México SOS es una organización de la sociedad civil que busca contribuir a la consolidación de un sistema de seguridad y justicia eficaz y a la conformación de una ciudadanía más participativa e involucrada en los asuntos de interés público.

El blog de México SOS

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La crisis de seguridad y violencia criminal que nos afecta desde al menos hace 25 años es el escenario que propició los consensos necesarios para reformar las normas existentes y emprender, gradualmente, importantes cambios operativos para atender los anacronismos que acusaban nuestros sistemas de justicia penal, de seguridad pública y penitenciario.
En paralelo, la sociedad mexicana presenció la emergencia de un combativo activismo de familiares de víctimas del delito, de solidarios ciudadanos, defensores de los derechos humanos, integrantes de la academia, barras de abogados y asociaciones de diverso cuño y lugares de la República, que alzaron sus voces para fortalecer la exigencia de respuestas institucionales a la crisis de seguridad y violencia mediante acciones y movilizaciones que, al cabo del tiempo, derivaron en la formación de organizaciones civiles que se especializaron en la lucha contra el fenómeno que nos aqueja y para demandar justicia, protección y reparación del daño a las víctimas del delito, además del fortalecimiento y posterior reforma de nuestros sistemas de justicia y seguridad pública.
Al paso de los años, dichos acontecimientos inauguraron nuevas formas en la relación gobierno-sociedad que suscitaron el reconocimiento oficial de las organizaciones de la sociedad civil (OSC) especializadas en el tema y ampliaron su involucramiento —con propuestas e iniciativas puntuales— en el diseño de políticas públicas encaminadas a promover el cambio, evaluación y fortalecimiento de nuestra legislación e instituciones de seguridad y justicia, dando lugar a la generación de canales de acción que desde entonces permanecen vigentes en la vida pública nacional.
Ejemplo de ello es el derecho que tienen, a partir de 2012, los ciudadanos, organismos y representantes de las OSC de participar en el Consejo Nacional de Seguridad Pública (CNSP) a fin de exponer sus propuestas, consideraciones y demandas para el cumplimiento de los objetivos de seguridad pública establecidos constitucionalmente.
Esto abre la posibilidad reglamentada de que cinco ciudadanos —de manera independiente o en representación de sus organizaciones—, participen por dos años en el seno del CNSP, con derecho al uso de la voz, para que expongan las propuestas que tengan para mejorar o fortalecer las políticas institucionales de seguridad pública.
Como resultado de este reconocimiento y posterior incorporación de los representantes de las OSC dentro del CNSP, los ciudadanos y sus organismos en activo han realizado aportaciones para la integración y definición de acciones, protocolos y modelos de gestión que contribuyeron a la instalación del Sistema de Justicia Penal y al seguimiento que desde julio de 2016 se realiza para lograr su consolidación.
Pero no sólo eso, durante los últimos años se presentaron iniciativas ciudadanas que contribuyeron al desarrollo de un sistema de indicadores que ha permitido evaluar el desempeño de los operadores de las instituciones de seguridad pública, procuración de justicia y del sistema penitenciario, posibilitando evaluar deficiencias e identificar áreas de oportunidad para la introducción de mejoras.
Algunos ejemplos: la propuesta de simplificar y mejorar el formato del Informe Policial Homologado (IPH), junto con la actualización del Protocolo Nacional del Primer Respondiente, que están encaminados a brindar mayor certeza a la rendición de cuentas de los cuerpos policiales; la demanda de consolidar las Unidades de Atención Temprana de las procuradurías y fiscalías en los estados, a fin de propiciar una mayor eficacia en la aplicación de la justicia alternativa y de los dispositivos con que cuenta la Ley de Mecanismos Alternos de Solución de Controversias a nivel nacional; la implementación del modelo homologado de Unidades Estatales de Supervisión de Medidas Cautelares y de Suspensión Condicional de Procesos; las propuestas para el diseño y evaluación de políticas públicas para la prevención social de la violencia y delincuencia, y la propuesta de instrumentar el sistema integral de justicia penal para adolescentes, entre otras acciones más.
En el caso particular de México SOS, a lo largo de una década de existencia hemos participado, en coordinación con otras organizaciones hermanas, en la realización de nueve Foros Nacionales sobre Seguridad y Justicia (2009-2017), y en la promoción, en conjunto con académicos, especialistas en la materia y OSC, de iniciativas de ley y modificaciones a instrumentos regulatorios en diversa materias asociadas con el tema.
Asimismo, hemos sido participes, por invitación de las autoridades federales, en la elaboración del proyecto que daría origen a la Coordinación Nacional Antisecuestro (CONASE) y su Comité Especial de Seguimiento y Evaluación (2014), del cual nuestro presidente fundador es integrante; de la creación de un número único de llamadas de emergencia, del cual propusimos se adoptara el 911, y de la integración, en conjunto con más de 70 especialistas y OSC, de la Agenda México 12.18 Seguridad y Justicia. Este documento integraba las acciones que en su momento se consideraron prioritarias para enfrentar la crisis de seguridad y apuntalar los cambios derivados de la reforma de 2008 en materia de seguridad y justicia.
En la edición 18.24 de la Agenda, bajo la coordinación de México SOS, se agruparon más de 100 OSC, especialistas y operadores de seguridad y justicia de diversas entidades de la República. En su momento, dicha Agenda, en sus dos ediciones, fue presentada a los entonces candidatos a la presidencia de la República y ya concluidas las respectivas elecciones se compartió con los equipos de los candidatos ganadores para impulsar los temas propuestos en su contenido, tarea en la que trabajamos actualmente.
Como producto de las actividades que desarrollamos en 18 estados de la República, a través de nuestras 36 Mesas Ciudadanas de Seguridad y Justicia y su Red Nacional, hemos sido invitados a formar parte de Consejos y Conferencias nacionales y otros organismos oficiales encargados de la toma de decisiones en los temas que hemos comentado. Esto motivó que nuestro director general fuera electo por dos años (2017-2019) como invitado permanente de la sociedad civil dentro del CNSP donde, entre 2018 y 2019, realizó una labor de acompañamiento y seguimiento a los acuerdos emanados del CNSP que cambiaron la fórmula para la asignación de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP) y del Subsidio para el Fortalecimiento del desempeño en materia de Seguridad Pública (FORTASEG).
Ello originó la implementación de políticas públicas para las compras consolidadas de equipamiento de seguridad pública bajo un mayor escrutinio ciudadano y participación de las OSC, y posibilitó que se dotara de mayores recursos al sistema penitenciario y que se emprendieran ajustes y cambios institucionales en las políticas de seguridad. Durante el último proceso de selección para la renovación de los cinco ciudadanos que han fungido como invitados permanentes, nuestro presidente fundador, Alejandro Martí, ha sido elegido para desempeñar el cargo. Ello renueva el alto compromiso que tenemos como OSC comprometida con la construcción de un sistema de seguridad pública y justicia penal eficaz que contribuya a resolver la crisis que enfrentamos, para devolverle a México y sus ciudadanos la paz y tranquilidad que tanto anhelamos.
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Participación ciudadana en lucha por la seguridad y justicia

