Hablantes y derechos lingüísticos: ¿qué pasa si se elimina el INALI?

“No se puede construir el segundo piso de la transformación cuando lo que están haciendo es mandarnos a la planta baja”.

Unidad Nacional Indígena

Actualmente un organismo descentralizado de la Secretaría de Cultura, el INALI se dedica a promover el fortalecimiento, preservación y desarrollo de las lenguas indígenas en el país, pero el Instituto como hoy lo conocemos está en riesgo de desaparecer. En el paquete de 20 reformas presentadas por el expresidente Andrés Manuel López Obrador se busca transferir las actuales funciones del INALI a una sola unidad administrativa del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI).

Si bien el paquete de reformas que está en disputa en el Congreso es nuevo, la idea de desaparecer el INALI no lo es. El expresidente López Obrador presentó por primera vez una propuesta de eliminar el Instituto en enero de 2022. Incluso sin eliminar todavía el INALI, la autodenominada Cuarta Transformación ha reducido cada vez más el presupuesto con que cuenta el Instituto para realizar sus labores. A pesar de recortes significativos durante el sexenio anterior, el gobierno de Claudia Sheinbaum propuso reducir aún más el presupuesto del Instituto, un 9.8 % en el caso de su gasto administrativo.

La pérdida de lenguas indígenas: un panorama histórico

Para entender la importancia del INALI es necesario considerar primero a qué situación responde su existencia como instituto. La violencia lingüística hacia las personas indígenas ha sido una constante a lo largo de la historia mexicana a partir de la colonización europea. Particularmente, después de la Revolución mexicana, el proyecto de construcción del Estado buscó crear una identidad nacional homogénea que relaciona la ciudadanía mexicana con el mestizaje y la hegemonía del español.

Bajo esta imposición del español como lengua hegemónica, la proporción de la población que habla una lengua indígena disminuyó considerablemente durante el último siglo, de una de cada 7 personas en 1930 a una de cada 17 en 2020. Expertos en lingüística han afirmado en repetidas ocasiones que las causas de la disminución o muerte de las lenguas son generalmente “no lingüísticas”, es decir, que su pérdida se debe al contexto social, económico y político en el cual se hablan. En el caso de México, se han señalado como factores determinantes de la pérdida de las lenguas indígenas la discriminación social contra sus hablantes y la negación del Estado a brindar educación de calidad en estos idiomas. Como ha afirmado la lingüista mixe Yásnaya Aguilar: “las lenguas no mueren, las matan”.

El cambio histórico en la prevalencia y diversidad de las lenguas indígenas no es igual en todas las entidades del país. La Península de Yucatán es –por mucho– la región donde más se ha reducido el porcentaje de la población que habla una lengua indígena. En 1990, Yucatán era el estado con más hablantes de lenguas indígenas, relativo al tamaño de su población. En ese año, cuatro de cada 10 personas yucatecas (38.5 %) hablaban una lengua indígena. Para 2020, la cifra disminuyó a dos de cada 10 (22.6 %), una disminución de 15.9 puntos porcentuales. Observamos una reducción de la misma dimensión en Quintana Roo, donde durante este periodo de tiempo el porcentaje de residentes que hablaban una lengua indígena se redujo de 27 % a 11 %.

Además de la disminución de las lenguas indígenas a nivel estatal, también podemos ver esta pérdida al contemplar lenguas específicas que se hablan en el país. Tomando en cuenta la alta tasa de reducción de las lenguas indígenas en la Península de Yucatán, no resulta sorprendente que el maya sea el idioma indígena que más ha perdido hablantes durante las últimas décadas. En 1990, 878 de cada 100 mil personas en México hablaba el idioma y en 2020, 615, una disminución de 264 hablantes por cada 100 mil personas en el país, más que cualquiera de las otras 67 agrupaciones lingüísticas clasificadas por el INALI. Otros idiomas como el awakateko, kickapoo y kiliwa contaron con menos de 100 hablantes en todo el país en 2020 y están en alto riesgo de desaparecer.

