
Mamá no suele preocuparse por sí misma. Su rol de género se lo impide, porque le exige ser siempre fuerte, incansable, la mejor. Mamá no me lo dice, pero está cansada de la doble y triple jornada laboral. Tanto, que para resistir este ritmo de vida echa mano de algunas herramientas, conocidas como sustancias psicoactivas (SPA).
Puedo llamarle café del diario, tabaco ocasional entre reuniones, botellita escondida entre las ollas de la cocina o copas del fin de semana para el desestrés. Son sustancias de apoyo para cumplir con jornadas imposibles. Aunque otras sustancias estimulantes, como la metanfetamina, también movilizan la energía de mujeres en México que son madres, en maquilas e industrias.
Del tipo que sea, hay una larga historia de uso de SPA que forma parte de los estilos de vida de las mujeres, y que se entrelaza con el mandato de ser la mamá perfecta. Este mandato de género, que hoy día implica ser la administradora, proveedora y única responsable de la crianza, está negando a las mujeres la necesidad de reconocer sus propios límites de manera sistemática.
Para cumplir con las jornadas, sobre todo en contextos que las dejaron a su suerte, hay mujeres que están recurriendo al uso de SPA. Solo que no han tenido acceso a medidas, condiciones o información para su propio autocuidado durante el consumo.
No solo los hombres fuman, se embriagan y utilizan SPA durante su juventud y adultez. Las mujeres también, y cada vez más, participan en esta búsqueda de experiencias y sensaciones. Aunque en las vidas de ellas etapas como el inicio de la menstruación o la maternidad en algún momento se entrecruzan con sus consumos, y cuentan con poca información basada en evidencia al respecto cuando esto ocurre.
Mientras sabemos exactamente cómo el alcohol afecta el hígado de un hombre adulto, conocemos menos sobre sus efectos en el ciclo menstrual. No existen investigaciones formales sobre el uso de la cannabis para manejar el dolor posparto, aunque muchas mujeres lo consumen empíricamente. La ciencia estudió minuciosamente la disfunción eréctil inducida por SPA, pero aún no puede decirnos cómo interactúan estas mismas sustancias durante las distintas etapas del embarazo y la maternidad.
Incluso existe una preferencia por documentar los efectos del consumo sobre el feto que por centrar las investigaciones en el bienestar, la salud o las experiencias de las mujeres. Son omisiones que dejan nuestros consumos a ciegas.
Recientemente, desde el Instituto RIA lanzamos una encuesta dirigida a mujeres que han usado SPA durante distintas etapas de su maternidad, con el objetivo de identificar sus principales preocupaciones y necesidades. Hasta ahora, obtuvimos la participación de 74 mujeres que también son madres, aunque aún se tratan de resultados preliminares.
En las respuestas que hemos recibido, encontramos que hay consumos que ocurren durante la maternidad por distintas razones. Algunas mujeres han consumido SPA en momentos en que desconocían que estaban embarazadas. Otras experimentaron presión social para beber alcohol o utilizar otras sustancias legales, como medicamentos, y tuvieron la sensación de no tener por completo la decisión sobre propios consumos. Mientras que un último –y más pequeño– grupo de mujeres reportó algún tipo de dependencia hacia una SPA, que también representó su principal preocupación durante el embarazo.
El propio consumo figuró como la última preocupación de la mayoría de las madres que fueron encuestadas. De las 74 participantes, 48 se preocupaban por las consecuencias legales y sociales de sus consumos, como el estigma, la desinformación, la pérdida de la custodia de sus hijos e hijas, y el miedo a buscar ayuda médica debido a su uso de SPA, y 36 reportaron que se sentían principalmente preocupadas por la salud de su bebé. Solo un par de ellas mencionaron que su salud representó su principal preocupación durante sus embarazos.
Identificamos que hablar sobre el consumo durante la maternidad da mucho miedo. La mayoría no reporta su uso de SPA con el personal de salud, pero sí busca por su cuenta cómo puede cuidarse. A través de esta encuesta, mujeres que son madres nos han explicado que sus consumos son altamente juzgados, y que esto las motiva a optar por consumir solas o esconder sus propias necesidades.
Estos hallazgos sugieren que los protocolos médicos hacia las mujeres que son madres y usan SPA tienden a centrarse en penalizar el consumo. Podrían estar aumentando los riesgos hacia las mujeres y sus embarazos, al disuadirlas de buscar ayuda en los servicios de salud.
En este sentido, es contraproducente negar y estigmatizar los consumos de SPA de las mujeres que son madres. El ocultamiento es un factor de riesgo común de los consumos problemáticos. Mientras que la maternidad es una etapa de mucha exigencia e idealización para las mujeres.
La misma carga fisiológica, mental y social de la maternidad puede aumentar la ansiedad, la depresión o el deseo de consumir, sobre todo en las mujeres que enfrentan con dificultad esta etapa. Por otra parte, el personal de salud suele priorizar la abstinencia del consumo de las mujeres, en favor del bebé en camino, y las mujeres suelen percibir que su bienestar es invisibilizado por los procedimientos hacia este nuevo ser.
