Respuestas de la sociedad ante el incremento de las violencias en México
México atraviesa uno de sus periodos más críticos de violencia y crimen desde el inicio de la guerra contra el narcotráfico en 2006. El país ocupa hoy la tercera posición de los lugares con mayor criminalidad en el mundo, con una tasa de 24 homicidios por cada 100 mil habitantes. El impacto en la vida y dignidad de las personas es desolador, con más de 100 mil desaparecidos, territorios bajo extorsión y desplazamientos forzados. ¿Cómo la sociedad ha respondido frente a este flagelo? En este texto analizo esta interrogante.
Reducir las violencias y la impunidad es uno de los mayores retos de nuestro país. Hasta ahora el Estado mexicano ha priorizado medidas reactivas y el despliegue de las fuerzas armadas en áreas de mayor conflicto. Sin embargo, en algunos territorios su autoridad ha sido cuestionada, dejando a la población sin garantías de seguridad ni acceso a sus derechos básicos. Este panorama ha dejado a una ciudadanía en un constante estado de desconfianza institucional y temor. Contrario a ser pasiva, la sociedad civil ha respondido con lo que se conoce como acciones colectivas para hacer frente al horror.
Respuestas desde la sociedad a la violencia
Más allá de enunciar algunas de las acciones colectivas que la sociedad ha generado frente a los mecanismos que facilitan estos procesos violentos, aquí me baso en la evidencia y en cómo estas medidas a nivel micro pueden impactar en lo individual y comunitario. Se trata de tres experiencias que ofrecen resistencias al modelo tradicional de seguridad que ha privilegiado un enfoque punitivo y de criminalización de usuarios de drogas.
Primero, siguiendo el trabajo académico de Janice Gallagher, la movilización continua ha sido una herramienta crucial para la transformación de las personas. Tras una década de investigación etnográfica, Gallagher señala que la movilización sostenida de familiares de desaparecidos víctimas de la guerra contra las drogas transforma su conciencia legal y potencializa sus capacidades y confianza para romper la impunidad. Según Gallagher, estos colectivos de familiares han pasado de simplemente reclamar derechos al Estado, a apropiarse de esos derechos, lo que les ha permitido avanzar en la búsqueda de justicia, verdad y no repetición. Es así como la presión colectiva ha generado resultados en casos de desaparición en Chihuahua y Nuevo León, donde víctimas y ONG han conseguido avances judiciales mediante canales informales y directos con las autoridades. Además, las personas adquieren capacidades para navegar estratégicamente las distintas alianzas políticas entre actores estatales y criminales.
Segundo, ante la presencia de grupos criminales contra la población, también han surgido respuestas y resistencias sociales desde la violencia. La investigación académica de Eduardo Moncada examina las distintas estrategias de resistencia de las víctimas a la extorsión criminal y en territorios donde hay un Estado de Derecho débil. Moncada analiza los casos de Tancítaro y La Unión, Michoacán, en donde pequeños comerciantes se encontraban bajo una victimización crónica por parte de los Caballeros Templarios. Estas estrategias colectivas –Moncada las denomina vigilantismo colectivo y coproducción del orden– y sus resultados dependieron de factores como la cooptación de la policía. Así, los productores de aguacates y bayas de esas zonas se movilizaron con varias acciones como la limpieza de la policía local, la formación de alianzas con autoridades locales –aprovechando las oportunidades políticas– y el reclutamiento de autodefensas. Aunque estas prácticas no solucionaron otros problemas de la región, sí lograron expulsar al grupo criminal y parar las extorsiones.
Finalmente, ante las medidas punitivas del Estado contra las drogas y sus usuarios, el movimiento comunitario de reducción de daños ha respondido desde un enfoque de justicia social. Centros comunitarios como Verter y PrevenCasa, ubicados en la frontera de México con los Estados Unidos, implementan programas basados en el respeto de los derechos de los usuarios de drogas, e involucran a la comunidad en la generación de evidencia y la prevención de sobredosis. Un ejemplo es la creación de centros para el consumo seguro de drogas, que atiende a las necesidades de las mujeres usuarias y en donde también son copartícipes de los programas de tratamiento. Esto ha tenido un impacto a nivel individual y comunitario, logrando la confianza, dignificándolos y transformándolos en líderes comunitarios para apoyar a otros usuarios. A pesar de tener algunos avances, pocos centros han sobrevivido ante los recortes federales, el estigma social y los abusos de actores estatales y criminales.