El INALI y el comienzo de la institucionalización de las lenguas originarias

Cabe cuestionar la definición de neoliberalismo que utiliza la autodenominada Cuarta Transformación al promover el desmantelamiento del INALI como instituto, ya que es uno de los poquísimos organismos públicos pensados por y para los pueblos indígenas del país. Es más, la creación del Instituto tiene sus raíces en una de las insurgencias indígenas más reconocidas a nivel mundial: el levantamiento zapatista de 1994.

Además de denunciar la precarización de las comunidades indígenas por el sistema económico neoliberal, al levantarse contra el Estado mexicano, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) rechazó el proyecto nacionalista del gobierno. Para el EZLN, este proyecto nacionalista del Estado debilita la autonomía de los pueblos indígenas e impone una única identidad nacional en todos los sentidos cotidianos de la vida, incluso a través de la lengua. Entre las 34 demandas emitidas por la organización el 1 de enero de 1994, la décima tercera exige que “las lenguas de todas las etnias sean oficiales y que sea obligatoria su enseñanza en las escuelas primaria, secundaria, preparatoria y universidad”.

Como resultado del levantamiento zapatista, en 1996 el EZLN y el gobierno mexicano firman los Acuerdos de San Andrés Larráinzar, una serie de compromisos que buscan garantizar los derechos de los pueblos indígenas, incluyendo sus derechos lingüísticos. Los Acuerdos de San Andrés sentaron las bases para posteriores avances jurídicos en defensa de la diversidad lingüística, como el reconocimiento constitucional en 2001 del derecho de los pueblos indígenas a preservar y enriquecer sus lenguas, y la reciente aprobación en la Cámara de Diputados del la reforma al Artículo 2 constitucional con el que se busca reconocer y garantizar los derechos de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas. ²

Uno de los instrumentos legales más potentes que surgió de la larga lucha por los derechos lingüísticos es la Ley General de Derechos Lingüísticos de Los Pueblos Indígenas, publicada en 2003, que establece 68 lenguas indígenas como lenguas nacionales que coexisten en condiciones de igualdad con el español. Fue en el marco de esta misma ley que se fundó el INALI para defender y fortalecer las lenguas indígenas.

El trabajo que realiza el INALI es, sin duda, perfectible. No obstante, es importante reconocer que su alcance no cubre todas las áreas necesarias para el florecimiento de las lenguas indígenas. Por ejemplo, la incorporación de las lenguas originarias al modelo educativo –posiblemente el elemento más crucial para su supervivencia– recae en la Secretaría de Educación Pública (SEP). Aún así, frente a la alarmante pérdida en diversidad lingüística, preocupa el mensaje que se envía desde la Presidencia al buscar eliminar una institución nacida directamente de la lucha de los pueblos indígenas para rectificar el rol histórico del Estado mexicano en la disminución e incluso eliminación de sus lenguas.

La resistencia de las comunidades hablantes

Tomando en cuenta el daño a la diversidad lingüística de los pueblos que ocupaban el territorio nacional antes de fundarse el Estado mexicano, tal vez lo más sorprendente que nos dice el Censo no es cómo se ha disminuido la prevalencia de las lenguas indígenas, sino cómo, a pesar de la violencia lingüística, las personas hablantes se han resistido a que desaparezcan sus lenguas. Para esto han sido indispensables tanto iniciativas autónomas desde las comunidades indígenas, como avances en la protección de derechos lingüísticos que activistas y personas hablantes le han exigido al Estado.

Es gracias a esta lucha que podemos observar, en ciertos contextos, la revitalización y crecimiento de algunas lenguas indígenas. Por ejemplo, a pesar de que el porcentaje de personas que hablan una lengua indígena se ha reducido a nivel nacional, y en particular en estados como los de la Península de Yucatán, en 18 de las 32 entidades federativas esta cifra se incrementó (aunque haya sido un aumento ligero).

Sabemos que este aumento en ciertas entidades probablemente tiene algo que ver con la migración de personas indígenas a distintas regiones del país, ³ sobre todo a estados del norte como Nuevo León, donde hace 30 años apenas 0.2 % de la población hablaba una lengua indígena.