No todas disfrutan del proceso de crianza y esto no las convierte en malas madres. Las convierte en personas que requieren de cuidados, servicios médicos, sociales y psicológicos, que se adecúen a sus necesidades y sean efectivos en el reconocimiento de sus problemas. Es urgente que los sistemas de salud se actualicen para reemplazar esta lógica punitiva por enfoques de reducción de daños.
Sin embargo, uno de los principales problemas que enfrentamos para asesorar adecuadamente a las mujeres es la falta de información sobre los efectos de sustancias durante el ciclo menstrual, la lactancia, la gestación y la maternidad en general. Esta falta de investigación sobre la dimensión reproductiva es una gran desventaja, y ante esta brecha crítica, estamos sistematizando estudios disponibles y documentando experiencias directas.
Necesitamos conocer las experiencias de las mujeres, identificar sus prácticas de autocuidado en el consumo de SPA y construir evidencia sistemática. El fin es revertir esta desventaja y establecer una comprensión integral que facilite el acceso de las mujeres que son madres a los servicios de salud. Queremos aumentar la información disponible.
Si durante tu maternidad (embarazo, lactancia o crianza) consumiste SPA, tu experiencia será invaluable: te invitamos a que participes en esta encuesta anónima, que permanecerá abierta del 09 al 25 de mayo de este 2025. Buscamos transformar la desinformación en autocuidado. En los próximos días publicaremos la investigación completa, para que más mujeres cuenten con herramientas esenciales para gestionar sus consumos.
* Julia Anguiano Rosas es investigadora y analista de políticas públicas. Es licenciada por el Centro de Investigación y Docencias Económicas (CIDE) y responsable de investigación en el Instituto RIA. Lidera proyectos de investigación sobre usos de sustancias psicoactivas y políticas de drogas. Está interesada en impulsar políticas públicas sobre drogas centradas en la salud pública y en la producción de información local sobre su consumo.

Según expertos, el Clan del Golfo es la organización criminal más poderosa de Colombia y dominan rentas ilegales como la extorsión, el narcotráfico, la migración y la minería ilegal.
Nuevo capítulo en la campaña de Estados Unidos contra el narcotráfico y el crimen organizado en América Latina.
El Ejército Gaitanista de Colombia (EGC), más conocido como Clan del Golfo, fue designado como organización terrorista extranjera por el Departamento de Estado estadounidense.
“Es una organización violenta y poderosa con miles de miembros. Su principal fuente de ingresos es el tráfico de cocaína, que utiliza para financiar sus actividades violentas”, según un comunicado de la oficina liderada por Marco Rubio.
Surgido de remanentes del paramilitarismo de los años 90, el EGC, que defiende tener motivos políticos, es considerado el grupo criminal más poderoso de Colombia.
Es la cuarta agrupación armada colombiana que EE.UU. incluye en su lista de organizaciones terroristas extranjeras, uniéndose así al Ejército de Liberación Nacional (ELN), las FARC-EP y la Segunda Marquetalia, disidencias de las FARC que se desmovilizaron tras el acuerdo de paz de 2016.
La decisión de Washington ocurre en un momento de alta tensión en América Latina.
Desde septiembre, militares estadounidenses han atacado a decenas de supuestas embarcaciones narco en el Caribe y Pacífico sudamericanos donde han muerto al menos 95 personas.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha reiterado que la campaña contra el narcotráfico pronto incluirá acciones terrestres en Venezuela.
Trump acusa a su homólogo venezolano, Nicolás Maduro, de liderar una organización criminal llamada Cartel de los Soles, algo que Maduro niega.
El estadounidense tampoco ha descartado que los ataques se extiendan a territorio colombiano, donde más cocaína se produce en el mundo, generando fuertes críticas del presidente Gustavo Petro, al que EE.UU. sancionó recientemente por presuntos vínculos con el narcotráfico.
El Clan del Golfo, por su parte, se encuentra en negociaciones con el gobierno de Petro como parte de la estrategia de “paz total”.
La designación del grupo como organización terrorista por parte de EE.UU. parece poner todo este contexto en vilo.
La extensa región del Urabá, fronteriza con Panamá y alrededor de un golfo con salida al Caribe, fue dominada en los 90 por las guerrillas del Ejército Popular de Liberación (EPL) y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
Luego entraron las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), el ejército paramilitar que enfrentaba a la insurgencia.
El EPL y las AUC marcaron el origen de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, o Clan del Golfo, puesto que exmiembros de ambos bandos, en teoría opuestos y desmovilizados, se articularon en una nueva agrupación que, bajo la mirada de analistas y el Estado, adquirió un corte más criminal que político.
Las AGC, hoy llamadas EGC, crecieron en poder y control territorial.
Una investigación de la Fundación Pares en Colombia estima que el grupo está presente en 302 de los alrededor de 1.100 municipios del país.
Según expertos, es esa la clave por la cual hoy dominan rentas ilegales como la extorsión, el narcotráfico, la migración y la minería ilegal.
