En México, el año electoral 2023-2024 fue histórico por la cantidad de cargos a elegir. También porque hubo casi 8 mil renuncias y sustituciones de candidaturas federales y locales: más del 50 % fueron de mujeres (4 mil 461). El desagregado de motivos no permite tener suficiente detalle de las causas. A nivel federal, la principal razón fue “por así convenir a sus intereses” (113) y, a nivel local, “personal, particular y/o así convenir a sus intereses” (2 mil 428). Solo en este último sabemos que 17 mujeres renunciaron explícitamente por motivos de seguridad, y dos por violencia contra sus derechos político-electorales. Dado el alarmante nivel de violencia criminal electoral, con centenares de víctimas, es posible que algunas mujeres se retiraran de la contienda por razones de seguridad, sin decirlo, para proteger su integridad.
La protección de personas candidatas fue liderada por el Instituto Nacional Electoral (INE) para cargos federales y por los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLES) para cargos locales. Ellos presidían las Mesas de Seguridad Interinstitucional, espacios que reunían a autoridades de diferentes ámbitos para discutir y planear acciones relacionadas con la protección y salvaguarda del proceso electoral y de las personas candidatas.
Una de las estrategias implementadas fue el Mecanismo de Protección a Personas Candidatas. A nivel federal, el INE recibía solicitudes de protección y las comunicaba a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, que aplicaba un análisis y evaluación de riesgos. Dependiendo del resultado, se determinaba si las medidas procedían y, en ese caso, en qué condiciones. A nivel local, los OPLES debían coordinar sus propias estrategias de protección, las cuales fueron determinadas libremente por sus autoridades. Por ejemplo, Nuevo León tuvo un mecanismo cuyo nivel de riesgo más bajo era atendido por autoridades municipales, y los demás, por Fuerza Civil. En casos de emergencia, las personas candidatas podían incluso resguardarse en sus cuarteles. En cambio, en la CDMX el OPLE firmó un acuerdo con la Secretaría de Seguridad para activar rutas de apoyo y protección, según lo solicitaran. Como en estos casos, cada estado determinó sus modelos, lo que resultó en una amplia variedad de políticas de seguridad a lo largo del país.
Un segundo mecanismo centrado en mujeres fue el Programa Piloto de Servicios de Primeros Auxilios de la Unidad Técnica de Igualdad de Género y No Discriminación (UTIGyND). Este consiste en dar atención psicológica y orientación, asesoría y acompañamiento jurídico a las candidatas federales en situación de violencia. Dada la necesidad de apoyo y acompañamiento a nivel local, el programa se extendió a las candidatas locales. Estos servicios, vigentes hasta octubre 2024, se activan cuando la candidata pide apoyo directamente. Hasta junio de 2024, la UTIGyND recibió 37 solicitudes de atención: 12 peticiones de diversa índole por parte de autoridades y 25 de atención directa (5 federales y 18 locales). La mayor parte de los servicios brindados fueron jurídicos (62 %), seguidos de psicológicos (33 %) y de canalización con otras autoridades (5 %).
Finalmente, un tercer mecanismo de atención fue la instalación de la Defensoría Pública Electoral Especializada en la Atención de Asuntos de Violencia Política en Razón de Género. Con ella, se brindan servicios de representación jurídica en asuntos federales y locales de paridad y violencia política. Además, también se da orientación en los casos en que se solicite. Para obtener dichos servicios, es necesario que la mujer afectada se presente en las oficinas o que se comunique por correo electrónico o teléfono. Hasta este momento, no se cuenta con información sobre el número de casos atendidos, jurisdicción o servicios provistos.
A pesar del esfuerzo de las autoridades correspondientes para atender y acompañar a las mujeres en la política, las estrategias de protección no resultaron infalibles, como lo demuestran las miles de renuncias y sustituciones o los centenares de víctimas de agresiones físicas y digitales. Esto evidencia la necesidad urgente de revisar y fortalecer los mecanismos implementados para garantizar una protección efectiva de las mujeres candidatas y de las electas. Los aprendizajes de estos mecanismos son varios. A partir del acompañamiento en seguridad que Aúna dio a sus candidatas, a continuación se ofrecen algunas lecciones que, desde nuestra perspectiva, son de las más importantes:
En México, la violencia criminal electoral amenaza los derechos fundamentales de las mujeres candidatas y su participación democrática. A medida que luchan por ocupar espacios de poder y representación, también enfrentan obstáculos que desafían su integridad y seguridad personal, lo que puede orillarlas a abandonar la contienda electoral. A la luz de las elecciones en 2024, es necesario reflexionar sobre los resultados que ha alcanzado la paridad y las consecuencias no previstas que ha provocado para las mujeres, sobre todo si las ponemos al frente pero las dejamos solas, sin políticas de acompañamiento útiles e integrales.
