México enfrenta muchos desafíos este nuevo año, uno de ellos en el contexto internacional adverso, especialmente por las amenazas económicas y de deportaciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, con impacto en el país.
El tema es de suma importancia y va a requerir de decisiones estratégicas que involucran no solamente al gobierno, sino también al sector privado. Una de ellas es apostar por el ingreso digno, pues permite fortalecer el mercado interno e incrementar la productividad. Se requiere un modelo económico que promueva la productividad y la competitividad con un lazo indisoluble con mejores remuneraciones.
Y eso sólo es posible con la participación y decisión de las empresas. No se puede imponer por decreto.
Es buena noticia que varios organismos empresariales y de la sociedad civil se han comprometido para impulsar la iniciativa por ingreso digno, VIDA DIGNA, para promover la adopción voluntaria del ingreso digno, especialmente entre las grandes y medianas empresas, y de manera urgente e indispensable para las que se ostentan como socialmente responsables.
El segundo reporte del Termómetro Salarial de Acción Ciudadana Frente a la Pobreza muestra aún la magnitud de la precariedad laboral en empleos formales registrados ante el IMSS que pagan bajos salarios.
El Termómetro Salarial considera tres rangos o estratos salariales:
De un total de 22.2 millones de personas con empleo formal registrado ante el IMSS, 7.9 millones, más de la tercera parte (36 %), ganan salarios de pobreza y 4.2 millones, casi la quinta parte (19 %), ganan salarios de sobrevivencia. Sumando ambas situaciones, 12.1 millones (55 %) carecen de salario digno.
Si bien el salario promedio de los puestos de trabajo registrados en el IMSS es de 587 pesos al día (17,857 pesos al mes), el punto medio (mediana) es mucho menor: son 390 pesos (11,842 pesos al mes).
Cuando los datos nacionales se focalizan en las condiciones de mujeres y jóvenes, el panorama resulta preocupante.
En el caso de las mujeres, de los 22.2 millones de trabajos formales, ocupan solo el 40 %; es decir, alrededor de 9 millones. Pero de ellas, 3.3 millones tienen salarios de pobreza (37 %) y 1.9 millones de sobrevivencia (21 %). Sumando ambas situaciones, 5.2 millones de mujeres carecen de salario digno (58 %).
El salario promedio de las mujeres es 2,248 pesos menor al salario promedio de los hombres.
Y para el caso de las personas jóvenes, de 15 a 29 años de edad, son 6.4 millones con puestos de trabajo formal registrados en el IMSS. De los cuales 2.5 millones ganan salarios de pobreza (38%) y 1.5 millones de sobrevivencia (24%). Ambas situaciones suman 4 millones con trabajo formal que carecen de salario digno (62%).
Cabe acotar que el salario promedio de las y los jóvenes es de alrededor de 5,400 pesos al mes menor que el que reciben adultos entre 30 y 60 años de edad.
Por increíble que parezca, las grandes y medianas unidades económicas del país también son fábricas de pobreza.
En ellas se ubican 3.8 millones de los puestos de trabajo con salarios de pobreza (49 %) y con 3.1 millones con salarios de sobrevivencia (72 %). Sumando ambas situaciones, resulta que las grandes y medianas empresas ocupan a 6.9 millones de personas que carecen de salario digno, 58 % del total.
Es por ello que, ante el panorama actual, y frente a los retos por venir, VIDA DIGNA, la iniciativa por ingreso digno que surge desde el sector empresarial, es una respuesta adecuada ante los desafíos laborales que enfrenta el país, pues todavía hay margen de mejora a las remuneraciones.
En ese sentido, se reitera el llamado a las empresas para que de manera voluntaria garanticen nóminas libres de pobreza y avancen hacia el ingreso digno.
El paradigma del modelo económico que promueve la competitividad de México con base en bajos salarios puede y debe superarse.
Hay que acabar con la normalidad de trabajos que producen pobreza.
BBC Mundo analiza, con la ayuda de expertos, los efectos del levantamiento de esta y otras sanciones a Cuba anunciado por la Casa Blanca.
En una inesperada decisión, el presidente estadounidense Joe Biden retiró a Cuba de la lista de EE.UU. de países patrocinadores del terrorismo.
La nación caribeña llevaba cuatro años en esa “lista negra” desde que el expresidente Donald Trump la incluyera en 2021 como una de las últimas medidas de su anterior mandato.
