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Cuando el cuidado se terceriza, el placer se vuelve riesgo
Innovaciones en políticas de drogas
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El Instituto RIA genera investigación de alto nivel, resaltando y proponiendo soluciones innovadoras para incidir... Continuar Leyendo
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Cuando el cuidado se terceriza, el placer se vuelve riesgo

Reconstruir el puente entre el saber del placer, del cuerpo y la sustancia no exige negar avances médicos. Exige devolver voz y lugar a conocimientos históricamente marginados y, al mismo tiempo, reubicar a la medicina en un papel menos colonial. No como dueña del sentido, sino como aliada del autocuidado informado. No como monopolio del bienestar, sino como herramienta al servicio de vidas complejas.
30 de enero, 2026
Por: Andrés Portilla Martínez

Nos acostumbramos a vivir la salud como un expediente. Un conjunto de signos vitales, resultados de laboratorio, recetas, indicaciones y “seguimientos” que, a veces –y si corremos con suerte–, pasan por manos expertas para convertirse en un diagnóstico y luego tratarlo con medicamentos. Aunque el problema no es que existan la farmacología o la medicina, ¡benditos sean los antibióticos, la anestesia, las cirugías, los diagnósticos tempranos y la atención especializada! El problema es cuando una sociedad entera aprende, sin darse cuenta, a renunciar a su propia competencia para cuidarse.

Este tipo de dependencia institucional de la salud es a lo que Iván Illich llamó iatrogenia cultural: no el daño clínico de un procedimiento –que es una iatrogenia–, sino el daño social que aparece cuando delegamos nuestro bienestar a instituciones que convierten la salud en trámite y la autonomía en obediencia. 1 Se trata de un fenómeno que tiene historia, formas y nombres.

Durante siglos, la consolidación de la medicina “profesional” no solo organizó hospitales y universidades, también reordenó el mapa del cuidado. Parteras, curanderas y herbolarias —muchas veces mujeres con saberes transmitidos por generaciones— fueron desplazadas, subordinadas o directamente perseguidas; la curación dejó de ser un arte comunitario y se volvió un territorio regulado por credenciales y jerarquías.

Ehrenreich y English narran ese viraje como una captura política del cuidado, el paso de sanadoras autónomas a trabajadoras incorporadas a un sistema dominado por varones y por instituciones. 2 Pero la operación no fue solo laboral, sino cognitiva. Lo que no cabía en el canon se etiquetó como superstición, charlatanería o error. Boaventura de Sousa Santos propuso un nombre duro para esa amputación del conocimiento y lo llamó epistemicidio: la destrucción sistemática de repertorios para conocer y habitar el mundo, una injusticia social y cognitiva. 3

En América Latina, Eduardo L. Menéndez describió este patrón como un modelo médico hegemónico; un entramado que privilegia el biologicismo, la intervención técnico-burocrática y la autoridad profesional, y expande el lenguaje médico hasta colonizar la vida cotidiana. 4 Illich dibuja el mapa completo cuando advierte que un sistema de salud que crece “más allá de límites críticos” no solo produce daños clínicos, sino que también expropia la capacidad de las personas para curarse, acompañarse en sus vidas, darle sentido al dolor y a la muerte, y termina estableciendo un monopolio sobre los métodos y procesos que considera legítimos e “higiénicos” para los cuerpos.

Esa idea conversa, décadas después, con un concepto que la sociología bautizó como medicalización: el proceso por el cual cada vez más ámbitos de la vida ordinaria –como la tristeza o la inquietud– pasan a ser definidos, vigilados y gestionados como asuntos médicos. Peter Conrad y otros autores lo resumieron: más y más vida cotidiana bajo el dominio y la supervisión de la medicina. 5

¿Qué tiene que ver todo esto con el placer? Mucho. Porque si la salud queda “del otro lado del mostrador”, atendida por especialistas o por el Estado, entonces el placer —que es parte del bienestar, pero también una fuerza que empuja— se nos aparece como algo separado del cuidado. En un mundo de iatrogenia cultural, se aprende a pensar así: mi salud la ve alguien más; yo, mientras tanto, busco alivio, energía, calma, pertenencia, descanso, dopamina, sabor, sexo y comida. Y esa búsqueda puede tomar formas inocentes o intensas; café aunque sepamos que nos irrita el estómago; azúcar aunque la glucosa “salga mal”; alcohol aunque el sueño se destruya, o el uso de sustancias psicoactivas ilegalizadas en contextos donde el cuidado quedó reducido a regaño, castigo o clandestinidad.

El resultado es una brecha estructural entre placer y cuidado, y no sólo cuidado personal. A veces, hasta el cuidado a otras personas. Cuando esa brecha se normaliza, quedamos desarmados ante cualquier evento que atraviese la salud. Ya sea una gastritis, una ansiedad persistente, una presión arterial que se descompensa, un duelo, una búsqueda sexual, una ruptura, un dolor crónico, o un consumo que deja de ser esporádico y se vuelve refugio.

