En una entrada anterior se argumentó que la crisis de desaparición se debe, en sentido estricto, a la incapacidad estatal de hacer investigación forense eficaz y suficiente. Partiendo de esta premisa, en esta entrada quisimos investigar si la variación territorial en el impacto de la desaparición tendría algún correlato en la institucionalidad forense de las entidades.
Para ello, nos enfocamos en los estados de Jalisco y Chihuahua. Como muestra la Tabla 1, para el periodo 2006-2023 Chihuahua fue la primera entidad nacional en número de homicidios por 100k habitantes y la segunda en números totales. Jalisco fue número dieciséis por 100k habitantes y sexta en números totales.
La tabla 2 muestra el análisis correspondiente a desapariciones. En este caso, Jalisco es la primera a nivel nacional en número total de desapariciones, mientras que Chihuahua es número nueve. Por 100k habitantes, Jalisco es la cuarta entidad, mientras que Chihuahua es la doce.
Tomando las métricas de homicidio como estimados del nivel de violencia en una entidad, tenemos entonces que, aunque Chihuahua es la entidad más violenta del país para 2006-2023, el impacto de la desaparición allí ha sido mediano. En contraste, aunque Jalisco está en la media nacional por tasa de homicidio, ocupa el primer lugar en desapariciones. Puesto en términos porcentuales, en Jalisco el número de desapariciones corresponde al 51.28 % de los homicidios, mientras que en Chihuahua apenas llega al 7.73%. ¿Cómo explicar este contraste?
La labor forense en México está asociada a los Ministerios Públicos y en la práctica se subordina a los procesos de investigación penal según criterios que establece cada entidad. No existe un organismo nacional centralizado, con sede en cada entidad, a cargo de los servicios periciales forenses; tampoco existe una metodología homologada nacionalmente para el procesamiento de los cuerpos en las morgues. Cabe esperar, por tanto, variación en la institucionalidad forense de las entidades nacionales. En efecto, al examinar la institucionalidad forense de Chihuahua y Jalisco, muy sugerentes contrastes saltan a la vista.
Entendemos por institucionalidad forense al conjunto de instituciones estatales que se encargan del estudio de cuerpos y restos humanos y su debida disposición. Destacan dos contrastes en la institucionalidad forense de Jalisco y Chihuahua, ambos importantes para la búsqueda de personas: la autonomía institucional y el uso de sistemas centralizados de información forense.
En Jalisco, el sistema forense es operado por el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, un órgano descentralizado de la administración pública estatal, al cual debe remitirse la fiscalía estatal para solicitar peritajes. El Instituto es gobernado por una junta encabezada por el Secretario de Gobernación y conformada por los titulares de las Secretarías de Hacienda, Seguridad, Salud y el titular de la Procuraduría Social, así como cinco representantes de la sociedad civil (todos designados del gobernador). La junta se encarga de sentar las reglas y normas técnicas para los dictámenes, establece el reglamento, dispone del presupuesto y aprueba los planes de trabajo. El director del Instituto es el ejecutor de los acuerdos de la junta y superior jerárquico de todas las unidades administrativas y operativas. Puede ser nombrado y removido a discreción por el gobernador.
En contraste, en Chihuahua la dirección de servicios forenses está adscrita a la Fiscalía Estatal, es decir, forma parte de un órgano autónomo constitucional. El Fiscal controla directamente la dirección de servicios periciales y es designado mediante propuesta del gobernador ratificada por el congreso estatal. Adicionalmente, Chihuahua cuenta con una fiscalía especializada en investigación de violaciones a los derechos humanos y desaparición forzada, dentro de la cual opera su Comisión Local de Búsqueda. Esto ha hecho posible que la Fiscalía se acerque a un enfoque humanitario, buscando no solo encontrar a los perpetradores de delitos sino también tramitar las solicitudes de familiares buscadores. La Comisión Local de Búsqueda ha llegado a coordinar y encabezar operativos forenses.(La mayoría de comisiones locales de búsqueda son órganos desconcentrados asociados a la Secretaría de Gobierno; la de Chihuahua es la única adscrita a la Fiscalía Estatal.)