Además, necesitamos entender la efectividad de los mecanismos institucionales puestos en marcha. ¿Qué indicadores utilizan las autoridades para medir el efecto de sus estrategias? ¿Qué resultados reales arrojan estas políticas? La información permitirá entender, con mayor claridad, cuáles fueron las estrategias exitosas y reflexionar sobre errores por corregir y los retos pendientes. En conjunto, este ejercicio resultaría en la incorporación de insumos valiosos para mejorar las estrategias de atención, protección y acompañamiento de las mujeres en la política.
Para mejorar estos mecanismos, no necesitamos empezar desde cero: es fundamental reconocer el valor de preservar y fortalecer aquello que ya tenemos, como el Mecanismo de Protección a Personas Candidatas de la SSPyC, el Programa Piloto de Servicios de Primeros Auxilios del INE y la Defensoría Pública Electoral Especializada en la Atención de Asuntos de Violencia Política en Razón de Género del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPFJ). Estos mecanismos son relevantes porque, con la experiencia acumulada, hay aprendizajes valiosos para avanzar, de manera más efectiva, en la protección y el acompañamiento de las mujeres en la política. No es necesario inventar el hilo negro: mejoremos lo que ya existe y potenciémoslo a la luz de la retroalimentación obtenida.
La mejora continua de estas iniciativas —especialmente de las que incorporan una perspectiva de género e interseccionalidad, como el Programa Piloto— es clave para enfrentar los desafíos que las mujeres encuentran en la arena política. La coordinación interinstitucional entre las autoridades es igualmente esencial, pues facilita una respuesta más expedita y eficiente frente a estas violencias. Aprovechar y perfeccionar lo que ya existe permitirá responder mejor a las necesidades actuales, y anticipar y mitigar futuros riesgos. Forjemos un futuro en el que la participación política de las mujeres se desarrolle en un ambiente de respeto, donde su integridad sea siempre nuestra prioridad.
* Claudia Cote es coordinadora de seguridad en Aúna. Su experiencia profesional se ha desarrollado en seguridad en contextos hostiles con un enfoque de seguridad humana interseccional y justicia social. Ha trabajado en cooperación internacional y sociedad civil, en América Latina y África. Es politóloga y administradora pública por El Colegio de México y maestra en Políticas Públicas por la Universidad de Warwick, con una especialidad en seguridad física y género en contextos frágiles.
A pesar de la solicitud del papa Francisco de que sea una ceremonia sencilla, el evento es la despedida de un jefe de Estado y del líder de millones de fieles alrededor del mundo.
El funeral del papa Francisco será más sencillo que los de los pontífices anteriores, según las instrucciones que él mismo dejó.
Pero al ser el acto funerario de un jefe de Estado y del líder de más de mil millones de católicos en todo el mundo, será igualmente un espectáculo repleto de ceremonia y tradición.
La muerte de Francisco ha hecho que viajen al Vaticano importantes figuras del mundo de la política y la cultura, así como miles de católicos que se quieren despedir del pontífice.
Los arzobispos y obispos comenzarán a reunirse a las 08:30 hora local en el Ala Constantino, un corredor adyacente a la Basílica de San Pedro.
Al mismo tiempo, los sacerdotes católicos se congregarán en la Plaza de San Pedro.
Media hora más tarde, a las 09:00 hora local, los patriarcas de la Iglesia Ortodoxa y los cardenales se congregarán en la Capilla de San Sebastián, dentro de la basílica, donde reposan los restos del papa Juan Pablo II.
Caminarán en procesión fúnebre acompañando el féretro del Papa, que ha pasado los últimos cuatro días en el centro de la Basílica de San Pedro.
El funeral comenzará a las 10:00, cuando el féretro sea depositado en la plaza frente a la Basílica de San Pedro. El servicio será presidido por el decano del Colegio Cardenalicio, el cardenal Giovanni Battista Re.
Los invitados y dignatarios se sentarán más cerca de la basílica y del ataúd, mientras que miles de otros clérigos y miembros del público se situarán dentro y alrededor de la Plaza de San Pedro, de una manera parecida a como ocurrió en el funeral del Papa Benedicto XVI que se muestra a continuación.
El servicio concluirá con oraciones por el papa Francisco y una última oración de cierre en la que el Papa será encomendado formalmente a Dios.
