Un apunte sobre las cifras de homicidios dolosos
Al menos una vez al mes, durante los últimos seis años, el gobierno federal dedica una conferencia de prensa matutina para exponer ante los medios el comportamiento de los homicidios dolosos y de otro tanto de delitos de alto impacto. Estos reportes de incidencia delictiva suelen ser breves, en ocasiones comentados por presidencia ante provocaciones de la prensa, defendidos a rajatabla para preservar la narrativa de “la pacificación” en curso; lo que sea que eso signifique.
Llama la atención que el relato oficial de la pacificación se asenté en la aparente disminución de los homicidios. El recurso puede llevar a conclusiones erróneas, a definir objetivos absurdos, como que la paz sea expresión de la ausencia de delitos, o que el único parámetro para medir la seguridad pública sean las cifras de homicidio doloso. Tanto la paz como la seguridad son escenarios sociales mucho más complejos, inaprensibles numéricamente. El hecho de que se pretenda decir, sólo con cifras, que México va en la senda de la paz tan sólo demuestra una verdad añeja: con los números se hace política.
El uso de la estadística, para enmarcar una forma en específico de entender y enfrentar los problemas públicos, siempre ha sido controvertido. En el caso de la incidencia delictiva, sus números son presa de usos diversos, con formas variadas de sacarles provecho. Para algunos, en cierto tiempo, conviene que el número de delitos reportados sea bajo, les permite celebrar que “hay seguridad”. Para otros, en cierto momento, conviene decir que el número de delitos reportados sea alto, les permite exigir que “haya verdadera seguridad”. Basta decir que la estadística delictiva es receptiva a todo tipo de agendas, ajustable dependiendo del actor y del momento político en que se enuncia; lo que tan sólo significa que debe estudiársele y comentársele con cautela.
Volviendo al momento actual, existen problemas en la forma en que las cifras de homicidio doloso se cuadran dentro del relato oficial de la pacificación, a través de comparaciones arbitrarias. Dos ejemplos. Durante el sexenio de López Obrador, fue frecuente que se presumieran reducciones en el número de delitos a partir de comparativos con los máximos históricos. Lógicamente, cualquier dato, dentro de una misma serie, comparado con su máximo histórico, siempre será automáticamente inferior; sin que ello signifique una reducción en la incidencia delictiva. i
En el gobierno actual, las presentaciones de los reportes mensuales de incidencia delictiva parten de la incorrecta comparación entre los registros del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) con los del INEGI. ii Aprovechando que las víctimas de homicidio doloso reportadas por este último son superiores a las reportadas por el primero, iii el comparativo muestra falsas disminuciones que son sencillamente desmentidas usando la fuente oficial más completa.
Como puede a verse, a lo largo del último sexenio, de acuerdo con los datos del SESNSP, el homicidio doloso mostró una tendencia decreciente, luego de haber alcanzado un máximo histórico en 2019. Sin embargo, en 2024 se reportaron 30,057 víctimas de homicidio doloso, 1 % más que el total de víctimas reportadas en 2023. Contrario a lo que se defiende desde la tribuna presidencial, la tendencia en el caso de los homicidios dolosos muestra un incremento en el último año.
Aceptar, con base a los mismos datos oficiales, que la violencia homicida aumentó en 2024 es apenas un ligero. Los reportes de incidencia generados por el SESNSP, además presentan diversos ejemplos de anomalías y signos de probable manipulación, que generan serias dudas sobre la confiabilidad de los procesos de integración estadística que encabeza el gobierno federal.
Desde años anteriores, en Causa en Común hemos alertado sobre la probable dilución de las víctimas de homicidios dolosos a través de las subcategorías de homicidio culposo (no intencional) y “otros delitos contra la vida y la integridad”. iv De acuerdo con el SESNSP, la disminución en el número de víctimas de homicidios dolosos, se ha producido a la par de un aumento constante de las víctimas de homicidio culposo y de “otros delitos contra la libertad y la integridad”. Entre 2018 y 2024, el número de víctimas de homicidio doloso disminuyó 11 %, a nivel nacional, mientras que el número de víctimas de homicidio culposo aumentó 11 % y el de “otros delitos contra la vida y la integridad” aumentó 102 %.
