El costo del olvido: 124 policías asesinados en solo tres meses
El pasado lunes concluyó el primer trimestre del año, un inicio marcado por importantes olas de violencia en entidades como Sinaloa, Guerrero, Guanajuato y Chiapas. Una expresión particularmente alarmante de esta violencia ha sido el asesinato de elementos de las policías. En los primeros tres meses de 2025, Causa en Común ha registrado 124 policías asesinados, siendo los estados con más casos Guanajuato (17), Sinaloa (16), Guerrero y Michoacán (10 cada uno), y el Estado de México, Jalisco y Tabasco (8 cada uno).
El asesinato de policías continúa siendo una constante en este 2025, con un promedio incluso mayor al de 2024, alcanzando 1.44 casos diarios. Si se consideran los datos a partir del 1 de octubre —inicio del actual gobierno federal—, el número de policías asesinados ya asciende a 218 casos. Este incremento confirma una tendencia persistente que, lejos de contenerse, parece agravarse con el tiempo.
Este fenómeno no es nuevo. Desde hace más de una década, los elementos de seguridad han sido blanco recurrente de la violencia en regiones donde el crimen organizado mantiene fuerte presencia. No obstante, el hecho de que esta violencia se mantenga y crezca, independientemente del discurso o la administración en turno, evidencia la falta de voluntad y capacidad institucional para revertirla.
El análisis del nivel de gobierno al que pertenecían los elementos asesinados refleja una constante que se ha mantenido desde el inicio del proceso de militarización de la seguridad pública. Del total de policías asesinados, el 72 % pertenecía a corporaciones municipales, el 22 % a cuerpos estatales, y solo el 6 % a fuerzas federales. Esta disparidad ilustra cómo el debilitamiento de las instituciones locales de seguridad tiene consecuencias directas sobre la vida de los propios elementos y de la ciudadanía.
La falta de recursos y de voluntad política ha colocado a las policías en una situación de gran vulnerabilidad. Por un lado, se observa la ausencia de una estrategia de seguridad coordinada que atienda la violencia generalizada; por otro, el abandono institucional de las corporaciones a nivel local. A esto se suma el crecimiento de grupos delincuenciales que concentran cada vez más poder económico, territorial e incluso político. Esta combinación ha ubicado a las policías en una posición profundamente desigual en la lucha por la recuperación de la paz y la justicia y, en muchos casos, las ha dejado a merced del crimen organizado.
Estos asesinatos no solo representan una tragedia individual para las familias de las víctimas, sino también un golpe directo a las comunidades, que pierden referentes locales de autoridad y protección. La desconfianza ciudadana hacia las instituciones de seguridad se profundiza cuando los propios agentes son incapaces de protegerse a sí mismos. Esta pérdida de confianza impacta de forma directa en la legitimidad de las autoridades locales.
La violencia contra policías también afecta el funcionamiento mismo de las corporaciones. Disminuye la moral, reduce la presencia territorial, inhibe la denuncia y, en muchos casos, impulsa el repliegue o la renuncia de los propios elementos. En contextos donde se exige a las policías enfrentar al crimen con escasos recursos, su exposición a estos riesgos resulta aún más desproporcionada.
Este abandono no solo se refleja en las cifras de homicidios, sino también en expresiones concretas de inconformidad. Tan solo en lo que va de 2025 se han registrado 24 movilizaciones de cuerpos policiales en demanda de mejores condiciones laborales, de las cuales 10 han consistido en paros de labores y 12 en manifestaciones públicas. Desde el inicio del sexenio de la presidenta Claudia Sheinbaum se han documentado al menos 218 acciones de protesta protagonizadas por policías en distintos puntos del país. Estos datos reflejan un malestar estructural que va más allá de los eventos violentos y que tiene raíces en el abandono institucional, la precariedad operativa y la ausencia de mecanismos efectivos de interlocución entre las autoridades y sus corporaciones de seguridad.
A pesar de la gravedad del problema, no se tiene conocimiento de alguna política pública nacional orientada a prevenir, investigar o sancionar el asesinato de policías. Tampoco existen mecanismos de seguimiento que visibilicen este fenómeno desde el gobierno federal. Su exclusión del debate público y la falta de atención desde el Estado refuerzan la percepción de que los elementos policiacos son prescindibles, y que su muerte es una consecuencia colateral asumida.
Además de la prohibición de presentarse a cargos públicos, Marine Le Pen fue condenada a cuatro años de prisión, dos de los cuales serán suspendidos.
Marine Le Pen, líder del partido de extrema derecha Agrupación Nacional (RN) de Francia, fue declarada culpable de malversación de fondos europeos para financiar su partido.