Víctor Barrera, investigador del Centro de Investigación y Educación Popular (CINEP) en Bogotá, señaló que el grupo “tiene una gran capacidad de movilidad en el territorio, porque operan a través de la subcontratación de servicios específicos según lo demande la situación”.
Este sistema, similar al de franquicias empresariales y con integrantes asalariados, dificulta saber su extensión y les facilita encontrar reemplazo rápido a los líderes que son capturados o dados de baja.
“Hoy se estima que el EGC tiene alrededor de 9.000 miembros, según cifras oficiales, aunque se está llevando a cabo un nuevo conteo en que seguramente aumentará el dato”, le dice a BBC Mundo Gerson Arias, investigador asociado en la Fundación Ideas para la Paz (FIP).
Arias señala que una tercera parte del grupo actúa como ejército, mientras que el resto son redes de apoyo, “milicias y redes de inteligencia”, que en el interior de la organización como “puntos urbanos, rurales o militares”.
Los tentáculos del Clan también han sido detectados en países como Brasil, Argentina, Perú, España y Honduras, donde algunos de sus miembros han sido capturados.
Durante 15 años, desde comienzos de los 2000, la organización fue controlada por los hermanos Dairo Antonio (Otoniel) y Juan de Dios Úsuga.
Al grupo también se le solía llamar Clan Úsuga.
Otoniel se convirtió en líder máximo cuando su hermano murió a manos de la Policía Nacional durante un asalto a una “narcofiesta” de fin de año, el 1 de enero de 2012.
Otoniel fue el criminal más buscado de Colombia hasta su captura y extradición a EE.UU. en 2021. Hoy cumple 45 años de condena en una prisión estadounidense.
Tras su caída, los nombres de sus sucesores aparecieron rápido en medios colombianos.
Uno de ellos, Wílmer Giraldo, alias Siopas, fue asesinado en 2023 presuntamente por miembros de su propia organización.
Otro, Jesús Ávila, conocido como “Chiquito Malo”, comanda al EGC y es uno de los hombres más buscados del país sudamericano.
Los analistas de Pares indican que el modelo de operación del EGC, flexible y basado en acuerdos con estructuras locales legales e ilegales, les permite crecer sin necesidad de confrontaciones abiertas.
En los últimos años, los también conocidos como “Urabeños” ampliaron su presencia en otros territorios como el Bajo Cauca, Córdoba, norte del Chocó y parte del Magdalena Medio.
“Este crecimiento se apoyó en la capacidad de absorber bandas locales, presionar a autoridades municipales y ocupar espacios donde la Fuerza Pública no logró mantener una presencia suficiente y permanente”, dice un informe de Pares.
El grupo también ha destacado por su flexibilidad y diversificación económicas.
Durante los cierres de la pandemia en 2020 y 2021 ofrecían bienes y servicios y cuando explotó el éxodo migratorio por el Darién se aliaron con comunidades locales para sacar cuantiosas rentas del fenómeno.
Al igual que otros grupos armados en Colombia, el EGC aprovechó con éxito los espacios dejados por la desmovilización de las Farc.
Entre 2022 y 2025, Pares señala que los gaitanistas crecieron a menor ritmo, aunque reportes de su expansión a zonas mineras en el sur del departamento de Bolívar muestran una búsqueda de incrementar más su presencia territorial.
Cuando Petro llegó al gobierno en agosto de 2022, prometió negociar con varios grupos armados en su búsqueda de la paz total.
Su iniciativa de también conversar con el EGC generó críticas en el país, ya que expertos y opositores políticos dudan sobre cómo una organización, considerada como criminal por el Estado colombiano, renunciará a las armas y las rentas millonarias que deja su control territorial.
El EGC se considera a sí mismo como grupo político y reclama recibir un trato similar al de las guerrillas y los paramilitares en las negociaciones de paz.
Recientemente, en una reunión en Doha, Qatar, representantes del EGC y el gobierno colombiano firmaron un acuerdo para trabajar progresivamente hacia un posible desarme y la pacificación de territorios.
El tiempo corre en contra de Petro, quien terminará su mandato en agosto de este año.
Las acciones de EE.UU., que no parece cedar en su ofensiva contra el narcotráfico en América Latina, añaden más incertidumbre si cabe a unas negociaciones de paz en Colombia que no dan los resultados esperados.
Y, a la vez, alimentan el temor de que se produzcan ataques en territorio colombiano, como ha advertido Trump.
Ya lo dijo el Departamento de Estado en su anuncio: “EE.UU. seguirá usando todas las herramientas disponibles para proteger nuestra nación y detener las campañas de violencia y terror cometidas por carteles internacionales y organizaciones criminales transnacionales”.
Petro consideraría cualquier amenaza contra la soberanía colombiana como una “declaración de guerra”, según ha expresado.
Haz clic aquí para leer más historias de BBC News Mundo.
Suscríbete aquí a nuestro nuevo newsletter para recibir cada viernes una selección de nuestro mejor contenido de la semana.
Y recuerda que puedes recibir notificaciones en nuestra app. Descarga la última versión y actívalas.