se esperaría que después de tanto tiempo estos vicios hubieran desaparecido. Desafortunadamente no es así. Tan solo hace un par de años el actual gobernador de Puebla,<a href="#_ftn12" name="_ftnref12">12</a> el exalcalde de Ecatepec <a href="#_ftn13" name="_ftnref13">13</a> y el anterior gobernador de Nuevo León <a href="#_ftn14" name="_ftnref14">14</a> declararon públicamente que las mujeres desaparecidas en realidad huían de casa o se iban con el novio. Por no mencionar todos los comentarios y actitudes machistas que se siguen presentando cotidianamente por parte del personal a cargo de garantizar el acceso a la justicia.
Al respecto, la Corte interamericana ha señalado de forma reiterada que los estereotipos de género son una  &#8220;pre-concepción de atributos, conductas o características poseídas o papeles que son o deberían ser ejecutados por hombres y mujeres respectivamente, y que es posible asociar la subordinación de la mujer a prácticas basadas en estereotipos de género socialmente dominantes y socialmente persistentes.&#8221; De acuerdo al tribunal, estos estereotipos son causa y consecuencia de la violencia en contra de las mujeres y resultan especialmente graves cunado se aplican en prácticas y razonamientos por parte de las autoridades.<a href="#_ftn15" name="_ftnref15">15</a>
La sentencia sobre el caso Digna Ochoa, entre otras cosas, pone de manifiesto la importancia de erradicar estereotipos de género en el largo camino del acceso a la justicia para las mujeres. Si bien hay avances significativos como la creación de protocolos, lineamientos, leyes y en general una mayor conciencia sobre la importancia de prevenir que continúen replicándose estereotipos de género, la cultura machista sigue instalada en nuestro país y por lo tanto, no ha  salido de nuestras fiscalías, juzgados, policías de investigación, ni servicios periciales.
Además, esta decisión de la Corte puede ser considerada como un homenaje y reconocimiento a la labor de todas las defensoras de derechos humanos en México. A ellas, que ponen su corazón, su empeño y su cuerpo para defender nuestro derecho a decidir, nuestro medio ambiente, nuestro territorio, nuestras vidas, gracias.
* Ana Laura Velázquez Moreno (<a href="https://twitter.com/ana_velamor" target="_blank" rel="noopener">@ana_velamor</a>) es cofundadora y abogada de la Círcula (<a href="https://twitter.com/CirculoAnalisis" target="_blank" rel="noopener">@CirculoAnalisis</a>).
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<a href="#_ftnref1" name="_ftn1">1</a> Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Digna Ochoa y Familiares Vs. México, 25 de noviembre de 2021
<a href="#_ftnref2" name="_ftn2">2</a> Consejo de Derechos Humanos, Informe de la Relatora Especial sobre la situación de los defensores de los derechos humanos, Mary Lawlor, de 24 de diciembre de 2020, A/HRC/46/35, párrs. 4, 41, 44 y 45
<a href="#_ftnref3" name="_ftn3">3</a> Caso Digna Ochoa y Familiares Vs. México, párr. 48
<a href="#_ftnref4" name="_ftn4">4</a> Consejo de Derechos Humanos, Informe del Relator Especial sobre la situación de los defensores de los derechos humanos, de 10 de enero de 2019, A/HRC/40/60, párr. 42.
<a href="#_ftnref5" name="_ftn5">5</a> Caso Digna Ochoa y Familiares Vs. México, párr.126
<a href="#_ftnref6" name="_ftn6">6</a> Serie documental #DignaDigna, Capítulo 1, disponible <a href="http://www.dignaochoa.com/​​" target="_blank" rel="noopener">aquí</a>.
<a href="#_ftnref7" name="_ftn7">7</a> Ídem.
<a href="#_ftnref8" name="_ftn8">8</a> Caso Digna Ochoa y Familiares Vs. México, párr. 128
<a href="#_ftnref9" name="_ftn9">9</a> Caso Digna Ochoa y Familiares Vs. México, párr. 128
<a href="#_ftnref10" name="_ftn10">10</a> Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso González y otras (“Campo Algodonero”) Vs. México, 16 de noviembre de 2009
<a href="#_ftnref11" name="_ftn11">11</a> Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Velásquez Paiz y otros Vs. Guatemala, 19 de noviembre de 2015
<a href="#_ftnref12" name="_ftn12">12</a> Disponible <a href="https://www.eluniversal.com.mx/estados/otra-de-barbosa-mujeres-no-desaparecen-veces-se-van-con-el-novio" target="_blank" rel="noopener">aquí</a>.
<a href="#_ftnref13" name="_ftn13">13</a> Disponible <a href="https://www.chilango.com/ciudad/desaparecidas-ecatepec-indalecio/" target="_blank" rel="noopener">aquí</a>.
<a href="#_ftnref14" name="_ftn14">14</a> Disponible <a href="https://psn.si/bronco-resbala-nuevo-a-lo-mejor-se-fueron-novio-dice-del-secuestro-mujeres/2016/06/" target="_blank" rel="noopener">aquí</a>.
<a href="#_ftnref15" name="_ftn15">15</a> Caso González y otras (“Campo Algodonero”) Vs. México, párr. 401,  Caso Velásquez Paiz y otros Vs. Guatemala, párr. 180,  Caso López Soto y otros Vs. Venezuela, párr. 235, Caso Digna Ochoa y Familiares Vs. México, párr. 123

Digna Ochoa, de defensora de derechos humanos a loca histérica

Hace cuatro años, las integrantes de la Círcula comenzamos a reunirnos para dialogar acerca de varias cosas que nos inquietaban, particularmente la gran distancia que existe entre el Derecho y las mujeres, situación que vemos reflejada en los obstáculos para el acceso a la justicia, el ejercicio del derecho a una vida libre de violencia, a la igualdad y no discriminación, entre otros.
Después de algunos meses de encuentros y pláticas informales, llegó el momento de concretar nuestras ideas. Fue así que comenzó el Círculo Feminista de Análisis Jurídico (alias “La Círcula”), una organización de abogadas feministas cuyo objetivo principal es que el Derecho se transforme en una herramienta útil para las mujeres.
Pues bien, en este año donde nos tocó crecer y consolidarnos también tuvimos que considerar un aspecto muy importante para asegurar el desarrollo progresivo y sostenible de nuestra organización: el autocuidado de quienes defendemos los derechos humanos.
Por tanto, a propósito del cierre de los 16 días de activismo por la eliminación de la violencia contra la mujer que corrió del 25 de noviembre al 10 de diciembre, Día Internacional de los Derechos Humanos, y del Día Internacional de las Defensoras de Derechos Humanos, ocurrido el pasado 29 de noviembre; decidimos aprovechar este espacio para reflexionar acerca de los derechos de quienes los cuidan.
Cuidar a quienes cuidan
La crisis climática, la pobreza y la desigualdad, las graves violaciones a derechos humanos y otras formas de violencia se han convertido en el continuo de reproducción de la vida a costa del trabajo de cuidados no remunerado de mujeres, diversidades y grupos históricamente vulnerados.
Las defensoras mesoamericanas han nombrado que el sistema actual de reproducción de la vida en sociedad genera en sí mismo un estado continuo de crisis que se ve materializado en contextos de violencia generalizada, y que somos nosotras y nosotres las que terminamos cargando con las cuentas, deudas y consecuencias de estos desbordamientos<a href="#_ftn1" name="_ftnref1">1</a>.
Cuidar ha sido una narrativa reapropiada y transformada por muchos sectores de la sociedad: las mismas personas cuidadoras, las instituciones responsables de garantizar el cumplimiento de derechos, el Estado y sus representantes.
La defensa de los derechos humanos, por su parte, se ha tenido que consolidar como un derecho a ser garantizado por los Estados, pues el solo hecho de organizarse, de cuidar de la vida existente en las comunidades, o en la defensa de la tierra, el territorio y resistir a las injusticias puede ser, en muchos contextos, objeto de graves violaciones a los derechos humanos de las personas defensoras<a href="#_ftn2" name="_ftnref2">2</a>.
Lo anterior pese a que, en términos éticos, la realización de dichas acciones sea de suma importancia para sostener la vida existente, paliar las injusticias y acompañar los traumas de la violencia.
Apuestas reales para poner el cuidado al centro
La crisis civilizatoria que nos atraviesa amerita poner en el centro del debate la sostenibilidad de la vida. Esto exige, en el entorno adverso al que nos hemos enfrentado como humanidad durante los últimos dos años, establecer medidas institucionales, comunitarias e individuales respecto a los cuidado.
Para ejemplificar lo anterior traemos el caso del Fondo Semillas, organización feminista que busca mejorar la vida de las mujeres en el país en diferentes dimensiones, la salud, a la educación, al trabajo digno, a tomar sus propias decisiones, a la justicia y a la felicidad.
Durante el acompañamiento que brinda a las co-partes, Fondo Semillas además de buscar la sostenibilidad financiera, procura dotarnos de diversas herramientas para el autocuidado mediante asesoría para el fortalecimiento administrativo y financiero, así como a través de  actividades orientadas a la atención de las necesidades específicas, que van desde capacitaciones para el desarrollo de habilidades de vocería, hasta encuentros destinados al intercambio de ideas y herramientas para la defensa de los derechos humanos de las mujeres.
Sobre el particular, recientemente organizó el encuentro “¿Cómo acompañar a las que acompañan? Una apuesta feminista de acompañamiento”, en el que tuvimos oportunidad de escuchar a Sara Beatriz Álvarez, defensora de derechos humanos y oriunda de Guatemala, quien habló acerca de los procesos de acompañamiento y sanación, para las organizaciones.
En este espacio, mujeres que acompañamos situaciones de violencias de género, física y sexual, de violencia feminicida, de aborto y familiares de personas desaparecidas coincidimos en la necesidad de transformar los impactos que genera acompañar situaciones de graves violaciones a los derechos humanos.
Encontrarnos con nuestras compañeras, con quienes diariamente cuidan y defienden los derechos humanos en condiciones de desigualdad incluso a costo de su propio bienestar, existencias y cuerpos, nos hizo reflexionar sobre la importancia de que la forma actual de reproducción de la vida en sociedad, de la economía y de la distribución de las riquezas ponga en el centro de la discusión a los cuidados y a las personas que cuidan, que se identifiquen medidas de urgencia a manera de reparación y resarcimiento que nuestro entorno necesita.
Sin estas labores, la reproducción de la vida en sociedad simplemente sería insostenible. Sin la protección de los derechos de quienes los cuidan, también.
* Rita Muciño es directora de la Círcula. Alex Guzmán es colaboradora.
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<a href="#_ftnref1" name="_ftn1">1</a> Véase: Las Vanders, Lecturas de la crisis desde la sostenibilidad de la vida. Disponible <a href="https://www.facebook.com/watch/live/?ref=watch_permalink&amp;v=785030335460489" target="_blank" rel="noopener">aquí</a>.
<a href="#_ftnref2" name="_ftn2">2</a> Las defensoras mesoamericanas registraron entre 2018 y 2019 al menos 4,119 agresiones en contra de defensoras de derechos humanos. “Durante 2020 las alertas que emitimos se incrementaron en un 123% y 21 compañeras fueron asesinadas.” Véase: IM-Defensoras, Comunicado: Hoy más que nunca es momento de cuidarnos colectivamente y sanar juntas. Disponible <a href="https://im-defensoras.org/2021/11/hoy-mas-que-nunca-es-momento-de-cuidarnos-colectivamente-y-sanar-juntas/" target="_blank" rel="noopener">aquí</a>.

