Desapareciendo a los desaparecidos
La crisis de los desaparecidos es un tema recurrente en los titulares, aunque rara vez se mantiene en el debate público el tiempo suficiente para generar cambios. Sin embargo, ya no es solo una crisis: la desaparición de personas se ha convertido en parte de la realidad del país. Mientras el Estado evade su responsabilidad, el crimen organizado utiliza la desaparición como una herramienta más para delinquir con total impunidad.
En este contexto, resulta fundamental analizar la respuesta del gobierno ante esta problemática. Para evidenciar la devastación institucional en el tema, Causa en Común presentó el informe “Nombres sin cuerpo y cuerpos sin nombre: apuntes sobre la omisión del Estado mexicano ante la tragedia de los desaparecidos”. Este documento expone no solo las cifras alarmantes de desapariciones, sino también la manipulación de datos, la falta de recursos y el abandono del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas (SNB), reflejo de un problema que no ha sido atendido con la seriedad que amerita.
Para dimensionar la magnitud del problema, de acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO), entre 1952 y el 31 de diciembre de 2024 se han registrado 344,592 desapariciones, de las cuales el 65 % corresponden a personas localizadas y el 35% siguen desaparecidas. Es decir, 130,628 personas siguen sin ser encontradas, y el 89% de estos casos han ocurrido en los últimos 18 años.
Además, el problema no solo persiste, sino que ha empeorado en los últimos años. El 2024 cerró como el año con más desapariciones en la historia, con un incremento del 30 % respecto a 2023. Durante el sexenio de López Obrador se registraron 53,261 desapariciones, un aumento del 64 % respecto a Peña Nieto y del 215 % respecto a Calderón. Esta tendencia se ha mantenido en los primeros 100 días del gobierno de Claudia Sheinbaum, periodo en el que ya se reportan 4,120 desapariciones, un promedio de 41 diarias.
Sin embargo, el impacto de la problemática de desapariciones no solo radica en el número de casos, sino también en la manera en que el gobierno ha manejado las cifras oficiales. Durante el gobierno de López Obrador se implementó un “censo de desaparecidos” a cargo de la Secretaría del Bienestar, sin metodología clara ni respaldo de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) o fiscalías. Como resultado, esta estrategia redujo drásticamente la cifra oficial, pasando de 110,964 a 12,377 desaparecidos. No obstante, el RNPDNO sigue operando y reporta más de 120,000 casos a la fecha, lo que ha generado la paradoja de que el Estado maneje dos cifras oficiales distintas para el mismo fenómeno.
Más allá de la manipulación de datos, otro factor que ha agravado la problemática es el colapso del SNB. Si bien esta estructura nunca logró consolidarse plenamente, hoy es prácticamente inexistente. Su debilitamiento se refleja en la precariedad de las fiscalías y unidades forenses, la falta de un marco legal adecuado y la ausencia de homologación de tipos penales en el país.
Un ejemplo claro de este deterioro es la falta de cumplimiento de las obligaciones establecidas en la Ley General en Materia de Desaparición (LGMD), que estipula que todas las fiscalías estatales y la Fiscalía General de la República (FGR) deben contar con fiscalías especializadas en desapariciones. No obstante, cinco estados siguen sin cumplir con esta obligación. A esto se suma el drástico recorte presupuestal: entre 2015 y 2024, los recursos destinados a la investigación de desapariciones han disminuido 40 %, lo que limita gravemente la capacidad operativa de las autoridades.
El abandono institucional también se manifiesta en la disparidad en la asignación de recursos. Actualmente, el presupuesto de la FGR destinado a desapariciones es 47 % menor que el asignado a delitos contra los derechos de autor. Esta falta de prioridad en el tema tiene consecuencias directas: de acuerdo con Impunidad Cero, el 99 % de las denuncias por desaparición presentadas entre 2019 y 2022 permanecen impunes.
Junto con la negligencia en la investigación de desapariciones, la crisis forense es otro de los grandes problemas que enfrenta el país. Según el INEGI, en 2023 había 968 laboratorios forenses en México, pero solo 60 contaban con capacidad de almacenamiento de cadáveres. Además, las fiscalías estatales operan con 1,557 médicos forenses, 515 genetistas y 100 antropólogos forenses, lo que genera una carga de trabajo insostenible y ralentiza la identificación de cuerpos. A este escenario se suma la insuficiencia de recursos económicos. Actualmente, el financiamiento para el desarrollo de infraestructura forense alcanza los 758 millones de pesos. Esta cifra es claramente insuficiente para atender la magnitud del problema, lo que impide que los procesos de identificación se realicen de manera efectiva.
