El sistema penitenciario en México enfrenta una serie de retos que impactan negativamente en la salud mental y bienestar de las personas privadas de libertad. Esta problemática adquiere una dimensión más crítica cuando se evidencia que algunas de estas personas llegan a tomar la trágica decisión de quitarse la vida. Por ello es importante explorar las diversas dificultades que enfrentan las personas privadas de libertad dentro del sistema penitenciario mexicano y cómo estás pueden contribuir al aumento de las tasas de suicidio, según lo señalado por el relator sobre ejecuciones extrajudiciales en su informe sobre Muertes en Prisión del 18 de abril de 2023.
En dicho informe el relator menciona que las autoridades penitenciarias de los Estados tienen diversas obligaciones para la prevención del suicidio. La construcción de programas de evaluación de salud mental para personas recluidas, la identificación de riesgos de suicidio y factores de vulnerabilidad en las personas que ingresan a prisión, la provisión de apoyo adecuado de prevención de suicidios durante y posterior a la compurgación de la pena, la inaplicación de métodos que fomentan el suicidio.
No obstante, estos estándares no están materializados en la realidad. El sistema penitenciario mexicano enfrenta problemas estructurales que afectan la calidad de vida de las personas que están privadas de libertad. Hacinamiento, sobre población, autogobierno, cogobierno, falta de acceso a servicios básicos como atención médica y psicológicas, entre otras ya documentadas tanto por organizaciones de la sociedad civil como por los propios mecanismos nacionales e internacionales de protección a los derechos humanos. Estas condiciones crean un entorno propicio para el deterioro de la salud mental de las personas privadas de libertad.
Sin embargo, la atención a la salud mental en el sistema penitenciario mexicano es aún una asignatura pendiente, pues es insuficiente, de mala calidad y en la gran mayoría carente de seguimiento. La escasez de profesionales de la salud mental que laboren dentro de los centros penitenciarios, la falta de programas de reinserción efectivos y la estigmatización de los problemas de salud mental contribuyen al aumento de la angustia psicológica entre la población privada de libertad.
Por otro lado, la violencia entre la población privada de libertad, así como la amenaza constante de abusos por parte de personal penitenciario, contribuye significativamente al estrés y la ansiedad de las personas privadas de libertad. La falta de medidas efectivas para prevenir y abordar estas situaciones crea un entorno hostil que puede desencadenar el deseo de escapar a través del suicidio.
A pesar de las señales de alerta y los indicadores de riesgo, el sistema penitenciario mexicano a menudo falla en identificar y abordar a tiempo a aquellas personas privadas de libertad en mayor riesgo de suicidio. Si a esto le sumamos la falta de capacitación del personal penitenciario en la detección de problemas de salud mental y la ausencia de la aplicación de protocolos para la intervención, es claro que se contribuyen a esta desatención.
Según el informe muertes en prisiones del relator sobre ejecuciones extrajudiciales, se establece que los sistemas penitenciarios deben asumir responsabilidad por las muertes en custodia, incluyendo los suicidios. La falta de medidas adecuadas para prevenir estos incidentes y la negligencia en la atención a la salud mental de las personas privadas de libertad hacen que el sistema penitenciario mexicano sea corresponsable de esta situación.
La problemática que enfrentan las personas privadas de libertad en los sistemas penitenciarios mexicanos es grave y multifacética. Las condiciones precarias, la falta de atención a la salud mental, la violencia y el menosprecio de los indicadores de riesgo contribuyen al aumento de los casos de suicidio. Es importante que el sistema penitenciario mexicano y las autoridades corresponsables asuma su responsabilidad en la prevención de estas tragedias, implementando medidas efectivas para abordar las malas condiciones y mejorar la atención a la salud mental de la población privada de libertad.
Basta recordar que de acuerdo con datos del Órgano Administrativo Desconcertado de Prevención y Readaptación Social, en sus cuadernos de estadística penitenciaria, sistematizados por ASILEGAL en el Violentometro Penitenciario, entre 2018 y hasta noviembre 2023 se registraron 397 suicidios, encabezando la lista Sonora con 46, Ciudad de México con 34, Chihuahua con 27, Jalisco y san Luis Potosí con 25 e Hidalgo con 23, sin embargo, estos datos públicos no se encuentran segregados por género por lo que no queda claro cuantas de estas personas pertenecían al género femenino, masculino, no binaria o cualquier otra identidad.