El tribunal francés decidió inhabilitarla para ejercer cargos públicos durante cinco años, con efecto inmediato, lo que significa que no puede presentarse a las elecciones presidenciales francesas de 2027.
Además de la prohibición de presentarse a cargos públicos, Marine Le Pen fue condenada a cuatro años de prisión, dos de los cuales serán suspendidos.
Pero no se sabe si pasará tiempo en prisión o si tendrá otras restricciones, como el uso de un dispositivo electrónico.
Le Pen también recibió una multa de 100.000 euros (US$108.000).
Durante la lectura del veredicto, mientras el juez aún estaba dando los detalles de la sentencia, la líder de RN abandonó la sala.
El veredicto es un duro golpe para las ambiciones presidenciales de Le Pen, una política nacionalista y antiinmigrante que muchos veían como favorita en la carrera de 2027, a pesar de tres intentos fallidos anteriores.
El caso
El año pasado, la fiscalía declaró que el castigo para Le Pen no debería ser solo una multa de 300.000 euros (US$324.000) y una pena de prisión, sino también la inhabilitación para presentarse a cargos públicos durante cinco años.
Y lo más importante, el organismo afirmó que la inhabilitación debería entrar en vigor de inmediato y no suspenderse a la espera de la apelación que Le Pen previsiblemente presentaría si es declarada culpable.
Le Pen fue acusada, junto con más de 20 figuras importantes del partido, de contratar asistentes que trabajaban en asuntos del RN, y no para el Parlamento Europeo, que les pagaba.
Durante el juicio del año pasado, Le Pen negó haber cometido “la más mínima irregularidad”.
Hace un mes volvió a reiterar su inocencia: “No tengo absolutamente ninguna sensación de haber cometido la más mínima irregularidad o el más mínimo acto ilegal”.
Tanto ella como 24 miembros de su partido, incluidos nueve exdiputados del Parlamento Europeo y sus 12 asistentes parlamentarios, fueron declarados culpables de una vasta trama entre 2004 y 2016 para malversar fondos del Parlamento Europeo.
El llamado sistema de empleos falsos abarcó los contratos de asistentes tuvo una magnitud y duración sin precedentes, causando pérdidas de 4,5 millones de euros (US$4,8 millones) a los fondos públicos europeos.
Los asistentes pagados por el Parlamento Europeo deben trabajar directamente en asuntos parlamentarios de Estrasburgo, algo que, según los jueces, no había sido el caso.
¿Quién la reemplazará en 2027?
Le Pen se ha postulado a la presidencia de Francia en tres ocasiones. En dos de éstas llegó a la segunda vuelta contra Emmanuel Macron.
Posteriormente Agrupación Nacional se ubicó como el partido con mayor número de votos en el parlamento tras las elecciones parlamentarias anticipadas, convocadas por Macron, en 2024.
Muchos pensaban que Le Pen tendría en 2027 su mayor oportunidad de ganar la presidencia con una plataforma contra la inmigración.
El partido ahora tendrá que decidir quién la sustituirá en la próxima carrera presidencial francesa.
Algunos creen que Jordan Bardella, de 29 años, el joven presidente del partido y miembro del Parlamento Europeo sería la principal alternativa.
Pero aunque goza de popularidad entre los votantes, se considera que tiene poca experiencia política.
Tras conocer el veredicto Bardella escribió en X:
“No solo Marine Le Pen ha sido condenada injustamente: es la democracia francesa la que ha sido ejecutada”.
Le Pen podrá conservar su puesto actual como diputada del Parlamento francés por Pas-de-Calais, pero no podrá presentarse de nuevo a futuras elecciones parlamentarias mientras dure su inhabilitación para ejercer cargos públicos.
Análisis de Hugh Schofield, corresponal de la BBC en París
Tras unas horas de tensión, tenemos un veredicto y una sentencia definitivos, y es lo peor que Marine Le Pen podría haber esperado.
Su inhabilitación de cinco años es, por supuesto, un terremoto. Tiene enormes implicaciones para ella, su partido y la democracia francesa.
Para ser justos, no fue solo ella quien no esperaba este veredicto. Muchos comentaristas declararon que sería una parodia de la democracia si la política más popular del país no pudiera presentarse a las elecciones presidenciales.
Incluso los peores enemigos de Marine Le Pen, como el líder de extrema izquierda Jean-Luc Mélenchon y el primer ministro François Bayrou, dejaron claro que consideraban que una inhabilitación inmediata sería injusta e imprudente.
Pero ha sucedido. Y ahora Agrupación Nacional tendrá que empezar a pensar en un Plan B para 2027.
B como en Bardella.
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