Pero también podemos ver el crecimiento de idiomas indígenas en estados donde ya vivían muchas personas indígenas durante el último siglo. El ejemplo más destacado es Chiapas, la cuna del levantamiento zapatista. Entre 1990 y 2020, el porcentaje de la población chiapaneca que hablaba una lengua indígena aumentó del 22.3% al 26.3%, un incremento de 4 puntos porcentuales, más que en cualquier otra entidad del país.

Fruto de la lucha y resistencia de las comunidades indígenas vemos que, a pesar de enfrentarse a un contexto más amplio de pérdida de diversidad lingüística, a lo largo de los últimos 30 años, por lo menos 21 lenguas indígenas han crecido en términos del porcentaje de la población nacional que las habla. Considerando que Chiapas es la entidad donde más aumentaron las lenguas indígenas no sorprende que las tres lenguas que más crecieron durante este periodo (tsotsil, tseltal y ch’ol) son habladas por comunidades que viven principalmente en este estado.

Cabe destacar que los pueblos tsotsil, tseltal y ch’ol son de los grupos étnicos que forman parte de la principal base social del EZLN, junto con los pueblos tojolabal, mam y zoque. Las comunidades zapatistas han establecido escuelas autónomas que emplean un modelo educativo bilingüe, enseñando tanto la lengua indígena de la comunidad local como el español. Aunque el alcance del presente análisis no nos permite atribuir el crecimiento excepcional de las lenguas tsotsil, tseltal y ch’ol directamente a este sistema educativo, la educación zapatista sirve como evidencia de las estrategias autónomas que han impulsado comunidades indígenas a nivel local para preservar sus lenguas maternas frente a las amenazas a su supervivencia.

Gracias a iniciativas como ésta, las lenguas indígenas son y seguirán siendo parte de la vida cotidiana de millones de personas que habitan en México, por lo menos para la actual generación de jóvenes en el país. El 33.1 % de las personas hablantes de algún idioma indígena tienen entre 12 y 29 años, una cifra que si bien es algo menor que el 38 % de personas no hablantes que caen dentro de este rango de edad, también implica que hay una significativa representación de las juventudes dentro de la población hablante de lenguas indígenas. No obstante, que el Estado disminuya su inversión en la promoción y defensa de estas lenguas podría poner en riesgo que futuras generaciones también puedan hablarlas y transmitirlas como parte fundamental de su identidad cultural.

Voces activistas en defensa del INALI

La eliminación de un instituto nacido por y para los pueblos indígenas representa en sí un alarmante mensaje a la lucha que le dio vida al INALI. Además de esta consideración, activistas que defienden la diversidad lingüística también han expresado su preocupación por la falta de claridad sobre lo que implicaría esta propuesta en términos operativos.

Actualmente, el trabajo del INALI para promover el uso continuo de las lenguas indígenas va mucho más allá de “preservarlas” como si fueran vestigios del pasado. Sus responsabilidades reflejan la tarea de enriquecer y defender la diversidad lingüística en el presente y para el futuro. Por ejemplo, el Instituto emite normas de escritura de lenguas originarias y las publica en el Diario Oficial de la Federación para así fomentar su uso oral y escrito, tanto en ámbitos públicos como privados. Otro de sus ejes de acción es el trabajo comunitario con hablantes de lenguas indígenas. En este sentido, el INALI realiza diversas actividades que van desde censos de hablantes hasta concursos de cómic en lenguas indígenas. ⁴

Además, las pautas que dicta el INALI para reconocer que en México no hay sólo un idioma oficial están directamente vinculadas con garantizar el acceso de personas hablantes de lenguas indígenas a la información que produce el gobierno. Dada su especialización en tareas como estas, personas promotoras de los derechos lingüísticos han expresado sus dudas sobre si, como unidad administrativa del INPI, el trabajo del INALI en defensa de la diversidad lingüística se verá disminuido al alcance de “una pequeña oficina”. La capacidad del INPI de asumir estas funciones se ve incluso más cuestionable considerando que entre 2018 y 2023 el presupuesto de este Instituto fue reducido un 12.5 % en términos reales.