Sin embargo, la problemática no solo es financiera o administrativa, sino también legislativa. A nivel estatal, muchas entidades aún no han homologado sus leyes para integrar sus estructuras institucionales al SNB, lo que genera discrepancias en los procedimientos de búsqueda e identificación.
A nivel federal, el panorama es aún más preocupante. Desde 2018 sigue pendiente la emisión del reglamento de la LGMD, y aunque en 2023 comenzaron a operar el Banco Nacional de Datos Forenses y los Registros Nacionales de Personas Fallecidas No Identificadas y de Fosas Comunes y Clandestinas, lo hicieron cuatro años después de lo estipulado.
Siete años después de la creación del SNB, el balance es desolador. En lugar de fortalecerlo, se ha minimizado el problema, destruido su estructura y alcanzado cifras históricas de desapariciones. Su abandono es una violación flagrante de las responsabilidades constitucionales del Estado. En este vacío institucional, son las familias quienes han asumido la búsqueda de sus seres queridos, recorriendo zonas inseguras y desprotegidas, mientras el Estado, que debería garantizar justicia y verdad, ha optado por la indiferencia y la omisión.
El informe completo presentando por Causa en Común puede ser consultado a través de este enlace.
Te mostramos en mapas los cambios en el control militar del territorio de Ucrania después de tres años de combates.
Ucrania se ha visto sacudida por combates desde que Rusia lanzó una invasión a gran escala hace tres años.
Durante el último año las fuerzas rusas han incrementado lentamente el territorio que controlan, principalmente en el este de Ucrania.
Pero las fuerzas ucranianas han dificultado esos avances y han llevado a cabo una contraofensiva en territorio ruso.
Días antes de que se cumpla el tercer aniversario del inicio de la invasión rusa a Ucrania -ocurrido el 24 de febrero de 2022-, el nuevo gobierno de Donald Trump en EE.UU. y el Kremlin anunciaron que van a poner al conflicto “cuanto antes”.
Para ello, el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, y el ministro ruso de Exteriores, Sergei Lavrov, se reunieron en Arabia Saudita, en el primer encuentro entre representantes de ambos gobiernos en más de tres años, al que no fueron invitados funcionarios de Ucrania ni de ningún país europeo.
Este es un resumen de la situación actual de la guerra en Ucrania.
Rusia avanza en el este
En el este de Ucrania, la máquina de guerra de Moscú ha estado avanzando kilómetro a kilómetro a través de los amplios campos abiertos del Donbás, rodeando y abrumando aldeas y ciudades.
La mayor ventaja de Rusia es su número de tropas y ha demostrado su disposición a enviar soldados a las posiciones ucranianas para ganar unos cuantos metros en cada incursión.
Los expertos del Instituto para el Estudio de la Guerra (ISW) esperaban que las fuerzas rusas se centraran en apoderarse de las ciudades y pueblos ucranianos en el frente durante el invierno; recientemente tomaron la ciudad de Kurájove y siguieron avanzando hacia el noreste, hacia la ciudad de Pokrovsk.
El avance ruso hacia Pokrovsk es el cambio más notable en el control de la línea del frente cerca de Donetsk en varios meses, pero las tácticas innovadoras de las fuerzas ucranianas, que combinan el uso de drones y fuerzas terrestres, han infligido a Rusia pérdidas significativas de tropas y equipos y han ralentizado la ofensiva.
Las tropas rusas tardaron un año en avanzar unos 40 km al oeste; Ucrania se vio obligada a retirarse de Avdivka, justo al norte de Donetsk, en febrero de 2024 después de meses de combates.
Casi toda la población de Avdivka antes de la guerra, más de 30.000 personas, se ha ido y la ciudad en sí está casi completamente destruida.
Incursión rusa al norte de Járkiv
Además de su operación en el frente oriental, Rusia comenzó lo que el ISW describe como su “principal esfuerzo subordinado” cuando cruzó la frontera internacional al norte de la segunda ciudad más grande de Ucrania, Járkiv, en mayo de 2024.
