Consejo Nacional de Seguridad Pública: una oportunidad para revertir la inseguridad
El Consejo Nacional de Seguridad Pública, creado para coordinar los esfuerzos entre la federación, los estados y los municipios, ha perdido relevancia en años recientes, afectando la capacidad del Estado para enfrentar la inseguridad. La primera reunión del Consejo en este sexenio puede ser una oportunidad crucial para recuperar este mecanismo y fortalecer la estrategia de seguridad en México.
En diciembre de 1994, la Constitución estableció la obligación de coordinar esfuerzos entre la federación, los estados y los municipios a través del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP). Como órgano superior de este sistema, el Consejo Nacional de Seguridad Pública (CNSP) tiene el mandato de reunirse al menos dos veces al año para generar políticas públicas integrales, formular programas nacionales y promover la coordinación entre las instancias de seguridad.
Sin embargo, el CNSP fue prácticamente abandonado en el sexenio anterior. Durante el mandato del expresidente López Obrador, el Consejo sesionó únicamente seis veces en seis años, muy por debajo de lo requerido. Además, los acuerdos alcanzados carecieron de profundidad y relevancia. De los 59 acuerdos formulados, la mayoría fueron administrativos o procedimentales, como la aprobación de actas o informes, mientras que los pocos que buscaban mejorar la coordinación institucional se redactaron de forma ambigua, sin plazos claros ni sanciones por incumplimiento. Este vacío en el liderazgo y la articulación del SNSP debilitó, sin duda, las capacidades institucionales para enfrentar los desafíos de seguridad pública.
Aunque no se puede afirmar que la crisis actual de inseguridad es consecuencia directa de este abandono, es evidente que ha sido un factor importante. En los primeros meses del nuevo sexenio, la violencia sigue dominando los titulares. Ejemplos alarmantes son los enfrentamientos prolongados entre grupos criminales en Sinaloa, el control territorial del crimen organizado en Guerrero y la violencia generalizada en Guanajuato. Eventos que reflejan la complejidad de la crisis de seguridad en el país.
Los datos son contundentes. Según el informe Galería del Horror: Atrocidades y Eventos de Alto Impacto, los primeros meses del gobierno de Claudia Sheinbaum registran los niveles más altos de violencia extrema en el año. Entre las cifras más preocupantes se encuentran 238 casos de tortura, 134 de mutilación y descuartizamiento, 85 masacres, 62 asesinatos de mujeres con extrema violencia y el asesinato de 42 funcionarios y actores clave en materia de seguridad. A esto se suma la alarmante cifra de 64 policías asesinados en dos meses, lo que supera el promedio de un policía asesinado al día registrado en los últimos años.
En cuanto a las cifras oficiales del Secretariado Ejecutivo del SNSP, octubre registró 2,564 víctimas de homicidio, 7,738 casos de narcomenudeo, 48 víctimas de secuestro, 70 feminicidios, 943 casos de extorsión, 74 de trata de personas, 23,405 incidentes de violencia familiar y 3,493 robos de vehículo. Comparado con octubre de 2023, las cifras muestran una tendencia casi invariable, con fluctuaciones de aumento de entre el 2% y el 5%.
Ante esta situación, la primera reunión del CNSP en el nuevo sexenio no solo es crucial, sino también simbólica. Es el momento de recuperar este mecanismo como un espacio para la verdadera coordinación entre niveles de gobierno y para construir una estrategia integral de seguridad. El Consejo tiene el potencial de alinear esfuerzos, definir prioridades y garantizar que cada entidad cumpla con su papel en la reducción de la violencia.
El reto es monumental, pero también representa una oportunidad. Reforzar el Consejo implica dotarlo de acuerdos claros, medibles y vinculantes, que sirvan de guía para las instancias de seguridad en todo el país. Asimismo, es esencial que estos acuerdos apunten a las causas estructurales de la violencia, como la pobreza, la exclusión social y la falta de oportunidades, además de fortalecer las capacidades de las policías y otras instituciones civiles.
La pacificación del país requiere un liderazgo que convoque a todos los actores a participar en una estrategia de largo plazo. Si se recupera el espíritu original del SNSP y del CNSP, se puede sentar la base para un sistema de seguridad que no solo enfrente los síntomas del problema, sino que también construya las condiciones para un México más seguro y justo para todos.
Luigi Mangione fue arrestado este lunes en una ciudad de Pensilvania, y en su mochila se encontró un arma fantasma que podría ser importante en el caso en su contra. Te explicamos por qué.
Cuando este lunes las autoridades capturaron a Luigi Mangione, un joven de 26 años sospechoso de asesinar de un disparo en Nueva York a Brian Thompson, director ejecutivo de la aseguradora UnitedHealth, encontraron entre sus pertenecías lo que se conoce como un arma fantasma.
El artefacto, que las autoridades creen que habría sido utilizado por el acusado para cometer el crimen, podría convertirse en una pieza clave en el proceso legal en su contra.
Mangione, un experto en programación, fue detenido en un McDonald’s de la ciudad de Altoona, en Pensilvania, tras ser reconocido por alguien en el restaurante.