La anterior situación ha deparado en varias recomendaciones como la recomendación general 01/2022 emitida por la Defensoría de Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO), la cual documentó que 19 personas que se encontraban privadas de libertad en cárceles municipales y centros de detención del estado de Oaxaca habían fallecido en circunstancias preocupantes. En algunos de estos casos, las autoridades informaron que la causa del fallecimiento era asfixia por ahorcamiento, lo que se interpretaba como un suicidio. Sin embargo, de acuerdo con el contenido de la recomendación, las autopsias realizadas con posterioridad indicaban que había signos de violencia. En la recomendación, se hace referencia a 19 casos en los que las circunstancias en las que sucedieron los hechos resultan lo suficientemente sospechosas para que la DDHPO empezara una investigación al respecto.
Por otro lado, recientemente la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió la recomendación 276/2023, ya que el Centro Federal de Readaptación Social (CEFERESO) 16 ha sido el epicentro de una preocupante ola de suicidios que ha conmocionado a la sociedad mexicana. Por dicha razón, CNDH emitió un comunicado de prensa, señalando la gravedad de la situación y exigiendo acciones inmediatas para abordar las problemáticas que enfrentan las mujeres privadas de libertad en este centro penitenciario. La CNDH, ha puesto de manifiesto la urgencia de abordar los riesgos suicidas que acechan a las mujeres privadas de libertad en este centro penitenciario. Es importante que las autoridades penitenciarias y corresponsables respondan de manera inmediata y eficaz, implementando medidas que aborden no solo las consecuencias, sino también las causas profundas que conducen a situaciones tan extremas.
La problemática que enfrentan las personas privadas de libertad en los sistemas penitenciarios mexicanos es grave y multifacética. Las condiciones precarias, la falta de atención a la salud mental, la violencia y el menosprecio de los indicadores de riesgo contribuyen al aumento de los casos de suicidio. Es importante que el sistema penitenciario mexicano y las autoridades corresponsables asuman su responsabilidad en la prevención de estas tragedias, implementando medidas efectivas para abordar las malas condiciones y mejorar la atención a la salud mental de la población privada de libertad.
Las acciones que deben hacer las autoridades penitenciarias no solo se deben de basar en el deber moral de proteger los derechos humanos, sino también en la necesidad urgente de prevenir más pérdidas de vidas. Las autoridades penitenciarias y corresponsables tienen la responsabilidad necesaria de abordar estas problemáticas de manera inmediata y efectiva. La sociedad mexicana no puede permitirse mirar hacia otro lado mientras la población privada de libertad enfrenta condiciones inhumanas y riesgos suicidas. Es tiempo de exigir cambios significativos en el sistema penitenciario, priorizando la salud mental, la dignidad y la reinserción social de las personas privadas de libertad.
* José Luis Gutiérrez Román (@JLuisASILEGAL) es Doctorante del Programa de posgrado de la Universidad Nacional Autónoma de México y director general de ASILEGAL.
Las escuelas segregadas para niños de ascendencia mexicana existieron en suroeste de EE.UU. durante décadas. En una de ellas, en la pequeña ciudad texana de Marfa, celebraron un día una peculiar ceremonia.
“Ya habíamos asistido a funerales de familiares antes, así que entendimos que allí se estaba celebrando un entierro. Lo que no sabíamos era por qué”… Ni de quién.
Así recuerda Jessi Silva aquella mañana de 1954 en la que se encontró en el patio de su escuela, rodeada de otros alumnos, observando un hoyo recién cavado.
Allí estaba también Maggie Marquez, quien por aquel entonces cursaba cuarto grado. Nada más entrar a clase, se había percatado de que el día no iba a ser como cualquier otro.
“Cuando llegué al salón la maestra nos dio pedazos de papel y nos pidió que escribiéramos en ellos: ‘No hablaré español ni en la escuela ni durante el receso’”, le contó décadas después a StoryCorps, una organización estadounidense sin ánimo de lucro cuyo objetivo es registrar, preservar y compartir historias.