A nivel estatal, hay casos que sobresalen por las variaciones anómalas de las dos subcategorías antes mencionadas. Por ejemplo, en Zacatecas, entre 2023 y 2024, se reportó una disminución del 49 % en el número de víctimas de homicidio doloso; pero un aumento del 30 % en el número de víctimas de homicidio culposo. También llama la atención el caso de Puebla, que entre 2023 y 2024, reportó un inédito aumento del 136 % en el número de víctimas de homicidio culposo, pasando de 447 a 1,057. Otros ejemplos llamativos son Baja California Sur y Ciudad de México que, en 2024, respectivamente reportaron 69 y 918 víctimas de homicidio doloso, en contraste con 345 y 1,127 víctimas de “otros delitos contra la vida y la integridad”.
La evidencia examinada demuestra que las estrategias implementadas en los últimos seis años han sido insuficientes para reducir de manera sostenida los delitos de alto impacto, enfrentar la violencia extrema y debilitar a la delincuencia organizada. A esto se suma la falta de cifras confiables, lo que obstaculiza diagnósticos precisos y el diseño de políticas de seguridad efectivas.
En un contexto de empoderamiento militar, falta de independencia judicial y opacidad institucional, es urgente que el SESNSP ejerza plenamente sus facultades para mejorar la calidad de la información delictiva. Las anomalías detectadas en 2024 y en años previos, no solo evidencian fallas en los reportes oficiales, sino que también reflejan la ineficacia de las fiscalías estatales y la negligencia de los gobernadores. Ante ello, resulta imprescindible fortalecer la denuncia ciudadana, incrementar los recursos para el sistema de información criminal, homologar criterios de recopilación de datos y establecer mecanismos de auditoría y rendición de cuentas. Solo así se podrá avanzar hacia una política de seguridad basada en datos reales y no en cifras manipuladas que distorsionan la realidad y desinforman a la ciudadanía.
i Véase: Nancy Angélica Canjura Luna (2024), “Debilitamiento institucional y desafíos de seguridad”, Nexos. Disponible aquí.
ii No hay que olvidar las dos principales fuentes para examinar el comportamiento estadístico de los homicidios dolosos. Los reportes del Secretariado se construyen a partir de los datos contenidos en las carpetas de investigación abiertas por las fiscalías; mientras que los informes del INEGI se construyen a partir de las actas de defunción expedidas por los servicios médicos de todo el país. Son registros con metodologías, criterios y definiciones diferentes para recolectar y clasificar información sobre el mismo fenómeno, razón por la que sus dato no coinciden.
iii Además, se aprovecha el desfase con que el INEGI publica la actualización de sus reportes, dado que el proceso de revisión e integración de los datos contenidos en los certificados de defunción de 2024, aún no ha concluido.
iv El SESNSP utiliza una clasificación estadística que distingue los homicidios culposos (no intencionales o accidentales) de los dolosos (intencionales). Para determinar si un homicidio ocurrió por un acto intencional o no, es necesario que el Ministerio Público lleve a cabo una investigación, la cual se recopila en una carpeta de investigación que incluye la clasificación inicial del delito. El elemento en común entre ambos delitos es la privación de la vida de una persona; por tanto, si un asesinato intencional quiere mantenerse oculto o fuera de las estadísticas de homicidios dolosos, lo más sencillo sería reportarlo como un homicidio culposo.
Véase: México Evalúa (2020). Fallas de origen. Disponible aquí.
Desde que asumió la presidencia de EU, Trump ha ampliado el alcance de su misión sobre deportaciones, apuntando no sólo a criminales, sino también a trabajadores migrantes, activistas estudiantes e incluso turistas.
Durante la campaña electoral, Donald Trump fue muy claro: “Lanzaré el mayor programa de deportación de criminales en la historia de Estados Unidos”.
Esa promesa, según sugirieron las encuestas de opinión, resultó muy popular entre la población estadounidense, incluidos muchos inmigrantes legales que sentían que demasiadas personas estaban entrando al país por el “camino equivocado”.