En ese escenario, la balanza suele inclinarse hacia el riesgo; no porque el placer sea enemigo, sino porque el cuidado fue expropiado. Ya no es una práctica cotidiana aprendida en comunidad que se puede aplicar a nuestras prácticas, sino un servicio al que se “acude” cuando el daño ya ocurrió. A veces ni siquiera pensamos en que necesitamos cuidarnos, porque de eso se encarga alguien más.

No se trata de fiscalizar el placer ni de convertir la vida en penitencia sanitaria. Se trata de recuperar la idea de que el placer también puede planearse. A veces lo hacemos intuitivamente; comemos pastel y luego caminamos. Tras una semana pesada de trabajo, buscamos una noche de fiesta y al día siguiente protegemos el sueño y la hidratación. Ese tipo de balance —simple, humano— es una forma de autonomía. El problema aparece cuando la cultura nos educa para pensar que el equilibrio es asunto exclusivo del consultorio, de la terapia, o peor aún, de ningún lado, y es ahí donde el placer se vuelve “huérfano”, no dialoga con el cuerpo sino que compite con él.

Reconstruir el puente entre el saber del placer, del cuerpo y la sustancia no exige negar avances médicos. Exige devolver voz y lugar a conocimientos históricamente marginados y, al mismo tiempo, reubicar a la medicina en un papel menos colonial. No como dueña del sentido, sino como aliada del autocuidado informado. No como monopolio del bienestar, sino como herramienta al servicio de vidas complejas.

Quizá el horizonte no sea más ni menos medicina, sino reaprender una cultura del cuidado, donde el placer no esté divorciado de la salud ni de la conexión con las otras personas. Donde las decisiones vengan acompañadas de contexto, información y comunidad. En ese punto, la reducción de riesgos y daños deja de ser “un servicio para casos extremos”. Se vuelve un idioma cotidiano, un conjunto de políticas, programas y prácticas orientadas a disminuir las consecuencias adversas del uso de sustancias psicoactivas —legales e ilegales—, sin convertir la abstinencia en requisito para merecer apoyo. Propone una forma de trabajar sin juicio con quienes usan, para reducir riesgos concretos y promover salud y bienestar.

Solo así podremos revertir el daño cultural de depender ciegamente de las instituciones. Con el tiempo podremos empezar a revertir la iatrogenia cultural, devolvernos herramientas para habitar el cuerpo, experimentar placer sin culpa y no condenarnos a buscar alivio a ciegas.

* Andrés Portilla Martínez es químico farmacéutico, maestro y doctor en Investigación en Medicina con especialización en Farmacología por el Instituto Politécnico Nacional, cuenta con una especialización en Endocannabinología por la UNAM. Como investigador ha publicado en múltiples revistas científicas nacionales e internacionales. Como divulgador científico desarrolla textos y  contenido para redes sociales como Instagram y YouTube sobre educación en reducción de riesgos y daños, automedicación responsable y uso informado de fármacos y sustancias desde su canal @Farmadrux.

 

 

1 Illich I. Medical Nemesis: The Expropriation of Health. New York: Pantheon Books; 1976.

2 Ehrenreich Barbara, English Deirdre. Witches, Midwives, and Nurses: A History of Women Healers. New York: The Feminist Press; 1973.

3 De Sousa Santos, Boaventura. Epistemologies of the South: Justice Against Epistemicide. Routledge: Taylor & Francis; 2014.

4 Menéndez EL. El Modelo Médico y la Salud de los Trabajadores. Salud Colectiva. 2005;1(1):9–32.

5 Conrad P. Medicalization and Social Control. Annual Review of Sociology. 1992;18:209–232.

 

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Imagen BBC
Cómo es y a quién beneficia el nuevo plan del gobierno de España para regularizar a centenares de miles de migrantes
5 minutos de lectura

La última medida de este tipo se tomó hace 20 años y en este caso se espera que beneficie a más de 500.000 personas.

27 de enero, 2026
Por: BBC News Mundo
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El gobierno de España anunció este martes un decreto que llevará a la regularización extraordinaria de personas extranjeras que viven en España.

“Hoy es un día histórico”, dijo la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, en la rueda de prensa en la que dio a conocer la medida.

Saiz dijo que la medida era “necesaria para dar respuesta a la realidad que existe en nuestras calles”.

En declaraciones anteriores dijo que el objetivo es “reconocer, dignificar y dar garantías, oportunidades y derechos a personas que ya están en nuestro país”.

También aclaró que el procedimiento será “sencillo y persigue romper barreras burocráticas del pasado”.

No se ejecutaba una medida similar en España desde hacía más de 20 años y, en este caso, se estima que beneficiará a más de 500.000 personas.

Es fruto de un acuerdo con Podemos, partido de izquierda y socio del gobierno del socialista Pedro Sánchez, así como de una “suma de voluntades que ponen en el centro a las personas”, según afirmaron fuentes del Ejecutivo y que recogen medios españoles.