Varias aldeas fueron tomadas y miles de civiles huyeron.
El avance ruso se produjo al final de un período de cuatro meses en el que Estados Unidos no suministró armas a Ucrania, debido a un impasse en el Congreso estadounidense que se resolvió en abril pasado.
Las fuerzas ucranianas lograron mantenerse firmes, y aunque la ciudad de Járkiv ha sido objeto de repetidos ataques con bombas planeadoras disparadas por aviones rusos, sigue estando fuera del alcance de la artillería rusa.
Ucrania sugiere un intercambio de territorio
El este de Ucrania ha sido un territorio en disputa desde 2014, cuando combatientes respaldados por Rusia se apoderaron de grandes franjas de las regiones orientales de Donetsk y Lugansk.
Rusia ya se había apoderado de la península meridional de Crimea en febrero de 2014 antes de anexionársela poco después.
Trump declaró que es poco probable que Ucrania vuelva a sus fronteras anteriores a 2014, pero, en respuesta a una pregunta de la BBC, dijo que “parte de esa tierra regresará”.
En una entrevista con el periódico The Guardian, publicada el 11 de febrero, el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, sugirió que el territorio controlado por Rusia en Ucrania podría intercambiarse por territorio confiscado por Ucrania en la región occidental rusa de Kursk en los últimos meses como parte de un acuerdo de paz.
Ucrania tomó el control de parte de la región en un ataque sorpresa lanzado a través de la frontera por tropas ucranianas en agosto, avanzando hasta 30 kilómetros hacia la región rusa.
Casi 200.000 personas fueron evacuadas de las zonas a lo largo de la frontera por el gobierno ruso, y Putin condenó la ofensiva ucraniana como una “gran provocación”.
Después de dos semanas, el máximo comandante de Ucrania afirmó que controlaban más de 1.200 km2 de territorio ruso y 93 aldeas.
Rusia ha recuperado parte de ese territorio, pero Ucrania todavía tiene tropas en la región de Kursk.
El portavoz de Putin, Dmitry Peskov, calificó de “imposible” la sugerencia de Zelenski de un intercambio de territorio.
Tres años de lucha
La invasión a gran escala de Rusia comenzó con decenas de ataques con misiles contra ciudades de toda Ucrania antes del amanecer del 24 de febrero de 2022.
Las tropas terrestres rusas avanzaron rápidamente y en pocas semanas tenían el control de amplias zonas de Ucrania y habían avanzado hasta los suburbios de la capital, Kyiv.
Las fuerzas rusas bombardearon Járkov y tomaron territorio en el este y el sur hasta llegar a Jersón, rodeando la ciudad portuaria de Mariúpol.
Pero se encontraron con una resistencia ucraniana muy fuerte en casi todas partes y tuvieron que hacer frente a serios problemas logísticos, ya que las tropas rusas estaban poco motivadas y sufrían escasez de alimentos, agua y municiones.
Las fuerzas ucranianas también se apresuraron a desplegar armas suministradas por Occidente, como el sistema antitanque Nlaw, que resultó muy eficaz contra el avance ruso.
En octubre de 2022, el panorama cambió drásticamente y, tras no haber logrado tomar Kyiv, Rusia se retiró por completo del norte.
Al mes siguiente, las fuerzas ucranianas recuperaron la ciudad meridional de Jersón.
Desde entonces, la batalla se ha desarrollado principalmente en el este de Ucrania, y las fuerzas rusas han ido ganando terreno lentamente durante muchos meses, con al menos 70.000 soldados rusos muertos y un total estimado de 500.000 muertos o heridos, según el Ministerio de Defensa de Reino Unido.
Por Dominic Bailey, Mike Hills, Paul Sargeant, Chris Clayton, Kady Wardell, Mark Bryson, Sana Dionysiou, Gerry Fletcher, Kate Gaynor y Erwan Rivault
Acerca de estos mapas
Para indicar qué partes de Ucrania están bajo el control de las tropas rusas, utilizamos evaluaciones diarias publicadas por el Instituto para el Estudio de la Guerra (ISW), junto con el Proyecto de Amenazas Críticas del American Enterprise Institute.
La situación en Ucrania suele evolucionar rápidamente y es probable que haya momentos en que han producido cambios que no se reflejan en los mapas.
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