Derechos humanos para quienes cuidan

El día de hoy 10 de diciembre se conmemora un año más de la adopción de la Declaración Universal de Derechos Humanos por parte de la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1948. Parecen lejanas las discusiones que durante más de tres década se suscitaron en la Asamblea General, respecto a argumentar que los derechos de las mujeres son derechos humanos, desde la Primera Conferencia Internacional de la Mujer en 1975 en Ciudad de México, hasta la década de los noventas con la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing, adoptada de forma unánime por 189 países.  Y es que la génesis ciudadana de los derechos humanos propició que durante mucho tiempo las nociones dominantes tuvieran implícitamente a un hombre como su arquetipo.<a href="#_ftn1" name="_ftnref1">1</a>
Sin duda alguna el reconocimiento jurídico que impulsó la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) hacia el interior de los Estados, ha sido una de las herramientas más importantes que los movimientos organizados de mujeres utilizaron para la conquista de derechos en sus sociedades. Al respecto, las feministas latinoamericanas desarrollaron una teoría -y práctica&#8211; de los derechos de las mujeres como derechos humanos, en una conversación transnacional.<a href="#_ftn2" name="_ftnref2">2</a>
Sin embargo, las graves crisis de derechos humanos siguen hoy en día teniendo efectos devastadores sobre los cuerpos y vidas de las mujeres, pues pareciera que esas declaraciones ético filosóficas caminan en un sentido muy diferente a los modelos económicos de &#8220;desarrollo&#8221; que avasallan los territorios de América Latina. ¿Que qué tiene que ver una cosa con la otra?
A propósito, el 29 de Noviembre se conmemora el Día Internacional de las Defensoras de Derechos Humanos, y desde hace algunos años organizaciones sociales a lo largo de las Américas y organismos internacionales de protección a derechos humanos han alertado a los gobiernos sobre la violencia ejercida contra personas que defienden derechos humanos,<a href="#_ftn3" name="_ftnref3">3</a> puntualmente para defensoras de la tierra y el territorio. Episodios como el asesinato de Berta Cáceres en Honduras impulsando la resistencia del pueblo indígena Lenca a la construcción de la represa de Agua Zarca o el crimen de odio ejercido contra Marielle Franco en Brasil, evidencian que la elemental alianza entre capital y aparato represivo es la célula fundamental de ejercicio de poder colonial y patriarcal sobre nuestros territorios.
América Latina es una de la regiones en donde más violencia contra personas defensoras de derechos humanos se presenta. En 2006 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos expresaba que las agresiones, amenazas y hostigamientos, utilizadas como instrumento para entorpecer y obstaculizar la labor desarrollada por defensoras y defensores de derechos humanos constituye un patrón identificable en muchos países de la región&#8220;.<a href="#_ftn4" name="_ftnref4">4</a> Tan solo en septiembre del 2020, en medio de una pandemia mundial,  la Red Nacional de Defensoras registró un total 374 agresiones a defensoras y periodistas.
No es desconocido para los movimientos organizados de mujeres y feministas que gran parte de las actividades para la sostenibilidad de la vida la realizan mujeres y feminidades que por socialización tienen a su cargo estas labores y que la economía feminista ha nombrado como trabajo no pago<a href="#_ftn5" name="_ftnref5">5</a>. Sin embargo, aún dicha obviedad no es así para la sociedad general, y en algunas ocasiones, incluso tampoco lo es para nosotras mismas como activistas. Por ello las estrategias de autocuidado al interior de las organizaciones deben ser consideradas prioritarias como parte de los procesos y apuestas políticas colectivas.<a href="#_ftn6" name="_ftnref6">6</a>
Otro de los aportes de la economía feminista<a href="#_ftn7" name="_ftnref7">7</a> consiste de poner en el centro de la discusión cómo la crisis civilizatoria, global económica<a href="#_ftn8" name="_ftnref8">8</a> afecta de manera grave y diferenciada las corporalidades e identidades de mujeres, mujeres indígenas, lesbianas, bisexuales, transexuales y travestis, no binarias, intersexuales, personas racializadas y en condiciones estructurales de desigualdad, no es cosa menor.
En aras de la promesa de la igualdad nos “incorporaron” al sistema financiero global<a href="#_ftn9" name="_ftnref9">9</a>, mediante mecanismos de empobrecimiento y marginalización como la deuda<a href="#_ftn10" name="_ftnref10">10</a>, la militarización, el prohibicionismo, los recortes presupuestarios, actos que atentan contra la vida, agravando la situación de riesgo contra nuestra integridad física y mental por las expresiones patriarcales de castigo y control que tienen las amenazas y agresiones contra defensoras de derechos humanos.
A dichos escenarios vino a sumarse la gran incertidumbre sobre cómo repercutirá en la vida las mujeres y diversidades el impacto del COVID- 19 en el sistema financiero global. La respuesta de los gobiernos, por lo menos para los territorios de América Latina, agravan la situación de vulnerabilidad en la que ya nos encontrábamos. Como dio cuenta el Fondo de Acción Urgente para América Latina y el Caribe, las respuestas han sido con ataques en contra de lxs y las defensoras de derechos humanos, la criminalización del activismo (por parte de los Estados), el aumento de la violencia, la represión de los movimientos sociales, la militarización y la vigilancia.<a href="#_ftn11" name="_ftnref11">11</a>
La adhesión a tratados internacionales obliga al Estado mexicano a destinar recursos para el cumplimiento de los derechos. Debería ser ejercicio de derechos pasar de la declaración a la política pública, conforme a los artículos 2 y 26 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos sobre el uso del máximo de los recursos disponibles y sobre la progresividad de los DESC. En ese sentido, México ya ha sido sentenciado por no tomar medidas para atender las forma de violencia extrema que atentó contra la vida e integridad de las mujeres en Ciudad Juárez.<a href="#_ftn12" name="_ftnref12">12</a> Además, el artículo 3 de la Convención de Belém do Pará considera la protección de los derechos a la vida, a la integridad personal, a la libertad, a no ser sometida a tortura, a la igual protección ante y de la ley y a un acceso efectivo a la justicia también considerados en su artículo 4<a href="#_ftn13" name="_ftnref13">13</a>.
En el caso de México, la negación de la violencia que están atravesando las mujeres por parte de las autoridades estatales, así como los recortes presupuestales observados durante los primeros meses de la pandemia fueron de gran preocupación,<a href="#_ftn14" name="_ftnref14">14</a> pues evidenciaron la nula voluntad política para trabajar en colaboración con organizaciones de mujeres y feministas que son quienes están haciendo frente y remediando las consecuencias de la violencia estructural neoliberal y extractivista, permitida por el propio Estado.
En el muy renombrado presupuesto de egresos de la Federación para 2021, como el presupuesto más amplio en términos de justicia social de la historia reciente de México, a las mujeres, como en el siglo pasado, se nos sigue tratando de  manera asistencialista y paternalista. Sin una política económica integral que redistribuya los recursos a quienes permiten la sostenibilidad de la vida, la deuda histórica está muy lejos de saldarse.
&#8220;La justicia económica para las mujeres no se trata sólo de integrarlas dentro de un determinado modelo económico, sino también de mejorar el control que ellas tienen sobre los recursos económicos, el acceso al trabajo decente y el control sobre su propio tiempo; también se encarga de procurar la justicia climática, limitar el poder corporativo y resistir la austeridad, y promover la autodeterminación y la autonomía de las mujeres en la toma de decisiones económicas en todos los niveles, desde el hogar hasta los parlamentos nacionales y las instituciones internacionales&#8221;.<a href="#_ftn15" name="_ftnref15">15</a>
Entonces, si además consideramos que las labores de defensa de derechos humanos que realizan las mujeres se dan en respuesta a estos modelos económicos de desarrollo, es fundamental comprender que la labor de las defensoras consiste en denunciar los abusos de poder de agentes estatales y no estatales que en nombre del desarrollo terminan con la vida de las comunidades, saquean la tierra y cotizan el agua en Wall Street.
Es importante seguir poniendo énfasis en la necesidad de la redistribución de la riqueza y la justicia económica (real y contundente) para las mujeres, porque si la comunidad internacional que tiene objetivos de desarrollo no toma parte de esa responsabilidad, entonces el cumplimiento de los derechos humanos queda a expensas del capital y los poderes fácticos. De ser así, como sociedades estamos fracasando, ya que no solo no se saldará la deuda histórica que se tiene con todas la mujeres y diversidades, sino que será imposible alcanzar la justicia, la equidad y la no discriminación, pilares fundamentales en la lucha por los derechos humanos.
* Alex Guzmán Sanguino, lesbiana, defensora de derechos humanos e integrante de la Círcula Feminista de Análisis Jurídico. Daniela Flores Serrano. Femininja, morena, directora de Las Banderas.
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<a href="#_ftnref1" name="_ftn1">[1]</a> Bunch, C. &amp; Frost, S. “Women&#8217;s Human Rights: An Introduction”, Published in Routledge International Encyclopedia of Women: Global Women&#8217;s Issues and Knowledge, Routledge. 2000, p. 2.
<a href="#_ftnref2" name="_ftn2">[2]</a> Kelly, P. Epilogue. The Promise and Limits of the Human Rights Cascade. In Sovereign Emergencies: Latin America and the Making of Global Human Rights Politics, Cambridge: Cambridge University Press. 2018, p. 279.
<a href="#_ftnref3" name="_ftn3">[3]</a> El 25 de octubre de 2017, el ACNUDH y la CIDH pusieron en marcha un “Mecanismo de Acciones Conjuntas para contribuir a la protección de las personas defensoras de derechos humanos en las Américas”. Véase ACNUDH, CIDH, Nota conceptual para el Informe conjunto sobre “La situación de las personas defensoras de derechos humanos en las Américas”.
<a href="#_ftnref4" name="_ftn4">[4]</a> Véase CIDH, Informe sobre la situación de las defensoras y defensores de los derechos humanos en las Américas, 7 de marzo de 2006. Párrafo 154.
<a href="#_ftnref5" name="_ftn5">[5]</a> “La familia es esencialmente la institucionalización de nuestro trabajo no remunerado, de nuestra dependencia salarial de los hombres y, consecuentemente, la institucionalización de la desigual división de poder que ha disciplinado tanto nuestras vidas” Véase Federici, S. El patriarcado del salario. Traficantes de sueños, 2018.
<a href="#_ftnref6" name="_ftn6">[6]</a> Barry, J., Djordjevic, J., ¿Qué sentido tiene la revolución si no podemos bailar?. USA: Fondo de Acción Urgente por los Derechos Humanos de las Mujeres, 2007.
<a href="#_ftnref7" name="_ftn7">[7]</a> Véase: Escuela Virtual de Economía Feminista, 2018. Disponible en: https://dawnnet.org/2020/07/escuela-virtual-de-economia-feminista/
<a href="#_ftnref8" name="_ftn8">[8]</a> Señalando también la responsabilidad de la política de saqueo que propician las entidades financieras globales como el BM y el FMI.
<a href="#_ftnref9" name="_ftn9">[9]</a>. Véase: Rodríguez Graciela, La globalización económica y financiera se hizo sobre el cuerpo de las mujeres, en: Botina, A. et. al, coord. Demasiado: Feministas contra el poder corporativo: Reflexiones y alternativas desde el Foro Feminista contra el G20. Ediciones América Libre, 2018.
<a href="#_ftnref10" name="_ftn10">[10]</a> Gago, V., Cavallero, L., Una lectura feminista de la deuda: ¡Vivas, libres y desendeudadas nos queremos!. Buenos Aires: Fundación Rosa Luxemburgo, 2019.
<a href="#_ftnref11" name="_ftn11">[11]</a> Fondo de Acción Urgente para América Latina y el Caribe. 8 recomendaciones para donantes sobre cuidado, protección y sostenibilidad de movimientos para tiempos de COVID y para el futuro, 2020.
<a href="#_ftnref12" name="_ftn12">[12]</a> CorteIDH, González y otras vs México, párrafo 164.
<a href="#_ftnref13" name="_ftn13">[13]</a> CIDH, Informe sobre la situación de las defensoras y defensores de los derechos humanos en las Américas, 2006.
<a href="#_ftnref14" name="_ftn14">[14]</a> Luchadoras, Recortes a programas por la igualdad: donde está el dinero, están las prioridades. 4 de septiembre de 2020. Disponible en: https://luchadoras.mx/recortes-a-programas-por-la-igualdad-donde-esta-el-dinero-estan-las-prioridades/
<a href="#_ftnref15" name="_ftn15">[15]</a> AWID, Confrontando al extractivismo y al poder corporativo, 2017.

