¿Nuevos rumbos para la seguridad pública?

La militarización de la vida pública en México, agigantada como nunca durante el sexenio de López Obrador, es una de las claves de bóveda del nuevo régimen político. Tras las últimas reformas constitucionales, la dirección y tutela permanente de las Fuerzas Armadas sobre las tareas de seguridad y procuración de justicia no sólo ha sido legalizada, sino que puede comenzar a expandirse, ya sin demasiados impedimentos legales, hacia otras áreas gubernamentales. Las consecuencias de este nuevo rol del Ejército están a la vista, porque son ya conocidas.

La confección del nuevo orden militar de las cosas en que vivimos, precede a los últimos cambios constitucionales. Se anunciaba en las múltiples nuevas funciones asignadas a la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) durante el sexenio anterior, acompañadas siempre por un discurso laudatorio que reemplazó al razonamiento objetivo. Siempre faltaron las razones concretas por las que el Ejército debía asumir la construcción y dirección de puertos, aeropuertos y aduanas, o decidir sobre el suministro de medicamentos y el reparto de los apoyos sociales. En cambio, abundó una lírica vaga y celebratoria de las “virtudes militares” que, en los hechos, encubría un objetivo mucho más pedestre: que la administración de un creciente número de instituciones pasara a cargo de personal militar, en sustitución y a costa del prestigio de los funcionarios civiles.

La superioridad de las Fuerzas Armadas por encima de las policías es, hoy más que nunca, la piedra angular sobre la que se organiza todo el edificio de la seguridad pública. Aunque en público el gobierno federal actual continúa negándose en reconocer la militarización heredada, sí da muestras de comenzar a padecer por el desbalance en las relaciones cívico-militares profundizado durante el sexenio anterior. Las recién aprobadas reformas al artículo 21 constitucional deben ser leídas como la búsqueda de una bocanada de aire entre las olas de un maremoto. No plantean métodos u objetivos distintos a lo que se ha repetido en el pasado ni instituyen una ruta para avanzar hacia la desmilitarización de la seguridad pública. En todo caso, estamos ante modificaciones constitucionales que no alteran el orden dominado por la SEDENA y, en cambio, si plantean nuevos retos operativos.

Entre lo más llamativo de la reforma está que la SSPC adquiere la facultad de investigar delitos, bajo la conducción del ministerio público, y de realizar labores de inteligencia, como cualquier otra policía del país. Esta modificación significa otorgarle a la SSPC la atribución legal de participar en la implementación de la Estrategia Nacional de Seguridad, misma que es responsable de diseñar y coordinar. Sin embargo, al mismo tiempo, implica que la SSPC asuma una responsabilidad operativa para la que cuenta con muy escasos recursos. Aunado al hecho de que suma un actor adicional a un saturadísimo ecosistema de procuración de justicia que, de por sí, carece de mecanismos de coordinación efectivos y disímiles niveles de desarrollo institucional. i

Con un personal policial inicial tan limitado, no es posible que la SSPC tenga una incidencia determinante en las labores de investigación, particularmente para la atención de los delitos del fuero común; al menos no en una escala nacional. Además, existiendo ya la Guardia Nacional para la persecución de delitos del fuero federal, las áreas de oportunidad en las que la SSPC puede tener incidencia se limitan a las labores de inteligencia. No es poca cosa, desde luego.

Las pretensiones de construir un sistema nacional de inteligencia, bajo la dirección de la SSPC, parten de un diagnóstico acertado sobre las deficiencias en la integración de las carpetas de investigaciones y las elevadas tasas de impunidad. Sin embargo, no está claro cómo la apuesta por un modelo centralizado, en el que las entidades están obligadas a alimentar a la SSPC de información delictiva, habrá de incidir en el diseño y ejecución de estrategias de persecución penal adecuadas a los diferentes contextos locales. El principal riesgo que se desprende de estos cambios constitucionales es que la SSPC se convierta en una “caja negra” que genera e instrumenta la inteligencia delictiva del país de manera opaca y discrecional. iv

Ahora, la rectoría del SNSP pasa a ser responsabilidad de su Secretariado Ejecutivo, dotándolo de la facultad de emitir los acuerdos y lineamientos tendientes a homologar los niveles de desarrollo y estándares de actuación de las policías; además de poder auditar el uso de los recursos federales entregados a las entidades para la consecución de los fines anteriores. Siendo el Secretariado Ejecutivo una dependencia directa de la SSPC, esta última asume el reto de coordinar e impulsar esfuerzos para resarcir los saldos de un sexenio perdido para el fortalecimiento de las policías, fiscalías y centros penitenciarios. La construcción de una alternativa a la militarización, en favor de una agenda por la seguridad ciudadana, depende de la consolidación del Secretariado Ejecutivo y la puesta en marcha del SNSP. Resultado que, desde luego, dependerá de la asignación de presupuestos suficientes y del respaldo político. El legado de Claudia Sheinbaum, y su diferencia respecto a López Obrador, se medirán con base a la consecución de los objetivos trazados en esta reforma.

ii Sin embargo, no tenemos mayor información sobre la especialidad o características de la formación de dichos elementos; por lo que no podemos afirmar que todos ellos tengan la formación pericial debida para desempeñar labores de investigación. Véase: INEGI, Censo Nacional de Seguridad Pública Federal 2024. Disponible aquí.

iii De acuerdo con el INEGI, en 2023, el personal preventivo de la policía estatal del Estado de México ascendía a los 13,968 elementos. Inmediatamente después, le sigue la policía estatal de Veracruz, con un tota de 7,310 policías preventivos. Véase: INEGI, Censo Nacional de Seguridad Pública Estatal 2024. Disponible aquí.

iv Esto último, desde luego, en detrimento de la soberanía de las entidades federativas y pasando una vez más por alto las ventajas que ofrece un modelo de persecución penal desde el ámbito municipal.

v Véase: Causa en Común, Los acuerdos del Consejo Nacional de Seguridad Pública: deficiencias, incumplimientos y opacidad, 2022. Disponible aquí.