A quién beneficiará

A esta medida podrán acogerse las personas que actualmente se encuentren en España en situación irregular o sean solicitantes de asilo.

Deben acreditar estar en España o ser solicitantes de protección internacional antes del 31 de diciembre de 2025 y que lleven más de cinco meses en el país.

Para acreditar la permanencia en España, habrá que presentar “cualquier documento público, privado o una combinación de ambos”. En este caso, podrán ser documentos como el empadronamiento, contratos de alquiler, informes de citas médicas o certificados de asistencia a recursos sociales.

Pero también se podrá acreditar con los justificantes de envío de remesas, algo que es una demanda de diversas entidades sociales por las dificultades que suelen tener las personas en situación irregular para acceder al padrón o a contratos oficiales de cualquier tipo.

Otro de los requisitos será que la persona no tenga antecedentes penales “ni suponga una amenaza para el orden público”.

El plazo para presentar solicitudes arrancará a principios de abril y durará hasta fines de junio.

Sin expulsión

Una de las garantías que tendrá esta medida es que, tras presentarse la solicitud de regularización, quedarán suspendidos todos los procedimientos de retorno, así como las órdenes de expulsión por motivos administrativos o por trabajar sin permiso que la persona solicitante pueda tener.

La ministra de Seguridad Social y Migraciones dijo que con esto se hará una “integración plena y progresiva en el sistema”. Así, se dará una autorización de residencia provisional que permitirá trabajar de forma legal y acceder a otros derechos fundamentales, como la asistencia sanitaria.

La administración se da un margen de hasta tres meses para resolver las peticiones, aunque con la mera admisión a trámite, en un máximo de 15 días, los inmigrantes solicitantes ya podrán empezar a trabajar “desde el primer día en cualquier sector y en cualquier parte del país”, matizó Saiz.

“Esto beneficia al trabajador, que gana en derechos y a las empresas, que ganan en seguridad jurídica”, añadió.

Después, una vez hecho el trámite y si la resolución para la persona es favorable, el Estado concederá una autorización de residencia por un periodo de un año y, cuando esta finalice, será posible solicitar una autorización ordinaria conforme al reglamento de extranjería.

La ministra aclaró que la medida también busca la integración familiar y que por ello se amparará a hijas e hijos de los solicitantes de esta regularización, en este caso con 5 años de permiso.

Sin pasar por el Congreso

Al ser una medida que se aprobará mediante un Real Decreto, es decir, que nace del Ejecutivo, no tendrá que pasar por el Congreso, donde al gobierno y a sus socios se les hace más complejo conseguir una mayoría al tener a los Partido Popular (PP, derecha) y Vox (ultraderecha) en contra.

Esto retoma una iniciativa legislativa popular que llegó al Congreso respaldada por más de 600.000 firmas y que llegó a superar un primer trámite con el apoyo de todos los grupos parlamentarios menos Vox en abril de 2024.

Desde entonces estaba bloqueada por la falta de acuerdo parlamentario.

También llega tras el impulso de cientos de organizaciones cuya ideología ocupa un amplio espectro político y que van desde entidades religiosas, como la Conferencia Episcopal, así como asociaciones anarquista y colectivos empresariales.

Ministra Elma Saiz.
Alberto Ortega/Europa Press via Getty Images

Después de la aprobación del Consejo de Ministros por tramitación urgente, el documento irá a audiencia pública y la posible elaboración de informes de diversos ministerios. Luego pasará al Consejo de Estado y, de vuelta, al Consejo de Ministros.

El Partido Popular (PP) rechazó la medida. “No entendemos las regularizaciones masivas y además vinculadas a la residencia durante 5 meses y no al empleo”, dijo la portavoz del Partido Popular en el Congreso, Ester Muñoz. “Las regularizaciones masivas son ilegales (…) hay que regularizar persona a persona”.

Por su lado, Vox anunció este martes que recurrirá el real decreto ante el Tribunal Supremo. Consideran la medida como una “locura” y una “barbaridad” y que la medida es, para ellos, un atentado a la identidad nacional además de “fomentar el efecto llamada”.

El presidente de la Conferencia Episcopal de España, Luis Argüello, dijo que esto es “una buena noticia” que aportaría al “bien común de muchos inmigrantes” y que “se reconoce así su dignidad”, en declaraciones al diario El País.

Medidas similares de gobiernos anteriores

Si bien esta es la primera regularización de inmigrantes que se hace en España durante los gobiernos de Pedro Sánchez, quien llegó al poder en 2018, no es algo nuevo en el país.

La anterior tuvo lugar en 2005, durante la gestión de José Luis Rodríguez Zapatero (PSOE) y está considerada la que a más personas benefició, por encima de 570.000.

Bajo el gobierno de José María Aznar (PP) se hicieron tres regularizaciones, en 1996, 2000 y 2001, de las que se beneficiaron más de 520.000 personas en total.

Las primeras regularizaciones ocurrieron durante el gobierno socialista de Felipe González (1982-1996).

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BBC

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