Las labores de cuidado y defensa de derechos humanos en clave de justicia económica para las mujeres

Justicia económica para las mujeres

En estos tiempos en los que se habla con mayor vehemencia acerca de la paridad de género en los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, es preciso reflexionar sobre algunos aspectos que no pueden dejarse del lado si se quiere que esta medida surta los fines esperados.
El primero de ellos es abundar en la paridad como medida especial de carácter temporal, encaminada al logro de la igualdad sustantiva. Al respecto, es oportuno recordar que el artículo 4º, párrafo primero de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), refiere que las medidas temporales sirven para acelerar la igualdad de facto entre mujeres y hombres, las cuales cesarán una vez alcanzado este objetivo.
Más adelante en la Recomendación General No. 25, el Comité para la eliminación de la discriminación contra la mujer (Comité CEDAW) puntualiza el alcance de dichas medidas, al explicar que sumada a la finalidad de impulsar la mejora de la situación de la mujer, los Estados partes deben propiciar una redistribución de los recursos y el poder entre mujeres y hombres, generar los cambios estructurales, sociales y culturales necesarios para corregir las formas y consecuencias pasadas y presentes de la discriminación contra la mujer, así como transformar realmente las oportunidades, las instituciones y los sistemas<a href="#_ftn1" name="_ftnref1">1</a>.
De manera que, pudiese considerarse incompleto y/o inacabado, aquel proceso dirigido a la paridad de género -y por ende, a la igualdad sustantiva-, que no se acompañe de disposiciones que contribuyan a la redistribución y transformación real, a la que el Comité CEDAW hace alusión. Pero, ¿qué acciones podrían complementar este proceso? Para responder a este cuestionamiento, haré referencia al caso específico de los poderes judiciales.
Siguiendo con el Comité CEDAW, en la Recomendación General No. 33 dispone que el derecho de las mujeres a la justicia supone la satisfacción del componente de justiciabilidad, en virtud del cual los Estados partes deben de confrontar y eliminar los “obstáculos a la participación de las mujeres como profesionales en todos los órganos y a todos los niveles de los sistemas de justicia y cuasi judiciales y los proveedores de servicios relacionados con la justicia”, y a tomar las medidas necesarias “para garantizar que las mujeres estén igualmente representadas en la judicatura y otros mecanismos de aplicación de la ley”<a href="#_ftn2" name="_ftnref2">2</a>.
Ahora bien, de acuerdo con el Censo Nacional de Impartición de Justicia Federal 2020 del INEGI, al cierre de 2019 había 1,437 magistradas/os, juezas y jueces, de los que el 78.6% eran hombres, mientras que el 21.4% correspondió a mujeres<a href="#_ftn3" name="_ftnref3">3</a>. En el caso de los poderes judiciales locales, para el 2018 laboraban en total 64, 310 personas, de las que 43% eran hombres y 57% mujeres. Sin embargo, la representación cambia en los niveles de puesto más elevados, ya que de las 4,291 personas juzgadoras, 44% eran juezas y 56% jueces, acentuándose la disparidad en los cargos de magistradas/os, de las 689 personas que los ocupaban, el 29 % eran mujeres, frente al 71% de hombres<a href="#_ftn4" name="_ftnref4">4</a>.
En esta línea se destaca que, investigaciones sobre la materia han constatado que la edad promedio de juezas y magistradas es mayor que la de sus pares, asimismo, que a las mujeres les toma más años ascender en su carrera<a href="#_ftn5" name="_ftnref5">5</a>.
Un elemento que podría explicar esta desigualdad de género es la cultura organizacional que impera en las instituciones judiciales. De manera general Daniela Cerva señala que las organizaciones no son neutrales, exponiendo que, así como sucede en la sociedad, “en las organizaciones también se reproducen crite­rios de exclusión e inequidad, fundadas en visiones naturalizadas y estereotipos sobre las relaciones de género que tienen un profundo efecto tanto en la dinámica laboral, como en el propio resultado del trabajo”<a href="#_ftn6" name="_ftnref6">6</a>.
En el caso de las instituciones judiciales, Gustavo Fondevila y Alberto Mejía indican que la lógica laboral de estas entidades, constituyen desventajas estructurales difíciles de identificar, lo que obstaculiza el crecimiento de las mujeres. Así también aluden al hecho de que, en la cultura de género del trabajo judicial, existen grandes barreras culturales como la falta de disponibilidad de tiempo, producto de las cargas de trabajo excesivas, horarios extendidos en combinación con la división sexual inequitativa del trabajo reproductivo; al igual que, la imposibilidad de formar parte de las “redes sociales informales que se generan” en torno al trabajo<a href="#_ftn7" name="_ftnref7">7</a>.
Una cultura organizacional con estas características da lugar a problemáticas que pueden ir desde la subrepresentación, el acoso laboral, hasta el hostigamiento y acoso sexual.
En este contexto, acciones como la creación de la Unidad de Prevención y Combate al Acoso Sexual del Consejo de la Judicatura Federal, así como las orientadas a fortalecer el papel de las unidades de género de los poderes judiciales, representan una vía para la atención y erradicación de estos fenómenos.
En cuanto a este último punto, cobra relevancia señalar que a casi veinte años de haberse suscrito la Declaración de Cancún<a href="#_ftn8" name="_ftnref8">8</a> en la que se reconoció la importancia del asumir una política de igualdad de género por parte de las altas jerarquías del aparato judicial, aún quedan muchos pendientes para afianzar el rol de las unidades de género como elemento clave para “transformar la cultura judicial a favor de la igualdad entre mujeres y hombres” <a href="#_ftn9" name="_ftnref9">9</a>.
Por tanto, para asegurar los objetivos que se pretenden mediante las disposiciones a favor de la paridad de género, es esencial incluir en la ecuación a la cultura organizacional y con ello, cambiar la lógica de “funcionamiento organizacional por estructuras más horizontales y democráticas”. Lo contrario implicaría sostener nuevas formas de dominación, apoyadas “en el velo retórico por la igualdad”<a href="#_ftn10" name="_ftnref10">10</a>.
* Rita Muciño Corro es Doctoranda en Derecho en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, Maestra en Derechos Humanos y Democracia por la FLACSO. Abogada del Círculo Feminista de Análisis Jurídico.
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<a href="#_ftnref1" name="_ftn1">1</a> Comité para la eliminación de la discriminación contra la mujer, Recomendación general No. 25, sobre el párrafo 1 del artículo 4 de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, referente a medidas especiales de carácter temporal, párrafos 8, 10 y 15.
<a href="#_ftnref2" name="_ftn2">2</a> Comité para la eliminación de la discriminación contra la mujer, Recomendación general núm. 33 sobre el acceso de las mujeres a la justicia, párrafo 15, inciso f).
<a href="#_ftnref3" name="_ftn3">3</a> Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), Censo Nacional de Impartición de Justicia Federal 2020. Presentación de resultados generales, disponible <a href="https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/cnijf/2020/doc/cnijf_2020_resultados.pdf" target="_blank" rel="noopener noreferrer">aquí</a>.
<a href="#_ftnref4" name="_ftn4">4</a> Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos (CONATRIB), Poderes judiciales locales en México, Unidad de derechos humanos e igualdad de género.
<a href="#_ftnref5" name="_ftn5">5</a> Fondevila, Gustavo y Mejía Alberto (2014) Género y ocupación en la justicia federal, Revista La Ventana, Núm. 40.