Evidentemente, la institucionalidad forense en Chihuahua tiene más autonomía institucional y capacidad operativa que la de Jalisco, no obstante las importantes inversiones hechas por Jalisco en materia de búsqueda en años recientes. En lugar de una junta de gobierno técnica y autónoma, el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses es gobernado y operado por secretarios y designados del gobierno estatal. En Chihuahua la institucionalidad forense opera desde la fiscalía estatal y siguiendo criterios técnicos especializados para la investigación de desapariciones.
En cuanto al uso de sistemas centralizados de información, el contraste entre las entidades es, otra vez, notable. En Jalisco, el Instituto estipula los pasos a seguir una vez los cadáveres o restos sin identificar llegan a su custodia. Puesto en la plancha anatómica, el cadáver es fotografiado y se le extrae lo necesario para en el futuro tomar muestras genéticas, organizando para ello un archivo básico de identificación. Si el cadáver que espera en las cámaras del Instituto no es reclamado, eventualmente se solicita su inhumación al Ministerio Publico. Aprobada esta, el cuerpo se remite a fosas comunales o a instituciones educativas.
Según la legislación jalisciense, el panteón a cargo de las fosas debe recabar y guardar muestras biológicas que puedan servir para una posterior identificación. Sin embargo, el manual operativo del Instituto no contempla la confrontación de la información genética del cadáver con bases de datos estatales o nacionales de personas desparecidas. A causa de ello, familiares y allegados a personas desaparecidas han denunciado al Instituto por negligencia en la inhumación de cuerpos y falta de tomas de prueba y cotejo de datos. Un proyecto de legislación estatal que buscaba crear una base de datos genéticos forenses está estancada desde 2021.
El procedimiento en Chihuahua es radicalmente distinto. El servicio forense debe hacer una lista de los cuerpos candidatos para inhumación y enviarla a la Fiscalía, la cual debe a su vez confrontarla con sus bases de datos de desapariciones antes de aprobar la inhumación. Es responsabilidad de la Fiscalía mantener esta base de datos, así como un banco de información genética confrontable con información sobre personas desaparecidas. Cabe destacar que ambas responsabilidades fueron ordenadas por la Corte Interamericana de Derechos en el caso González y otras vs. México (“Campo Algodonero”) de 2009, cuyo cumplimiento ha recaído en parte importante sobre la Fiscalía de Chihuahua.
No hemos demostrado que la autonomía institucional y el uso de bases de datos forenses centralizadas explican la diferencia en el impacto de la desaparición en Jalisco y Chihuahua. Probarlo requeriría analizar sistemáticamente y en detalle las prácticas forenses en cada entidad. No obstante, los contrastes entre las dos entidades son sugerentes porque es razonable esperar que, con mayor autonomía institucional y capacidad operativa, aplicando criterios humanitarios de investigación y recurriendo a tecnologías de análisis de grandes volúmenes de información, menos cadáveres permanecerán en fosas sin reconocer y reclamar. Es decir, la incidencia del fenómeno de desaparición será menor.
Se argumentó en la entrada anterior que una respuesta óptima a la crisis de la desaparición en México es crear una institucionalidad forense humanitaria a nivel federal, la cual centralice los procedimientos y las labores de búsqueda y lleve un registro nacional centralizado de información. Según la práctica internacional del humanitarismo forense, el sufrimiento de quienes buscan es tan incapacitante y devastador como el sufrimiento de los civiles impactados por la guerra. Si priorizamos el alivio del sufrimiento de quienes buscan o esperan, debemos separar la investigación forense de búsqueda de los procesos de investigación penal con el objetivo de eliminar obstáculos para encontrar a personas desaparecidas.
Los contrastes entre Jalisco y Chihuahua sugieren una respuesta institucional distinta y más ajustada a las condiciones concretas de México: impulsar procesos de fortalecimiento institucional forense en las entidades. Necesitamos entender mejor la variación en el impacto de la desaparición entre los estados de la Federación, pero Chihuahua bien parece ser un modelo para seguir – y quizás alcanzable para otras entidades de la federación. Es importante recordar que el humanitarismo debe ser pragmático. En el interés de aliviar el sufrimiento de quienes buscan, las políticas con mayor probabilidad de contribuir a avanzar las búsquedas, en las circunstancias concretas de tiempo y lugar, deben promoverse.