Durante la última década muchas han sido las experiencias que, desde ámbitos locales, los mexicanos hemos acumulado sobre la forma en que se puede enfrentar, contener y prevenir las causas y efectos de la crisis de seguridad y violencia delictiva que nos aqueja.
Algunas de estas experiencias organizativas han sido coyunturales y pronto se convirtieron en recuerdo de lo que pudo ser y no se consolidó; otras más se mantuvieron por un corto periodo que se diluyó cuando el fenómeno se redujo o se volvió más complejo, sin que se pudieran capitalizar sus enseñanzas.
Pero existen otros casos más, cuyo origen es producto de dolorosos procesos de violencia que asolaron a ciudades enteras y que sólo fue posible enfrentar a partir de los tesoneros esfuerzos de lucha comunitaria y dedicación organizativa de sus habitantes, quienes en un corto tiempo lograron fortalecer sus acciones para conformar en torno a ellas amplios frentes ciudadanos que al paso del tiempo se han convertido en referente y prueba irrefutable de que los problemas de seguridad, violencia criminal y procuración de justicia requieren de la participación organizada de la ciudadanía para que puedan resolverse.
Dentro de ese cúmulo de experiencias destaca el de las Mesas de Seguridad y Justicia (MSJ), experiencia que como muchos saben empezó a despuntar como modelo de participación y organización ciudadana a partir de la lucha que emprendieron diversas asociaciones comunitarias, empresariales, de profesionistas, académicos y defensores de los derechos humanos en Ciudad Juárez, Chihuahua, para contener la espiral de inseguridad y violencia criminal que asoló a la ciudad fronteriza a partir de 2007 y alcanzó su máxima expresión en 2010.
De la experiencia acumulada por la Mesa de Seguridad y Justicia de Ciudad Juárez en ese convulso proceso y en sus actividades posteriores se rescataron valiosos instrumentos de gestión, acción e innovación organizativa desde la ciudadanía, que significaron un giro conceptual y operativo en los esfuerzos y estrategias que el gobierno y las instituciones desplegaron para frenar los embates de la delincuencia común y organizada, apelando a la participación de la sociedad civil que, en todo momento, aportó el activismo e involucramiento de sus organizaciones, líderes, familiares de las víctimas y personalidades públicas.
La exposición del modelo y su consiguiente réplica en diferentes entidades de la República fue y ha sido ejecutada por la Fundación México SOS desde 2011, a partir de la cercanía y acompañamiento que tuvimos y tenemos con nuestros colegas y amigos de Los Cabos, Coatzacoalcos, León y Morelia, siendo éstas las primeras MSJ que se formaron después de la experiencia de Ciudad Juárez y a las que al paso de los años se vendrían a sumar 30 Mesas más, en municipios de 18 estados de la República.
Actualmente contamos con 9 Mesas en Michoacán, 5 en Tamaulipas, 5 en Veracruz, 2 en Guanajuato y una en cada uno de los siguientes estados: Chihuahua, Baja California, Durango, Coahuila, Estado de México, Jalisco, Tabasco, Chiapas, Guerrero, Nuevo León, Jalisco, Quintana Roo, Aguascalientes y Colima.
A partir de la multiplicación de nuestras organizaciones en la República, en 2014 creamos la Red Nacional de Mesas de Seguridad y Justicia durante el primer encuentro nacional de MSJ, que se realizó en Ciudad Juárez, y el próximo 6 y 7 de noviembre celebraremos nuestra cuarta emisión en la ciudad de Cancún, con la intención de fortalecer a nuestra organización a través de los proyectos que de manera particular lleva a cabo cada MSJ en los municipios y regiones donde actúan, y de los que hemos emprendido y emprenderemos a futuro como colectivo.
Labor que seguimos operando bajo los principios que nos dieron origen y siguen orientando nuestras actividades. Es decir, el de ser una forma de organización y participación convocada, dirigida y gestionada por ciudadanos, en la que la participación de sus integrantes es voluntaria, a título personal o en representación de otras organizaciones sociales y motivada por el interés de fortalecer la capacidad de las instituciones de seguridad, pero sin buscar remplazar la responsabilidad del Estado en la materia. El de ser una organización independiente de los partidos políticos y que no recibe recursos de ningún gobierno. Lo que nos permite, a quienes integramos las MSJ como a su Red Nacional, expresarnos y actuar con total libertad en la consecución de nuestros objetivos organizativos, evitar condicionamientos y conflictos de intereses con las autoridades de los tres niveles de gobierno.
Bajo estos principios organizativos y de actuación ciudadana hemos logrado desplegar una estrategia de actuación en los municipios, regiones y estados donde tenemos presencia, a fin de generar información sobre la situación de inseguridad e incidencia delictiva que habremos de enfrentar al arranque de nuestras actividades, y elaborar diagnósticos situacionales para trazar el rumbo de nuestras acciones y para la atención de situaciones apremiantes en materia de violencia delictiva, inseguridad, prevención social del delito y administración de justicia local.
De estas iniciativas se han desprendido propuestas para la prevención y contención del fenómeno delictivo, la creación de mecanismos de consulta y seguimiento de los acuerdos que hemos alcanzado como integrantes de las MSJ con las autoridades locales, estatales y federales, así como para la identificación de oportunidades encaminadas al fortalecimiento de las instituciones locales de seguridad y justicia.
Por supuesto, como toda organización hemos enfrentado problemas que no se han resuelto del todo y otros que al paso del tiempo se han reciclado, pero también nos enorgullecemos de contar con casos de éxito que son ejemplo a seguir, como lo es el de región de La Laguna, en los estados de Durango y Coahuila, el de Lázaro Cárdenas en Michoacán, el de la zona metropolitana de Tampico-Madero-Altamira, en Tamaulipas, sin dejar de mencionar el emblemático caso de Ciudad Juárez, entre otros más.
Sin embargo, el flagelo de la inseguridad y violencia criminal sigue y se agudiza en muchas ciudades, estados y comunidades de nuestro país, comprometiéndonos a redoblar esfuerzos en nuestra cotidiana lucha por contribuir a enfrentarlo, neutralizarlo y erradicarlo de nuestra realidad nacional.
Como Red Nacional y como Mesas de Seguridad y Justicia refrendamos públicamente nuestro compromiso de no bajar la guardia hasta lograr los cometidos que son nuestra razón de ser y así lo habremos de ratificar durante los resolutivos que alcancemos en nuestro cuarto encuentro nacional: en ello estamos trabajando desde hace un largo tiempo y no bajaremos la guardia.
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Las Mesas de Seguridad y Justicia, modelo de participación ciudadana

Mujeres de Acero es un grupo que se creó en 2015 en la región de Lázaro Cárdenas, Michoacán, con el fin de promover el desarrollo, integración y empoderamiento de las mujeres en esa región. Se trabaja en comunidades consideradas de alto riesgo y desde 2009 han beneficiado a cerca de 13 mil 300 mujeres a través de programas como talleres participativos. Este grupo pertenece a la Mesa de Seguridad y Justicia de Lázaro Cárdenas y, recientemente han creado una Comisión de Atención a Adicciones, que ofrece pláticas de prevención a jóvenes de distintos institutos de educación en la zona.
Pero la iniciativa no partió del año 2015. Desde 2009, la empresa ArcelorMittal México ya había lanzado un programa de empoderamiento para las mujeres y también concientizar a la población de Lázaro Cárdenas acerca de la importancia de la participación de las mismas en la construcción de un mejor entorno social.
Por ejemplo, impartieron talleres como el llamado “Liderazgo y desarrollo de habilidades” y otro de nombre “Reto4mil” que, de acuerdo con sus objetivos, “provee conocimientos y herramientas que contribuyan a romper el ciclo de violencia en el ámbito familiar, impartiendo un modelo de capacitación sobre cómo ser mejores consumidoras, administradoras y generadoras de ingresos”.
Asimismo, imparten actividades como clubes de lectura, capacitación en temas tales como: derechos humanos, equidad de género, salud y bienestar, seguridad y violencia, entre otros. El grupo cuenta con consejerías familiares, gestión para asesorías jurídicas, talleres de promoción del bienestar y estilo de vida saludables que puedan promover mejoras a su economía, clases de Tai Chi, defensa personal y control de emociones, así como eventos deportivos, culturales, de integración y fortalecimiento de redes de apoyo y convivencia.
El grupo tiene alianzas con el ayuntamiento de Lázaro Cárdenas, la Comisión Estatal de Derechos Humanos, el Instituto de la Mujer, y, como se explicó anteriormente, forman parte activa de la Mesa de Seguridad y Justicia de Lázaro Cárdenas.
Como puede observarse, algunas Mesas de Seguridad y Justicia no sólo se comprometen a levantar la voz de los ciudadanos y tender puentes con las autoridades de los tres niveles de gobierno, sino que, en el caso de “Mujeres de Acero”, a contribuir a formar una sociedad con herramientas suficientes para el beneficio de sus comunidades.
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Mujeres de Acero: contribuyendo en Lázaro Cárdenas a mejorar el entorno social

