De tu App a la defensa por los derechos de las personas trabajadoras digitales

El lunes 21 de febrero se publicó el reporte “Este futuro no Applica”, elaborado en conjunto por el INDESIG (Instituto de Estudios sobre Desigualdad) y Oxfam México, que visibiliza la precariedad que viven las personas repartidoras de apps, así como la resistencia de empresas y gobierno para reconocer sus derechos laborales. Más allá de tal precariedad, la causa de las personas repartidoras es una historia de lucha y movilización, ¿la conoces?

Para nadie es secreto que las plataformas de reparto han llegado para quedarse. Cada día es más común pedir alimentos, bebidas o las compras del súper desde el teléfono, ya sea para no interrumpir la jornada de trabajo, por cuestiones de salud o simplemente por la comodidad de recibir los productos directamente en tu ubicación.

Aunque las aplicaciones digitales de transporte y repartos no son nuevas en México, pues la primera gran aplicación de este tipo llegó al país en 2012, con la contingencia sanitaria ocasionada por la COVID 19 tuvieron un crecimiento explosivo en todo el mundo, por lo que en 2020 el comercio electrónico aumentó 81% respecto a 2019, según estimaciones de la Asociación Mexicana de Venta Online (AMVO).

La pérdida de empleos en otros sectores y las restricciones de movilidad, alimentaron el crecimiento de plataformas como Rappi, Didi Food y UberEats. Tan sólo en México, se estimó que facturaron más de 2 mil 100 millones de dólares en 2021. A la par, diversas investigaciones realizadas por la CEPAL, el Colegio de México, y previamente el mismo INDESIG (Instituto de Estudios Sobre la Desigualdad), entre otras organizaciones, ya han documentado la precariedad con la que laboran la mayoría de las personas repartidoras. Para los escépticos de que “sea un negocio”, en el informe “Este futuro no Applica” pueden consultar cómo funciona y conocer el porqué sí es muy redituable.

Así pues, en este nuevo informe (para el que se encuestaron a 986 de forma presencial) se observa que las personas repartidoras, trabajando tiempo completo, ganan entre 1 y 2 salarios mínimos al mes, lo cual resulta atractivo cuando la oferta laboral formal en México suele ser igual o más precaria. Sin embargo, al ser una labor de alto riesgo y no contar con seguro social pagado de forma conjunta con quien opera la plataforma, se encuentran en una situación de riesgo constante de caer en la pobreza: un 46% de las personas encuestadas reportó haber hecho un gasto por accidentes o enfermedades graves, que tuvo efectos catastróficos en su situación económica. Lo anterior, más allá de que 55% reporta ganancias por debajo de la línea de pobreza correspondientes a su hogar.

En la práctica, esto se refleja en cobros fantasma, castigos para las personas repartidoras como suspensiones o desconexiones, discriminación, pagos menores con distancias más largas, y la ausencia total de prestaciones laborales, incluyendo la seguridad social.

Al inicio de los distintos confinamientos por la COVID 19, algunas empresas brindaron apoyos para la adquisición de cubrebocas y gel antibacterial. Pero al estar tan expuestos al virus, fueron muchas las personas repartidoras que enfermaron, teniendo que cubrir sus gastos médicos sin seguridad social y sin poder contar con ingresos durante su recuperación.

Ante la búsqueda de reconocimiento de derechos, las personas repartidoras han formado varios grupos de apoyo en redes sociales, a través de los cuáles intercambian información y también se crean redes de apoyo en caso de que sus vehículos se descompongan, o sufran asaltos o accidentes. Algunos de esos grupos han evolucionado para dar pie a organizaciones más formalizadas, hay quienes han optado por el camino sindicalista, como la Unión Nacional de Trabajadores de Aplicación (UNTA) o SIRA apps, pero también están quienes buscan sus derechos por la vía ciudadana como Ni Un Repartidor Menos, Ni una Repartidora Menos. Aunque las figuras son distintas, estas organizaciones buscan ser reconocidas como personas trabajadoras y la mejora de sus condiciones de trabajo.

¿Qué han hecho las autoridades al respecto?

Hay muchos ejemplos de obstáculos para quienes se dedican a la entrega de productos por app (o en general a la conocida como gyg economy), pero uno de los más importantes es la falta de interés por parte de las autoridades. A mitad de la pandemia, el IMSS celebró un convenio con las plataformas (sin incluir a las personas repartidoras en la presentación) que consistía en que las apps “invitarían” a las personas repartidoras a inscribirse al Seguro Social de forma voluntaria como trabajadores independientes, sin ninguna responsabilidad ni aportación para las compañías.

Veamos con detalle. Mientras que en un régimen tradicional de relación obrero-patronal, para un trabajador con salario mensual de $7,500, la empresa aportaría al IMSS $1,770 pesos (equivalente a 24% del salario mensual) y el trabajador aportaría $184 pesos (2.5% de salario mensual), en el régimen voluntario, al que el IMSS le pide a las plataformas que inviten a inscribir a las personas repartidoras, si ganaran los mismos $7,500 mensuales, las personas repartidoras tendrían que aportar $1,491 pesos mensuales (20% de su ingreso mensual) y las empresas no aportaría ni un sólo peso. Incluso si los ingresos mensuales de la persona repartidora apenas fuera de un salario mínimo (ver resaltado amarillo en el cuadro siguiente), la aportación de los trabajadores al IMSS sería equivalente a 1 de cada 4 pesos que generan y, otra vez, sin aportación de la empresa. Gracias por el avance, IMSS.