<a href="#_ftnref6" name="_ftn6">6</a> Cerva Cerna, Daniela (2009) Cultura organizacional e institucionalización de las políticas de género en México: Notas para el debate, Géneros, Revista de investigación y divulgación sobre los estudios de género, Núm. 6, pp 55-69.
<a href="#_ftnref7" name="_ftn7">7</a> Op. Cit., Fondevila, página 157.
<a href="#_ftnref8" name="_ftn8">8</a> Suscrita durante la VII Cumbre Iberoamericana de Presidentes de Cortes Supremas y Tribunales Supremos de Justicia.
<a href="#_ftnref9" name="_ftn9">9</a> Equis Justicia para las Mujeres (2017) Unidades de género en el Poder Judicial: Informe sobre su estructura y funcionamiento a nivel nacional, página 9.
<a href="#_ftnref10" name="_ftn10">10</a> Jiménez Guzmán, Lucero y Cerva Cerna, Daniela (2010) Algunas reflexiones sobre masculinidades y organizaciones, Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias (CRIM), UNAM, Géneros, Revista de investigación y divulgación sobre los estudios de género, Núm. 8 pp 119-134.

Cultura organizacional: una pieza clave para la igualdad

La semana pasada se estrenó el documental “Las tres muertes de Marisela Escobedo”. Mientras lo veía viví varios sentimientos, pero sobre todo mucha rabia y mucha tristeza. “Justicia, privilegio de gobiernos”, así decía la pancarta con la que Marisela protestaba afuera del Palacio de Gobierno de Chihuahua la noche que la asesinaron, a los ojos de todos, y con el permiso e indiferencia del exgobernador de Chihuahua, César Duarte, quien tiene en su contra un total de 21 ordenes de aprehensión por los delitos de enriquecimiento ilícito, defraudación, asociación delictuosa, entre otros.
Pensé en la detención de Salvador Cienfuegos Zepeda, quien fue titular de la SEDENA durante el sexenio de Peña Nieto. Sinceramente, una detención que no imaginaba posible.
Durante su mandato hizo todo lo posible parar ocultar las violaciones graves a derechos humanos cometidas por militares. En Tlatlaya, de las 22 muertes, según la recomendación emitida por la CNDH, entre 12 y 15 personas fueron ejecutadas por militares<a href="#_ftn1" name="_ftnref1">1</a>. La orden que tenían era “abatir delincuentes en horas de oscuridad”<a href="#_ftn2" name="_ftnref2">2</a>. En el caso de Ayotzinapa, obstaculizó la investigación y rendición de cuentas impidiendo que expertos internacionales pudieran entrevistar a los militares del 27 Batallón de Infantería. A sus soldados nadie los tocaba.
¿Y qué relación tiene la detención del general Cienfuegos con el asesinato de Marisela Escobedo? Marisela fue una mujer que utilizó todos los medios legales, primero, para hacer responsable al feminicida de su hija Rubí de 15 años, cuyo cuerpo fue quemado y abandonado en un terreno en donde se tiran desperdicios. Una vez que Sergio Barraza fue declarado culpable, recorrió el estado de Chihuahua para encontrarlo, y así lo hizo. No obstante, durante el operativo el sentenciado escapó.
Marisela y su familia también descubrieron que Sergio Barraza formaba parte del Cártel de los Zetas, organización que surgió y se fortaleció por la estrategia del Estado mexicano, la guerra contra las drogas, una guerra que le ha arrebatado la vida a miles de personas. Una guerra que ha afectado de manera diferenciada a las mujeres, en nuestros cuerpos, en nuestros derechos.
En su informe especial sobre los grupos de autodefensa en el estado de Michoacán, la CNDH documentó cómo la “delincuencia organizada” utilizó la violencia en contra de las mujeres y niñas para infundir terror en la comunidad, por las relaciones afectivas, como hijas, madres, esposas, compañeras o hermanas, de aquellos que se trataban de resistir o negar ante las exigencias de éstos.<a href="#_ftn3" name="_ftnref3">3</a> Históricamente en los conflictos armados alrededor del mundo, ejércitos y grupos armados han utilizado la violencia sexual como una táctica de guerra<a href="#_ftn4" name="_ftnref4">4</a> utilizando los cuerpos de las mujeres como campo de batalla y dominio del enemigo. No cabe duda que en México las mujeres somos carne de cañón.
Catherine O&#8217;Rourke en su libro “Gender Politics in Transitional Justice” estudia cómo no se puede separar la violencia pública sucedida en países en conflicto armado de la violencia privada. El impacto es sustancial. Las decisiones que ha tomado el Estado tienen efecto en nuestras vidas, en las violencias que vivimos y a eso tampoco se le puede llamar daños colaterales. Lo anterior lo podemos observar en la manera en la que la violencia feminicida ha evolucionado y se ha diversificado.
En su más reciente informe titulado “Las dos guerras”, la organización feminista Intersecta presentó en su investigación cambios importantes en los asesinatos cometidos en contra de mujeres y hombres. Antes, la mayoría de las mujeres eran asesinadas en casa. Pero, a partir de 2009, los asesinatos en el espacio público rebasaron a los cometidos en la vivienda. Después del 2007, los asesinatos de mujeres con arma de fuego se volvieron más frecuentes.<a href="#_ftn5" name="_ftnref5">5</a>
A Marisela Escobedo y a miles de mujeres más las ha matado el narcoestado, por su impunidad y corrupción, pero también, y digámoslo fuerte y con firmeza, por la violencia en su estrategia, por su militarización. Salvador Cienfuegos está siendo procesado en Estados Unidos por delitos relacionados con el narcotráfico y lavado de dinero, pero sigue pendiente la justicia a miles de mexicanas y mexicanos. Nos siguen debiendo nuestro derecho a la verdad y reparación por crímenes de lesa humanidad cometidos durante su mandato.
Por todas las Maricelas y Rubís a las que han masacrado y silenciado, me quedo con la lucha y resistencia de las madres, con su búsqueda inalcanzable de justicia y de verdad. Aquellas que de ser víctimas se han convertido en defensoras de los derechos humanos a causa de esta lamentable guerra contra las drogas. Necesitamos poner la mira sobre estrategias de seguridad que verdaderamente nos garanticen la paz.
<a href="https://twitter.com/CirculoAnalisis" target="_blank" rel="noopener noreferrer">@CirculoAnalisis</a>
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<a href="#_ftnref1" name="_ftn1">1</a> Recomendación No. 51/2014: Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Recuperado el 20 de octubre de 2020, de <a href="https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/doc/Recomendaciones/2014/REC_2014_051.pdf" target="_blank" rel="noopener noreferrer">aquí</a>.
<a href="#_ftnref2" name="_ftn2">[2]</a>Tlatlaya a un año: La orden fue abatir: Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez A.C. Recuperado el 20 de octubre, de <a href="https://centroprodh.org.mx/wp-content/uploads/2018/11/InformeTlatlayaLaOrdenFueAbatir.pdf" target="_blank" rel="noopener noreferrer">aquí</a>.
<a href="#_ftnref3" name="_ftn3">3</a> Informe Especial sobre los grupos de autodefensa en el estado de Michoacán y las violaciones a los derechos humanos relacionadas con el conflicto: Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Recuperado el 20 de octubre de 2020, de<a href="https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/doc/OtrosDocumentos/Doc_2015_006.pdf" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> aquí</a>.
<a href="#_ftnref4" name="_ftn4">4</a> ONU: La violencia sexual como “táctica de guerra”: Human Rights Watch. Recuperado el 20 de octubre de 2020, de <a href="https://www.hrw.org/es/news/2015/04/14/onu-la-violencia-sexual-como-tactica-de-guerra" target="_blank" rel="noopener noreferrer">aquí</a>.
<a href="#_ftnref5" name="_ftn5">5</a> La dos guerras: El impacto de los enfrentamientos de las fuerzas armadas en los asesinatos de mujeres en México (2007-2018): Intersecta A.C . Recuperado el 20 de octubre de 2020, de <a href="https://drive.google.com/file/d/1ex96A5n6h-YqPlBrjsHLKKzvXDXboUBS/view" target="_blank" rel="noopener noreferrer">aquí</a>.