Mujeres de Acero, contribuyendo a mejorar el entorno social

A poco más de tres años de haber entrado en vigor a nivel federal y nacional, persisten en la opinión pública las dudas sobre la efectividad del Sistema de Justicia Penal Acusatorio (SJPA), si éste es mejor o no respecto del sistema anterior.
Pero la realidad no es totalmente blanca o totalmente negra y, en este tipo de debates, con temas tan relevantes, es muy fácil confundir a los ciudadanos y cargar la balanza para un lado u otro, según convenga a los intereses de algunos grupos.
La transición de un modelo inquisitivo, opaco e inequitativo hacia un sistema abierto, transparente, acusatorio y adversarial no se puede dar de un día para otro, es más, debemos partir de la idea de que no es un proceso acabado de una vez y para siempre, forzosamente está en premanente actualización y mejora continua.
Dado lo anterior, afirmar su ineficacia es igualmente una falacia como decir que ya opera al 100 por ciento.
Las deficiencias del mismo obedecen al propio diseño institucional para la implementación de la reforma y a motivos institucionales de origen local, entre los que se destacan la falta de voluntad política que en su momento tuvieron algunos gobernadores para darle cauce a la implementación, en tiempo y forma, así como a la falta de acompañamiento e inversión de recursos materiales y financieros por parte de algunos estados, que no de la Federación.
Esto es una verdad irrefutable, tanto que al finalizar la fecha constitucional para concluir con el proceso de implementación (18 de junio de 2016), se asumió oficialmente que el Sistema entraba en un proceso de consolidación, de fortalecimiento, antes que de plena funcionalidad.
La evidencia empírica de este proceso se encuentra consignada en estudios realizados por diversas organizaciones de la sociedad civil, quienes durante el periodo señalado (2008-2019) han dado cuenta de que la implementación del SJPA fue zigzagueante o arrítmico; es decir, que nunca presentó, en los ocho años que duró la instalación en cada uno de los estados y a nivel federal, un desenvolvimiento homogéneo ni puntual.
En tanto que en los más de tres años que lleva de estar operando a nivel nacional, los efectos de esta asincronía hacen que las cosas no parezcan caminar sobre la ruta de un sólido fortalecimiento, que nos permita hablar de avances y proyecciones de mejora conjunta o sistémica en el corto plazo, tanto en lo normativo como en lo operacional. Por el contrario, el estado en que opera actualmente el SJPA, es el reflejo de algunos de los retrocesos y obsolescencias que padecemos. Los cuales, conviene señalar, son causados más por deficiencias operativas que por problemáticas jurídicas.
Así lo consigna la sexta edición del informe Hallazgos 2018: Seguimiento y Evaluación del Sistema de Justicia Penal en México, publicado por la organización México Evalúa hace unos días, al señalar que: A pesar de los diversos esfuerzos hacia la consolidación, siguen existiendo rezagos en la operación del sistema. El impacto de una falta de coordinación y articulación de políticas entre instancias ha derivado en esfuerzos aislados y resultados incipientes.
Dando cuenta en sus páginas, conforme a una sólida metodología de seguimiento y evaluación que se ha consolidado a lo largo de los seis años en que se ha replicado el ejercicio, que ninguno de los estados de la República logró cumplir con los estándares mínimos establecidos por el estudio en cuestión.
Si bien es cierto que dentro del ranking establecido por el mismo estudio sobresalen los estados de Querétaro con 625 puntos (quien por segundo año consecutivo se mantiene en primer lugar), Guanajuato, Chihuahua, Baja California, Yucatán y Nuevo León, ninguno de ellos alcanza el puntaje mínimo establecido, que es de 800 puntos en una escala del 0 al 1000.
En tanto que entre los estados peor evaluados se destacan Guerrero, con 211 puntos (quien por segundo año repite como la entidad peor evaluada), Nayarit y Quintana Roo; dando cuenta con ello de las brechas existentes entre entidades y de los rezagos que persisten a nivel nacional en la búsqueda de consolidar y hacer más eficiente la operación de nuestro sistema de justicia penal.
Es decir, que las limitaciones del sistema, sus fallas, errores y la negligencia en que han incurrido algunos de los actores responsables de su implementación y consolidación están plenamente identificadas y, a juicio de muchos especialistas, operadores y organizaciones que han realizado ejercicios evaluativos, son atendibles y reversibles. Razón por la que resulta exagerada la afirmación de que el SJPA ha fracasado y que las fallas en su operación han abierto las puertas de las cárceles a los delincuentes y desencadenado el incremento de la violencia e inseguridad criminal en el país.
Como prueba de lo contrario, a mediados de 2018 la organización World Justice Proyect, apartado México, daba cuenta en su informe La nueva justicia penal en México: Avances palpables y retos persistentes, que los casos que se procesan bajo el SJPA se resuelven, en promedio, cuatro meses más rápido que bajo el anterior sistema. Circunstancia que, sin duda alguna, beneficia a las víctimas, a los imputados y libera recursos para que puedan ser utilizados en la atención procesal de los casos más complicados.
Asimismo, informa que disminuyeron sensiblemente las confesiones bajo presión; que 61% de los procesados considera que la sentencia que se le dictó fue clara; que 70% de los detenidos admitió que el juez estuvo presente durante su juicio; dato que, de acuerdo con esta organización hermana, contrasta con el 24% de los procesados que en sus anteriores ejercicios señalaba que los jueces estaban presentes durante sus juicios.
Las personas privadas de la libertad que fueron entrevistadas señalaron que los procesos han acortado el tiempo en que se emiten las sentencias y dan ejemplos: un proceso de homicidio se redujo de 16 meses que duraba en el viejo sistema inquisitivo a 12 con el SJPA; en tanto que casos de secuestro se procesaron en 18 meses, cuando lo común era que tardaran 22 meses y, en algunos casos emblemáticos, algunos años más; en tanto que los casos de robo común se redujeron de 8 a 7 meses en promedio.
A lo anterior habremos de sumar los resultados que en este rubro nos revela el Informe Hallazgos 2018, quien da cuenta que el promedio de duración de las audiencias a nivel nacional en los dos últimos años se ha reducido gradualmente; del incremento de personal, estimado en 20.3%, que registró en 2018 el Instituto Federal de la Defensoría Pública, lo que significó que el 13.5% de las personas imputadas y representadas por un defensor obtuvieran una sentencia y que de éstas, el 63.7% de los casos fuera condenatoria; del avance en las capacidades de investigación criminal que distinguen a los estados de Guanajuato, Querétaro y Chihuahua, en la coordinación y comunicación interinstitucional de algunos estados y la creación de la Unidad de Apoyo al Sistema de Justicia, adscrita a la Secretaría de Gobernación.
Con los datos antes señalados se corroboran las luces y sombras, los avances y estancamientos que han caracterizado al proceso de implementación y operación del SJPA a lo largo de 11 años. Circunstancias que representan retos a superar en el corto plazo.
De ellos, México Evalúa señala cinco aspectos, dentro de los que se destacan: la necesidad de crear una instancia para la coordinación nacional de las instituciones de seguridad y justicia, bajo objetivos, estrategias y responsabilidades definidas por dichas instituciones, para atender de diferentes formas y por medio de acciones específicas al fenómeno criminal; redefinir las competencias federales y locales a fin de reforzar las capacidades de la investigación criminal en el ámbito local; el desarrollo de políticas de priorización penal que determinen de forma estratégica, bajo mecanismos y criterios específicos y consistentes, la focalización de recursos para el combate de los delitos y fortalecer las capacidades de investigación con que cuentan las policías, a fin de tender hacia su profesionalización, e invertir en el desarrollo de perfiles específicos para la investigación de los delitos. 
Pero sobre todo destaca el llamado a consolidar las capacidades de las instituciones que integran al Sistema, a fin de evitar las tentaciones regresivas que buscan desvirtuar los principios que le dan sustento.
Por parte de México SOS hemos insistido en la necesidad de generar las estrategias integrales para consolidar el SJPA, a través de la Agenda México 18.24/Seguridad y Justicia, se propone diseñar un nuevo modelo de procuración de justicia que implique una nueva arquitectura institucional de procuradurías/fiscalías acorde al Sistema de Justicia Penal Acusatorio, que lo haga operable y que sea capaz de replicarse en las 33 procuradurías y/o fiscalías de los dos órdenes de gobierno; iniciar un proceso de reordenación del derecho penal, revisar la legislación penal nacional, colocar parámetros para dar uniformidad a la legislación penal sustantiva, elaborar un Código Penal Único y colocar reglas rígidas para sus eventuales reformas; crear indicadores que permitan realizar mediciones y evaluaciones periódicas, para la toma de decisiones y ejecución de acciones eficaces para su mejora continua; fortalecer el uso de tecnologías para propiciar un adecuado funcionamiento del SJPA; fortalecer las Unidades de Medidas Cautelares (UMECAS); consolidar las Unidades de Asesoría Jurídica y Representación Legal a Víctimas; pero particularmente lograr una coordinación eficaz entre todas las instancias involucradas en la cadena de justicia; considerando que se trata de un SISTEMA, su operación depende del funcionamiento entre los engranes (instituciones), cada pieza debe coordinarse perfectamente con las demás para poder lograr los resultados esperados, la sienergia con la que operen (considerando la autonomia institucional), es crucial para su éxito.
Sin duda el SJPA ha comprobado ser más eficiente que el que le antecedió, pero sobre todo porque está encaminado a mejorar la procuración de justicia en el país, con el fin de brindar mayores garantías de protección tanto a las víctimas como a los imputados. Nada más, pero nada menos.
* Orlando Camacho Nacenta es director general de <a href="https://twitter.com/MEXICOSOS" target="_blank" rel="noopener noreferrer">@MEXICOSOS</a>.

Sistema de Justicia Penal Acustorio: para atrás… ¡ni para tomar vuelo!