El lunes fue acusado de asesinato y de otros cargos relacionados con la posesión ilegal de armas de fuego.
Además del arma, el presunto asesino también tenía en su mochila “varias identificaciones falsas” y un manifiesto escrito a mano de tres páginas que incluía quejas contra el sistema de salud de EE.UU.
“Estaba en posesión de una pistola fantasma que tenía la capacidad de disparar una bala de 9 mm”, dijo el lunes Joe Kenny, jefe de detectives del Departamento de Policía de Nueva York.
“Puede haber sido fabricada en una impresora 3D”, agregó.
El arma estaba cargada con seis balas de nueve milímetros. Además, la policía también encontró un silenciador, que de igual manera habría sido producido en una impresora 3D.
Para las autoridades podría ser un reto investigar el origen de la pistola.
Este tipo de armamento se conoce como armas fantasma precisamente porque, en su mayoría, son fabricadas por individuos que ensamblan las piezas en casa, por lo que pueden quedar fuera de los registros oficiales.
¿Qué son las armas fantasma?
De acuerdo con el Buró de Alcohol, Tabaco, Armas y Explosivos de EE.UU. (ATF, por sus siglas en inglés), las armas fantasma o armas de fabricación privada son completadas, ensambladas o producidas por cualquier persona que no sea un fabricante con licencia.
Son difíciles de rastrear porque hasta agosto de 2023 no era obligatorio colocarles un número de serie que permita seguir su rastro ni tampoco realizar una verificación de antecedentes al comprador.
En EE.UU., generalmente, los fabricantes e importadores de armamento colocan un número de serie y marcas en las armas de fuego, que identifican al fabricante o importador, marca, modelo y calibre, según explican reportes del Centro Ley Giffords para la Prevención de la Violencia con Armas.
“La investigación de delitos que involucran armas de fuego de fabricación privada no serializadas puede generar dificultades para rastrear el origen de las armas de fuego y vincularlas con delitos relacionados”, dice la página web de ATF.
Las autoridades las categorizan en diez tipos: pistola, revolver, rifle, escopeta, armazón o cajón de mecanismos, dispositivo de conversión de ametralladora, dispositivo destructivo, ametralladora, silenciador de arma de fuego y cualquier otra arma.
Obtener un arma fantasma en EE.UU.: una tarea muy fácil
Elaborar un arma fantasma en EE.UU. es tan sencillo como comprar por internet un kit con las diferentes partes y herramientas.
Se han conocido incidentes en los que menores poseen este tipo de artefactos, así como personas con trastornos mentales.
Las partes con las que se fabrican no están técnicamente terminadas y requieren algunos pasos adicionales en el hogar, como perforar algunos agujeros, antes de que puedan usarse para hacer una pistola funcional.
Más de una decena de estados, incluyendo Nueva York, han establecido leyes para regularizar las armas sin número de serie, pero es difícil prevenir que se utilicen, pues sus partes pueden ser enviadas de forma individual a casi cualquier lugar.
El asesinato de Thompson renovó el escrutinio de las armas fantasma, que el gobierno de Biden trata de reglamentar para que sean consideradas de la misma manera que las armas de fuego disponibles comercialmente.
Los fabricantes de kits de armas fantasma ahora deben incluir números de serie en sus productos y realizar verificaciones de antecedentes a los compradores.
En octubre, la Corte Suprema evaluó los argumentos de este estatuto que fue retado en los tribunales, y pareció que una mayoría se inclinaba a apoyarlo.
Un fallo a favor marcaría un cambio para el grupo de nueve jueces de una supermayoría conservadora que ha sido en gran medida escéptica con las regulaciones de armas.
En cuanto a las armas en general, el presidente electo de EE.UU., Donald Trump, se ha posicionado como un firme defensor de la Segunda Enmienda, que otorga el derecho a portarlas.
A principios de este año, le dijo a la Asociación Nacional del Rifle (NRA) que era el mejor amigo del grupo.
Cuán grande es el problema
Los expertos han calificado las armas fantasma como el problema de seguridad de armas de más rápido crecimiento en el país. Se han utilizado cada vez más en tiroteos de alto perfil.
Según cifras de la ATF, las fuerzas del orden encontraron 20.000 armas fantasma sospechosas en investigaciones criminales en 2022, un número diez veces mayor que en 2016.
Las autoridades dicen que sin números de serie en sus armazones, es prácticamente imposible rastrear a los comerciantes que venden estas armas ilegalmente a menores o a personas sin licencia.
Una exfuncionaria del gobierno estadounidense duda de que la gente cambie de opinión con el asesinato de Thompson.
“Las armas fantasma son un factor nuevo en un país muy complicado y violento”, le dijo Juliette Kayyem al programa Today de BBC Radio 4.
A EE.UU. le resulta “muy difícil” restringir las armas de fuego, añadió Kayyem, exsecretaria adjunta de política del Departamento de Seguridad Nacional.
Más de 48.000 personas murieron por armas de fuego en Estados Unidos en 2022, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés).
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