Marisela Escobedo y la guerra contra las drogas

Leticia es una mujer joven y trabajadora, madre de dos hijos de siete y cinco años y con preparatoria trunca. Igual que muchas mujeres en México, su expareja ejercía violencia doméstica en su contra desde 2010. Contrario al silencio que guardan la mayoría de las afectadas, ella denunció tres veces a su agresor ante las Fiscalías Generales de la Ciudad de México y el Estado de México. Sin embargo, las autoridades responsables de salvaguardar su seguridad e integridad no realizaron las diligencias correspondientes para garantizar su derecho a una vida libre de violencia y finalmente a las tres denuncias se les dio carpetazo. Lamentablemente, estas no serían las últimas ocasiones que se enfrentaría ante un sistema de justicia misógino.
La vida de Leticia cambió por completo en mayo de 2014, cuando fue detenida en la Ciudad de México (CDMX) a la edad de 21 años al ser investigada por el delito de “secuestro express”. Durante 2013, su anterior pareja y su excuñado, este último un expolícia de la CDMX, secuestraron a dos jóvenes y a cambio de dejarles ir solicitaron “rescates” por medio de depósitos express de dinero a nombre de Leticia, sin que ella supiese, conociere o estuviese involucrada en la actividad ilícita. Bajo la amenaza de que la golpearía a ella y a sus hijos, Leticia era obligada por su expareja a retirar el dinero. Ella desconocía la procedencia de los recursos y actuaba en contra de su voluntad en un claro contexto de violencia de género. Lo anterior, lo manifestó múltiples ocasiones en la investigación que se realizó en su contra debido a un depósito que se realizó a su nombre y fue retirado por ella.
El 4 de marzo de 2016 el Juzgado Décimo Séptimo Penal de la Ciudad de México la sentenció por la comisión del delito de “secuestro express” imponiéndose una pena de 30 años de prisión, utilizando como prueba sus declaraciones en las que expone la violencia doméstica y el gusto de su expareja por el “dinero fácil”. Inconforme con la sentencia, se solicitó al Poder Judicial de la Ciudad de México revisar la decisión al no considerarse el ambiente violento en el que vivía Leticia. Sin embargo, la Segunda Sala del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México (TSJCDMX) confirmó la decisión bajo argumentos machistas omitiendo juzgar desde una perspectiva de género. En poco tiempo Leticia pasó a ser de víctima, victimaria.
La sentencia de apelación de la Segunda Sala del TSJCDMX es una evidente prueba del uso de estereotipos de género por parte de las personas juzgadoras para castigar a las mujeres por incumplir con las expectativas que se esperarían de ellas por su género. Por ejemplo, uno de los argumentos que utilizó la Segunda Sala para demostrar la culpabilidad de Leticia fue el siguiente:
“&#8230; aún cuando en el expediente obran diversas constancias, en las que se asentó que Leticia no tenía buena relación con su pareja sentimental, hasta el punto que este la golpeaba y la ofendía, lo que motivó que en diversas ocasiones acudiera ante el ministerio público, al oficial conciliador, mediador y conciliador&#8230; sin embargo, aunque esas agresiones físicas y verbales fueran verídicas, no existen elementos que hagan presumir que se le obligó a intervenir, por el contrario, sabía de los mismos&#8230; tan es así, que si verdaderamente hubiera tenido la intención de denunciar los depósitos de dinero que recibía, lo hubiera hecho como lo hizo con los maltratos que puso en conocimiento ante la representación social&#8230; la enjuiciada tuvo la oportunidad de presentar la denuncia respectiva por esos depósitos bancarios que supuestamente consideró indebidos”.<a href="#_ftn1" name="_ftnref1">1</a>
En pocas palabras, el Tribunal no visualizó la situación de desventaja provocada por su condición de género en el estudio de los hechos del caso, ni identificó la violencia doméstica en la que se encontraba inmersa. Con base en la obligación de juzgar con perspectiva de género, la Segunda Sala debió de cuestionar los hechos a través de las diversas pruebas presentadas por Leticia. Además, El tribunal falló en evidenciar la situación de desigualdad en la que se encontraba en comparación con su expareja, quien contaba con el dominio del hecho y la instrumentalizó para cometer el delito por el que fue sentenciada.
Por otro lado, la sentencia demuestra cómo el derecho penal funciona como herramienta patriarcal, pues su sanción puede ser tanto penal como moral, alejándose de los estándares y parámetros de legalidad y neutralidad. Como se observa en la justificación anterior del juzgador, Leticia fue castigada por no actuar como se esperaría que reaccionara la víctima perfecta debido a que “tuvo la oportunidad de presentar la denuncia respectiva por esos depósitos bancarios que supuestamente consideró indebidos”. El Tribunal consideró indiferente el hecho de que Leticia denunció innumerables ocasiones la violencia doméstica que ejerció su expareja en su contra, ante la cual las autoridades fueron completamente omisas. Además, el Tribunal demuestra su total desconocimiento sobre la experiencia de las personas comunes y corrientes al presentar la denuncia, ¿alguna fiscalía comenzaría una denuncia por un hecho que se desconoce?
No es la primera ocasión en la que los juzgadores del Poder Judicial de la Ciudad de México emiten una sentencia desde una visión machista. Muestra de ello es que en el 2016 el magistrado de la Quinta Sala Familiar de esta ciudad ganó el &#8220;Premio Garrote del Público&#8221;, otorgado por la organización Women&#8217;s Link, esto debido a que emitió una sentencia en la que ordenaba quitarle la custodia de su hijo a una mujer ya que &#8220;no cumplía con el rol de madre tradicional&#8221;. Este tipo de decisiones dan cuenta de cómo prevalece una visión patriarcal inclusive en el poder judicial de una entidad considerada progresista, como es el caso de la CDMX.
Desde 2019, la Círcula acompaña a Leticia en su proceso penal. Hoy, el Octavo Tribunal Colegiado del Primer Distrito del Poder Judicial de la Federación tiene la oportunidad de otorgarle la justicia social que merece. Desde la Círcula exigimos que ninguna mujer más sea presa por incumplir su rol de mujer, madre, hija, esposa o víctima e instamos a las instituciones a integrar una debida perspectiva de género en el análisis y estudio de todos los casos que llegan a ellas, sobre todo cuando hablamos del derecho penal, la herramienta más violenta del Estado. Lo anterior, para evitar que en las prisiones existan más Leticias, mujeres jóvenes cuya pena fue ser juzgadas por tribunales misóginos y machistas.
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<a href="#_ftnref1" name="_ftn1">1</a> Recurso de apelación 504/2016, Tribunal Superior de la Ciudad de México, foja 598 a 618.