Esto marca el inicio de un periodo de luto de nueve días llamado Novemdiales, en los que se celebra una misa diaria en memoria del difunto Papa.
Se espera la asistencia de al menos 250 mil personas al funeral, y hay unos 170 jefes de Estado o de gobierno en la lista de invitados.
El príncipe Guillermo representará al rey Carlos III, continuando el precedente establecido en 2005, cuando el entonces príncipe de Gales asistió al funeral del papa Juan Pablo II en representación de la reina Isabel II.
Otros jefes de Estado y miembros de la realeza han confirmado su asistencia, entre ellos el presidente estadounidense Donald Trump, el presidente francés Emmanuel Macron, los reyes Felipe VI y Letizia de España, y el presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva.
También habrá cientos de miembros del clero, y cada grupo tendrá un código de vestimenta específico para el servicio.
Para obispos y arzobispos, la vestimenta litúrgica para un funeral incluye el alba, una túnica blanca sujeta por un cordón tradicional llamado cíngulo; el amito, un paño corto de lino que cubre el cuello; y una casulla roja, una capa solemne, en honor al Papa. Finalmente, se ponen una sencilla mitra blanca de lino o seda sobre la cabeza.
Los cardenales visten ropas similares, pero se distinguen por sus mitras con un patrón de damasco más ornamentado, que parecen de color crema en lugar de blanco.
Los sacerdotes visten vestimentas más sencillas y un pañuelo largo sobre su túnica llamado estola roja.
Los líderes o patriarcas de las iglesias ortodoxas usarán su propio estilo de mitras, una capa llamada sakkos y una tela ornamentada llamada omoforion, en colores de acuerdo con sus tradiciones específicas.
Tras el servicio, el cuerpo de Francisco, vestido con una casulla roja y una mitra papal de damasco y oro, será trasladado a la Basílica de Santa María la Mayor en Roma para su entierro. Se convertirá en el primer Papa desde León XIII, quien murió en 1903, en ser enterrado fuera del Vaticano.
Tradicionalmente, los restos del Papa se depositaban la víspera del funeral en tres ataúdes anidados, hechos de ciprés, plomo y roble.
El ataúd de ciprés simbolizaba la humildad y la mortalidad; el ataúd exterior de roble, un signo de dignidad y fortaleza; y el ataúd de plomo, soldado para preservar los restos y evitar su manipulación.
Sin embargo, el año pasado, el papa Francisco solicitó que se le enterrara en un ataúd de madera más sencillo con interior de zinc.
Este es el ataúd que se verá en el funeral.
Según monseñor Diego Ravelli, maestro de ceremonias litúrgicas del Vaticano, esta petición subraya “aún más que las exequias del Romano Pontífice son las de un pastor y discípulo de Cristo y no las de un poderoso de este mundo”.
El papa Francisco era jesuita, una orden religiosa católica de sacerdotes conocida por su dedicación a la educación y la labor misionera.
También era devoto de la Virgen María, por lo que eligió ser enterrado en Santa María la Mayor, ubicada fuera del Vaticano, en el centro de Roma.
La iglesia alberga la Salus Populi Romani, un icono bizantino de la Virgen, que se cree fue realizado por San Lucas Evangelista y utilizado por órdenes jesuitas de todo el mundo.
En su testamento, escrito en 2022, el Papa Francisco declaró: “A lo largo de mi vida, y durante mi ministerio como sacerdote y obispo, siempre me he encomendado a la Madre de Nuestro Señor, la Santísima Virgen María”.
“Deseo que mi último viaje terrenal culmine precisamente en este antiguo santuario mariano, donde siempre me detenía a orar al principio y al final de cada Viaje Apostólico, confiando con confianza mis intenciones a la Inmaculada Madre y agradeciendo su tierno y maternal cuidado”, escribió.
En su primer día como Papa, en 2013, Francisco salió del Vaticano para rezar en Santa María la Mayor.
Siete papas están enterrados en la misma basílica en tumbas ornamentadas; sin embargo, el pontífice argentino pidió que su tumba estuviera en la nave lateral, entre la Capilla Paulina (Capilla de la Salus Populi Romani) y la Capilla Sforza, cerca de la estatua conocida como María Regina Pacis (María, Reina de la Paz).
“Cerca de esa Reina de la Paz, a quien siempre he recurrido en busca de ayuda y cuyo abrazo he buscado más de cien veces durante mi pontificado”, explicó Francisco en su testamento.
El Papa también pidió que su tumba estuviera en el suelo, sencilla y con solo la inscripción “Franciscus”, la versión latina de su nombre elegido.
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