Mujeres defensoras: ante las múltiples violencias e impunidades, solo nosotras nos cuidamos
El 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, es un día para visibilizar y denunciar la constante ola de violencia que se ejerce en contra de nosotras en todo el mundo, por cuestiones de género. Este día fue designado por la Asamblea General de las Naciones Unidas, derivado de la Declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer aprobada en su resolución 48/104 y 52/86, como un acto de memoria por el asesinato de las tres hermanas y activistas políticas de República Dominicana, Patria, Minerva y María Teresa, por orden del entonces gobernante Rafael Trujillo en 1960.
Al día de hoy, la violencia contra las mujeres y las niñas continúa siendo una de las violaciones de los derechos humanos más extendidas y generalizadas alrededor del mundo. Esto, de la mano de las relaciones de poder históricas donde (por lo general) los hombres resultan favorecidos como grupo social a consecuencia de las relaciones asimétricas establecidas entre géneros.
El contexto actual de las mujeres mexicanas es desolador, pues según datos de la Secretaría de las Mujeres, solo en el primer trimestre del año hubo un registro total de 4 mil 765 de mujeres en situación de violencia en la Ciudad de México. De esta cifra, mujeres de entre 20 y 44 años de edad (60.1%) experimentaron uno o más tipos de violencia: psicoemocional (96.0%), económica (46.4%) y física (45.6%), sin dejar de lado la violencia sexual, padecida al menos por el 50 por ciento de mujeres en México. A estos números hay que sumar los 75 feminicidios registrados solo de enero a marzo del 2024, que representan en promedio de 9 a 10 feminicidios diarios.
A pesar de los aparentes esfuerzos del Estado por erradicar estos tipos de violencia, la realidad es que no han tenido el impacto debido, pues las violencias no cesan y el acceso a la justicia es casi imposible. La gran mayoría de los casos se encuentran enmarcados por la impunidad, lo que nos hace cuestionar el problema estructural al que nos enfrentamos y las acciones que se han tomado frente a ello. ¿Las medidas implementadas son las adecuadas según las necesidades y el contexto en el que nos encontramos actualmente? ¿O son los estigmas y prejuicios machistas que permean en la sociedad el principal causante de ello?
Este panorama tan complejo ha orillado a muchas mujeres a defender su vida misma, sus derechos y el de otras mujeres. Sin embargo, la titánica labor de defensa de derechos es un trabajo de alto riesgo, pues suele implicar actos de intimidación, hostigamiento judicial, detención arbitraria, amenazas de muerte, agresión física, desaparición forzada, tortura y, en los casos más extremos, el homicidio.
Durante el 2021, la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México registró 970 casos de violencia contra defensoras. La consecuencia de vivir ante una continua preocupación por la integridad y seguridad física, sumado a la exposición prolongada de narrativas de frustración, rabia y dolor, puede generar afecciones transversales en las vidas personales e incluso en los espacios de lucha y resistencia. Visibilizar las múltiples violencias que experimentamos las defensoras resulta indispensable para la implementación de medidas protectoras y de atención diferenciadas con perspectivas integrales. Apremia que los enfoques no solo sean en la seguridad física y sexual, sino también en el acompañamiento psicológico, pues es uno de los mayores impactos que se experimentan.
En el marco del 25N es importante reconocer el trabajo y compromiso con el que las mujeres accionan por y para la defensa de sus derechos en el país. Todo, con la intención de construir colectivamente un espacio justo y digno para todas. Hoy somos nosotras quienes encabezamos y protagonizamos muchos de los movimientos sociales. Las mujeres no somos las responsables de luchar por nuestros derechos, es el Estado quien está obligado a garantizar los mecanismos necesarios para ejercer la libre práctica de nuestros derechos y evitar que sean vulnerados. No obstante, en la praxis no hay un verdadero compromiso al respecto. Por el contrario, la omisión ante estás desigualdades desde el género escalan a niveles internacionales, puesto que a pesar de existir convenios con principios básicos de equidad y respeto entre las personas, el problema de las violencias de género permanece. ¿Hasta cuándo vamos a seguir normalizando las múltiples violencias que por razones de género vivimos? ¿Cómo el Estado y la nueva presidenta de México salvaguardarán las vidas de quienes somos defensoras, activistas y luchadoras sociales?
*Leslie Joryet (@lesliejoryet) es colaboradora del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria A. C. (@CentroVitoriaMX).
La pareja gobernante se convertiría en “coordinadora” de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial.
El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, ordenó este miércoles una amplia reforma de la Constitución de su país que le otorgaría a él y a su esposa, Rosario Murillo, el poder absoluto sobre los tres poderes del Estado.
El ejecutivo de Ortega presentó la propuesta de “Ley de protección de los nicaragüenses ante sanciones y agresiones externas” a la Asamblea Nacional para que la tramite con carácter urgente, informaron medios locales y agencias.
Con la reforma, Rosario Murillo, que es la vicepresidenta del país, pasaría a ser “copresidenta”, una nueva figura que se incorpora a la carta magna.
Según la reforma, la pareja gobernante se convertiría en “coordinadora” de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, que hasta ahora la Constitución reconocía como independientes.
El presidente de la Asamblea Nacional, Gustavo Porras, adelantó que la ley será aprobada en los próximos días, previsiblemente este mismo viernes.
Las enmiendas
La reforma afectará a más de 100 artículos de la actual Constitución que el gobierno de Ortega ya ha enmendado en 12 ocasiones desde 2007, incluida una que le permitió ser reelegido de forma indefinida en el cargo.
Otra de las enmiendas propuestas permitirá cesar de su cargo a los funcionarios públicos que disientan de los “principios fundamentales” del régimen, una práctica que ya se venía dando de forma no oficial, según denuncian organizaciones.
La reforma también limitará aún más la libertad de expresión a cuando esta “no transgreda el derecho de otra persona, de la comunidad y los principios de seguridad, paz y bienestar establecidos en la Constitución”.
Además, la bandera del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), el partido de Ortega que gobierna el país, se oficializa como símbolo patrio junto a la bandera nicaragüense azul y blanca, el himno y el escudo nacional.
Se espera que la reforma constitucional tenga el visto bueno de la Asamblea Nacional, donde 75 de los 91 diputados son del FSLN y el resto no suelen oponerse a las iniciativas que allí se presentan.
Ortega, de 79 años, eliminó los límites que la Constitución establecía para el mandato de un presidente, lo que le ha permitido renovar su cargo varias veces desde 2007 en procesos electorales considerados fraudulentos por varios países y organizaciones internacionales.
Su esposa, Rosario Murillo, gobierna junto a él como vicepresidenta de Nicaragua desde el año 2017.
Ambos renovaron sus cargos tras las elecciones de 2021, que se celebraron con los principales candidatos de la oposición suspendidos y encarcelados, y fueron consideradas un fraude por gran parte de occidente y organizaciones internacionales.
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