El caso de Leticia: una mirada al machismo judicial

El pasado 22 de agosto las miradas del país estuvieron sobre León, Guanajuato, debido al abuso de la fuerza pública, detenciones arbitrarias y violencia sexual en contra de mujeres y adolescentes durante una manifestación feminista para exigir justicia para Evelyn, una joven que sufrió abuso sexual por parte de varios policías en León.
De acuerdo con lo relatado por personas que presenciaron lo ocurrido, así como de las notas periodísticas, las violaciones a derechos humanos suscitadas por la corporación de León al finalizar de la marcha fueron varias: i) detuvieron a 26 personas arbitrariamente en diferentes puntos de la ciudad; ii) abusaron del uso de la fuerza pública durante las detenciones; iii) abusaron sexualmente de mujeres y adolescentes resguardadas; iv) incumplieron su obligación de garantizar el interés superior de la niñez, y v) limitaron el trabajo de las reporteras que se encontraban cubriendo los hechos.
Dichos hechos causaron revuelo y preocupación por parte del movimiento feminista en México, incluyendo a la Círcula. Por ello, el sábado 29 de agosto realizamos un conversatorio con defensoras de derechos humanos, activistas y periodistas quienes nos explicaron el contexto y sucesos alrededor de la represión policial en contra de los movimientos por la justicia social, principalmente feministas.
Actualmente, Guanajuato es uno de los estados con mayores índices de inseguridad en el país, lo que ha generado un enorme descontento social por la ciudadanía y las compañeras feministas, debido al impacto diferenciado de la violencia contra las mujeres, nos compartió Cynthia Alvarado, de la Red de Movimientos Feministas de Guanajuato. Además, desde el año pasado en el ejercicio de su derecho a la libre manifestación las compañeras feministas han sufrido diversas agresiones e intimidaciones por parte de las autoridades estatales, desde tomarles fotos sin su consentimiento hasta pasearse a su alrededor con armas largas. Asimismo, han criminalizado al movimiento por medio de amenazas con iniciarles carpetas de investigación por supuestos “disturbios”.
Dichas acciones han permitido la expansión de un ambiente de criminalización en contra de las feministas, lo cual ha influido directamente en el trato hostil y violento de las autoridades encargadas de garantizar la seguridad pública, nos comenta Mariana O. de la Red Feminista de León. Adicionalmente la violencia policial en contra la protesta no es un hecho aislado. El pasado 10 de julio la policía de Guanajuato detuvo e hirió a personas pertenecientes al colectivo A Tu Encuentro mientras llevaban a cabo una marcha para exigir justicia por sus familiares desaparecidos.
Esta represión se intensificó el 22 de agosto. Al finalizar la protesta social, cuando muchas de las compañeras que participaron en ella se dirigían a sus casas, la policía de León comenzó a detenerlas en diferentes puntos de la ciudad, inclusive a mujeres que no habían formado parte de la manifestación, por ejemplo, trabajadoras finalizando su jornada laboral o dentro del transporte público.
“Estaban cazando”, nos dijo Melissa Esquivas, reportera que acudió a cubrir el final de la marcha. Las adolescentes y mujeres fueron brutalmente golpeadas, ahorcadas y pateadas al momento de su detención mientras les decían frases como “no estés de llorona” e incluso las amenazaron con desaparecerlas. También, adolescentes fueron violentadas sexualmente, la policía las tocó sin su consentimiento, semidesnudó, las amenazaron con tomar “selfies” de ellas sin su consentimiento y con agresiones de policías varones. De la misma manera no fueron inmediatamente trasladadas ante la representación social, las autoridades las mantuvieron incomunicadas e inclusive el procurador en turno no quiso brindar informes sobre el paradero de las compañeras.
En este sentido, es evidente que el actuar de la policía tuvo el afán de castigar a las adolescentes y mujeres por desafiar la institución policial e incumplir con los roles de género, lo cual se evidenció en las agresiones perpetuadas en su contra y en la intención de causarles miedo.
Estas acciones y omisiones por parte de las autoridades de Guanajuato y de la policía, demuestran una evidente falta de sensibilidad, capacitación e interés por sus derechos humanos, ya que ninguna de las autoridades del estado ha respondido a la altura que la situación demanda. En adición, estos actos se pueden considerar como una forma de criminalización de la protesta social desde el Estado, la cual es atravesada por diferentes violencias cuando se trata de mujeres.
Estos sucesos sin duda nos traen a la memoria eventos tan desafortunados como los acontecidos en mayo de 2006 en San Salvado Atenco, Estado de México, en los que alrededor de once mujeres fueron detenidas en el contexto de una protesta y posteriormente torturadas sexualmente por agentes estatales.
Al respecto, vale la pena recordar algunos de los estándares que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) estableció en la sentencia “Caso Mujeres víctimas de tortura sexual en Atenco Vs. México” de 2018, respecto del uso de la fuerza, la violencia sexual y las detenciones colectivas<a href="#_ftn1" name="_ftnref1">1</a>.
En cuanto al uso de la fuerza, la Corte IDH ha sostenido que se trata de una medida extrema y excepcional destinada a garantizar la seguridad y mantener el orden público dentro de un territorio.
Para que su empleo pueda ser considerado legítimo, los Estados deben cumplir con ciertas obligaciones específicas, a saber: a) conformar un marco normativo claro y efectivo; b) capacitar y entrenar a los cuerpos de seguridad acerca de los límites y las condiciones a las que debe ser sometida, y c) establecer mecanismos de control y legitimación del uso.
Así también, requiere satisfacer los principios de legalidad, absoluta necesidad y proporcionalidad, es decir que deberá: estar encaminada a lograr un objetivo legítimo; ejercerse ante la inexistencia o falta de disponibilidad de otros medios y ser acorde con la resistencia ofrecida y el peligro existente, aplicando un criterio de uso diferenciado y progresivo de la fuerza.
De manera específica el Relator Especial sobre los derechos a la libertad de reunión pacífica y de asociación y el Relator Especial sobre las ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias han manifestado que la capacitación sobre la gestión adecuada de las manifestaciones debe incluir el conocimiento sobre técnicas de facilitación y manejo de multitudes, igualmente acerca del papel que tienen las protestas en el orden democrático.
Sumando a estos extremos, el Estado tiene la responsabilidad de diseñar previamente el operativo e instruir de manera clara y precisa a las y los agentes encargados de hacer cumplir la ley a respetar los derechos humanos e impedir que durante el mismo se configuren abusos, así como supervisarlo y monitorearlo.
Respecto de la violencia sexual, la Corte IDH indicó que la violencia infringida a las once mujeres no fue aislada, sino que se enmarcó en un patrón que se dio a lo largo de todo el operativo. El Tribunal Interamericano fue enfático en manifestar, que la violencia tuvo la finalidad de humillar, intimidad e inhibir a las sobrevivientes de tortura sexual de volver a participar en la vida política o expresar su desacuerdo en la esfera pública.
Del mismo modo la Corte IDH calificó a la violencia sexual sucedida en estas circunstancias como una forma intencional y dirigida de control social, de dominio e imposición de poder, cuya finalidad es instrumentalizar los cuerpos de las mujeres como herramientas para transmitir un mensaje de represión y desaprobación.
Asimismo, hace notar las formas diferenciadas de violencia que viven mujeres y hombres, en las que las primeras son blanco de expresiones cargadas de estereotipos de género, al igual que de abusos físicos enfocados las partes íntimas de su cuerpo.
Por lo que hace a las detenciones colectivas, la Corte IDH expuso que para prevenir la arbitrariedad durante las mismas, es preciso que los Estados: individualicen y separen las conductas de cada una de las personas detenidas; la realicen bajo los criterios de necesidad y proporcionalidad, y que las sometan a control judicial.
Del análisis de los hechos acontecidos el día 22 de agosto es posible advertir una similitud entre las omisiones y falencias que tuvieron lugar hace catorce años en San Salvador Atenco, lo cual además de ser preocupante, nos permite dimensionar los grandes retos y pendientes a resolver por parte del Estado mexicano, específicamente de Guanajuato, de esta manera, es vital que las autoridades estatales analicen lo ocurrido durante el operativo con el objetivo de adoptar medidas que garanticen la no repetición de estos eventos.
Finalmente, urge por parte de las autoridades estatales: i) investigar los hechos del 22 de agosto en contra de las adolescentes y mujeres; ii) sancionar a las personas involucradas por medio de un análisis integral desde la cadena de mando; iii) realizar un acto de reconocimiento público, así como compromisos con el movimiento feminista de León; iv) prevenir que actos como los del 22 de agosto no vuelvan a ocurrir, entre otras acciones.
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<a href="#_ftnref1" name="_ftn1">1</a> Corte IDH. Caso Mujeres Víctimas de Tortura Sexual en Atenco Vs. México. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 28 de noviembre de 2018. Serie C No. 371.

