Hablemos de violencias graves contra las mujeres. En México, la palabra feminicidio es una derivación del término inglés feminicide, implica privar de la vida a una mujer por razón de género y aparece prohibido oficialmente en el código penal federal hasta el año 2012. No obstante, desde principios de la década de los 90, se difundieron las primeras muertes violentas en Ciudad Juárez, Chihuahua, junto con la exposición de los cuerpos sin vida en lugares públicos.
Actualmente, se ha legislado bastante sobre ello, por lo que existen ciertos lineamientos para catalogar como tal este crimen; pero en un país donde diariamente al menos 11 mujeres son asesinadas, los delitos asociados continúan siendo invisibilizados y la impunidad es un común latente. Esto último nos invita a cuestionar si las y los funcionarios públicos encargados de llevar estos casos realmente están preparados para brindar justicia, ¿y qué necesitamos para reaccionar frente a las graves violencias de género en el país?
A menudo escuchamos prejuicios respecto al género como “mira cómo anda vestida” o “es su culpa por beber y andar sola de noche”; estigmas sociales que han entorpecido, incluso frenado investigaciones penales por considerar a la víctima “provocadora”. Esto, sin mencionar las afectaciones que recaen directamente sobre las familias, quienes resultan ser otras víctimas de estos delitos; personas con todo el derecho a ser respetadas y atendidas con diligencia y dignidad en todo momento, pues su peregrinar es largo en espera de hacer justicia.
El caso de Danna Reyes (2020) expone lo antes mencionado: una joven de dieciséis años privada de la vida con extrema violencia por tres agresores. Ante esto, el entonces fiscal de Baja California, Guillermo Ruiz Hernández, se negó a investigar el suceso como feminicidio, emitiendo juicios de valor al manifestar que la víctima contaba con tatuajes en todo su cuerpo, entonces “quizá se lo merecía”. Ello provocó que la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Baja California y otros organismos en defensa de los derechos humanos exigieran la no revictimización ni estigmatización a las víctimas de estos delitos.
Además de los estigmas sociales, hoy en día encontramos que son las familias (y ahora víctimas indirectas) quienes han tomado las riendas sobre el ejercicio de búsqueda y exigencia de justicia. Quienes encabezan las investigaciones y aportan elementos clave para robustecer las carpetas con evidencias contundentes e incluso lideran las indagaciones complementarias, mismas que permiten vincular los procesos con posibles agresores. Aun así, la negligencia y la impunidad son factores que siguen latentes en las investigaciones referentes a estos temas.
Muestra de ello es el caso de Monserrat Juárez, privada de la vida por su expareja en 2023, quien además intentó desaparecer su cuerpo. Un feminicidio que pudo haberse evitado, ya que un año atrás el padre de la víctima había levantado una ficha de búsqueda por su desaparición. Pese a esto, bastó con una llamada de Monserrat donde manifestaba “estar bien” para que la ficha fuera dada de baja, sin verificación previa. La negligencia de las autoridades permitió que Monserrat volviera al espacio donde sería encontrada sin vida meses más tarde: la casa de su agresor, el mismo domicilio y su pareja como probable responsable.
La historia de Montserrat no es la única. El contexto de machismo normalizado, el poco manejo de protocolos de atención, capacitaciones deficientes y la poca confianza que la sociedad tiene al denunciar, han abonado a que sea complejo para la población femenina salir de círculos de violencia.
¿Por qué la pertinencia de incluir en estas prácticas la perspectiva de género? De inicio, es una herramienta fundamental para la investigación y resolución de casos donde está presente cualquier signo de violencia, pues permite interrumpir estas ideas permeadas desde estereotipos normalizados, hasta el entendimiento del contexto social de las víctimas. En 2023 la fiscalía de la CDMX manifestó la reducción de manera considerable en materia de feminicidios en la ciudad. Esto es un avance importante, aunque quedan esfuerzos por redoblar. Así lo deja ver el informe de ese mismo año presentado por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el cual resalta la reincidencia de Ciudad Juárez como la ciudad con más feminicidios.
La perspectiva de género es una metodología que ayuda a identificar y cuestionar la desigualdad social y cultural que se crea a partir de diferencias biológicas existentes entre hombres y mujeres. Una vez identificadas, se buscan emprender acciones que permitan modificar estas desigualdades. En muchos casos, si este enfoque fuera aplicado al momento de investigar y/o juzgar, se podrían entender las relaciones de poder que existen entre agresores y víctimas, el contexto social que permitió (o no) actuar a la víctima de cierto modo y de qué manera dar resoluciones justas.
¿Qué pasa cuando factores como la ignorancia, la apatía y la desarticulación de la sociedad, provocan el desinterés de atender bajo esta visión? Lo anterior es notable incluso en espacios como el poder judicial, cuando las juezas y los jueces continúan renuentes a juzgar desde el género, aún con la existencia de protocolos, jurisprudencias y criterios relevantes en la materia. Es necesario aprender a analizar no solo lo que obra en las carpetas de investigación, sino el contexto de cada víctima, lo que no se palpa de cada caso; leer entre líneas cada hecho suscitado, tomando en cuenta las relaciones asimétricas entre víctima y agresor, o bien, las relaciones de confianza que son violadas al momento de cometer los ilícitos.