En coordinación con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito y la secretaría de Cultura, entre otras instituciones, realizamos del 10 al 12 de julio en la histórica Biblioteca México la Feria Mandela para conmemorar un aniversario más del nacimiento este personaje que, mediante su lucha y ejemplo, logró poner los reflectores del mundo en el sistema penitenciario.
La sensación que nos quedó durante los tres días de exposiciones, conferencias, teatro y cine-debate y música en conmemoración del Día Internacional de Nelson Mandela es de tranquilidad de saber que hay muchas voces dispuestas a solucionar el problema de los penales en México. Desde la comunidad artística, activistas, especialistas e incluso, personas privadas de su libertad (PPL) que cubrieron su condena y que hoy, en su reinserción, nos demuestran que sí se puede salir del infierno de los penales en México siempre y cuando tengan un acompañamiento efectivo.
Desafortunadamente también nos quedamos con muchos pendientes que como sociedad, estamos lejos de resolver. La gobernabilidad de los penales, los derechos humanos y la industria penitenciaria son tres de ellos y en los cuales, instituciones como la Asociación Americana Penitenciaria (ACA) explicaron que la certificación de un penal (actualmente de 22 contra 5 penales certificados que había en 2012), si ayuda a mejorar sus condiciones y ello se refleja directamente en los estándares que mide la CNDH. Lo mismo, el sistema penal acusatorio que desde su implementación, arroja evidencia de la curva descendente en el ingreso a la población penitenciaria. De la misma forma los Estándares Avanzados de Naciones Unidas para el sistema penitenciario o reglas Mandela que podrían implementarse en el 2020 en México, son indicadores de avance positivo.
La reinserción de los PPL es, desde el punto de vista social, donde hay más problemas y esto tiene que ver desde el ingreso hasta el egreso. Algunos, principalmente los más jóvenes, han dejado de tenerle miedo a la privación de la libertad y sólo esperan poder salir para volver a delinquir. Para otros más, que se han pasado muchos años en confinamiento, salir es enfrentarse a un mundo nuevo que desconocen y se agrava aún más si son mujeres por los necios estigmas sociales que persisten.
Si bien es cierto que ingresar a un penal es un castigo social por algún hecho delictivo, lo es también que estamos obligados a la corresponsabilidad y a crear un sistema penitenciario y post penitenciario que garantice su integración al trabajo, a la educación y a recuperar su vida cotidiana.
Lamentablemente aún hay muchos penales en el olvido y lo que tendría que venir es superar carencias como: un elemental sistema de salud, un efectivo tratamiento de las adicciones, una industria penitenciaria, protocolos de actuación, normas oficiales para la construcción y remozamiento de instalaciones, así como una necesaria inspectoría que permanentemente les supervise. México SOS junto a operadores y especialistas, expusimos en la <a href="http://www.mexicosos.org/sala-de-prensa/1175-agendamexico-1824" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Agenda México 18.24 Seguridad y Justicia</a> una reforma integral al sistema penitenciario para justamente, atender este problema.
El año que entra seguramente daremos cuenta de cuáles han sido los avances en la materia en la nueva edición de la Feria Mandela con más conferencias, datos y expo- venta de productos elaborados por personas privadas de su libertas de los penales federales y estatales de todo el país sin embargo, es urgente que mientras tanto, se dispongan de políticas públicas que garanticen el correcto funcionamiento de los centros penitenciarios, para evitar que los problemas que se viven internamente se profundicen y que desafortunadamente, se sigan reflejando en las calles con delincuentes graduados en la prisión, en llamadas de extorsión desde los penales y en la devaluación de los derechos y libertades.
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Feria Mandela, qué sigue para la reinserción social

Más allá de sus lagos, ríos y lagunas, sus vestigios arqueológicos y la bonhomía de su gente, en el contexto estatal Villahermosa ocupa un lugar estratégico. No sólo por ser la ciudad capital de Tabasco y cabecera del municipio de Centro o por conformar, junto con otras localidades del municipio de Nacajuca, la única zona metropolitana y de mayor concentración poblacional urbana del estado.
También lo es porque en su territorio se concentra el mayor número de actividades económicas, sociales y políticas de la entidad, constituyéndola en un importante centro de operaciones de Petróleos Mexicanos (PEMEX), al albergar en su territorio las oficinas corporativas de Exploración y Producción, las instalaciones de Gas y Petroquímica Básica, así como del Centro Administrativo de la región sur de la empresa, que la convierten en un polo estratégico de negocios y de actividades administrativas de la industria petrolera nacional.
A lo privilegiado de su ubicación geográfica, que la convierte en ruta de tránsito que conecta a Tabasco con la capital y el sureste de la República mexicana, así como en paso obligado del flujo migratorio proveniente de Centroamérica y en una de las múltiples rutas internas para el tráfico de drogas y personas, se suma el peso de la debilidad institucional que ha arrastrado el municipio en materia de seguridad pública.
Esta situación mantuvo a Villahermosa por largo tiempo sin policía municipal, dependiendo de las atenciones de la policía estatal para enfrentar los embates de los grupos delictivos y del apoyo de la Gendarmería para atender los efectos de la acción del crimen organizado.
Por estas y otras circunstancias, Villahermosa ha padecido desde hace años -al igual que todo Tabasco- una crisis de seguridad que afecta y altera la convivencia de sus habitantes y comunidades, la productividad de su industria, comercio, mercados, turismo y el desarrollo de su sociedad toda.
Esto se refleja en los altos niveles de desconfianza que tiene la población en las instituciones locales encargadas de brindarles seguridad, quienes piensan y sienten que vivir en Villahermosa es altamente inseguro, como se corrobora con los datos que ofrecen las encuestas de percepción ciudadana de la inseguridad (<a href="https://www.inegi.org.mx/programas/ensu/default.html" target="_blank" rel="noopener noreferrer">ENSU 2016-2019</a>) y los índices delictivos integrados por el Inegi y el Secretariado Ejecutivo de Seguridad Pública <a href="http://onc.org.mx/informe2017.pdf" target="_blank" rel="noopener noreferrer">durante el bienio 2016-2017</a> en la localidad, particularmente en materia de homicidio doloso y feminicidio, secuestro, extorsión, robo con violencia y robo a vehículo. En tanto que en el <a href="http://xeva.com.mx/nota.cfm?id=27596&amp;t=centro-a-la-cabeza-en-7-delitos-de-alto-impacto-cardenas-lidera-en-secuestros" target="_blank" rel="noopener noreferrer">primer semestre de 2018</a> lo fueron en trata de personas, robo con violencia, robo de vehículos, robo a casa habitación, robo a negocio, robo a transeúnte y narcomenudeo.
Debido a la gravedad de los hechos, desde el año de 2014 un importante grupo de empresarios de distintos ramos promovieron diversos intentos organizativos para enfrentar la crisis de seguridad y debilidad institucional, que se concretaron en septiembre del mismo año con la instalación de la Mesa de Seguridad y Justicia (MSJ) de Villahermosa, dando inicio a un proceso de acercamiento y coordinación con las autoridades estatales, municipales y federales para enfrentar los efectos del fenómeno delictivo en el municipio, la zona metropolitana de Villahermosa y el estado.
Como hemos informado, a lo largo de su trayectoria las MSJ han logrado impulsar importantes iniciativas cifradas en criterios de corresponsabilidad y coordinación permanente entre ciudadanos y autoridades, que lenta pero continuamente han contribuido a fortalecer la vida de las instituciones de seguridad locales y el despliegue de políticas públicas en materia de seguridad y justicia, al proponer proyectos integrales para la contención y disminución del fenómeno delictivo.
En el caso particular de la MSJ Villahermosa, por ejemplo, en junio de 2015 participó en la ampliación del programa de videocámaras para el resguardo de empresas, que fue impulsado originalmente por la Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles (AMHyM) de Tabasco, articulándose inmediatamente con el sistema de videocámaras existente para vigilar las calles de la ciudad; dicho programa fue posteriormente trasladado a la MSJ para su operación.
Asimismo, la MSJ participó en la instalación de arcos con cámaras de vigilancia en los principales cruceros de la ciudad, para detectar unidades con reporte de robo o que hubieran participado en ilícitos, y en la solicitud para que se incrementara el número de patrullas en la ciudad y articular su accionar con el de la operación del sistema de cámaras que, posterioremente, fueron conectadas al C4.
Un mes después, debido al alto índice delictivo, se implementó la estrategia del sistema por cuadrantes en la llamada Zona Luz del primer cuadro de la ciudad, donde se puso en operación un Centro de Monitoreo de videocámaras con conexión al C4 para vigilar a más de mil comercios y a 10 mil personas que transitaban recurrentemente por dicha zona. Las videocámaras fueron colocadas por los comerciantes, acompañadas con estrategias de comunicación y contacto policial, a través de Whats App, para la prevención del delito, lográndose una disminución promedio de incidentes delictivos del 70% en breve tiempo y que, debido a su alta eficacia, fue solicitada por los vecinos de las zonas aledañas para que se aplicara en sus colonias y conjuntos habitacionales.
En julio de 2018, derivado de la iniciativa que promovió México SOS y la Red Nacional de Mesas de Seguridad y Justicia a nivel nacional y en los ámbitos estatales, para presentar a los candidatos a la Presidencia de la República y a las diferentes gubernaturas en disputa la Agenda México 18.24. Seguridad y Justicia, la MSJ Villahermosa presentó al gobernador electo la Agenda Estatal 2018-2024, cuyo plan de trabajo lo integran 11 puntos específicos para fortalecer las instituciones de seguridad y justicia, y para reducir los índices delictivos.
Dentro de la Agenda Estatal se plantea la instalación de Mesas de Seguridad y Justicia en todo el estado y el fortalecimiento de las existentes, consolidar el sistema de Justicia Penal Acusatorio, implementar la reforma integral del sistema penitenciario, modernizar y fortalecer los centros de inteligencia local (C-2 y C-4), profesionalizar a la policía, consolidar en el estado la estrategia contra el secuestro que se promueve desde la federación, impulsar políticas focalizadas para la reducción del homicidio en el estado, desarrollar e instrumentar una estrategia integral para la prevención social del delito, promover políticas de transparencia y rendición de cuentas en materia de seguridad y justicia, la coordinación entre municipios, gobiernos estatales y federal para prevenir y sancionar la violencia contra las mujeres y reforzar el sistema de seguridad por cuadrantes.
Tres meses después, en octubre de 2018, en un esfuerzo coordinado por la Fiscalía General de Tabasco y la MSJ, bajo la asesoría del programa Projusticia de USAID, autoridades del gobierno estatal y municipal, instituciones del Poder Judicial, la Secretaría de Seguridad Pública, organizaciones empresariales de los más diversos giros, el Observatorio Ciudadano y la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco (UJAT), acordaron trabajar de manera conjunta, utilizando la metodología de los Retos de 100 Días del Rapid Results Institute, y avanzar en la solución del problema de seguridad y administración de justicia en el área metropolitana de Villahermosa y del estado en general.
Como resultado de dicha estrategia se emprendieron iniciativas institucionales para la armonizar la operación del Sistema de Justicia Penal, que comprendieron: a) la homologación de criterios entre jueces y magistrados, b) la realización de conversatorios entre fiscales y defensores de oficio tanto para llegar a acuerdos previos a la audiencia para su agilización como para aprovechar las salidas alternas que permite el Sistema de Justicia Penal Acusatorio, c) la capacitación de la policía, por parte de la UJAT, en el llenado del Informe Policial Homologado y en el conocimiento y aplicación del Código de Procedimientos Penales y d) la evaluación de los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública que buscaban ascenso de rango, cuyo examen de conocimientos fue aplicado por la MSJ.
Respecto a los resultados obtenidos durante 2019, podemos decir que a seis meses de iniciada la gestión del nuevo gobierno, las iniciativas promovidas por la MSJ de Villahermosa van cobrando forma y convirtiéndose en realidad. Ejemplo de ello es <a href="https://www.elheraldodetabasco.com.mx/local/anuncia-adan-c5-para-tabasco-2985308.html" target="_blank" rel="noopener noreferrer">el anuncio realizado por el gobernador del estado</a>, en enero pasado, sobre la inversión de mil millones de pesos para la creación del Centro de Control, Comando, Comunicación, Cómputo y Calidad (C5) en todo Tabasco. En tanto que en abril se anunció la creación de la policía local en el municipio de Centro, que iniciará operaciones próximamente con 200 elementos armados, que operarán de forma regionalizada y por cuadrantes dentro del municipio.
Dentro de la estrategia de fortalecimiento policial que se aplica en el estado, se destaca la graduación de 40 mujeres policías, de las cuales 11 corresponden al municipio de Centro, cuya función será atender a mujeres víctimas de la violencia; lo que coloca a Tabasco como pionero en la creación de su policía de género.
En suma, podemos decir que la acción coordinada de las autoridades y las organizaciones de la sociedad civil han propiciado resultados palpables mediante las estrategias de fortalecimiento institucional y de seguridad demandadas a través de la MSJ. Logros que se reflejan en la disminución de los índices delictivos en materia de secuestro durante el primer semestre de 2019, al contabilizarse sólo tres casos contra los 18 que se registraron durante el mismo periodo de 2018, en tanto que el robo de vehículo disminuyó en 63 por ciento, el robo a casa en 83 y el robo a negocio 76 por ciento.
No obstante, los homicidios se mantuvieron al alza, al registrarse 101 casos, contra 64 del mismo periodo de 2018; es decir, sufrieron un incremento del 36.6 por ciento. Las extorsiones se incrementaron en 20.7 por ciento, al registrarse 93 casos contra 77 del mismo periodo de 2018 y el narcomenudeo sufrió un ligero repunte del 9 por ciento, al registrarse 36 casos contra 33 del mismo periodo de 2018.
Esta situación que nos hace ver que los avances obtenidos hasta el momento no son suficientes ante la dimensión de la problemática que enfrenta la ciudad y el estado, pero son alentadores y están en consonancia con los esfuerzos coordinados que responsablemente realizamos tanto las autoridades como los ciudadanos para rescatar un pedazo del edén.
<a href="https://twitter.com/MEXICOSOS" target="_blank" rel="noopener noreferrer">@MEXICOSOS</a>
* Con la colaboración de la Mesa de Seguridad y Justicia en VIllahermosa.

