A finales del año 2006 se dio inició a la llamada “Guerra contra las drogas” en México. Un conjunto de “operativos” de despliegue de fuerzas del Estado conformaron el banderazo de la militarización de la seguridad pública en el país. La “Guerra contra las drogas” fue planteada como una estrategia de “combate frontal y eficaz al narcotráfico”, de acuerdo con el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 del gobierno de Felipe Calderón. Sin embargo, este “combate frontal” poco tenía de política pública. Se trató de una estrategia de militarización sustantiva, de un conjunto de iniciativas prohibicionistas y de una persecución desproporcionada a personas de grupos históricamente vulnerados.
El legado que nos dejó la “Guerra contra las drogas” fue una crisis de homicidios, de desapariciones y un incremento alarmante de personas en prisión. A lo largo de los años se ha hecho hincapié en las consecuencias letales y en los efectos de esta “guerra”, que siguen acumulándose todos los días hasta nuestra actualidad. Podemos afirmar, a la luz de las iniciativas impulsadas en el sexenio de Enrique Peña Nieto y en el sexenio actual de Andrés Manuel López Obrador, que ya no sólo vivimos una militarización de la seguridad pública sino de la vida pública. ¿Qué implicaciones tiene que las Fuerzas Armadas (FFAA) permanezcan en el espacio público con cada vez más respaldo del Estado?
Poco se habla de los efectos que ha tenido la “Guerra contra las drogas” y la presencia de las FFAA en el espacio público para la diversidad que lo habita. El espacio público está en disputa. Históricamente, la sociedad ha criminalizado aquello que es “diferente”. El espacio público se le había concedido a aquello dentro de la norma. La creación de la alteridad, de aquellos cuerpos “fuera de lugar”, los cuerpos no-blancos, no-heterosexuales, no-cisgénero, etc., se conforma mediante la relegación del espacio y el odio. Y el odio crea jerarquías y estatus.
¿Cómo ha afectado a las personas LGBT+ la presencia de las FFAA en el espacio público? Y, específicamente, ¿qué pasa con las personas LGBT+ detenidas por las FFAA? Esta última pregunta es relevante para hacer un zoom a las fuerzas gubernamentales que están persiguiendo y deteniendo a esta población. Para empezar a desgranar estas preguntas, planteo dos ejes: las personas LGBT+ y los registros que tenemos de violaciones a derechos humanos por parte de las FFAA, y la violencia hacia las personas LGBT+ que han sido detenidas por las FFAA.
En este texto presento un análisis descriptivo de la respuesta a solicitudes de información que realicé a la CNDH respecto a violaciones de derechos humanos por parte de las FFAA a la población LGBT+, así como de los Censos Nacionales Penitenciarios y la Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad (ENPOL 2021), ambas fuentes del INEGI.
El espacio público en disputa: FFAA y violaciones a derechos humanos
Solicité información a la CNDH sobre los casos que tuviera registrados de violaciones a derechos humanos relacionadas con la orientación sexual o identidad de género de las personas. 1 A pesar de que la Comisión afirmó que “no cuenta con un registro sistematizado” por este tipo de variables, se realizó una búsqueda por medio de palabras clave relacionadas con el acrónimo LGBT+ para poder crear una base de datos correspondiente a los expedientes de violación a derechos humanos en los que se mencionen dichas palabras. La base de datos analizada es una aproximación a la información sobre violaciones a derechos humanos por orientación sexual e identidad de género.
De acuerdo con esta base de datos, correspondiente a un total de 204 quejas procedentes (es decir, que sí ameritaron una investigación por parte de la CNDH), en el periodo de 2007 a 2020 las autoridades que cometieron mayores violaciones a derechos humanos en las que se mencionan la orientación sexual e identidad de género de las víctimas fueron el IMSS, el OADPRS (el órgano que se encarga de la política penitenciaria) y Migración. La distribución de las entidades en donde se registran más quejas no es igual. Entidades como la Ciudad de México, Chiapas y Jalisco presentan mayor número de quejas.
El número de quejas no se comporta de manera similar a través de los años: se acentúa en 2019 de manera significativa. En este año destacan el número de quejas en contra de autoridades del OADPRS y el Ejército. Existir como una persona de la diversidad sexual supone un riesgo mayor ante las FFAA.
Los arrestos realizados por las Fuerzas Armadas
Para finales de 2022, en México había 226 mil 116 personas privadas de la libertad en los diferentes centros penitenciarios del país, de acuerdo con el Censo Nacional de Sistema Penitenciario Federal y Estatales del INEGI 2023. Hubo un aumento del 2.6 % del total de la población privada de la libertad respecto al año anterior. La tendencia de las personas en prisión en nuestro país va en aumento cada año.
En la ENPOL 2021 se incluyeron por primera vez preguntas relacionadas con la orientación sexual y la identidad de género de las personas. Esto es algo relevante por la perspectiva que nos puede dar acerca de la población LGBT+ privada de la libertad, sus características y las violencias que han vivido en el entramado del sistema penal. De acuerdo con la ENPOL 2021, del total de personas privadas de la libertad, el 2.7 % se identifica como bisexual y el 1.1 % como homosexual. Estos porcentajes cambian cuando se desagregan por género. Del total de las mujeres privadas de la libertad, que representan un 5.7 % de la población penitenciaria, el 12.8 % se identifica como bisexual y el 5.6 % como lesbiana. Hay que tener en cuenta, a la hora de ver estos datos, que la orientación sexual y la identidad de género son categorías que muchas veces no conviene consignar ante los ojos del Estado.
