Análisis de la jornada electoral: el voto desde la prisión y su impacto en la democracia mexicana
El camino hacia la inclusión electoral de las personas en prisión preventiva ha sido largo y lleno de obstáculos. Fue en 2019 cuando el Pleno de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) emitió una resolución histórica que reconoció el derecho al voto de las personas que, a pesar de estar privadas de su libertad, no habían sido sentenciadas. Esta decisión, basada en el principio de presunción de inocencia, marcó un precedente al establecer que, mientras no exista una sentencia condenatoria, estas personas conservan sus derechos político-electorales, incluyendo el sufragio. Este fallo reconoció el derecho al voto en prisión preventiva y también obligó al Instituto Nacional Electoral (INE) y a las autoridades penitenciarias a desarrollar mecanismos que hicieran posible la emisión del voto desde la prisión.
El informe de ASILEGAL, titulado “Derecho al voto de las personas en prisión preventiva en los estados de Guerrero, Oaxaca, Ciudad de México y Estado de México”, ofrece un análisis profundo de los avances y desafíos en la implementación de este derecho en los procesos electorales de 2021, 2022 y 2023. A través de programas piloto en estas cuatro entidades federativas, se intentó poner en práctica lo dispuesto por el TEPJF, con resultados que evidencian tanto los logros como las áreas de oportunidad.
Los programas piloto representaron un avance significativo al permitir que algunas personas en prisión preventiva pudieran votar por primera vez. No obstante, la implementación de estos programas estuvo lejos de ser perfecta. Uno de los principales obstáculos identificados fue la falta de acceso a información sobre las personas candidatas y sus propuestas. En los centros penitenciarios, el flujo de información es limitado, lo que impide a las personas votantes conocer a fondo a quienes aspiran a ocupar cargos de representación popular. Además, muchos centros carecen de los recursos necesarios para garantizar que la jornada electoral se lleve a cabo en condiciones óptimas. La escasez de personal capacitado para facilitar el proceso, la falta de infraestructura adecuada para la instalación de casillas y la insuficiente coordinación entre las autoridades electorales y penitenciarias fueron algunos de los problemas detectados.
El informe detalla cómo, en las elecciones de 2021, 2022 y 2023, la implementación del voto en prisión preventiva fue limitada a ciertos centros penitenciarios, dejando fuera a un gran número de personas elegibles para votar. Esta situación refuerza la desigualdad y la exclusión de un sector de la población que, por estar en una situación de vulnerabilidad, debería recibir una atención diferenciada y con ajustes razonables por parte del Estado. A pesar de estos retos, el informe reconoce que los programas piloto sentaron las bases para futuras implementaciones y ofrecieron importantes lecciones sobre cómo mejorar el proceso.
Uno de los puntos más destacados del informe de ASILEGAL relacionado con las elecciones del 2024 es la necesidad de una mayor coordinación interinstitucional. Si bien el INE ha trabajado en la creación de listas nominales específicas y en la instalación de casillas dentro de los centros penitenciarios, estas acciones son insuficientes si no cuentan con el apoyo total de las autoridades penitenciarias. La colaboración entre ambas instituciones es esencial para garantizar que las personas en prisión preventiva puedan ejercitar su derecho al voto de manera plena. Además, se hace un llamado a las autoridades electorales para que diseñen y pongan en marcha campañas informativas dentro de los centros penitenciarios, que permitan a las personas privadas de libertad tomar decisiones informadas al momento de votar.
El informe subraya que el derecho al voto no es solo un derecho político, sino una herramienta crucial para la reinserción social de las personas privadas de libertad. Al permitirles participar en el proceso democrático, se refuerza su sentido de pertenencia a la sociedad y se les ofrece una oportunidad para ejercitar sus derechos como ciudadanas y ciudadanos. Esta inclusión fortalece la democracia y además contribuye a reducir la marginación de este grupo, que a menudo proviene de sectores en situación de vulnerabilidad económica y social.
El reconocimiento del derecho al voto para las personas en prisión preventiva representa un avance en la protección de los derechos humanos en México, pero aún queda un largo camino por recorrer. Los desafíos logísticos, administrativos y estructurales que impiden la plena implementación de este derecho deben ser superados para garantizar una democracia incluyente. Como bien señala el informe, la exclusión de este sector de la población refuerza su invisibilización y vulnerabilidad. Permitir su participación en los procesos electorales es un paso fundamental hacia una sociedad más justa y equitativa.
Es crucial que las autoridades mexicanas continúen trabajando para que el voto de las personas en prisión preventiva sea una realidad en todo el país. Los avances logrados hasta ahora deben consolidarse y expandirse, asegurando que todas las personas, independientemente de su situación jurídica, puedan ejercitar plenamente sus derechos político-electorales. Solo así podremos construir una democracia en la que todas las voces, sin importar de dónde provengan, sean escuchadas y tomadas en cuenta.
* José Luis Gutiérrez Román (@JLuisASILEGAL) es candidato a Doctor por la Universidad Nacional Autónoma de México y Director General en ASILEGAL @AsíLegalMx.
Entre los fallecidos hay menores y al menos otras 15 personas fueron rescatadas con lesiones graves, según los servicios de emergencias.
Al menos 51 personas murieron tras la caída de un autobús desde un puente en la periferia de la Ciudad de Guatemala, informaron los bomberos.
El vehículo, que se dirigía a la capital desde el departamento de El Progreso, cayó este lunes por un barranco de más de 20 metros de altura y quedó parcialmente hundido en un canal de aguas residuales, según el departamento de bomberos local.
Entre los fallecidos hay menores.
De momento no se han identificado los cadáveres y los servicios de emergencias alertaron de que la cifra de fallecidos podría ser aún mayor, ya que se habrían extraído más cadáveres en las últimas horas.
Estos indicaron que al menos otras 15 personas fueron rescatadas con lesiones graves, aunque se desconoce el número exacto de sobrevivientes.
Imágenes compartidas en redes sociales muestran la gravedad del accidente, con el autobús volcado y los operarios de rescate sacando los cuerpos de fallecidos y sobrevivientes.
Los servicios de emergencias desplegaron 22 compañías, 45 unidades y más de 100 efectivos para las tareas de rescate, informó el diario local La Hora.
Los heridos fueron trasladados a dos hospitales cercanos.
También se ha instalado una morgue provisional cerca del lugar de los hechos, un lugar de difícil acceso.
Familiares de personas que viajaban en el autobús han comenzado a acudir al lugar en busca de noticias sobre sus seres queridos, mientras la policía trata de identificar a los muertos.
Las autoridades investigan las causas del suceso.
El conductor del bus, que habría perdido el control del vehículo por causas desconocidas, es uno de los fallecidos en el accidente.
El ministro de Comunicaciones, Miguel Ángel Díaz Bobadilla, indicó que el autobús tenía 30 años de antigüedad y salió desde la localidad de San Agustín Acasaguastlán a las 3 am.
El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, desplegó al ejército y a la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (CONRED) para ayudar en las tareas de rescate y declaró el luto nacional en el país.
“La tragedia en el Puente Belice es un dolor nacional que lamento profundamente. Me solidarizo con las familias de las víctimas que hoy amanecen con una noticia desgarradora. Su dolor es mi dolor”, publicó el mandatario en la red social X.
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