Los inalcanzables beneficios preliberacionales

La legislación mexicana contempla beneficios preliberacionales como la libertad condicionada y la libertad anticipada, que permiten a las personas privadas de la libertad salir de prisión antes de haber cumplido la totalidad de los años a los que fueron condenadas.

La libertad condicionada se otorga a las personas que hayan cumplido la mitad de la condena y cumplan con ciertos requisitos, como no haber sido condenadas por delitos de delincuencia organizada, secuestro o trata de personas, no haber recibido otra sentencia condenatoria firme, tener buena conducta durante el internamiento, que su externamiento no ponga en riesgo a la víctima, entre otros. 1 Este tipo de beneficio se puede otorgar bajo la modalidad de supervisión con o sin monitoreo electrónico. Por ejemplo, se puede ordenar la libertad de una persona, bajo la condición de que ésta vaya a firmar al juzgado cada semana, o se le puede dejar en libertad con un brazalete que restrinja su rango de movimiento y monitoree constantemente su ubicación. Por su parte, la libertad anticipada se otorga a las personas que hayan cumplido el 70% de la condena y cumplan con los mismos requisitos.

Hasta aquí, pareciera que nuestra legislación brinda una segunda oportunidad a quienes, ya llevando un tiempo considerable privadas de la libertad, o habiendo sido sentenciadas a condenas “cortas” (menos de 5 o 6 años), tengan la posibilidad de demostrar que han cambiado y puedan salir antes de tiempo de prisión.

Sin embargo, en la práctica, el obtener un beneficio preliberacional dista de ser una tarea fácil, y las personas que intentan acceder a ellos, se enfrentan a diversos -y en ocasiones insuperables- obstáculos.

El segundo, cubrir con la multa o reparación del daño. Aún sabiendo si son candidatas a algún beneficio, la realidad es que muchas personas privadas de su libertad difícilmente pueden cumplir con el pago de la multa o reparación del daño exigido en la Ley. En caso de la multa, si tu situación económica te impide pagarlo, se puede conmutar por jornadas laborales. Pero en el caso de la reparación del daño, su pago es un requisito indispensable para poder acceder a un beneficio.

Para darse una idea del contexto, tan solo en Ecatepec, el 10 % de las mujeres podrían salir libres por un promedio de 8 mil pesos. 2 Sin embargo, por su condición económica no les es posible pagarlo y deben quedarse en prisión. Desde La Cana hemos conocido casos de mujeres que permanecen en prisión por años, por no poder pagar una reparación del daño de 200 pesos. Bien se dice que en México se criminaliza más la pobreza que la delincuencia.

En caso de las penas que no excedan de 6 años, el Código Penal suma al aval moral, la temporalidad y la buena conducta, un requisito aún más absurdo: comprobar que cuentas en el exterior con un ofrecimiento de trabajo, un oficio, arte o profesión que te permita tener ingresos, o exhibas las constancias que acrediten que continuarás estudiando. 4

Estos requisitos reflejan el absoluto desconocimiento de las y los legisladores sobre la realidad de las cárceles en nuestro país. Las personas que estuvieron en prisión, aun estando fuera, difícilmente se liberan del estigma de haber estado privadas de la libertad y, en la mayoría de los casos, este estigma se convierte en una condena que cumplirán por el resto de sus vidas.

Esto se complica aún más si te otorgan una libertad condicionada con monitoreo electrónico o brazalete, pues si por algo tienes un familiar o amigo que te consiguió un empleo formal afuera -lo cual es sumamente complicado ya que la mayoría de los negocios a los que se les permite acceder a las personas que estuvieron en prisión, son negocios informales-, éste debe ser un empleo que además se encuentre en la misma demarcación territorial de donde cumpliste tu condena. Por ejemplo, quienes obtienen este beneficio en el Estado de México, no pueden ir a trabajar a la Ciudad de México.

Así, tenemos que para acceder a un beneficio preliberacional, primero debes tener acceso a la información y asesoría jurídica de calidad que te permita conocer el estatus de tu proceso para saber si eres candidato o no; después, debes contar con los medios económicos para pagar la multa o reparación del daño; además, debes tener una persona de confianza que te reciba en su casa (una casa que, para el caso de quienes salen con un brazalete, tiene que tener Wifi, y línea de teléfono fija) y funja como tu aval moral y, por último, antes de salir de prisión debes tener un trabajo formal garantizado, en la misma entidad federativa en la que se te otorgó el beneficio.