¿Qué pasa con las personas LGBT+ detenidas por las FFAA? De acuerdo con datos de la ENPOL 2021, el 61.1 % de las personas bisexuales detenidas por el Ejercito sufrieron violencia sexual (fueron desvestidas, sufrieron lesiones en sus genitales o fueron violadas sexualmente) durante el arresto. Por otra parte, el 79.7 % de las personas bisexuales detenidas por la Marina también sufrieron este tipo de violencia, en comparación con el 57.6 % de las personas heterosexuales que también sufrieron esta violencia. Asimismo, el 52.6 % de las personas homosexuales detenidas por el Ejército sufrieron violencia sexual. En cuanto a la identidad de género de las personas, el 47.7 % de los hombres trans que fueron detenidos por el Ejército sufrieron violencia sexual. El 74.1% de las mujeres trans detenidas por el Ejército también sufrieron violencia sexual. Son las personas LGBT+ las que tienden a sufrir violencia sexual durante las detenciones cuando son realizadas por las FFAA.
Las detenciones realizadas por la Marina muestran una tendencia mayor hacia la violencia sexual comparada con otras fuerzas gubernamentales. En promedio, 6 de cada 10 personas detenidas por la Marina reportan haber sufrido algún tipo de violencia sexual. Destaca la violencia que ejerce la Marina de manera uniforme y sin miramientos, incluso hacia hombres cisgénero, quienes son los que más reportan haber sufrido violencia sexual (el 57.7 %). La Marina es la autoridad que más ejerce violencia de este tipo. La segunda autoridad, en comparación con todas las que se reportan, que más ejerce violencia sexual en los arrestos es el Ejército. El ensañamiento de la violencia sexual por parte de las FFAA se refleja de manera significativa en las mujeres (cis y trans), si hablamos de identidad de género, y en las personas bisexuales y homosexuales, si hablamos de orientación sexual.
El panorama de la violencia
Las narrativas y las estrategias de militarización de la vida pública, como un legado de la “Guerra contra las drogas” que se ha reforzado a lo largo de los años y hasta la actualidad, han ido en aumento hacia la criminalización. Y no sólo eso, sino que las agendas de exigencia de derechos, sobre todo los relacionados con acceso a la justicia y no discriminación, se han ido paralelizando con las agendas del neoliberalismo en el sentido del reforzamiento de instituciones, como la policía y el ejército, que perjudican directamente, ponen en peligro y marginan en mayor grado a las personas más vulnerables, exponiéndolas a la homofobia, a la transfobia y a la violencia estatal.
La transgresión del género, esta narrativa de insurrección frente al sistema cisheterosexual, sigue siendo una afronta contra una sociedad que discrimina, que menosprecia, que repugna y que estigmatiza a las personas LGBT+. Las imágenes que nos muestran los datos de la CNDH y el INEGI son aterradoras. Las FFAA se ensañan, de manera mucho más violenta, cuando las personas son leídas (y resultan ser) no-heterosexuales, no-cisgénero. La violencia sexual en contra de las personas LGBT+ es la política de dominación de la sociedad patriarcal. Una vida militarizada. Si es militar, es patriarcal.
* Ytzel Maya (@ytzmaya) es alumna participante del Diplomado en Política de Drogas, Salud y Derechos Humanos 2023 del Programa de Política de Drogas, realizado del 19 de mayo al 30 de junio de 2023.
1 Solicitud de información realizada a través de la Plataforma Nacional de Transparencia. Folio 3510000093021.
El expresidente de Perú Alberto Fujimori salió este miércoles del penal de máxima seguridad de Barbadillo, en las afueras de Lima, donde desde 2009 cumplía una condena de 25 años de cárcel por los delitos de homicidio calificado, lesiones graves y secuestro agravado por trato cruel.
La salida de prisión del exmandatario de 85 años se produce horas después de que el Tribunal Constitucional de Perú ordenara su puesta en libertad “inmediata”.
Poco antes, el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) informó en sus redes sociales que en “cumplimiento del mandato del Tribunal Constitucional que dispone la inmediata libertad del interno Alberto Fujimori Fujimori, luego de procesar el documento de conformidad con los protocolos internos, procederá con la ejecución de la libertad”.
En marzo de 2022, el Constitucional peruano falló a favor de la liberación de Fujimori, pero una resolución posterior de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) frenó su excarcelación.
El Tribunal Constitucional negó ahora la competencia de la Corte IDH para establecer como no ejecutable la polémica sentencia.
En respuesta, la Corte IDH emitió a última hora del martes una resolución en la que instaba al Estado peruano a no liberar por el momento a Fujimori, quien gobernó Perú entre 1990 y 2000, y que fue el primer exmandatario de América Latina en ir a la cárcel por crímenes de lesa humanidad.
Más información en breve.
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