A la inquietud sobre las complicaciones operativas de esta posible fusión, se añade la preocupación de que este cambio se realice sin consultar a las comunidades hablantes de lenguas indígenas. En una entrevista con Animal Político, la poeta y activista zapoteca, Irma Pineda, afirmó que la propuesta “se dio sin consulta ni acercamiento con poblaciones indígenas, profesores, escritores y activistas”, lo cual “desestima el esfuerzo y la lucha de varios sectores que pugnaron porque se creara el INALI”. Asimismo, las agrupaciones integrantes de la Unidad Nacional Indígena (UNI) han expresado su desacuerdo con la propuesta de fusionar el INALI, destacando una falta de comunicación clara con sus comunidades. En un escrito la UNI lamentó que “no existe un planteamiento claro sobre las políticas públicas a implementar, no hay claridad sobre los presupuestos a ejercer, mucho menos certeza para el fortalecimiento de las lenguas indígenas”.

La falta de involucramiento de los pueblos indígenas en este proceso es particularmente preocupante, ya que el futuro de las lenguas indígenas y los derechos lingüísticos de quienes las hablan depende de que el Estado trabaje de la mano con estas comunidades hablantes, respetando su voz y su derecho a decidir sobre su patrimonio lingüístico y cultural.

¿Qué sigue para la defensa de los derechos lingüísticos?

Como hemos argumentado a lo largo de este análisis, erosionar las instituciones dedicadas a proteger las lenguas indígenas perjudica su supervivencia en quizás el momento más crítico para su futuro. Por lo tanto, es indispensable que defendamos los avances que se han dado para promover el uso de las lenguas indígenas, tanto desde el Estado como desde las comunidades hablantes a nivel más local.

En caso de que el INALI llegue a fusionarse con el INPI, sería fundamental que se conserve el espíritu de los Acuerdos de San Andrés en lo relativo a preservar y promover el desarrollo de las lenguas indígenas. Es decir, deben ser las instituciones del Estado mexicano las que se adapten a la lengua de las personas en lugar de imponerles el español cuando buscan acceder a los servicios que por derecho les corresponden. Asimismo, es esencial continuar impulsando un enfoque de pertinencia cultural en otras instituciones, como la Secretaría de Educación Pública, dado que de ellas también depende la garantía de los derechos lingüísticos de la población indígena.

Que las lenguas indígenas sigan vivas en México, y que exista el INALI en primer lugar, es gracias a la resistencia de comunidades de hablantes, personas defensoras de derechos humanos y activistas. Dado que es uno de los pocos organismos públicos nacidos de la lucha de los pueblos indígenas, ningún cambio en la estructura o las funciones del INALI se podrá realizar de forma legítima sin estrecha colaboración con las comunidades que lucharon por su existencia. Debilitar la inversión del Estado en la defensa de las lenguas indígenas, sin el consentimiento y la participación activa de los pueblos que exigieron estas acciones, representaría una traición a su lucha histórica. Los derechos lingüísticos de los pueblos indígenas no pueden existir sin las comunidades hablantes, que son las verdaderas guardianas de sus lenguas.

@datacivica

¹ Página 12 de la propuesta de reforma.

² De cara a la aprobación del dictamen en la cámara de diputados, Rafael Estrada Michel propone seguir la pista a los retos que enfrenta en dicha reforma que expone en esta columna de opinión.

³ Nuestro informe “Que a nosotras ya no nos dejen al último”, elaborado desde Data Cívica en colaboración con Zihuakali, utiliza datos públicos y entrevistas a profundidad para evidenciar una migración interna desde el Sur hasta el Norte del territorio mexicano, con las personas indígenas del Sur del país siendo particularmente afectadas por este desplazamiento.

⁴ Véase el resumen de las actividades a nivel comunitario llevadas a cabo por el INALI en el año 2023 en el siguiente comunicado de prensa.