En el caso de las mujeres, todos estos procesos se complican aún más, pues ellas son en su mayoría abandonadas por sus redes de apoyo cuando entran a prisión. Ellas cumplen la doble condena por ser mujeres y por haber estado privadas de la libertad y, por ende, el apoyo que reciben es prácticamente inexistente. En prisión nadie las visita. Sus parejas o están también en prisión, o ya las cambiaron por otra. Sus familiares difícilmente se quedan y la mayoría de las veces suelen abandonarlas a su suerte.

En la Ciudad de México, por ejemplo, 7 de cada 10 mujeres en prisión no reciben ni una sola visita, mientras que en el caso de los hombres, el 91 % tiene visita familiar o conyugal frecuente. 5 Esto se traduce en mucho menos apoyo para cubrir con cualquiera de los requisitos mencionados anteriormente.

Desde La Cana lo que más nos cuesta al solicitar algún beneficio preliberacional es conseguirles a alguien que esté dispuesta a recibirlas y apoyarlas afuera. Las mujeres permanecen años y años en prisión porque no pueden acreditar tener a alguien en el exterior que se haga responsable de ellas frente al juez. Los hombres normalmente cuentan con las mujeres incondicionales de sus vidas quienes jamás los abandonan y están dispuestas a recorrer el país entero para ayudarles a conseguir todo lo necesario para que alcancen un beneficio y salgan antes de prisión, pero las mujeres no tienen literalmente a nadie.

Hemos visto mujeres que prefieren dormir en la calle afuera del penal esperando a que llegue el día que acude el equipo de La Cana, porque somos las únicas personas a las que conocen afuera después de tantos años de haber estado en prisión. Hemos recibido llamadas en la madrugada de mujeres que nos dicen que acaban de salir, pero que no tienen la menor idea de dónde están en el mapa, ni nadie a quién llamar. Las organizaciones de la sociedad civil somos quienes nos convertimos en su red de apoyo.

En la gran mayoría de los casos, la única alternativa que encuentran las mujeres como tutela moral es la misma pareja, familia, o comunidad que abusaba de ellas, las violentaba, o las orilló a que terminaran en prisión. Afuera, con un brazalete que les impide salir de sus casas, y en esos contextos de violencia, las mujeres viven una cárcel en ocasiones peor a la que se encontraban antes.

Ante este contexto, ¿cómo esperamos que una mujer que es abandonada en prisión, por el simple hecho de ser mujer, mágicamente acredite todos estos requisitos y acceda a la justicia? Legislar y juzgar con perspectiva de género implica tomar en cuenta cómo esta norma afecta de manera diferenciada a las mujeres al momento de acudir a demandar justicia. La perspectiva de género debe invitar a nuestros legisladores y juzgadores a cuestionar la neutralidad de este tipo de normas, y más bien visibilizar las desventajas en las que se encuentran las mujeres frente a las mismas.

Estoy convencida de que la prisión -en las condiciones en las que están en nuestro país- no es la solución para reducir la delincuencia y celebro que existan medidas que permitan a las personas demostrar que han cambiado. Sin embargo, de nada sirve tener leyes que difícilmente se traduzcan en un ejercicio real de nuestros derechos, y lo que es peor, que no tengan perspectiva de género que permitan alcanzar una verdadera equidad. Mientras tengamos este tipo de normas que, además, afectan de manera desproporcionada a las mujeres, nos será imposible hablar de una verdadera reinserción social.

* Daniela Ancira Ruiz (@daniancira) es cofundadora y directora general de La Cana.

1 Ley Nacional de Ejecución Penal, artículo 137.

2 Carballo Corrales, Miranda “La prisión: donde las brechas de género aumentan”  disponible aquí.

3 Código Penal para el Estado de México, fracción V, Artículo 70 bis.

4 Código Penal para el Estado de México, incisos b) y c), Artículo 70 bis.

5 Muñiz, Ruth “Abandonan familiares a 7 de cada 10 reclusas por ser mujeres”, disponible aquí.