El derecho a la alimentación más allá de las reformas
Cada 16 de octubre se celebra el Día Mundial de la Alimentación, proclamado en 1979 por iniciativa de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO). Este es uno de los derechos universales más importantes de todos los tiempos. Por ello, dentro de la agenda 2030 para el desarrollo sostenible, aparece como objetivo dos: “Hambre Cero”. No obstante, tiene vínculo con otros de los diecisiete objetivos del plan como el “1: Fin a la pobreza”, “3: Salud y bienestar”, “6: Agua limpia y saneamiento”, “10: Reducción de las desigualdades”, por mencionar algunos.
En México, la alimentación aparece en el Artículo 4° de la Constitución, que junto con el Artículo 27° forma parte del paquete de reformas actuales. Sobre estas reformas propuestas por su antecesor, Andrés Manuel López Obrador, la presidenta Claudia Sheinbaum dijo que garantizarán los derechos de los grupos vulnerables y mayormente minorizados, a través de programas sociales. Pero ¿cuáles son estas reformas? ¿Realmente ayudarán a garantizar una alimentación digna, sostenible y justa?
El artículo 4º en su párrafo tercero refiere que “Toda persona tiene derecho a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad. El Estado lo garantizará”. Las reformas al respecto hacen énfasis en apoyos económicos y programas asistenciales como la pensión a adultos mayores de 65 años, apoyo a personas con discapacidad permanente y estudiantes. El artículo 27, referente a la propiedad de aguas y tierras, garantizará los apoyos del programa ahora llamado “Sembrando Vida”, además establece que “el Estado mantendrá los precios de garantía para maíz, frijol, leche, arroz y trigo harinero o panificable”.
Este tipo de programas asistenciales están creados para generar “bienestar social” en los diferentes ámbitos de la vida de un ciudadano: laboral, salud, medio ambiente, económico, desarrollo cultural, rural etcétera. Hoy en día se hace énfasis en los llamados “Programas para el Bienestar”, los cuales mayormente son apoyos monetarios. Pocos son los programas enfocados a la salud alimentaria y escasas las reformas que garanticen el derecho a una alimentación saludable, sostenible y justa.
Ejemplo de estos programas son LICONSA, que en un sentido estricto es una empresa de participación estatal mayoritaria con precios subsidiados “accesibles” para la población, y el Programa de Desayunos Escolares del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, que (como su nombre lo indica) tiene la tarea de proporcionar desayunos a las infancias con orientación alimentaria, asegurando la calidad de los alimentos.
Los derechos alimentarios no solo deben basarse en el abastecimiento de alimentos, pues pensarlo así implica, de entrada, reducir la importancia alimentaria y dejar fuera a mucha población entre infancias, juventudes, adultos y adultos mayores. Si bien estos programas cubren a ciertos sectores mayormente vulnerados, el Estado debe poner atención a la diversidad poblacional con la que cuenta. Por un lado están quienes no cuentan con las posibilidades de adquirir los alimentos necesarios y, por otro, quienes sí tienen acceso a estos productos pero no cuentan con una cultura alimentaria saludable.
Que los temas alimenticios, de salud y bienestar figuren a nivel constitucional es un gran avance, pero garantizar una alimentación nutritiva, suficiente y de calidad requiere mayores esfuerzos. Con las reformas a los artículos mencionados se abre una vía de acción en cuestiones alimentarias, pues intentan generar estabilidad económica en las familias mexicanas, situaciones justas entre los productores y estabilidad en el precio de los productos. ¿Pero los apoyos deben ser limitados a lo económico? ¿Cómo podemos hacer frente a las prácticas de mala alimentación y consumo desmedido de productos hiperprocesados?
La desinformación (y en estos tiempos digitales la sobreinformación) es uno de los principales agentes para el consumo inadecuado de los alimentos. El marketing publicitario de productos como bebidas o alimentos “chatarra” ha aumentado el uso de recursos cotidianos de la población para lograr un consumo constante y creciente. De allí que exista una falta de exigencia y reclamación por detener el consumo de productos dañinos para la salud, sin contar el grado de contaminación y explotación de bienes comunes, como el agua y la tierra.
Estas reformas y sus implicaciones deben ser tomadas con cuidado, sobre todo si buscamos garantizar derechos como la salud, la alimentación y la vida digna. Así lo sostienen integrantes del “Mercado Alternativo” y del movimiento “Sin Maíz No Hay País”, quienes hacen referencia a las consecuencias de tener en nuestra canasta básica alimentos transgénicos como el maíz, que además de mermar la salud ocasiona infertilidad en las tierras y sobreexplotación de los recursos que el campo nos brinda.
La producción de alimentos se ha complejizado si tomamos en cuenta factores como el cambio climático y las repercusiones de agroquímicos y pesticidas. Es una certeza la insuficiencia de recursos alimentarios para abastecer a las personas de productos nutritivos, originarios y de calidad. Sin embargo, la lucha por generar políticas óptimas, justas y salubres para el campo mexicano (nuestro principal proveedor de alimentos) no cesa. Aunado a esto, el Estado mexicano debería garantizar una distribución justa y no solo por la vía económica. Este proceso necesita el mismo cuidado, atención, tiempo y valor que requiere una semilla para generar frutos con cualidades indispensables para la salud humana.