* Pablo Kalmanovitz es profesor titular del Departamento de Estudios Internacionales del ITAM. Miembro del SNII nivel 2. Ángel Daniel Miranda Mora es estudiante de octavo semestre de la licenciatura de Relaciones Internacionales en el ITAM. Ha sido asistente de investigación en proyectos relacionados con derecho laboral, seguridad y cooperación internacional.
La presidenta de México superó su primera gran crisis con Donald Trump. BBC analizó su estrategia; una que probablemente tendrá que volver a usar.
“Lo que logró hoy la presidenta es algo totalmente insólito. Ayer esto era imposible. Entonces yo sí la felicito, presidenta, es un orgullo”.
Con estas palabras el secretario de Hacienda mexicano, Marcelo Ebrard, se refirió al acuerdo alcanzado este lunes entre Claudia Sheinbaum y Donald Trump, el cual, entre otras cosas, logró suspender los aranceles impuestos este sábado a las exportaciones mexicanas por el estadounidense.
Palabras que pueden sonar a la adulación típica de un subalterno a su jefe, pero recordemos que no hace mucho Ebrard era el gran oponente —y crítico— de Sheinbaum en las internas de su partido para la presidencia. “Yo no me voy a someter a esa señora”, llegó a decir el otro peso pesado del oficialismo.
Las cosas, por supuesto, han cambiado: ahora Sheinbaum no solo lleva las riendas de Morena, la coalición de gobierno, sin muchas alteraciones al orden, sino que goza de un inusual 80 % de aprobación entre los mexicanos, y eso antes de esta rencilla con Trump.
El mandatario puso los aranceles del 25 % a las importaciones de México —lo que sería un golpe inédito a las economías de ambos países, pero sobre todo de México, que exporta el 80 % de su producción a ese país— con el argumento de que hay una crisis de seguridad en la frontera que permite el tráfico de fentanilo y de migrantes hacia el norte.
Pero tras la conversación con Sheinbaum este lunes, Trump accedió a suspender los aranceles por un mes a cambio de que la presidenta mande 10 mil agentes de la Guardia Nacional a la frontera.
Cualquier conocedor del tema sabe que, a juzgar por la historia, México no tiene mucho margen de maniobra frente a una contraparte que es más grande y poderosa.
Hace ocho años, por ejemplo, Trump puso aranceles del 5 % a las exportaciones mexicanas y el entonces presidente, Andrés Manuel López Obrador, no tuvo otra opción que acceder a militarizar el tema migratorio.
Pero esta vez Trump viene con una agenda más drástica y por eso es esperable que las amenazas de aranceles o incursiones militares contra los carteles o deportaciones masivas de mexicanos vuelvan más pronto que tarde.
Dicho eso, el primer impase se superó. Y la estrategia que usó Sheinbaum para atenderlo, la misma que probablemente use de acá en adelante, combina varios frentes que aquí analizamos.
Desde que Trump fue electo, y las alarmas se prendieron en México debido a la agenda dura contra el país vecino planteada por el republicano en la campaña, Sheinbaum ha hecho diferentes llamados a la calma.
“Habrá una buena relación”, dijo al día siguiente de la elección. “Estamos preparados, estamos listos”, aseguró cuando él se juramentó el 20 de enero. “No hay que acelerarse”, indicó la semana pasada. “Serenidad y paciencia”, añadió.
Y este lunes, en la rueda de prensa tras la conversación, le preguntaron cómo fue el trato con Trump, y ella, pese a la notable distancia ideológica y de estilo, dijo: “No quiero calificarlo, todos los presidentes merecemos respeto, yo no quisiera entrar a un tema personal”.
El sábado, cuando se le vio su versión más vehemente ante los aranceles, Sheinbaum aseguró: “No es con la imposición de los aranceles como se resuelven los problemas, sino hablando y dialogando”.
La mandataria dialogó y, al menos por ahora, logró evitar unos aranceles que generarían una recesión en México.
Sheinbaum, como todos sus antecesores en el pasado, tuvo que ceder ante el deseo de Washington, que en la última década, en parte por el efecto político de Trump, ha ido acentuando su preocupación por la entrada de migrantes al país.