Cuba también formó parte de esta lista elaborada por el Departamento de Estado desde 1982 hasta 2015, cuando Obama la sacó como parte de su política de “deshielo” hacia el régimen entonces liderado por Raúl Castro y hoy a cargo del presidente Miguel Díaz-Canel.
La retirada de la lista de patrocinadores del terrorismo anunciada por la Casa Blanca podría durar poco, ya que Trump regresará a la presidencia el lunes 20 de enero.
Trump podría revertir la decisión de Biden de forma relativamente sencilla, sin necesidad de consultar con el Congreso.
Además, su designado secretario de Estado, Marco Rubio, aseguró este miércoles frente al Senado estadounidense no tener “duda alguna” de que el régimen de Díaz-Canel patrocina el terrorismo internacional.
Tras la salida de Cuba solo quedan tres países en la lista negra del Departamento de Estado: Corea del Norte, Irán y Siria.
Los países designados como patrocinadores del terrorismo enfrentan severas restricciones económicas, financieras y diplomáticas, como la prohibición de exportaciones de armas, la suspensión de ayuda económica, el bloqueo de créditos internacionales y limitaciones para acceder al sistema financiero global.
Por ejemplo, no pueden obtener préstamos del Fondo Monetario Internacional y otras instituciones globales.
Además, facilita demandas civiles en tribunales estadounidenses y afecta a su reputación internacional, complicando sus relaciones con otros países.
En el caso particular de la isla, estas sanciones ahondaban las que ya habían sido impuestas de manera más extensa por el embargo económico y comercial vigente desde la década de 1960.
“Desde entonces Cuba ya estaba sometida a duras restricciones incluidas en el embargo, así que la mayoría de las disposiciones que implicaba estar en la lista tampoco causaban mucho daño adicional”, le explica a BBC Mundo Robert L. Muse, abogado especializado en las sanciones de EE.UU. al país caribeño.
Pese a esto, Muse y otros expertos destacan al menos tres beneficios que le aporta a Cuba abandonar la lista de patrocinadores del terrorismo.
En primer lugar, podría favorecer a un sector clave en la economía cubana: el turismo.
Desde que en 2021 el Departamento de Estado incluyó a Cuba en su lista negra, toda persona que haya viajado a la isla está sometida a un escrutinio más severo para ingresar a Estados Unidos.
Por ejemplo, los ciudadanos de la UE y otros países como Chile, Corea del Sur o Japón que visitan un país incluido en la lista de patrocinadores del terrorismo pierden el privilegio de la exención de visado de turismo a EE.UU. bajo el programa ESTA.
Al eliminar a Cuba del listado, estas personas ya pueden viajar a la isla sin miedo a que en el futuro les exijan visado para ingresar a territorio estadounidense, lo que en teoría incentivará los viajes a la isla.
En todo caso, se desconoce cuál será el alcance real de la medida a la hora de reactivar el maltrecho sector turístico del país caribeño, que pasó de recibir 4,2 millones de visitantes en 2019 a menos de 2,4 millones en 2024, según estimaciones y a la espera de datos oficiales.
“Uno podría esperar que crezca la demanda de visitas de países de la Unión Europea, pero hay otros factores que influyen de forma negativa en el turismo, como la crisis económica, la escasez, los apagones y los problemas eléctricos”, indica a BBC Mundo el economista cubano Ricardo Torres, investigador de la American University en Washington DC.
Cuba vive una profunda crisis económica con escasez de alimentos, medicinas, combustible y casi todos los productos, así como frecuentes cortes eléctricos, lo que ha provocado en los últimos tres años un éxodo migratorio de sus habitantes, y también se considera un factor clave en el descenso del turismo.
En segundo lugar, la inclusión en la lista negra suponía para Cuba un obstáculo adicional a la hora de acceder a financiación exterior y participar en negocios internacionales.
“Como patrocinador estatal del terrorismo, los bancos e instituciones financieras rechazan las transacciones relacionadas con Cuba. Incluso si se les explica que son legales, se niegan a hacerlo. Es casi una reticencia supersticiosa a involucrarse en cualquier tipo de comercio con países que están en esa lista”, afirma el jurista Robert L. Muse.
Muse asegura que “es beneficioso salir de la lista porque tiene un efecto inhibidor en las instituciones financieras y los inversionistas”.
Pero, aunque Cuba se libra de un importante obstáculo, no implica que los bancos y organismos internacionales vayan a estar dispuestos a aportar financiación a un país técnicamente en bancarrota que en los últimos años ha incumplido la mayoría de los compromisos con sus acreedores, desde sus aliados China y Rusia hasta el Club de París.