¿Qué lecciones nos dejan estas distintas respuestas desde la sociedad?
Aquí identifico tres:
1) Diseñar programas de seguridad sensibles a nivel comunitario y que respondan a las realidades locales. Las trayectorias de acción colectiva para resistir e incidir en las violencias no son lineales. Es decir, son movimientos heterogéneos (colectivos, organizaciones sociales, individuos, etc.) que responden conforme a los diferentes contextos, periodos de tiempo y complejidades que los caracterizan.
2) Aprovechar los conocimientos locales. Al politizarse, las personas desarrollan conocimientos e información de sus entornos violentos que muchas veces el gobierno no posee. La sociedad está dispuesta a avanzar las trabas institucionales por vías de comunicación informales y pueden determinar sus acciones dependiendo de las configuraciones políticas entre actores estatales y criminales.
3) Apoyar con recursos gubernamentales a actores sociales. El financiamiento a actores sociales con estricto monitoreo de las partes puede facilitar la coproducción de diagnósticos basados en evidencia. Ello podría visibilizar una mayor noción de abajo hacia arriba para lograr transformaciones significativas en la seguridad y la justicia.
* Yael López Torres (@yanahilop) es Doctora en Ciencia Política por la Universidad de York.
Las opiniones expresadas en este blog son de exclusiva responsabilidad de la autora o autor y no necesariamente representan la opinión del Programa de Política de Drogas.
El expresidente peruano Alberto Fujimori fue sentenciado a 25 años de cárcel por los casos de dos masacres y dos secuestros llevados a cabo con su aval en la década de 1990. En diciembre de 2023 quedó en libertad.
Nueve meses después de su puesta en libertad por razones de salud, el expresidente de Perú Alberto Fujimori murió este miércoles 11 de septiembre a los 86 años.
Su hija Keiko comunicó la noticia a través de X, en un mensaje en el que se despidió de su padre y pidió una oración por el descanso de su alma.
La salida de prisión de Fujimori se produjo el 6 de diciembre de 2023, 14 años después de ser sentenciado a 25 años de cárcel por los delitos de homicidio calificado, lesiones graves y secuestro agravado por trato cruel.
Aunque en 2017 fue liberado por un indulto presidencial, el Tribunal Supremo requirió al siguiente año nuevamente su encarcelamiento al reconsiderar argumentos presentados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH).
Sin embargo, el Tribunal Constitucional dictaminó el 5 de diciembre de 2023 “la falta de competencia de la CorteIDH” sobre este caso y desechó la orden de reencarcelamiento.
Fujimori fue declarado culpable de ordenar a un escuadrón de la muerte, conocido como el Grupo Colina, llevar a cabo dos masacres, así como por su participación en los secuestros del periodista Gustavo Gorriti y del empresario Samuel Dyer, ambos en 1992.
Los crímenes de los que se le acusó sucedieron en el marco del conflicto interno de Perú en el que el gobierno realizó una campaña contra el insurgente grupo armado Sendero Luminoso.
Estos fueron los casos que llevaron por primera vez a un presidente de América Latina a la cárcel por crímenes de lesa humanidad.
Masacre de Barrios Altos
El 3 de noviembre de 1991, seis hombres enmascarados irrumpieron en una fiesta en un pequeño apartamento del distrito Barrios Altos, una zona de clase baja, aledaña al Palacio Presidencial.
Los hombres eran miembros del escuadrón de la muerte que llegó a conocerse como el Grupo Colina.
Según el testimonio de uno de los integrantes, el objetivo era capturar a sospechosos de Sendero Luminoso pero, a medida que se acercaba la hora del operativo, se dio cuenta de que el propósito era matarlos.
Los enmascarados dispararon contra los asistentes, matando a 15 personas —incluyendo un niño de 8 años— e hiriendo gravemente a cuatro.
Pero la masacre de Barrios Altos fue un error. Mala información de inteligencia hizo que el escuadrón confundiera la fiesta con una reunión secreta del grupo insurgente y matara a civiles inocentes.