En ese sentido, anunció el despliegue de 10 mil soldados de la Guardia Nacional a la frontera. Ella dijo que era para detener el tráfico de drogas; Trump añadió que era para los migrantes.
En cualquier caso, será para ambas cosas. Y la pregunta es si esta vez será diferente al pasado, cuando los derechos humanos de cientos de migrantes fueron violados.
Sheinbaum, por si acaso, prometió que no será así.
Y al tiempo que cede en el tema prioritario de Trump, Sheinbaum ha mandado mensajes a sus bases: “La soberanía no es negociable”, dijo el sábado; “el trato tiene que ser entre iguales”, añadió este lunes.
Sus críticos, sin embargo, aseguran que la militarización de la frontera y del tema migratorio son precisamente formas de ceder la soberanía, así como lo hicieron todos sus antecesores, incluido López Obrador.
La firmeza retórica de Sheinbaum, sin embargo, no se quedó en los mensajes de corte nacionalista: también ha puesto sobre la mesa el hecho de que, según el Departamento de Justicia de EU, el 75 % de las armas que usan los carteles mexicanos son vendidas por empresas estadounidenses.
Un tema que suele pasar inadvertido para presidentes en Washington y en el que AMLO había hecho hincapié con una demanda “sin precedentes” de su gobierno en 2021 contra empresas de armas del país vecino.
En su rueda de prensa de este lunes la mandataria también aseguró, con una sonrisa quizá irónica, que le había propuesto a Trump revisar su política de salud pública para atender la crisis de consumo de estupefacientes, que es, según ella, lo que está detrás del tráfico de fentanilo.
Como profesora convertida en política, Sheinbaum tiene una especial tendencia a planificar y gestionar los diagnósticos con la rigurosidad de una académica laureada.
Por eso parte de su respuesta a la llegada de Trump al poder ha sido desarrollar planes detallados de contención.
Uno es, por ejemplo, en materia migratoria: se llama “México te abraza” y espera, por un lado, atender a los migrantes que estén en peligro de deportación en EU con programas de ayuda legal, y por el otro darles bonos, becas, seguro y demás beneficios sociales a quienes terminen retornando a México.
“A los hermanos y hermanas mexicanos quiero decirles que aquí está su presidenta y un pueblo entero para defenderlos”, aseguró en un video el domingo. “Si desean regresar a México, aquí los abrazamos”, aseguró mientras se ponía la manos en los hombros en señal de fraternidad.
Además del plan para los migrantes, Sheinbaum desarrolló un ambicioso plan económico, el Plan México, que busca reindustrializar la economía mexicana y atraer inversiones extranjeras con el objetivo, no precisamente declarado, de depender menos del intercambio con EU, tan volátil ahora con Trump al otro lado.
Ebrard, el secretario de Hacienda, se ha reunido con decenas de empresarios de ambos países en los últimos días. Sheinbaum anunció que la idea es seguir colaborando con el sector privado.
Durante el fin de semana Trump publicó una gráfica del número de encuentros de las autoridades estadounidenses con migrantes indocumentados en la frontera en la que se registra un descenso del 94 % desde la llegada del republicano al poder.
“La gráfica que el presidente Trump ha estado subiendo a sus redes sociales sobre la disminución de la migración fue elaborada por mi equipo de trabajo, que ha estado en constante comunicación con el suyo”, reveló Sheinbaum el domingo.
Viri Ríos, una analista mexicana, escribió apropósito en su columna de Milenio: “El equipo mexicano tiene completa conciencia de que la principal forma de apaciguar a Trump no es mediante políticas públicas exitosas, sino mediante la implementación de acciones que le permitan dar anuncios espectaculares y mensajes extraordinarios”.
Vistos hoy, los aranceles del 25 % del sábado parecen más un gesto de Trump que una medida concreta; una forma del apostador para llegar con margen a la negociación. Quien lo conoce sabe que esta es una movida clásica del manual trumpista.
Y Sheinbaum, al parecer, sabe con quién está tratando. Por eso reitera sobre lo que viene: “Estoy convencida de que vamos a llegar a muchos acuerdos”.
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