Villahermosa: al rescate de un pedazo del edén

Por: Orlando Camacho Nacenta
Al presidente Manuel Ávila Camacho se debe el haber instituido desde 1942 el Día de la Marina, a conmemorarse el primero de junio de cada año como reconocimiento a todas las personas que realizan alguna actividad en el mar, particularmente a los marinos mercantes, pescadores, prestadores de servicios turísticos y navales; a quienes realizan actividades de extracción petrolera en aguas marítimas y, por supuesto, a la Armada de México, que es la rama marítima de las Fuerzas Armadas del país cuya administración depende de la Secretaría de Marina (SEMAR).
Como sabemos, la SEMAR es la institución responsable de proteger los recursos marítimos, fluviales y lacustres con que cuenta el país, además de participar en todas las actividades relacionadas con el desarrollo marítimo nacional.
Esta actividad la realiza, entre otras cosas, mediante una permanente labor de investigación científica, biológica, oceanográfica y sobre los recursos marítimos con que contamos, a través de sus centros de estudios, unidades y establecimientos de educación naval, que tienen como tarea ofrecer servicios educativos a nivel medio superior, técnico, técnico profesional, profesional y de posgrado.
Entre sus egresados se encuentran quienes se encargan de ejecutar (muchas veces en colaboración con instituciones nacionales y extranjeras o dependencias de la administración pública federal) los trabajos hidrográficos de las costas, mares, islas, puertos y vías navegables con que contamos, así como de publicar la cartografía náutica y toda la información que se requiere para garantizar la navegación en aguas nacionales (1).
Pero no sólo eso, también corresponde a la SEMAR la vigilancia, inspección y salvaguarda de los 3 millones 149 mil 929 kilómetros que comprenden la superficie del mar patrimonial que poseemos como nación (2), de las aguas interiores, vías fluviales y lacustres navegables, los puertos, islas y bases marítimas, así como de nuestras aguas marítimas internacionales, incluyendo sus respectivos espacios aéreos.
A las amplias tareas que debe cumplir la Marina nacional para mantener el control y resguardo de nuestro extenso patrimonio marítimo se suma, bajo las actuales circunstancias nacionales y mundiales, la creciente necesidad que tiene de contar con recursos humanos y financieros suficientes, así como de tecnología, armamento y capacitación, para que pueda cumplir cabalmente con las estratégicas labores de inteligencia, seguridad nacional, operaciones de rescate, apoyo en percances y tragedias naturales, vigilancia de fronteras, contención de flujos migratorios irregulares por vía marítima, del tráfico ilegal de migrantes, armas y drogas, la explotación ilegal o no regulada de nuestros recursos marinos y la degradación natural e intencionada del medio marino.
Es en estas tareas que durante la última década la Marina toda, pero particularmente la Armada, se ha apuntado grandes logros que han contribuido a contener y detener la expansión de los grupos delictivos en el país; a restaurar y/o mejorar las condiciones de seguridad y paz en un importante número de municipios y ciudades; a detener y a abatir a un gran número de los principales líderes de las más peligrosas organizaciones delictivas.
Esto le ha valido ser evaluada como una de las instituciones más confiables y eficaces en el desempeño de sus labores de seguridad, de acuerdo con las principales encuestas de percepción ciudadana que se levantan a nivel nacional durante la última década.
Pero más allá de la generalidad de esos instrumentos, las organizaciones ciudadanas que desarrollamos nuestra labor en el ámbito de la seguridad y justicia, como es la Fundación México SOS y la Red Nacional de Mesas de Seguridad y Justicia, podemos dar testimonio directo de la gran labor y compromiso que cumplen y tienen los marinos y oficiales de la Secretaría de Marina que, en su calidad de integrantes de 23 de las 33 Mesas de Seguridad y Justicia existentes en el país, son ejemplo vivo de entrega, lealtad y sacrificio en la lucha por construir un país más seguro y libre de violencia criminal.
Por ese y muchos otros motivos, pasados y presentes, nuestro reconocimiento y aplauso a la Marina de México, hoy y siempre.
* Orlando Camacho Nacenta es director General de México SOS y Coordinador de la Red Nacional de Mesas de Seguridad y Justicia.