Me cuidan mis amigas, no la policía: violaciones a los derechos humanos en León

Me cuidan mis amigas, no la policía: violaciones a los ddhh en León

Nos encontramos a inicios de marzo de este año. Rosaura, una mujer que trabaja en una tienda departamental en el área de atención a clientes, acude con normalidad a su trabajo. Empieza a ver en las noticias y a oír entre sus compañeras que existe un nuevo virus, lo cual parece que les obligará a cerrar, o al menos eso comentan. Ella es soltera, tiene una hija y el padre siempre ha estado ausente. Lo primero que viene a la mente de Rosaura es ¿qué va a suceder con mi hija? ¿Quién me va a ayudar a cuidarla si cierran las escuelas? Y una preocupación más, aún antes de las cuestiones de seguridad de salubridad de su espacio de trabajo, ¿qué pasará con mi empleo?
Este es sólo uno de los muchísimos casos en nuestro país, donde debido al brote de la pandemia ocasionada por el COVID-19, una enorme cantidad de mexicanas se han encontrado en una situación apremiante al no poder dejar de trabajar para llevar el sustento diario a sus familias.
¿Qué medidas gubernamentales se tomaron para evitar esta incertidumbre laboral? Al menos en la práctica el mensaje no fue claro. En un esfuerzo por dar a conocer el panorama que estábamos viviendo, la Universidad Nacional Autónoma de México, por medio del Instituto de Investigaciones Jurídicas, así como la comunidad jurídica organizada sumaron esfuerzos para que, en abril del 2020, se obtuviera una guía de consulta con el objetivo de brindar orientación jurídica que clarificara cuestionamientos, situaciones, problemáticas de índole legal que pudiera enfrentar la ciudadanía en general, así como las Organizaciones de la Sociedad Civil, derivado de la emergencia sanitaria por el COVID-19. <a href="#_ftn1" name="_ftnref1">1</a>
Inclusive y aún con los esfuerzos realizados en puntualizar los distintos escenarios que se pudieran presentar en materia laboral, la realidad superó lo contemplado jurídicamente. En un estado de indefensión laboral de los y las mexicanas, ocurrieron despidos sin pago de indemnización constitucional de manera completa o parcial, reducción de sueldos, ninguna protección para la salud de las personas que acudían a sus centros de trabajo. A esto se suma la falta de tutela de autoridad judicial o del Estado: las juntas de conciliación y arbitraje se encontraban cerradas.
A cuatro meses del inicio de la emergencia sanitaria, la gran mayoría de las juntas de conciliación y arbitraje permanecen cerradas o trabajando parcialmente de manera discrecional, dejando en estado de vulnerabilidad a las personas trabajadoras, en este caso una gran cantidad de mujeres que han sorteado estas condiciones laborales por no poder darse el lujo de renunciar a sus centros de trabajo.
En México hay 22 millones de trabajadoras, 14.4 millones son asalariadas, 5.1 trabajan por cuenta propia, 500,000 son empleadoras, otras 500,000 laboran a destajo, por porcentajes, honorarios, propinas o pagos que no se puede contabilizar y 1.5 millones lo hacen sin remuneración, lo anterior conforme a la información de la Secretaría de Economía. Se puntualiza que dos millones de ellas no reciben ningún salario y viven en la incertidumbre constante que se agravará conforme avance la contingencia. De tal manera se considera necesario priorizar el proteger el trabajo asalariado, procurando evitar su reducción, los despidos, y en general, la vulneración de los derechos laborales ante la pandemia.<a href="#_ftn2" name="_ftnref2">2</a> Para muchas mujeres, como Rosaura, no es una posibilidad renunciar, porque ¿quién lo haría si constantemente vemos en las noticias que el desempleo va en aumento?
Rosaura jamás dejó de recibir su salario, pero tampoco dejó de ir a trabajar. En los primeros días, en los que por disposición oficial se cerró la tienda al público en general, ella siguió acudiendo a laborar a su centro de trabajo, a la tienda departamental en un horario de jornada completa y en los días más difíciles reportados por el gobierno federal como los de mayor riesgo de contagio, tuvo la oportunidad de trabajar desde casa.
La preocupación de Rosaura no sólo era el peligro de contagio al que estaba expuesta, sino también el poder contagiar a su hija y a otros miembros de su familia. Tuvo que adquirir con sus recursos el material necesario para protegerse como cubrebocas o caretas. A esto se agrega un tema que también ha salido a la luz durante el confinamiento, la doble o triple jornada, el deber de cuidado y en el peor de los casos la violencia invisible que pudiera vivir en su casa. A lo anterior se suman las preocupaciones e incertidumbres de las cuentas por pagar de los servicios básicos de renta, luz, teléfono, gas, agua, internet, tomando en cuenta que este último era necesario para que realizara su trabajo en casa.
En palabras de Rosaura, ellas nunca pararon, sólo las personas en situación de vulnerabilidad no acudieron, el resto de las personas en su centro de trabajo, en el cual el 75% de las personas empleadas son mujeres, continuaron trabajando.
Y ¿por qué seguían trabajando con normalidad a pesar de no ser una actividad esencial? Debido a que las ventas en línea continuaron, es decir, las actividades de la tienda no pararon y por lo tanto necesitaban personal para llevarlas a cabo. De marzo a mayo, a Rosaura sólo le dieron dos días a la semana de descanso, en contraste con una jornada completa de trabajo con solo media hora para comer.
A inicios de junio la situación se complicó con la incorporación a la “nueva normalidad”, la cual inició en medio de semáforos rojos y naranjas y entre los aumentos de contagio en todas las entidades federativas de la República Mexicana. Para cumplir con las disposiciones oficiales, en el trabajo de Rosaura se estableció el uso de tapetes desinfectantes a la entrada de las tiendas y ahora acude solamente 4 días a la semana en un horario de jornada completa de 8 horas, ya que sólo puede estar en tienda el 33% del personal de esta.
En el informe Mujer, Empresa y el Derecho 2020 <a href="#_ftn3" name="_ftnref3">3</a>, realizado por el Grupo Banco Mundial, se estudia la situación laboral de las mujeres en distintos países del mundo. Si bien abarca sólo las reformas en la materia que se llevaron a cabo en el año 2019, será enriquecedor analizar los contrastes del nuevo informe que publiquen para el año 2021. Este informe incluye aspectos tales como movilidad, las condiciones de trabajo de las mujeres, su remuneración, los beneficios o licencias por matrimonio, maternidad y/o parentalidad, la conformación del empresariado, los activos de las empresas y los aspectos de jubilación. México obtiene una puntuación de 83.8 puntos sobre 100, aún y con las reformas estructurales en la reforma constitucional en materia laboral.
Porque si bien es cierto, pareciera que nuestro marco normativo se ha esforzado por disminuir la brecha en cuestiones de igualdad sustantiva, actualmente es aventurado decir que esto se lleva a la práctica cuando las juntas de conciliación y arbitraje no se encuentran operando.
La reforma laboral contempla el fortalecimiento de la agenda de género y de protección de los derechos humanos laborales, será imperativo monitorear su avance, implementación, aplicación y futura consolidación en esta época donde la crisis laboral se une a un estado de incertidumbre mundial en factores de salud, sociales, económicos y de seguridad en general.
Nuestra reforma laboral protege de esta manera a las mujeres trabajadoras, con igualdad de oportunidades en un ambiente libre de violencia.<a href="#_ftn4" name="_ftnref4">4</a>
En materia de género, se incluyen once artículos destacando las principales obligaciones:
<ul>
<li>Representación proporcional entre hombres y mujeres en las directivas sindicales.</li>
<li>Establecimiento de protocolos para evitar la discriminación por hostigamiento y acoso sexual.</li>
<li>Con respecto a mujeres trabajadoras del campo, impera la necesidad de que cuenten con un salario mínimo profesional.</li>
<li>En cuanto a trabajadores del hogar (predominantemente mujeres) se cambia el nombre con respecto al anterior denominado “trabajadores domésticos”, así como se suprime la restricción de afiliación al Instituto Mexicano del Seguro Social. Lo anterior cumpliendo con una deuda histórica, adquiriendo estas mujeres visibilidad después de tantos años de abuso.</li>
</ul>
Y aquí es importante cuestionarnos, ¿nuestra reforma laboral será la solución? Parece que actualmente tenemos más preguntas que respuestas. Indudablemente esta reforma laboral nace y se implementa en uno de los momentos históricamente más difíciles para el contexto nacional y las condiciones laborales de la población, esto por la saturación que tendrán los tribunales al iniciar sus labores.
Esperemos que esta transición de las juntas de conciliación y arbitraje a las funciones de los poderes judiciales, al final del día, se reflejen en beneficios concretos para Rosaura y millones de mexicanas. La incertidumbre laboral exige una impartición de justicia más “pronta y expedita” para las mujeres que vieron vulnerados sus derechos humanos laborales durante la contingencia. La reforma laboral en este sentido tiene profundos retos que alcanzar desde reivindicar el valor del trabajo como un patrimonio fundamental en la sociedad<a href="#_ftn5" name="_ftnref5">5</a>, así como lograr transitar a mecanismos donde la inclusión, la protección de los grupos más débiles y la equidad social sean ejes rectores de esta reforma. Esto en un escenario nacional profundamente complejo.
Tenemos que continuar hablando de la protección de los derechos humanos laborales, el real acceso a la justicia tanto de mujeres trabajadoras como el sector empresarial.
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Bibliografía
Alcalde , A., Villareal, A., &amp; Narcia, E. (2020). Ley Federal del Trabajo. Reforma 2019 comentada. Ciudad de México: Porrúa.
Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento/Banco Mundial. (2020). Mujer, Empresa y el Derecho 2020. Washington, DC: Banco Mundial .
Forbes México. (9 de mayo de 2020). Forbes México. Obtenido <a href="https://www.forbes.com.mx/actualidad-mujeres-mexicanas-mas-expuestas-y-afectadas-por-covid-19/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">aquí</a>.
Instituto de Investigaciones Juridicas UNAM. (2020). Guía de Orientación Jurídica por afectaciones derivadas del COVID &#8211; 19. México.
&nbsp;
<a href="#_ftnref1" name="_ftn1">1</a> (Instituto de Investigaciones Juridicas UNAM, 2020)
<a href="#_ftnref2" name="_ftn2">2</a> (Forbes México, 2020)
<a href="#_ftnref3" name="_ftn3">3</a> Grupo Banco Mundial. 2020. Mujer, Empresa y el Derecho 2020. Mujer, Empresa y el Derecho. Washington, DC: Banco Mundial. doi:10.1596/978-1-4648-1532-4. Licencia: Creative Commons de Reconocimiento CC BY 3.0 IGO.
<a href="#_ftnref4" name="_ftn4">4</a> (Alcalde , Villareal, &amp; Narcia, 2020)
<a href="#_ftnref5" name="_ftn5">5</a> (Alcalde , Villareal, &amp; Narcia, 2020)

