Hablemos de feminicidios: el sistema penal mexicano vs la perspectiva de género
Hablemos de violencias graves contra las mujeres. En México, la palabra feminicidio es una derivación del término inglés feminicide, implica privar de la vida a una mujer por razón de género y aparece prohibido oficialmente en el código penal federal hasta el año 2012. No obstante, desde principios de la década de los 90, se difundieron las primeras muertes violentas en Ciudad Juárez, Chihuahua, junto con la exposición de los cuerpos sin vida en lugares públicos.
Actualmente, se ha legislado bastante sobre ello, por lo que existen ciertos lineamientos para catalogar como tal este crimen; pero en un país donde diariamente al menos 11 mujeres son asesinadas, los delitos asociados continúan siendo invisibilizados y la impunidad es un común latente. Esto último nos invita a cuestionar si las y los funcionarios públicos encargados de llevar estos casos realmente están preparados para brindar justicia, ¿y qué necesitamos para reaccionar frente a las graves violencias de género en el país?
A menudo escuchamos prejuicios respecto al género como “mira cómo anda vestida” o “es su culpa por beber y andar sola de noche”; estigmas sociales que han entorpecido, incluso frenado investigaciones penales por considerar a la víctima “provocadora”. Esto, sin mencionar las afectaciones que recaen directamente sobre las familias, quienes resultan ser otras víctimas de estos delitos; personas con todo el derecho a ser respetadas y atendidas con diligencia y dignidad en todo momento, pues su peregrinar es largo en espera de hacer justicia.
El caso de Danna Reyes (2020) expone lo antes mencionado: una joven de dieciséis años privada de la vida con extrema violencia por tres agresores. Ante esto, el entonces fiscal de Baja California, Guillermo Ruiz Hernández, se negó a investigar el suceso como feminicidio, emitiendo juicios de valor al manifestar que la víctima contaba con tatuajes en todo su cuerpo, entonces “quizá se lo merecía”. Ello provocó que la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Baja California y otros organismos en defensa de los derechos humanos exigieran la no revictimización ni estigmatización a las víctimas de estos delitos.
Además de los estigmas sociales, hoy en día encontramos que son las familias (y ahora víctimas indirectas) quienes han tomado las riendas sobre el ejercicio de búsqueda y exigencia de justicia. Quienes encabezan las investigaciones y aportan elementos clave para robustecer las carpetas con evidencias contundentes e incluso lideran las indagaciones complementarias, mismas que permiten vincular los procesos con posibles agresores. Aun así, la negligencia y la impunidad son factores que siguen latentes en las investigaciones referentes a estos temas.
Muestra de ello es el caso de Monserrat Juárez, privada de la vida por su expareja en 2023, quien además intentó desaparecer su cuerpo. Un feminicidio que pudo haberse evitado, ya que un año atrás el padre de la víctima había levantado una ficha de búsqueda por su desaparición. Pese a esto, bastó con una llamada de Monserrat donde manifestaba “estar bien” para que la ficha fuera dada de baja, sin verificación previa. La negligencia de las autoridades permitió que Monserrat volviera al espacio donde sería encontrada sin vida meses más tarde: la casa de su agresor, el mismo domicilio y su pareja como probable responsable.
La historia de Montserrat no es la única. El contexto de machismo normalizado, el poco manejo de protocolos de atención, capacitaciones deficientes y la poca confianza que la sociedad tiene al denunciar, han abonado a que sea complejo para la población femenina salir de círculos de violencia.
¿Por qué la pertinencia de incluir en estas prácticas la perspectiva de género? De inicio, es una herramienta fundamental para la investigación y resolución de casos donde está presente cualquier signo de violencia, pues permite interrumpir estas ideas permeadas desde estereotipos normalizados, hasta el entendimiento del contexto social de las víctimas. En 2023 la fiscalía de la CDMX manifestó la reducción de manera considerable en materia de feminicidios en la ciudad. Esto es un avance importante, aunque quedan esfuerzos por redoblar. Así lo deja ver el informe de ese mismo año presentado por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el cual resalta la reincidencia de Ciudad Juárez como la ciudad con más feminicidios.
La perspectiva de género es una metodología que ayuda a identificar y cuestionar la desigualdad social y cultural que se crea a partir de diferencias biológicas existentes entre hombres y mujeres. Una vez identificadas, se buscan emprender acciones que permitan modificar estas desigualdades. En muchos casos, si este enfoque fuera aplicado al momento de investigar y/o juzgar, se podrían entender las relaciones de poder que existen entre agresores y víctimas, el contexto social que permitió (o no) actuar a la víctima de cierto modo y de qué manera dar resoluciones justas.