Obedientes, siguieron las instrucciones al pie de la letra. La profesora agarró todos los papelitos, los dobló y los metió en una caja de cigarros, tal como lo habían hecho el resto de los docentes del centro.
A aquello le siguió una procesión al patio, donde introdujeron el estuche en el agujero cavado junto a un asta en el que ondeaba la bandera estadounidense.
Burial of Mr. Spanish, llamaron a la ceremonia, “El entierro del señor español”.
A partir de aquel momento el idioma de sus ancestros, la lengua materna de estas dos mujeres, que tienen hoy 76 y 80 años, quedaba prohibida en las instalaciones.
Marquez, sin embargo, recuerda que se rebeló ante el entierro simbólico del español.
De vuelta al aula, le dijo a sus compañeras: “Nadie me va a hacer que deje de hablar en español”.
“Lo que no sabía es que tenía a la maestra detrás, y me llevó a la oficina del director”, contó.
La jornada acabó con unos azotes.
Ocurrió en la Escuela Primaria Blackwell, en Marfa, un desértico pueblo de Texas situado a unos 95 kilómetros de la frontera con México.
Pero bien pudo haber pasado en cualquiera de las otras escuelas exclusivas para niños con ascendencia mexicana que existieron en el suroeste de Estados Unidos desde inicios del siglo hasta entrada la década de los 60, como parte de una segregación de facto cuyas consecuencias —según apuntan expertos e investigaciones varias— se sienten aún hoy.
Separados pero… ¿iguales?
A diferencia de la discriminación sufrida por los afroestadounidenses, sobre todo en los estados sureños, donde primaba el lema “separados pero iguales”, la aplicada contra los mexicano-estadounidenses no era por mandato legal sino una práctica común.
Los distritos escolares decidían si separaban o no a los estudiantes de ascendencia mexicana o a los latinos de otros orígenes, y muchos así lo hicieron en Arizona, California, Nuevo México, Texas.
En este último estado, para la década de 1940, existían las llamadas Mexican Schools (“Escuelas mexicanas”) en más de 120 ciudades que se mantuvieron hasta 1965, cuando se logró la integración.
Por la Escuela Primaria Blackwell, fundada en 1889, pasaron miles de estudiantes de entre primer y octavo grado; alumnos de origen mexicano que estudiaron con menos recursos que sus pares blancos, con materiales descartados por estos, en aulas con mobiliario de segunda mano.
Y el entierro del español no fue el único recuerdo de discriminación.
Otro día una alumna fue obligada a bañar a otra de piel más oscura por considerársela “sucia”.
En los años 50, los futbolistas de Blackwell eran considerados lo suficientemente buenos como para conformar equipo con menores anglos, pero no tanto como para que compartieran vestuarios.
“En Marfa aprendí lo que era el racismo”, le dijo Jesusita Williams Silva, quien empezó a estudiar en Blackwell en 1956, a Texas Monthly. “(Lo aprendí) Al ver a mi madre siendo rechazada en la tienda porque era hispana, al ver que mi padre no cobraba lo suficiente por ser hispano, al ver a la gente humillar a mis padres frente a sus hijos”.
En aquel entonces, en la puerta de algunos restaurantes había carteles que decían “Ni perros ni mexicanos”. En los cines, solo se podían sentar en los balcones superiores y bañarse solo los lunes, cuando el agua estaba más sucia, en las piscinas municipales.
La inevitable asimilación
En las escuelas segregadas, junto a la política que obligaba a comunicarse solo en inglés, justificada sobre la base de que era necesaria para brindarles a unos alumnos con “deficiencias lingüísticas” una formación efectiva, los educadores usaron prácticas pedagógicas y promovieron actividades que imponían valores e ideales blancos y de clase media.
El objetivo era que fueran lo más “estadounidenses posible”, escribió en su libro Culture, language, and the Americanization of Mexican children (“Cultura, lenguaje y la americanización de niños mexicanos”) Gilbert G. González, profesor de la Universidad de California y pionero de la disciplina de los Estudios Latinos y Chicanos.
La asimilación fue, en muchos casos, inevitable.
“No quería hablar español, no quería vestir como mexicana”, le contó Janie Martínez, quien asistió a una de esas escuelas, a Lilliana P. Saldaña, investigadora de la Universidad de Texas-San Antonio.