Celebrar y reconocer a la Marina

A punto de cumplir 50 años de existencia con su actual nombre, Lázaro Cárdenas (antes Melchor Ocampo) es un puerto industrial y comercial de gran magnitud localizado en las costas del Pacífico mexicano, dentro de territorio michoacano.
Su tamaño y modernas instalaciones, así como su céntrica localización geográfica, lo convierten en un punto de enlace estratégico para el comercio internacional al conectarlo con 151 puertos de 53 países de Asia, Norteamérica y América Latina.
La conectividad que mantiene con el centro y norte del país, y la cantidad de contenedores cargados de mercancias sólidas y líquidas que recibe y gestiona anualmente (en 2017 fueron estimados en 1.2 millones), principalmente a través de buques que exceden las dimensiones máximas permitidas para transitar por el Canal de Panamá, convierten a este puerto en el primer lugar nacional en movimiento de granel mineral y segundo en carga comercial, movimiento de contenedores y vehículos. (<a href="https://www.milenio.com/content/infraestructura/lazaro-cardenas-el-puerto-con-13-terminales">II</a>)
Pero no sólo eso, nuestro prestigiado puerto comercial e industrial ha padecido y padece, desde hace tres lustros, el acecho de los más poderosos grupos mexicanos del narcotráfico, que lo han utilizado como puerta de entrada para el tráfico de drogas y de precursores químicos que usan en la elaboración de drogas sintéticas; estos últimos provenientes principalemente de China y Sudamérica.
La incautación de cargamentos de droga, sobre todo cocaína, y de precursos químicos (líquidos y sólidos), dan cuenta de la importancia estratégica que tanto el Puerto de Lázaro Cárdenas como los de Manzanillo y Veracruz, han cobrado para la cadena de producción y tráfico de drogas en México.
Con datos de la Secretaría de Marina, se sabe que entre 2007 y 2018 se incautaron, en los tres puertos, un millón 29 mil 868 kilogramos sólidos de precursores químicos y un millón 119 mil 110 litros de precursores líquidos, de los cuales 453 mil 584 kilos y 712 mil 051 litros, se realizaron en Lázaro Cárdenas.(<a href="https://www.reporteindigo.com/reporte/cartel-los-oceanos-control-cjng-puertos-mexico-trafico-drogas/">II</a>)
Como es de suponer, la lucha contra el tráfico de drogas y la actividad de los grupos delictivos en el municipio, y en todo Michoacán, afectaron las actividades del Puerto, de las empresas que alberga y, por supuesto, de nosotros, sus habitantes. No sólo por el gran despliegue de las fuerzas de seguridad de los tres niveles de gobierno que, paulatinamente, permitieron recuperar el control del Puerto y devolver la seguridad y tranquilidad al municipio, sino por las rémoras que vienen aparejadas con la presencia territorial de las células delictivas.
Por ejemplo, entre 2010 y 2016 nuestro municipio fue noticia principal de muchos medios de comunicación que destacaban los homicidios, secuestros y/o atentados en contra de funcionarios del gobierno local, de altos mandos de las fuerzas de seguridad federal y de destacados directivos de las empresas portuarias; de supuestos delitos o actos de colusión con delincuentes cometidos por funcionarios gubernamentales, de los enfrentamientos de los grupos delictivos contra las fuerzas de seguridad, de robos a transeúntes, comercios, casa habitación y de vehículos; de extorsiones, secuestros y homicidios dolosos.
Es en medio de esa terrible crisis que ciudadanos de a pie, empresarios, comerciantes, directivos de centros educativos, organizaciones sociales, autoridades comunales y de la iglesia católica, cansados de vivir en medio de la violencia e inseguridad, asumimos el reto de coordinarnos para hacer frente a la situación.
Una primera medida fue buscar asesoría para articular nuestros esfuerzos organizativos y después para acercarnos a las autoridades de los tres niveles de gobierno. En este trayecto encontramos el apoyo y orientación de la Fundación México SOS, a quien conocimos gracias a FUCIDIM (Fundación Ciudadana para el Desarrollo Integral de Michoacán A.C.) quien nos conminó a pasar de la protesta a la propuesta y colaboración con las autoridades para emprender acciones coordinadas y corresponsables que nos permitieran abatir los altos índices delictivos que nos aquejaban.
Después de un arduo trabajo de dialógo y gestión con las autoridades, en marzo de 2015 logramos instalar nuestra Mesa de Seguridad y Justicia e iniciar la ardua labor de discusión, análisis y construcción de acuerdos para impulsar acciones concretas que beneficiarían a nuestra comunidad a través de una agenda en común, a la que desde entonces y hasta ahora, como organización de la sociedad civil, le damos puntual y comprometido seguimiento.
De nuestro trabajo y experiencias hay mucho que decir y faltaría espacio para dar detalles de todo ello. Pero tampoco queremos reducirlo a números que están consignados en las estadísticas oficiales para dar cuenta, por los resultados, sobre cómo autoridades y ciudadanos logramos sacar a Lázaro Cárdenas del ranking de las 50 ciudades más peligrosas del país.
Por ello, abusaremos del espacio para compartir nuestros logros en materia de atención a víctimas, en el fortalecimiento de nuestras instituciones, del aumento de tecnología para el control de la seguridad; en la prevención del delito y la reconstrucción del tejido social. Así, podemos decir que al cabo de cuatro años de fructífero trabajo hemos logrado:
<a href="https://front.animalpolitico.com/el-blog-de-mexico-sos/coordinacion-clave-en-la-lucha-contra-la-inseguridad-en-lazaro-cardenas/inseguridad-en-lazaro-cardenas/" rel="attachment wp-att-592994"><img loading="lazy" decoding="async" class="aligncenter size-full wp-image-592994" src="https://front.animalpolitico.com/wp-content/uploads/2019/05/inseguridad-en-lazaro-cardenas.png" alt="Inseguridad en Lázaro Cárdenas, Michoacán" width="791" height="421" /></a>
Sin lugar a duda, quienes participamos de esta experiencia ciudadana celebramos los avances y logros alcanzados, que nos han permitido recuperar en gran medida la paz y tranquilidad perdida. Pero sería un desatino echar las campanas al vuelo pues el Puerto y su privilegiada ubicación geográfica no han perdido importancia para los grupos delictivos que, se advierte, lo siguen manteniendo en la mira de las rutas del tráfico de drogas.
Es también una realidad que se requiere redoblar el compromiso y la voluntad de algunas autoridades para que efectivamente logremos sumar los talentos y las capacidades para seguir avanzando en recobrar la paz para las familias de nuestra comunidad.
Estamos obligados, ciudadanos y autoridades todas, a mantener nuestra labor de coordinación para prevenir, contener y disuadir la comisión de delitos de todo tipo, que desencadenen la violencia e inseguridad que hemos logrado abatir durante los últimos años. Este es el gran reto que tenemos enfrente y este es el compromiso de la Mesa de Seguridad y Justicia del Puerto de Lázaro Cárdenas.
* Colaboró Mesa de Seguridad y Justicia en Lázaro Cárdenas de <a href="https://twitter.com/MEXICOSOS" target="_blank" rel="noopener noreferrer">@MEXICOSOS</a>.