Fuente: IMSS con datos a 2021.

Durante la reactivación de la economía, la Secretaría de Economía elaboró un plan de colaboración entre las plataformas de reparto y restaurantes, dejando nuevamente de lado a las personas repartidoras. Las mismas personas que ayudaron a mantener a flote muchos negocios, no fueron incluidas en los programas de apoyo.

En diciembre de 2021, el gobierno de la Ciudad de México, aprobó un impuesto del 2% adicional a cada pedido realizado por el uso de calles y avenidas de la Ciudad de México, mismo que se suma al “impuesto uber” que se paga desde 2016 del 1.5%. Lo problemático de estos impuestos, radica en que se promueven como impuestos a las empresas, pero terminan siendo trasladados a las personas repartidoras según sus propias palabras, quienes también pagan IVA e ISR como todos los trabajadores, por lo que ven disminuidos sus ingresos y sin ninguna capacidad de negociación con las plataformas. La organización de Ni Un Repartidor Menos, actualmente promueve un amparo contra este cobro que no se realiza a otras empresas que también “aprovechan las calles y avenidas de la ciudad”.

A principios de este año, la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo de la Ciudad de México (STyFE) llevó a cabo unas mesas de trabajo con diferentes organizaciones con la supuesta intención de reformar la Ley Federal del Trabajo e incluir a las personas repartidoras de aplicación en las definiciones legales y derechos; sin embargo, las mesas fueron suspendidas. Legisladores de diversos partidos han anunciado iniciativas similares en materia de LFT, sin que alguna de ellas llegue a prosperar, pues “prometer no cuesta nada”. Aquí, habría que señalar que además de la existencia de leyes, es necesario que las empresas la cumplan e instituciones públicas que las hagan cumplir.

Por último, las personas repartidoras se enfrentan al sistema de justicia mexicano. Hay muchos casos de personas repartidoras que han resultado lesionadas o que, incluso han perdido la vida, en la mayoría de los casos, debido a conductores que no respetan los reglamentos de tránsito. Saúl Goméz de Ni Un Repartidor Menos, señala que tan sólo en la CDMX, desde 2018, han contabilizado 88 personas repartidoras fallecidas; desde Marzo de 2020, 59; este año 2022, 3 personas.

Varias de estas tragedias se encuentran  en total impunidad, como el caso de Víctor Puskin quién perdió la vida cuando la unidad 2616 de Metrobús se pasó un alto, arrollando al repartidor. A pesar de la existencia de vídeos que muestran la infracción del conductor de transporte público, las autoridades determinaron que “fue un suicidio”, por lo que no hay responsailidades ni reparación del daño a la familia del finado. En otras ocasiones, las vidas de las personas repartidoras han sido arrebatadas por conductores ebrios, quienes logran evadir responsabilidades, como en el caso de Juan Antonio Elizalde quien falleció el día 30 de enero, a quien se suma la muerte de otro repartidor fallecido el 16 de febrero.

Ante estas omisiones, Ni Un Repartidor Menos y Ni Una Repartidora Menos, organizan los llamados “Viernes de Furia”, que son manifestaciones que buscan visibilizar estas injusticias ante la sociedad. Sumado a esto, también se llevan a cabo las “Jornadas de Solidaridad”, donde brindan ayuda gratuita para realizar reparaciones menores a los vehículos de personas repartidoras. Otras organizaciones, están buscando la consolidación de sindicatos para la exigencia de contratos colectivos.

Mientras se escribe esto, el gobierno de la Ciudad de México celebró un acuerdo con los operadores de centros comerciales y plataformas de aplicación para la creación de espacios destinados a las personas repartidoras en las plazas comerciales de la capital. Destaca que en la presentación, nuevamente no hubo ningún representante de las personas repartidoras. Al igual que en todos los acuerdos relacionados con los servicios de entrega y movilidad, parece que, según las autoridades, no es necesario incluir a las personas repartidoras en las negociaciones.

Los derechos laborales de las personas repartidoras son relevantes para todos porque, además de ser un servicio cada vez más popular, son un reflejo de lo que ocurre con los derechos de todos los trabajadores: existen huecos en la legislación y en el cumplimiento de las funciones de las instituciones que deberían proteger a los trabajadores. Situación que será difícil de cambiar mientras el gobierno ignore a los trabajadores mientras prioriza los intereses de las corporaciones.

Las personas repartidoras no se oponen a la existencia de las plataformas de aplicación, pero es claro que se necesita proteger sus derechos laborales como los de otros tantos trabajadores en este país. Como sociedad civil y consumidores, también tenemos responsabilidad y podemos hacer cosas sencillas como evitar pedir cuando el clima sea complicado; ser pacientes con los tiempos de espera, así no promovemos que tomen conductas que pongan en riesgo sus vidas pero también tenemos la opción de acompañarlos desde redes sociales o mejor aún, en las calles.

* Roberto Rivera, Incidencia Social y Política. Instituto de Estudios Sobre la Desigualdad.