¿Qué pasa cuando factores como la ignorancia, la apatía y la desarticulación de la sociedad, provocan el desinterés de atender bajo esta visión? Lo anterior es notable incluso en espacios como el poder judicial, cuando las juezas y los jueces continúan renuentes a juzgar desde el género, aún con la existencia de protocolos, jurisprudencias y criterios relevantes en la materia. Es necesario aprender a analizar no solo lo que obra en las carpetas de investigación, sino el contexto de cada víctima, lo que no se palpa de cada caso; leer entre líneas cada hecho suscitado, tomando en cuenta las relaciones asimétricas entre víctima y agresor, o bien, las relaciones de confianza que son violadas al momento de cometer los ilícitos.
Finalmente, la critica que se puede realizar al sistema jurídico mexicano relacionado con estos temas recae en la urgencia de apostar mucho más por una cultura de prevención, detección y el tratamiento de delitos que han resultado ser la antesala del feminicidio: la violencia familiar, el acoso, el abuso sexual, la violencia vicaria y el resto de los delitos de género. Optar por nuevas políticas públicas que vayan encaminadas a fortalecer los modelos de capacitación para la detección oportuna de agresiones en las instituciones educativas de nivel básico y media superior, en territorios vulnerables donde los delitos son mayores, que permitan reconocer y evitar a tiempo estas violencias, podría ser una vía de acción.
* Valeria Martínez, abogada y colaboradora del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria A. C. (@CDHVitoria).
Aunque no se han revelado muchos detalles sobre la nueva agencia, un repaso a la trayectoria del fundador de Tesla puede dar algunas pistas.
Donald Trump le ha encargado a Elon Musk, el hombre más rico del mundo, la dirección del nuevo Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE, por sus siglas en inglés).
Trump afirmó en redes sociales que Musk y Vivek Ramaswamy, excandidato en las primarias del Partido Republicano, “desmantelarán la burocracia gubernamental, reducirán las regulaciones excesivas, recortarán los gastos innecesarios y reestructurarán las agencias federales”.
El empresario tecnológico cuenta con una larga experiencia de liderazgo corporativo para cumplir ese objetivo que lleva meses defendiendo.
Pero su rol también le otorgaría una importante influencia sobre la política gubernamental y el entorno regulatorio en el que operan sus compañías, lo que plantea dudas razonables.
Qué se sabe del DOGE
De momento se conocen pocos detalles concretos sobre el próximo Departamento de Eficiencia Gubernamental, al que Trump llamó en un comunicado “el Proyecto Manhattan de nuestro tiempo”.
El presidente electo ha adelantado que el DOGE funcionará como una especie de consejo asesor que operará de forma externa mediante una asociación con la Oficina de Administración y Presupuesto de la Casa Blanca (OMB).
El departamento, anunció Trump, “brindará asesoramiento y orientación desde fuera del gobierno, y se asociará con la Casa Blanca y la Oficina de Administración y Presupuesto para impulsar una reforma estructural a gran escala y crear un enfoque empresarial para el gobierno nunca antes visto”.
“Espero que Elon y Vivek realicen cambios en la burocracia federal con miras a la eficiencia y, al mismo tiempo, para mejorar la vida de todos los estadounidenses. Es importante destacar que eliminaremos el despilfarro y el fraude masivos que existen en nuestro gasto gubernamental anual de US$6,5 billones”, agregó.
Y, en principio, no será permanente: Trump estima que el órgano completará su trabajo en 18 meses, y Musk cree que lo hará “mucho más rápido”.
Por su parte, Musk afirmó en un mitin del entonces candidato republicano en octubre que el presupuesto del gobierno estadounidense podría reducirse en “al menos” US$2 billones de un total de US$6,5 billones.
También ha sugerido con frecuencia que el número de empleados gubernamentales se puede reducir de forma significativa.
Por su parte, Ramaswamy expresó en el pasado su deseo de eliminar una serie de oficinas federales, entre ellas el Departamento de Educación, la Comisión Reguladora Nuclear, el Servicio de Impuestos Internos y el FBI.
El precedente de Twitter/X
En todo caso, la forma en la que Musk ha dirigido sus propias empresas puede dar pistas de lo que los estadounidenses pueden esperar que haga en el DOGE.
En octubre de 2022 se hizo cargo de la plataforma de redes sociales Twitter, a la que rebautizó como X, en un acuerdo de US$44.000 millones.
Musk renunció a las políticas de moderación de contenido y eliminó el veto a los usuarios considerados infractores de las reglas sobre discurso de odio y desinformación.
Uno de los usuarios a los que restituyó fue Trump, cuyo perfil había sido censurado tras el motín del Capitolio en enero de 2021 por seguir afirmando que las elecciones de 2020 habían sido amañadas en su contra.
La adquisición de Musk trajo cambios radicales a X, como la reducción de plantilla de unas 8.000 personas a 1.500.
En abril de 2023 le dijo a la BBC que su razonamiento para tomar esta medida era que “si toda la empresa se hunde, entonces nadie tendrá trabajo”.
“Su idea de eficiencia era despedir a mucha gente”, afirma Alex Waddan, profesor de política estadounidense en la Universidad de Leicester.