Coordinación, clave en la lucha contra la inseguridad en Lázaro Cárdenas

Por su ubicación geográfica, que incluye más de 300 kilómetros de frontera con los Estados Unidos, sus 17 cruces internacionales, de los 32 que tiene México con nuestros vecinos del norte, incluyendo la garita de Nuevo Laredo, la más importante de la zona (por donde transitaban un millón 600 mil camiones de carga en 2015), sus cinco ciudades fronterizas (Nuevo Laredo, Miguel Alemán, Reynosa, Río Bravo y Matamoros) y su extensa costa oceánica de más de 420 kilómetros que bordean el Golfo de México y hacen frontera con el norte de Veracruz, Tamaulipas es un estado que goza de las mejores condiciones para la realización de las más diversas actividades económicas. 
Pese a ello, sumando la privilegiada importancia de su alto desarrollo comercial, manufacturero, agropecuario, ganadero, pesquero, minero, industrial y turístico, que en 2016 aportó al país el 3% del Producto Interno Bruto Nacional; junto con su privilegiada posición geográfica y auge económico, también padece la histórica presencia y el embate de los más diversos y peligrosos grupos delictivos, que en su evolución han abarcado desde los tradicionales contrabandistas de alcohol, electrodomésticos y bisutería, los de goma de opio, marihuana y armas, hasta los más sofisticados, como el cártel de Matamoros, encabezado por el sempiterno Juan N. Guerra; que al paso de los años devino en el Cártel del Golfo (CDG) y su terrorífico brazo armado: Los Zetas.
El CDG, organización integral del narcotráfico que en su afán de controlar el abastecimiento de cocaína hacia los Estados Unidos inició su expansión a nivel nacional para disputar las rutas de las drogas que estaban en poder de sus competidores y que, con el fin de fijar los precios del mercado internacional y ensanchar sus actividades delictivas, desencadenando una guerra de aniquilación con sus rivales de los otros cárteles que operaban en la zona, que convirtió a la entidad en un escenario de violencia y horror que ha afectado su vida integral durante las dos últimas décadas.
A partir de los movimientos de expansión y confrontación con sus adversarios, de la escisión de Los Zetas como su brazo armado y posterior rivalidad, la actividad delictiva del CDG se diversificó en el estado e inició una ola de homicidios, secuestros, feminicidios, cobro de piso, extorsiones, plagio de migrantes (nacionales y centroamericanos), bloqueos carreteros, enfrentamientos armados a plena luz del día entre fuerzas de seguridad y delincuentes y entre bandas rivales de estos mismos, migración de miles de tamaulipecos a causa de la violencia; robo de hidrocarburos y diversos delitos del fuero común, que se fueron incrementando hasta convertir al estado y un número importante de sus 43 municipios  en zonas de alto riesgo. 
Destacadamente, se cuentan los municipios de Tampico, Ciudad Victoria (capital del estado) San Fernando, Matamoros, Reynosa y Nuevo Laredo, que se encuentran dentro del corredor de la ruta de la droga de la zona Golfo; así como Río Bravo, Altamira, El Mante y Ciudad Madero. Algunos de los cuales han sido colocados, durante los últimos años, dentro del ranking de las ciudades más violentas y peligrosas: no sólo de México, sino del mundo.
Sin soslayar la importancia de los esfuerzos institucionales, que comprenden la realización de cientos de operativos preventivos, la creación de brigadas de protección civil y de consejos regionales de participación ciudadana, nos importa señalar que, bajo estas circunstancias, valientes ciudadanos e integrantes de un muy variado grupo de organizaciones de empresarios, funcionarios de gobierno, religiosos y defensores de los derechos humanos, anteponiendo sus fundados temores al interés por rescatar la seguridad de sus ciudades, poner a resguardo la suya propia y la de sus familiares, de sus bienes y libertades; han ofrecido una esforzada lucha de resistencia en muchos de los municipios mencionados, a través de sus denuncias, colaboración con las fuerzas de seguridad y desarrollando diversas formas de auto organización para enfrentar los efectos del fenómeno delictivo desde lo local y estatal.
Es así como a lo largo de los últimos años, Tamaulipas nos ha regalado el ejemplo de una intensa lucha de actores sociales y gubernamentales, dentro de los que se destacan el Observatorio y Consejo ciudadanos, organizaciones defensoras de derechos humanos, comités vecinales, cámaras empresariales y de comercio, algunas organizaciones religiosas y, de manera particular, las Mesas de Seguridad y Justicia (MSJ) de Reynosa, Ciudad Victoria,  Tampico-Madero-Altamira, El Mante y Nuevo Laredo, que han desplegado sus mejores esfuerzos individuales y colectivos para contener y revertir los efectos de la violencia e inseguridad en sus ciudades y sus vidas; estas MSJ forman parte de la Red Nacional de Mesas de Seguridad y Justicia, que operan en 15 entidades federativas y son coordinadas por México SOS.
Al conjugar experiencias propias y compartidas, dichas expresiones organizativas, en coordinación con las instituciones de seguridad y justicia, y los tres niveles de gobierno, han logrado obtener resultados que esperanzan y hacen suponer que, con responsabilidad, corresponsabilidad y esfuerzos coordinados, es posible devolverle al estado las condiciones de seguridad y paz que la delincuencia les había arrebatado. 
Es así como a partir de 2017, de manera gradual pero sostenida, la espiral de inseguridad y violencia que afectaba a algunos de los municipios y regiones más emblemáticos ha sido contenida, inyectándole dinamismo y crecimiento comercial a la entidad. Situación que se observa en la recuperación y generación de empleos, en el incremento de las inversiones extranjeras, en el crecimiento de la actividad turística, <a href="https://cntamaulipas.mx/2018/11/23/retornan-mas-empresarios-que-huyeron-de-tampico-por-violencia/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">en el regreso de más de mil empresarios en la zona metropolitana de Tampico-Madero-Altamira</a>, que habían emigrado del estado a causa de la violencia, por <a href="https://www.excelsior.com.mx/nacional/mas-de-3-millones-de-turistas-visitaron-los-destinos-turisticos-de-tamaulipas/1310150" target="_blank" rel="noopener noreferrer">la estimulante recuperación de la afluencia turística que registró el estado en la pasada temporada de Semana Santa</a> pero, sobre todo, por decrecimiento de los índices delictivos que registró el estado entre marzo de 2018 y febrero de 2019.
Datos que, conforme al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, dan cuenta de la disminución de las tasas de homicidio doloso, secuestro, robo de vehículos, robo a casa habitación en el estado, <a href="https://www.reforma.com/contenido/gob_tamaulipas/seguridad/index.html" target="_blank" rel="noopener noreferrer">durante el periodo mencionado.</a>
Si bien los resultados obtenidos hasta la fecha no son para echar las campanas al vuelo, si alimentan la confianza en los mecanismos de trabajo que articulan los esfuerzos de las autoridades e instituciones gubernamentales con las organizaciones de la sociedad civil. Es decir, que ante los embates de la delincuencia organizada una bien aceitada relación entre gobierno y sociedad promete rendir frutos en el mediano plazo.
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<a href="https://twitter.com/MEXICOSOS" target="_blank" rel="noopener noreferrer">@MEXICOSOS</a>

Tamaulipas y su lucha por la seguridad

La comarca lagunera o La Laguna es una región sui géneris que se ubica en el centro-norte de la República, entre los límites de los estados de Coahuila y Durango. Conformada por 5 municipios del primero y 14 del segundo estado, alberga en su territorio a la novena zona metropolitana más poblada del país y una de las conurbaciones de mayor crecimiento económico y poblacional durante las últimas décadas debido al número de prósperas empresas que se han asentado en las zonas industriales de las ciudades de Torreón, Gómez Palacio y Lerdo.
Pero no todo es brillo y lustre en la historia de la región lagunera, pues de 2008 a 2012 su gente, ciudades, empresas e instituciones vivieron y padecieron una estela de inseguridad y terror que la colocó varias veces en los primeros lugares dentro del ranking de las más violentas a nivel nacional. A pesar de los diversos operativos que se implementaron para contener el fenómeno de la violencia e inseguridad, tales como el Operativo Conjunto Laguna (junio 2008), la intervención de la Policía Federal (julio 2010), el Operativo Sellamiento Nazas (enero 2011), Laguna Segura (octubre 2011) y Policía Metropolitana (enero 2012); ninguno contribuyó a erradicar la violencia e inseguridad por sí solos.
Esto se puede constatar no sólo a partir de los datos de incidencia delictiva compilados durante esas fechas, sino también por los eventos trágicos que se registraron en la región, dentro de los que se cuenta el ataque perpetrado en julio de 2010 por un comando armado a la Quinta Italia Inn, en Torreón, que dejó un saldo de 17 muertos y 18 heridos, y que tiempo después se descubrió había sido perpetrado por reclusos del penal de Gómez Palacio, quienes con el permiso de autoridades de dicho centro de readaptación salieron a cometer la ejecución como parte de un ajuste de cuentas entre bandas rivales de la delincuencia organizada.
Se cuentan también los hechos ocurridos en los bares El Ferry y Las Juanas, en febrero y julio de 2012, y el de la balacera contra policías municipales afuera del estadio Corona, que provocó el pánico de la afición que asistía a un juego de fútbol y que fue registrado en cadena nacional por las televisoras. Lo anterior, a pesar de la depuración de 400 elementos de la policía municipal de Torreón, que se emprendió en 2010, y de la desintegración de las policías de Gómez Palacio y Lerdo, en 2013, acusadas de estar vinculadas con el crimen organizado.
En el marco de este recuento de hechos, cabe reconocer y destacar que desde finales de 2011 y principios de 2012 se empezaron a realizar esfuerzos institucionales por atender la problemática de seguridad con una visión metropolitana, como se advierte con la implementación de los diversos operativos estatales. Esto propició que a partir de 2013 se registrara una caída en la incidencia de homicidios dolosos, pasando de más de mil casos registrados en 2012 a 578 en 2013, hasta llegar a 291 en 2014.
Esta circunstancia coincide con la puesta en marcha del Operativo Laguna Segura, a cargo del Mando Único, y posteriormente la culminación del Mando Especial de la Laguna, modelo de coordinación de todas las corporaciones de seguridad de los tres niveles de gobierno, que recientemente ha sido reconocido por el jefe de Ejecutivo como caso de éxito para incorporarlo a la Estrategia Nacional de Seguridad.
Junto con ello se destaca el empuje, compromiso y activismo de las numerosas organizaciones de la sociedad civil que asumieron un liderazgo y surgieron en medio de los más difíciles momentos de crisis de seguridad que agobiaban a La Laguna. Estas organizaciones vencieron el miedo y la apatía, y alzaron sus voces para exigir la intervención de las autoridades de todos los niveles en demanda de soluciones prontas y expeditas, como el Consejo Cívico de las Instituciones Laguna (CCIL).
La organización dio ejemplo de que los altos niveles de violencia no lograron destruir a la gente de La Laguna, sino que la transformaron en un actor colectivo dispuesto a enfrentar activamente los problemas que le agobiaban.
Esta sociedad civil organizada y transformada pronto empezó a ocupar un espacio para establecer un diálogo permanente con las autoridades sobre diversos temas, primordialmente el de la seguridad, para coadyuvar y ser corresponsables de las soluciones que la realidad demandaba, lanzando el mensaje de que cuando la sociedad y gobierno trabajan juntos se pueden encontrar alternativas de solución y ver prontos resultados.
A partir de entonces, en La Laguna se han logrado mejorar sustantivamente las condiciones de seguridad, y cuenta entre sus mejores logros la conformación, en 2015, de la Mesa de Seguridad y Justicia (MSJ) de Torreón, en Coahuila, y posteriormente la de Gómez-Palacio/Lerdo en Durango, con la asesoría, apoyo y orientación de la Fundación México SOS.
Con esta iniciativa, México SOS comienza el proceso de institucionalización de la participación ciudadana, mediante el espacio que conforman las MSJ. En ellas convergen los esfuerzos comprometidos y corresponsables de autoridades y ciudadanos, quienes bajo un modelo de trabajo y metodología propia han logrado establecer una agenda en común y darle puntual seguimiento.
Más aún, la incorporación de la MSJ Torreón a la Red Nacional de Mesas de Seguridad y Justicia ha permitido conocer y replicar experiencias de otras localidades y estados en la región y viceversa, enriqueciendo el trabajo que ahí se realiza. De igual forma se han atendido las problemáticas locales, mediante las comisiones que integran la estructura organizativa de las Mesas, y poco a poco se han obtenido resultados satisfactorios. Destacadamente, las comisiones de Indicadores, de Fortalecimiento Institucional y de Certificación de Penales han permitido consolidar los espacios de colaboración institucional establecidos con las autoridades locales y federales.
Las MSJ han sido fundamentales para ir solucionando problemáticas específicas que requieren la atención y responsabilidad compartida de una sociedad que busca mejorar sus condiciones integrales de vida. Se ha ido cambiando la retórica bélica que envolvía el fenómeno por un discurso de paz, de trabajo coordinado y comprometido, que ilumina la visión de futuro para la región.
Hoy el caso de la Laguna es un ejemplo de éxito porque nos muestra que se puede salir de situaciones altamente críticas cuando sociedad y gobierno se coordinan y anteponen el bien superior a los intereses personales o de grupo. Falta mucho aún, por eso no se puede bajar la guardia, pero sin duda alienta la esperanza, con realidades medibles, de que hay caminos para recuperar la seguridad, la justicia y la paz.
* Orlando Camacho Nacenta es Director General de México SOS y Coordinador de la Red Nacional de Mesas de Seguridad y Justicia.