Saldaña incluyó su caso en un ensayo que aborda los traumas sufridos por una serie de mexicano-estadounidenses en el sistema educativo segregado y cómo eso los llevó a formarse como maestros.
“Durante sus años universitarios hizo todo lo posible por deshacerse de todo lo que la caracterizaba como mexicana y, cuando se graduó, pidió que su diploma dijera ‘Janie’ en lugar de ‘Juanita’. Tampoco les enseñó español a sus hijos, una decisión de la que hoy se arrepiente”, escribe Saldaña.
“Cómo los trataban los maestros y maestras, cómo el sistema escolar les cambió el nombre o hizo que se lo cambiaran, cómo los hizo sentirse avergonzados de ser pobres y mexicanos, del barrio… Eso fueron razones por las que tomaron la decisión muy consciente de ser docentes en su propia comunidad y de impulsar el bilingüismo”, le dice Saldaña a BBC Mundo.
También hubo reacciones más generalizadas, como la creación de las llamadas “escuelitas”.
“Fueron comunes en muchas comunidades fronterizas. Las familias mexicano-estadounidenses las establecían, a veces en alguna de las casas, tras recolectar fondos entre ellas mismas”, explica Saldaña.
“Eran independientes, gerenciadas por las propias familias, no estaban bajo el control estatal, y reclutaban a las maestras en México, que hablaban español pero que también tenían experiencia como educadoras”, prosigue.
La segregación y la consiguiente asimilación también tuvo costos a distintos niveles, consecuencias que siguen sintiéndose hoy y que varios estudios han tratado de retratar.
De acuerdo a un estudio del Pew Research Center publicado el año pasado, el 75% de los latinos de EE.UU. aseguran que pueden mantener una conservación en un español bueno o muy bueno. Pero entre los de tercera generación, son menos de un tercio los que son capaces de ello.
La integración y el desentierro
En un fallo conocido como Brown contra el Consejo de Educación de Topeka, la Corte Suprema de EE.UU. dictaminó en 1954 que las leyes estatales que establecían la segregación racial en las escuelas públicas eran inconstitucionales.
Aunque la integración tardó años en alcanzar todos los rincones del país, y en muchos casos requirió de la intervención federal.
A Marfa llegó en 1965, con la apertura de una nueva escuela primaria que acogió tanto a los alumnos del antiguo colegio para niños de ascendencia anglosajona como a los de Blackwell.
Esta última sigue hoy en pie, uno de los pocos ejemplos de escuelas segregadas que no han sido demolidas.
Aunque en su día constaba de varios edificios, hoy luce sola, blanca y discreta, en el sector sur de la pequeña ciudad y rodeada de modestas casas de adobe, un bloque de viviendas sociales y la sede de la Patrulla Fronteriza del sector.
Tras años de trabajo de un grupo de exalumnos y miembros de la comunidad, agrupados bajo la Alianza de la Escuela Blackwell, el 17 de octubre de 2022 fue designada Sitio Histórico Nacional, y ahora alberga un museo y centro comunitario con fotografías, objetos varios y la recreación de un aula.
“En el catálogo de los Sitios Históricos Nacionales hay pocos sitios que hablan de la historia mexicano-estadounidense moderna. Así que Blackwell está realmente a la vanguardia para empezar a contar esas historias nunca contadas”, le dice Daniel O. Hernandez, el presidente de la Alianza, a BBC Mundo.
“No podemos entender la dinámica racial y étnica de Estados Unidos hoy sin conocer lo que sucedió antes, cómo se trató a la gente, cómo la sociedad anglosajona justificó ese trato y qué consecuencias tuvo”, escribió su antecesora, Gretel Enck.
Quienes estudiaron en Blackwell tienen hoy 60, 70, incluso más años.
En 2007, un grupo de ellos se reunió en la antigua escuela, para un evento inspirado en el entierro de “Mr. Spanish”.
En el centro estaba Maggie Márquez, quien de un pequeño ataúd de madera contrachapada que había sido enterrado específicamente para la ceremonia, sacó un diccionario español.
Entre vítores, lo alzó y exclamó: “¡Yo tengo el español!”.
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