Finalmente, la critica que se puede realizar al sistema jurídico mexicano relacionado con estos temas recae en la urgencia de apostar mucho más por una cultura de prevención, detección y el tratamiento de delitos que han resultado ser la antesala del feminicidio: la violencia familiar, el acoso, el abuso sexual, la violencia vicaria y el resto de los delitos de género. Optar por nuevas políticas públicas que vayan encaminadas a fortalecer los modelos de capacitación para la detección oportuna de agresiones en las instituciones educativas de nivel básico y media superior, en territorios vulnerables donde los delitos son mayores, que permitan reconocer y evitar a tiempo estas violencias, podría ser una vía de acción.
* Valeria Martínez, abogada y colaboradora del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria A. C. (@CDHVitoria).
El Ministerio de Salud de la Franja reportó que 50 mil 021 personas han fallecido en Gaza desde el 7 de octubre de 2023, cuando comenzó el conflicto entre Israel y Hamás, a la fecha. La ONU ha considerado fiables estas cifras, sin embargo, el gobierno israelí las ha refutado sistemáticamente.
Más de 50 mil palestinos han muerto en Gaza desde el inicio de la campaña militar que Israel lanzó en represalia por los ataques del 7 de octubre de 2023, anunció el Ministerio de Salud de la Franja, donde gobierna Hamás.
La cifra de 50 mil 021 fallecidos equivale a aproximadamente al 2.1 % de los 2.3 millones de habitantes que tenía el territorio antes del inicio del conflicto, lo cual también se puede traducir de la siguiente forma: Una de cada 46 personas ha muerto en estos 17 meses.
Pero el parte no se queda allí, pues el Ministerio de Salud también informó que 113 mil 274 personas más han resultado heridas en el mismo periodo.
Las cifras son consideradas fiables por las Naciones Unidas (ONU) e instituciones internacionales. Sin embargo, el gobierno israelí las ha refutado sistemáticamente.
Israel impide a periodistas internacionales, incluida la BBC, entrar en Gaza, por lo que estos números no se pueden verificar independientemente.
Las cifras del Ministerio de Salud de Gaza no hacen distinción entre civiles y presuntos combatientes de Hamás.
No obstante, en noviembre, la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas afirmó que sus análisis mostraban que cerca del 70 % de las víctimas verificadas durante un periodo de seis meses eran mujeres y niños.
En enero, la revista médica The Lancet publicó un estudio que sugería que el número de muertos podría hasta un 41 % mayor que lo reportado por el Ministerio de Salud de Gaza.
La actual guerra se desencadenó tras el ataque de Hamás contra el sur de Israel el 7 de octubre de 2023, en el que murieron unas mil 200 personas, principalmente civiles, y otras 251 fueron tomadas como rehenes.
Israel respondió al ataque del 7 de octubre con una ofensiva militar masiva, que ha causado una gran destrucción de viviendas e infraestructuras, además de muertos y heridos.
El 15 de enero se inició un alto al fuego, el cual fue fruto de arduas negociaciones entre Israel y Hamás. Sin embargo, el mismo fue roto por Israel el pasado martes.
El saldo de víctimas de este conflicto continúa creciendo.
Así, este domingo el Ministerio de Salud de Gaza informó que, en las últimas 24 horas, 39 personas fallecieron en el territorio por nuevos ataques israelíes, lo cual eleva a 673 el total de muertos desde que Israel reanudó sus operaciones militares.
Entre los últimos fallecidos figura Salah al Bardaweel, un líder político de Hamás, quien fue liquidado durante un bombardeo a la ciudad Jan Yunis.
La muerte de Bardaweel y de su esposa fue confirmada por la organización palestina.
En un comunicado emitido el domingo, Hamás afirmó que Bardaweel, de 66 años, estaba rezando con su esposa cuando un misil israelí impactó contra su tienda de campaña.
Padre de ocho hijos, Bardaweel era una de las figuras políticas más destacadas actualmente dentro de Hamás.
Nacido en el campo de refugiados de Jan Yunis, era conocido por su cercanía con el desaparecido líder del grupo, Yahya Sinwar, y se le consideraba como parte de la segunda generación de líderes de la organización, tras los fundadores.
Las operaciones israelíes en la Franja de Gaza tienden a intensificarse. Este domingo, el ejército ordenó la evacuación de Tel al Sultán en la sureña ciudad de Rafah, fronteriza con Egipto.
Cientos de palestinos que se encontraban en la zona, donde está uno de los ocho campos de refugiados que hay dentro del territorio, comenzaron a desplazarse, luego de recibir mensajes de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) en los que les ordenaba desalojar el sitio, reportó el servicio árabe de la BBC.
El vocero del ejército israelí, Avichay Adraee, declaró a través de la plataforma X que se había iniciado una operación contra lo que denominó “organizaciones terroristas” en la zona de Tel al Sultán.
Mientras los combates recrudecen, desde la Autoridad Nacional Palestina (ANP) pidieron a Hamás que se retire de Gaza para “preservar la existencia palestina” en la zona.
“Hamás debe ser misericordioso con Gaza, sus niños, mujeres y hombres. Advertimos que se avecinan días difíciles, duros y difíciles para los residentes de la Franja”, declaró a la agencia AFP, Munther al-Hayek, vocero de Fatah, el partido que lidera la ANP y que gobierna en Cisjordania, el otro territorio palestino.
*con información de Tom Bennett, Rushdi Abu Alouf y Emir Nader
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