La Laguna, ¿caso de éxito en seguridad?

Enclavado en la Costa Grande de Guerrero, Ixtapa Zihuatanejo es un polo turístico que le aporta un significativo porcentaje de divisas al estado y de empleos, desarrollo y oportunidades de vida a las comunidades locales que lo conforman. Pero también dicha localidad enfrenta desde hace más de una década la disputa de grupos criminales por el control de la franja de la Costa Grande que atraviesa la entidad, considerada como estratégica en la ruta del tráfico de drogas que recorre el Pacífico mexicano.
En efecto, desde al menos 2008 Ixtapa Zihuatanejo resintió la presencia y actividades de grupos delictivos ligados a los grandes cárteles de las drogas, que gradualmente provocaron no sólo una significativa afectación en las actividades turísticas y productivas de la zona, sino que, además, sembraron de violencia y sangre sus calles, bajo la complaciente pasividad, indiferencia y complicidad de muchas de nuestras autoridades.
De esta situación derivaron estampas de terror durante los últimos tres años, como ejecuciones en sitios públicos, incendios a comercios, extorsiones, robos de diversos tipos, la ejecución de policías municipales, la presencia de hombres con armas de alto poder recorriendo las calles de nuestras colonias y, lo peor, la detención, en mayo de 2017, de 60 policías municipales por parte de las fuerzas federales.
Dentro de los detenidos se descubrió que tres de ellos estaban vinculados a grupos delictivos, además de tener bajo su control las operaciones de la corporación, en tanto que a los restantes se les fincaron responsabilidades judiciales y administrativas por haber incurrido en diversos delitos y faltas a la normatividad. Al paso de los días, 40 elementos fueron puestos en libertad y 20 vinculados a proceso.
Como resultado de esta crisis, elementos del Ejército y de la policía estatal tomaron bajo su responsabilidad la seguridad de Ixtapa Zihuatanejo, no sin que los lugareños pagáramos el costo de todo ello. Esto se tradujo en una severa afectación de la vida comunitaria, comercial y turística: la gente dejó de salir a las calles apenas anochecía, los comercios y bares cerraban temprano, y el turismo se alejaba de nuestras playas, mercados y plazas comerciales.
Esto valió para que en el reporte 2018 del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Ixtapa Zihuatanejo terminara colocada entre las cinco ciudades con mayor número de homicidios dolosos por cada 100 mil habitantes, con una tasa de 102.5.
Durante el transcurrir de la crisis, diversos grupos de comerciantes, asociaciones de empresarios, hoteleros y ciudadanos intentamos organizarnos para actuar y contribuir a salvaguardar la integridad de la población y los turistas que nos visitaban, así como para detener y revertir la crisis de seguridad que nos afectaba.
El contacto con la Fundación México SOS, a través de su director y coordinador nacional de la Red de Mesas de Seguridad y Justicia, Orlando Camacho, abrió el camino para que en un breve tiempo, con el apoyo técnico y solidario de otras Mesas de Seguridad y Justicia (MSJ), lográramos organizarnos, contactar con autoridades de los tres ámbitos de gobierno y funcionarios de las instituciones de seguridad y justicia para instalar la MSJ en Ixtapa-Zihuatanejo (MSJ-IZ), el 12 de marzo de 2018.
Bajo un esquema organizativo que está cifrado en la corresponsabilidad, confianza mutua y diálogo permanente, iniciamos los trabajos que nos llevaron a integrar una agenda de acción en común, permitiéndonos detectar las causas que generan los delitos, proponer acciones para evitar su proliferación y alcanzar metas en común.
En unos cuantos meses, las acciones conjuntas de autoridades y ciudadanos integrantes de la MSJ-IZ, o como gustamos decir quienes integramos estos modelos de organización, los ciudadanos sin cargo y con cargo público, logramos fortalecer las relaciones interinstitucionales de las instancias de seguridad pública y promover su acción coordinada, que se tradujo en la presentación del plan de seguridad municipal; la creación de la Policía Turística, del Grupo de Operaciones Especiales Jaguar, que recibió la encomienda de vigilar y proteger la Zona Económica Especial de Puerto Unión, entre los límites con Michoacán y el acceso carretero a Ixtapa Zihuatanejo, que inició operaciones en agosto de 2018 con 20 patrullas y 150 elementos policiales certificados y capacitados por la Secretaría de la Defensa y gestionar la unificación de los sistemas de videovigilancia municipal y estatal a través de un Centro de Comando y Control (C2).
Las acciones coordinadas entre autoridades y ciudadanos propiciaron una venturosa recuperación de la afluencia turística durante la temporada de verano, de alrededor de 419 mil personas, que significó una ocupación hotelera de 72.6 por ciento de la capacidad instalada y una derrama de mil 851 millones de pesos.
En materia de incidencia delictiva, al finalizar el año, Ixtapa Zihuatanejo reportó una considerable disminución de robos a casa habitación, contabilizando 14 casos, contra 41 que se reportaron al cerrar 2017; en robo a negocio se reportaron 20 casos, contra 35 del periodo previo; en robo de vehículos se reportaron 290 casos contra 377 en 2017; sólo se reportaron dos casos de extorsión.
Durante el primer trimestre de 2019 se han reportado 3 robos a negocio, contra 5 que se registraron durante el mismo periodo del año previo; en robo a casa habitación se reportó sólo un caso contra 5 en 2017; los robos de vehículo sufrieron una considerable disminución al registrarse sólo 29 casos contra los 290 del periodo previo; sólo se registró una extorsión contra los dos casos suscitados durante el periodo de 2017; los secuestros se redujeron en 50 por ciento, al registrarse solamente 2 casos contra los 4 que hubo durante el mismo periodo de 2017 y los homicidios se redujeron a 20 contra los 141 registrados durante el primer trimestre del año anterior.
Si bien los resultados dan cuenta de que aún queda mucho por hacer, resulta alentador comprobar que nuestro municipio recupera brío y prestigio junto con la seguridad y confianza del turismo que, durante los primeros días de abril, reservó alrededor del 90 por ciento de las habitaciones para el periodo vacacional de Semana Santa, lo cual nos alienta, a los integrantes de la MSJ-IZ, a mantener nuestro ritmo de trabajo y compromiso social de luchar por devolver a Ixtapa Zihuatanejo su viejo lustre como uno de los polos más importantes del país en materia de turismo y diversión. Tenemos esperanza de que lo lograremos.
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* Mesa de Seguridad y Justicia de Ixtapa-Zihuatanejo de <a href="https://twitter.com/MEXICOSOS" target="_blank" rel="noopener noreferrer">@MEXICOSOS</a>.

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