La indefensión laboral en tiempos de COVID- 19

A finales del 2015 me topé con esta convocatoria para ser la Reina de la Feria de San Marcos, en Aguascalientes. Al ver los requisitos no pude más que indignarme, ya que para participar en el certamen se tenía que cumplir con las siguientes condiciones: edad de 18 a 25 años, estatura mínima 1.65 metros, tener “armonía física”, “honorabilidad”, “carácter encantador”, ser soltera, no haber estado casada nunca y no haber tenido hijos ni estar embarazada.
<a href="https://front.animalpolitico.com/la-justicia-sera-feminista-o-no-sera/la-reina-de-la-feria/la-reina-de-la-feria/" rel="attachment wp-att-695244"><img decoding="async" loading="lazy" class="size-full wp-image-695244 alignnone" src="https://front.animalpolitico.com/wp-content/uploads/2020/07/La-reina-de-la-feria.png" alt="" width="376" height="478" /></a>
Sorprendida porque en pleno siglo XXI existieran esos eventos que a todas luces promovían estereotipos de género, resultaban discriminatorios y encima eran auspiciados por el gobierno del estado de Aguascalientes, decidí tomar cartas en el asunto. Le pedí apoyo a mi hermana Sara y comenzamos a indagar un poco más. De acuerdo con información que en ese entonces consultamos en la página oficial de la Feria, “Cada año una joven es elegida como la Reina de la Feria Nacional de San Marcos tomando lugar como digna representante en la celebración de múltiples eventos”. Esto es, el ser una digna representante de ese estado tenía como requisitos no ser madre ni estar casada, ser encantadora, honorable y tener armonía física, entre otros.
Decidimos presentar una queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos, argumentando que la convocatoria era discriminatoria. La cosa no resultó nada bien. Al recibir la queja, el ombudsman estatal salió a medios a dar declaraciones compartiendo el contenido de la queja, para la cual no estaba autorizado. Las reacciones no se hicieron esperar. Nos dijeron que éramos unas resentidas porque no podíamos participar en el concurso, nos tacharon de feas, de ridículas y de atentar contra las tradiciones. Además, el personal de la Comisión Estatal de Derechos Humanos comenzó a inventar requisitos para que la queja no pudiera proceder. Finalmente, sin ninguna explicación le dieron carpetazo y la reina fue coronada en un evento amenizado por los Ángeles Azules. Al año siguiente por mera curiosidad consulté la convocatoria, lo único que había cambiado es que en esa ocasión se solicitaba “ser mujer de nacimiento”.
Un poco decepcionada pensé que tal vez era algo por lo que no valía la pena desgastarse; sin embargo, el tema nunca dejó de rondar por mi cabeza. Sigo viendo este tipo de convocatorias y hay dos cosas que me preocupan. La primera y más obvia, la promoción de estereotipos sexistas, y la segunda, cómo estos se relacionan de una u otra forma con la concepción de la dignidad de las mujeres, esto es, con ser “una digna representante de la sociedad”.
Respecto al primer punto, entiendo que en los últimos años ha habido un esfuerzo por parte de estos certámenes para “romper estereotipos” seleccionando a mujeres africanas, asiáticas e incluso a mujeres trans como las ganadoras de los concursos. Sin embargo, se sigue replicando la idea de que la belleza es aquella que ha sido impuesta por el patriarcado, las ganadoras no dejan de ser mujeres jóvenes, altas y esbeltas que sonríen mientras van caminando por pasarelas mientras un jurado las observa.
Definitivamente, las culpables no son las chicas que participan en estos eventos. Todas hemos crecido en un sistema en el que se premia a las mujeres por ser bellas y también estos certámenes han sido normalizados a un grado tal que incluso se les ve como una tradición valiosa e incuestionable. Además, ser coronada como reina de belleza implica un reconocimiento importante y puede ser un factor de movilidad social. Por esto resulta entendible que muchas mujeres sientan especial entusiasmo por formar parte de estos certámenes
El problema principal es el castigo a las mujeres que no pueden o no quieren cumplir estos estereotipos de belleza. El hecho de que las canas, el acné, las estrías, las arrugas, el vello corporal, entre otros procesos naturales del cuerpo, sean estigmatizados y vistos como muestra de descuido por parte de las mujeres e incluso de mala salud, son ejemplo de ello. Las consecuencias son ya conocidas: afectaciones emocionales, desórdenes alimenticios y un mercado millonario de productos de bellezas y cirugías plásticas dispuesto a vender la aceptación social.
Está también el tema de la dignidad y de cómo se relaciona de alguna u otra forma con estos modelos sexistas. El objetivo de la reina de la feria es ser una “digna representante del estado”, lo que da cuenta de que estos certámenes se encargan de difundir los requisitos a cumplir para ser considerada una “mujer digna”.
Pienso en este imaginario social de la mujer digna y recuerdo el caso de Campo Algodonero<a href="#_ftn1" name="_ftnref1">1,</a> en el que las denuncias de mujeres desaparecidas fueron minimizadas por las autoridades, quienes desacreditaban a las víctimas bajo el pretexto de que “andaban con el novio” o “andaban de voladas”. O el caso Velázquez Paiz<a href="#_ftn2" name="_ftnref2">2</a>, en el que el feminicidio de una joven no fue investigado de manera diligente ya que había estado en una fiesta la noche previa a su desaparición, el cuerpo fue encontrado con aliento alcohólico y debido a su vestimenta y accesorios las autoridades estimaron que su perfil correspondía “al de las pandillas y al de una prostituta” y por lo tanto su muerte no debía investigarse.
Reflexiono sobre las mujeres asesinadas y abandonadas en bolsas de plástico, en fosas, en ríos y acerca de la impunidad en la que permanecen los casos. ¿Ellas hubieran cumplido estos requisitos para ser la reina de la feria? ¿Hubieran sido consideradas dignas representantes del estado? ¿Las autoridades hubieran reaccionado de manera diligente si estas mujeres entraran dentro de los falsos estándares de honorabilidad, armonía física y carácter encantador?
Han pasado varios años desde aquella convocatoria que puso mi atención en el tema de los certámenes de belleza, lo retomo ahora debido a que actualmente se discute una iniciativa legislativa que señala que cuando estos certámenes promuevan estereotipos sexistas podrán ser considerados como violencia simbólica<a href="#_ftn3" name="_ftnref3">3</a>, un concepto acuñado por Pierre Bourdieu, quien la definió como aquella violencia que no utiliza la fuerza física, sino la imposición del poder y la autoridad y sus manifestaciones son tan sutiles e imperceptibles que es permitida y aceptada por el dominador y la parte dominada<a href="#_ftn4" name="_ftnref4">4</a>. Aplaudo esta iniciativa, me parece importante poner en el debate público un tema que debemos cuestionarnos con rigor.
Tal vez se puede decir que esto es algo frívolo, que al vivir en el país de los feminicidios, las fosas clandestinas y las miles de desparecidas ponernos a discutir sobre concursos de belleza es una trivialidad. Yo también lo he llegado a pensar. Luego recuerdo que todas las mujeres que conozco han sufrido en mayor o menor medida por la imposición de estereotipos de belleza; veo cómo se gastan recursos públicos en lujosas coronaciones mientras las fiscalías que deben investigar feminicidios apenas si tienen personal; recuerdo aquel día en el que lloraba porque no quería salir en el bailable de la primaria porque sentía que me veía gorda con el vestuario; tenía ocho años. Viene todo esto a mi mente y pienso, bueno, tal vez sí vale la pena hablar de esto con seriedad.
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<a href="#_ftnref1" name="_ftn1">1</a> Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso González y otras (“Campo Algodonero”) vs. México, sentencia de 16 de noviembre de 2009
<a href="#_ftnref2" name="_ftn2">2</a> Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Velásquez Paiz y otros vs. Guatemala, sentencia de 19 de noviembre de 2015
<a href="#_ftnref3" name="_ftn3">3</a> Disponible <a href="http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2020/mar/20200319-II.html#Iniciativa13" target="_blank" rel="noopener noreferrer">aquí</a>.
<a href="#_ftnref4" name="_ftn4">4</a> Silvia Beatriz López Safi; “La violencia simbólica en la construcción social del género”, ACADEMO. Revista de Investigación en Ciencias Sociales y Humanidades, Universidad Americana, Paraguay, vol. 2, núm. 2, diciembre de 2015.

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