Y si, pese a esto, hubiera entidades dispuestas a financiar a Cuba, podrían temer repercusiones si el país regresa más adelante a la lista de patrocinadores del terrorismo.
“Cuba estaba en la lista, Obama la eliminó, después Trump la introdujo de nuevo y ahora Biden la quita; entonces, durante el periodo en el que no están las sanciones, puedes involucrarte en transacciones que, si luego se reintroducen las sanciones, pueden crearte problemas”, explica el economista Ricardo Torres.
En tercer y último lugar, ser considerado por Estados Unidos un patrocinador del terrorismo perjudica la percepción internacional sobre Cuba, cuyo gobierno ha priorizado históricamente proyectar una imagen favorable al exterior.
“Quizás lo más irritante para los cubanos es el oprobio moral asociado con ser designado como una nación terrorista. Implica ser un régimen fuera de la ley, y Cuba se siente ultrajada por esa caracterización”, afirma Robert L. Muse .
Salir del listado, agrega, “tiene para la isla un beneficio simbólico: es una acción que elimina ese estigma”.
La retirada de Cuba de la lista negra del Departamento de Estado de EE.UU. es parte de un acuerdo más amplio entre Washington y La Habana, coordinado con la mediación de la Iglesia católica y que incluye la liberación de presos políticos en la isla.
Además de la retirada de la isla de la lista de patrocinadores del terrorismo, según medios estadounidenses, Washington se comprometió en el acuerdo a revertir dos decisiones con importantes implicaciones económicas adoptadas durante el primer gobierno Trump.
En primer lugar, rescinde un memorando de 2017 que prohíbe las transacciones de personas bajo jurisdicción estadounidense con una lista de empresas y subentidades controladas por las fuerzas militares, de inteligencia o de seguridad cubanas, como la poderosa GAESA que controla varios negocios en la isla.
Esto podría facilitar la reanudación del envío de remesas de cubanos en Estados Unidos a sus familiares en la isla por la vía legal, es decir, a través de empresas controladas por las Fuerzas Armadas, que acaparan gran parte del poder económico del país.
En la práctica, sin embargo, los cubanos cuentan con otros modos más efectivos y baratos de enviar y recibir dinero, como transferencias electrónicas no afectadas por las sanciones o efectivo a través de “mulas” que viajan entre los dos países.
En segundo lugar, la Casa Blanca suspenderá el título 3 de la ley Helms-Burton, que permite a estadounidenses presentar demandas ante los tribunales por propiedades expropiadas por el gobierno cubano desde la Revolución de 1959.
Trump activó en 2019 este título de la ley, que permanecía suspendido desde su promulgación en 1966 para evitar conflictos diplomáticos con países aliados cuyas empresas operan en Cuba.
“A partir de hoy, no se pueden presentar demandas contra, por ejemplo, una compañía hotelera española que ocupe terrenos sobre los cuales alguien reclama derechos de propiedad bajo el lenguaje de la Ley Helms-Burton”, explica Muse.
Así, las demandas ya presentadas seguirán adelante pero no se pueden iniciar nuevas.
En todo caso, matiza el abogado, “la responsabilidad por el uso de propiedades confiscadas sigue existiendo y esto crea un desincentivo a largo plazo para invertir en Cuba, ya que siempre persiste la posibilidad de que las demandas se reactiven”.
Como compensación por el alivio de sanciones, Cuba se comprometió a liberar a un número “significativo” de disidentes, activistas defensores de los derechos humanos, periodistas y manifestantes encarcelados a raíz de las históricas protestas de julio de 2021, las mayores en las últimas seis décadas a las que siguió una dura ola represiva.
El régimen de Díaz-Canel, que según organizaciones mantiene encerrados a más de un millar de presos políticos, se comprometió este martes a liberar de forma gradual a 553 personas condenadas por diversos delitos -sin especificar más detalles- y el miércoles sacó de la prisión a los primeros 14.
Según Muse, la decisión de espaciar la liberación de los presos podría ser una herramienta de negociación ante el inminente regreso de Trump a la Casa Blanca.
“Si Cuba regresa a la lista de patrocinadores del terrorismo, ¿dejará de liberar a prisioneros y podría culparse a la administración Trump de que permanezcan en la cárcel? Eso está por ver”, plantea el jurista.
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