Desde que el presidente asumió el cargo, ha ampliado el alcance de su misión, apuntando no sólo a los criminales, sino también a los trabajadores migrantes, ciertos activistas estudiantiles e incluso a turistas con problemas de visa.
Durante casi cinco meses, las detenciones y deportaciones encontraron poca resistencia. Pero ahora , en algunas partes de Los Ángeles han estallado protestas después de que los funcionarios de inmigración intensificaran sus redadas en los lugares de trabajo.
Pero ¿quiénes son los migrantes detenidos por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE)? Y ¿a quién más tienen en el punto de mira?
Criminales y arrestos “colaterales”
Desde que asumió el cargo, el presidente Trump ha destacado la caída en picada de los números de cruces fronterizos y los arrestos récord que se han registrado bajo su administración.
Aproximadamente 51 mil migrantes indocumentados permanecían detenidos por ICE a principios de junio, la cifra más alta registrada desde septiembre de 2019.
Si bien no hay cifras precisas y actualizadas que estén disponibles públicamente sobre el número total de arrestos llevados a cabo por los servicios de inmigración desde el 20 de enero, algunos funcionarios de la Casa Blanca han dicho que esperan que ICE pueda aumentar la cifra de arrestos por día de los aproximados 660 que se registraron durante los primeros 100 días de la presidencia de Trump hasta los 3 mil arrestos diarios.
Inicialmente, los funcionarios estadounidenses insistieron en que las operaciones estaban “dirigidas” a criminales y potenciales amenazas a la seguridad pública.
Pero un número significativo de migrantes indocumentados detenidos por la administración Trump no tienen antecedentes, según un rastreador de datos.
El Transactional Records Access Clearinghouse, un proyecto de la Universidad de Syracuse que compila cifras de inmigración, estima que de las 51 mil 302 personas que se encontraban en centros de detención de ICE para el 1 de junio, aproximadamente el 44 % no tenía antecedentes penales, más allá de haber ingresado a Estados Unidos sin permiso.
Los disturbios en Los Ángeles fueron provocados por una serie de arrestos de migrantes que dejaron un total de 118 personas detenidas, entre las que, según el Departamento de Seguridad Nacional, había cinco miembros de pandillas.
ICE dice que los arrestados en Los Ángeles son “lo peor de lo peor”. La agencia identificó a un puñado de personas con antecedentes penales, incluidos tráfico de drogas, agresión, crueldad infantil, violencia doméstica, robo y tráfico de inmigrantes.
Sin embargo, no está claro cuántos del total de arrestos tienen antecedentes penales.
Los padres de un migrante indocumentado de 23 años, miembro de la comunidad indígena zapoteca de México, le dijeron al diario The Washington Post que su hijo, quien según ellos no tenía antecedentes penales, fue detenido afuera de una tienda de ropa.
La BBC no puede confirmar de forma independiente los detalles de este caso.
El zar fronterizo Tom Homan dijo que estos arrestos eran un “daño colateral”, argumentando que los agentes no pueden justificar legalmente el encuentro con inmigrantes indocumentados y no detenerlos.
Visitantes y residentes
Se han dado varios casos de turistas arrestados y retenidos en centros de detención.
En abril, por ejemplo, una turista galesa de 28 años fue retenida durante 19 días en un centro de procesamiento de ICE en el estado de Washington después de que se le negara la entrada a Canadá por lo que luego resultó ser una “confusión de visa”.
En otro incidente más reciente en junio, Khaby Lame, ciudadano italiano de 25 años (la estrella de TikTok más popular del mundo con 162 millones de seguidores), fue detenido en el aeropuerto de Las Vegas por “violaciones migratorias”.
ICE alegó que Lame excedió el plazo de su visa después de haber ingresado al país el 30 de abril. Las autoridades dijeron más tarde que se le concedió la “salida voluntaria” y abandonó el país.
Además, en marzo, la actriz canadiense Jasmine Mooney estuvo detenida durante dos semanas tras ser arrestada en el cruce fronterizo de San Ysidro, desde donde intentaba ingresar a Estados Unidos.
Más tarde describió las condiciones de su detención como “inhumanas” y contó que la mantenían en una celda de cemento sin mantas y con baños limitados. Posteriormente fue puesta en libertad sin ser acusada de ningún delito.