Como respuesta al éxodo de anunciantes por relajar las políticas de libertad de expresión de la plataforma, el empresario monetizó algunas funciones para aumentar los ingresos.
Convirtió las marcas azules, que antes indicaban que una cuenta de una figura pública era auténtica, en un modelo de suscripción y vinculó los pagos de publicidad a usuarios “verificados” con la cantidad de interacciones recibidas.
Pero estos cambios tuvieron algunas consecuencias no deseadas.
Tras un aluvión de críticas, X asignó marcas de oro o plata a las cuentas oficiales para evitar que se confundieran con falsas, lo que significa que las marcas azules solo indican que una cuenta es de pago.
Incentivar a los usuarios con una parte de los ingresos publicitarios también aportó una vía para que las llamadas “granjas de bots” ganaran dinero con interacciones a su contenido generado automáticamente. Musk ha dicho que su equipo ha eliminado de forma repetida las cuentas de bots.
Los críticos sostienen que sus cambios han dado prominencia al discurso de odio y la desinformación, aunque él sostiene que la red social es políticamente neutral.
“Como ’empresario en serie’, Musk ha sido implacable en su intento de mejorar la eficiencia institucional en sus propias compañías”, evalúa Thomas Gift, profesor de Ciencias Políticas y director del Centro de Política Estadounidense en el University College de Londres.
Añade que, aunque el papel principal de Musk será “reducir la maraña de burocracia que es el gobierno federal de Estados Unidos”, su puesto también le aportará influencia en la nueva administración.
“Si bien su papel en el Departamento de Eficiencia Gubernamental será más informal, no hay duda de que Trump lo escucha, al menos por el momento”, sentencia.
Musk contra las regulaciones
Elon Musk “es extremadamente antirregulaciones y odia que el gobierno o cualquier otra persona le diga qué hacer“, describió la periodista de investigación Kristen Grind en el podcast The Daily del diario estadounidense The New York Times.
El acrónimo DOGE ideado por Musk hace referencia a un meme de un perro Shiba Inu que luego dio su nombre a la criptomoneda Dogecoin. Él ha mencionado ambos con frecuencia.
Christopher Phelps, profesor de historia política moderna de Estados Unidos, interpreta que el nombre es “un guiño a la desregulación de las criptomonedas como parte de sus planes”.
Los precios de las criptomonedas aumentaron después de la elección de Trump, lo que hace pensar que el presidente entrante creará un entorno regulatorio relajado.
Pero los llamamientos desregulatorios de Musk también pueden atribuirse en parte a las frustraciones que ha padecido con sus otras empresas comerciales: la compañía de vehículos eléctricos Tesla y la firma de cohetes SpaceX.
El gobierno de Estados Unidos ha acusado repetidamente a Tesla de intentar evitar que sus trabajadores se sindicalicen, lo que en algunos casos podría infringir la ley federal.
Musk, cuyo patrimonio neto estimado alcanza los US$290.000 millones, ha afirmado anteriormente que “no está en contra de todos los sindicatos”, pero que el sindicato de trabajadores automotrices “tiene un historial de destrucción de productividad que impide a una empresa competir”.
En septiembre, Musk amenazó con demandar a la Administración Federal de Aviación por sus planes de multar a su compañía SpaceX con US$633.000 por supuestas infracciones de licencias relacionadas con algunos de sus lanzamientos de cohetes desde Cabo Cañaveral, en Florida.
Acusó a la agencia de “extralimitación regulatoria”.
También ha dicho en repetidas ocasiones que quiere colonizar Marte, y el programa Starship de SpaceX es un intento de hacer esto posible.
Pero en septiembre escribió que esto solo era una posibilidad “siempre que no se vea sofocada por la burocracia” y afirmó que la creación del DOGE era “el único camino para extender la vida más allá de la Tierra”.
¿Altruismo o interés?
Entonces, ¿hasta qué punto su motivación para asumir el rol en el gobierno responde a sus intereses comerciales?
Musk “se beneficiará personalmente de gran parte de la desregulación que promociona”, opina el profesor Phelps.
“Creo que poner a alguien que es multimillonario y dirige grandes corporaciones a cargo de un proyecto federal de desregulación es algo, por naturaleza, lleno de conflictos de intereses“.
Por su parte, el profesor Gift apunta que “no hay duda de que Musk tiene importantes intereses creados en el panorama regulatorio de Estados Unidos como resultado de sus muchas empresas comerciales”.
Al mismo tiempo, matiza, “es difícil afirmar que este sea el único motivo que lo impulsa”.
“Musk ha asumido enormes riesgos personales y políticos al salir del armario a favor de Trump, y muchas de sus actividades y retórica parecen mostrar a un individuo ideológicamente comprometido con causas en las que cree”.
El profesor Waddan coincide con este punto de vista: “es evidente que tiene algo en juego y un interés propio, pero igualmente puede creer sinceramente que hay demasiada regulación y demasiada burocracia gubernamental”.
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