La narrativa contra las drogas que facilitará el intervencionismo estadounidense

La reasunción de Trump a la Casa Blanca ha implicado el regreso de una política exterior agresiva y unilateral. Se caracteriza por una intensificación del intervencionismo y retrocesos en la agenda global de derechos humanos. Emplea la retórica de la “guerra contra las drogas” como un arma geopolítica selectiva, tanto en sus relaciones exteriores como dentro de su propio país. Esta vez, llevando esta supuesta persecución regional a un nuevo nivel, de violaciones explícitas al derecho internacional.

América Latina conoce de sobra el historial imperialista de Estados Unidos. Sin embargo, el reciente bombardeo para capturar al presidente venezolano Nicolás Maduro —por ilegítimo que fuera su gobierno— marca un punto de ruptura histórico, al anular por completo el principio de inmunidad soberana e inviolabilidad de las jefaturas de Estado. El objetivo no declarado de las intervenciones es el control geoestratégico de recursos y ello reactiva el fantasma del colonialismo más crudo en la psique colectiva latinoamericana.

La administración de Trump anunció un giro drástico a la manera en que Estados Unidos enfrenta a los grupos involucrados en la producción y distribución de sustancias ilegalizadas, aunque lejos de reducir su influencia estas medidas debilitan la capacidad de acción de los gobiernos sobre el crimen organizado. Para Trump no existe el interés de reducir el poder delictivo en la región, pues a pesar de intervenir el mandato de Nicolás Maduro por sus presuntos vínculos con el narcotráfico, sus acciones internas destacan por exonerar a responsables identificados y socavar la lucha contra estos grupos.

Con el flujo masivo de armas desde Estados Unidos que impide el control de la violencia en México –y representa el 74 % del armamento ilegal dentro del país–, la administración estadounidense ha influido considerablemente en las políticas antidrogas mexicanas. En su expresión más reciente, responsabilizó a México por su crisis actual del fentanilo aunque, al mismo tiempo, realizó recortes significativos a su presupuesto de salud, con consecuencias directas sobre su población usuaria, y llegó a un acuerdo económico con Purdue Pharma, la compañía que impulsó la actual crisis de opioides en Estados Unidos por comercializar agresivamente el OxyContin como un medicamento analgésico no adictivo.

Siguiendo esta misma tendencia, en diciembre de 2025 Trump indultó oficialmente al expresidente hondureño Juan Orlando Hernández, uno de los pocos jefes de Estado enjuiciados por narcotráfico, que había sido condenado a 45 años de prisión por traficar cientos de toneladas de cocaína. Ignoró pruebas contundentes y debilitó un caso histórico, anunciando simultáneamente que dejaría de aplicar leyes contra la corrupción transnacional y el lavado de dinero.

Su administración también eliminó la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), que financiaba programas para debilitar al crimen organizado y ofrecer alternativas a las nuevas generaciones; abandonó al gobierno de Haití, el país que más asistencia recibía, dejándolo a merced de bandas que hoy usurpan el poder estatal, y suspendió numerosos programas del Departamento de Estado que fortalecían instituciones anticrimen en la región.

Corresponde al pueblo venezolano, y solo a él, decidir el futuro de su país. Sin embargo, lo que está en juego trasciende las fronteras de Venezuela. Se trata del futuro de América Latina. De manera que hacemos un llamado a superar la instrumentalización del uso de sustancias como un pretexto para incurrir en violaciones a la soberanía. Anticipamos que enfrentar los deseos de injerencia estadounidense continuará siendo un reto para la actual administración en México. Pero como una organización que promueve políticas de drogas sostenibles, respetuosas de los derechos humanos y centradas en la salud pública, sostenemos con firmeza que la violencia nunca solucionará los desafíos relacionados con las sustancias y su consumo. La paz no se decreta, sino que se construye con evidencia y justicia.

* Julia Anguiano Rosas es investigadora y analista de políticas públicas. Es licenciada por el Centro de Investigación y Docencias Económicas (CIDE) y responsable de investigación en el Instituto RIA. Lidera proyectos de investigación sobre usos de sustancias psicoactivas y políticas de drogas. Está interesada en impulsar políticas públicas sobre drogas centradas en la salud pública y en la producción de información local sobre su consumo.