Su caso llamó la atención del primer ministro de la Columbia Británica, David Eby, quien dijo que el incidente aumentó aún más la ansiedad de los canadienses sobre viajar a EU.
“Nuestra relación es tan tensa en estos momentos que este caso nos hace preguntarnos: ¿qué pasa con nuestros familiares que trabajan en Estados Unidos?” dijo en una declaración a la cadena CBC.
Otros, como Fabian Schmidt, un ciudadano alemán de 34 años, fueron detenidos en los aeropuertos.
Schmidt, quien vive en Estados Unidos desde 2007, fue detenido cuando se dirigía a ese país desde Luxemburgo.
En una entrevista con WGBH, un medio de noticias de New Hampshire, Schmidt dijo que lo interrogaron sobre un cargo menor de drogas que luego fue desestimado y un cargo posterior que se impone a personas que conducen bajo la influencia del alcohol o de sustancias psicoactivas y que resultó en una multa.
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) ha evitado en gran medida hacer comentarios sobre casos específicos, pero ha insistido repetidamente en que está operando legalmente.
‘Enemigos extranjeros’
Algunas de las imágenes más impactantes de la política migratoria de la administración Trump provienen de El Salvador.
Más de 250 personas a las que el gobierno de EU acusa de ser miembros de la banda Tren de Aragua fueron trasladadas a una megacárcel salvadoreña, el Cecot.
Sin embargo, los familiares de algunos de esos hombres han cuestionado cualquier vínculo con las pandillas y algunos argumentan que fueron arrestados como resultado de tatuajes inocentes.
“Es realmente desalentador”, le dijo a la BBC Adelys Ferro, directora ejecutiva del Caucus Venezolano-Estadounidense. “Todas estas decisiones son inhumanas, crueles y también ilegales”.
El caso más destacado es el de Kilmar Ábrego García, un salvadoreño de 29 años residente en Maryland que fue deportado a El Salvado en marzo.
Varios jueces, incluidos los de la Corte Suprema, han dictaminado que Ábrego García fue deportado por error y que el gobierno debe “facilitar” su regreso a al país y a su familia.
El 6 de junio, fue devuelto a Estados Unidos para enfrentar cargos penales federales después de haber sido acusado formalmente de transportar ilegalmente a inmigrantes indocumentados mientras aún se encontraban en EE.UU..
Estudiantes
Los extranjeros que participan en protestas políticas también se encuentran en en el punto de mira de la administración Trump, a pesar de que algunos tienen residencia permanente o visas de estudiante válidas.
Anthony Enriquez, abogado en la organización Robert F Kennedy Human Rights, le dijo a la BBC que había “cada vez más” titulares de permisos de residencia detenidos desde que Trump regresó a la presidencia.
“Las autoridades de inmigración se sienten facultadas para realizar detenciones que legalmente no les están permitidas”, afirmó.
A más de mil 600 estudiantes internacionales se les han revocado las visas por diferentes motivos, según Nafsa, una organización que se centra en la educación internacional.
Muchos de los arrestos se producen en el marco de la ofensiva de la Casa Blanca contra lo que percibe como “antisemitismo” en los campus estadounidenses, incluida la detención de Mahmoud Khalil, una figura prominente durante las protestas contra la guerra de Gaza en la Universidad de Columbia el año pasado.
Khalil, de 30 años, tiene un permiso de residencia y ha estado luchando para detener su deportación en los tribunales.
Rumeysa Ozturk, estudiante de la Universidad Tufts, también pasó seis semanas bajo custodia antes de ser liberada.
La universidad dijo más tarde que le habían dicho que a Ozturk, quien había participado en protestas propalestinas, le habían revocado la visa de estudiante. Ella continúa luchando contra su deportación en los tribunales.
Aunque estos casos han sido objeto de fuertes críticas, ICE ha justificado algunos de los arrestos diciendo que los estudiantes participaron en actividades “alineadas” con el grupo palestino Hamás.
“Una visa es un privilegio, no un derecho”, dijo la portavoz de Seguridad Nacional de EU, Tricia McLaughlin, en una publicación en X.
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