El mismo testigo describió cómo él y sus compañeros del escuadrón bebieron cerveza y brindaron en la playa horas después de la matanza.
Masacre de La Cantuta
En la madrugada del 18 de julio de 1992, miembros del Servicio de Inteligencia Nacional (SIN) y de la Dirección Nacional contra el Terrorismo (Dincote), la mayoría miembros del Grupo Colina, forzaron su entrada en las residencias estudiantiles de la Universidad Nacional Enrique Guzmán y Valle, conocida como La Cantuta.
El operativo era en respuesta a una explosión en el barrio de Miraflores, reivindicada dos días antes por Sendero Luminoso, que fue uno de los ataques más mortales de una campaña de atentados con bomba de la organización insurgente, que dejó 25 muertos y más de 200 heridos.
En La Cantuta, las tropas ordenaron a los estudiantes abandonar sus habitaciones y los colocaron bocabajo en el piso. Nueve individuos fueron separados del grupo y llevados a la fuerza.
Entre tanto, un grupo de soldados irrumpió en la residencia del profesor Hugo Muñoz Sánchez. Tras el registro de la propiedad, también se lo llevaron.
Según la Fiscalía que investigó el caso, los nueve estudiantes y el profesor fueron desaparecidos forzosamente y asesinados.
El Grupo Colina había quemado los cadáveres, por lo cual se había hecho difícil su identificación. En 1995, Fujimori declaró una amnistía que cobijó a los miembros del escuadrón.
Secuestro del periodista Gustavo Gorriti
Gustavo Gorriti es un periodista que se destacó en los 80 reportando sobre el conflicto entre el gobierno y Sendero Luminoso, reconocido por su conocimiento de dicha organización.
También fue un crítico del gobierno fujimorista.
En 1992, publicó una serie de artículos en la revista Caretas donde vinculó al gobierno con organizaciones narcotraficantes, implicando en particular a Vladimiro Montesinos, el “hombre fuerte” de Fujimori y director del Servicio de Inteligencia del Ejército entre 1990 y 2000.
En reacción a los artículos, el 6 de abril de 1992, una unidad del ejército peruano lo arrestó en su casa y lo llevó a los sótanos del Servicio de Inteligencia.
El secuestro sucedió durante el llamado “fujimorazo” o autogolpe, una crisis constitucional en la que Fujimori disolvió el Congreso y detuvo a varias figuras de la oposición.
La esposa de Gorriti alertó a la prensa y a gobiernos extranjeros, incluyendo Estados Unidos. La presión internacional causó que el periodista fuera trasladado a un lugar de detención oficial y dos días después de su secuestro fue puesto en libertad.
Gorriti vivió en el exilio durante los 90, primero en EE.UU. y luego en Panamá.
Secuestro del empresario Samuel Dyer
El 27 de julio de 1992, Samuel Dyer se encontraba en el Aeropuerto Internacional de Lima, dispuesto a viajar a Estados Unidos.
Sin orden judicial, fue impedido de abordar un avión por personal del SIN y llevado a las oficinas de migración donde le informaron que tenía una orden de captura.
De ahí fue trasladado violentamente a los calabozos del Servicio de Inteligencia del Ejército (SIE), donde permaneció privado de libertad y fue interrogado sobre su presunta colaboración con Sendero Luminoso.
El empresario fue sometido a una investigación de cuatro días, sin justificación ni pruebas, hasta que no tuvieron forma de encontrar “vínculos terroristas”.
La SIE lo sacó subrepticiamente de su sede, lo dejó en una calle y lo “hizo huir”. Dyer se refugió temporalmente en la embajada de México en Lima y poco después salió a EE.UU. con su familia.
Varios militares recibieron duras condenas por su participación en estos delitos, incluyendo Julio Salazar Monroe, exjefe del SIN, y Juan Rivero, exjefe del SIE.
Fujimori fue encontrado culpable de ordenar las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta, así como de avalar los secuestros de Gorriti y Dyer.
* Esta nota fue publicada originalmente a raíz de la orden de libertad para Fujimori y actualizada el 11 de septiembre de 2024 con su muerte.
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