* Moisés Abraham Hernández Lemus es colaborador del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria A. C. (@CentroVitoriaMX).
El exmandario boliviano publicó un video en su cuenta de Facebook donde se ven impactos de bala en los cristales del auto que lo llevaba a una entrevista en Cochabamba.
El expresidente de Bolivia Evo Morales denunció el domingo que hombres armados dispararon una lluvia de balas contra su automóvil cuando se dirigía a su programa semanal de radio en la ciudad de Cochabamba, en el centro del país.
En un comunicado de su partido, Movimiento Al Socialismo (MAS), publicado por Morales en su cuenta de X, responsabilizó directamente al presidente Luis Arce, al ministro del Interior, Eduardo del Castillo; y al ministro de Defensa, Edmundo Novillo.
En el comunicado se afirma que los vehículos que dispararon al coche del exmandatario ingresaron en un cuartel militar y que, según testigos, sus ocupantes luego se marcharon en un helicóptero.
A poco de saberse el incidente, el presidente Luis Arce dijo que había ordenado una “inmediata y minuciosa investigación” para esclarecer este suceso.
Y, ahora, el gobierno de Bolivia ha rechazado estas afirmaciones y dado su versión de los hechos.
El ministro del Interior, Eduardo del Castillo, dijo que el convoy del expresidente huyó de una patrulla antidrogas que realizaba un control rutinario de vehículos en la carretera del Trópico de Cochabamba.
Según esta versión, en esa huida, el equipo de seguridad de Morales disparó contra la policía, llegó a herir a uno de ellos y atropelló a otro.
Del Castillo calificó de “mentiroso” al exmandatario e indicó que el chofer de Morales no quiso parar ante la orden de los agentes y aumentó la velocidad.
A su vez, Morales ha negado esta versión y ha dicho en una publicación en X que le habían disparado “más de 18 veces”.
“Tardaron 30 horas para montar una mentira (…) quieren convertir a la víctima en victimario. Hay muchas pruebas de que nos emboscaron, pero dicen que nosotros disparamos. Ninguno de nosotros llevaba ningún tipo de armamento”.
El domingo Morales publicó en su cuenta de Facebook un video tomado desde un automóvil en movimiento que muestra agujeros de bala en los parabrisas delantero y trasero. El expresidente está sentado en el asiento del copiloto. Al menos una persona en el vehículo tenía sangre.
El contenido del video y su autenticidad no pudieron ser verificados.
Al respecto, Del Castillo afirmó que los videos “están editados”.
“Señor Morales, nadie cree el teatro que usted ha montado”, añadió.
“Nadie ni nada lo va a salvar de este proceso penal, nadie que ataque a un policía puede seguir en la impunidad (…), nadie puede buscar matar a un policía y victimizarse”, concluyó el ministro del Interior.
Una rivalidad que lleva años
El presunto ataque se produce en medio de crecientes tensiones en Bolivia entre los partidarios de Morales y los del actual presidente, Luis Arce, un exaliado de Morales.
Arce fue ministro de Economía de Morales entre 2006 y 2019 y ambos son miembros del mismo partido político socialista MAS (Movimiento al Socialismo), pero han tenido cada vez más enfrentamientos desde 2021, como parte de una lucha de poder de cara a las elecciones de 2025.
Morales fue muy popular en el país andino hasta que intentó eludir la Constitución para buscar un cuarto mandato.
Y en junio, un intento de golpe de Estado de una parte del ejército -ordenado por el general Juan José Zúñiga- en el que un grupo de soldados y vehículos militares intentaron tomar el control de la Plaza Murillo, elevó aún más la fricción política entre Arce y Morales.
En el último episodio de tensiones, los partidarios de Morales han bloqueado durante dos semanas carreteras clave y se han enfrentado con las fuerzas de seguridad que intentan despejarlas.
El gobierno los acusa de desestabilizar a Bolivia -ya que los bloqueos han interrumpido el suministro de alimentos y combustible-, y de intentar “interrumpir el orden democrático”.
La administración de Arce también expuso en un comunicado que algunos grupos aliados de Morales estaban armados y advirtieron sobre la violencia, citando a 14 policías heridos al intentar romper los bloqueos.
El país también lidia con la disminución de la producción de gas, el agotamiento de las reservas de divisas y el aumento de la inflación, lo que aumenta la presión sobre el partido gobernante y conduce a luchas internas políticas cada vez más complicadas.
Evo Morales es el principal líder de la izquierda en Bolivia y uno de los nombres más reconocidos en la política sudamericana. Líder indígena y cocalero, fue electo presidente en 2005 y fue reelecto dos veces.
Está siendo investigado actualmente por violación, tráfico de personas y contrabando de personas por su presunta relación sexual con una joven de 15 años miembro de su guardia política juvenil en 2015.
Fue citado formalmente por los fiscales regionales para declarar en el caso, pero no se presentó y ahora enfrenta una orden de arresto. Morales niega rotundamente las acusaciones.
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