Resiliencia electoral 2024: reflexiones sobre los mecanismos institucionales para salvaguardar a las mujeres en la política
En México, el año electoral 2023-2024 fue histórico por la cantidad de cargos a elegir. También porque hubo casi 8 mil renuncias y sustituciones de candidaturas federales y locales: más del 50 % fueron de mujeres (4 mil 461). El desagregado de motivos no permite tener suficiente detalle de las causas. A nivel federal, la principal razón fue “por así convenir a sus intereses” (113) y, a nivel local, “personal, particular y/o así convenir a sus intereses” (2 mil 428). Solo en este último sabemos que 17 mujeres renunciaron explícitamente por motivos de seguridad, y dos por violencia contra sus derechos político-electorales. Dado el alarmante nivel de violencia criminal electoral, con centenares de víctimas, es posible que algunas mujeres se retiraran de la contienda por razones de seguridad, sin decirlo, para proteger su integridad.
La protección de personas candidatas fue liderada por el Instituto Nacional Electoral (INE) para cargos federales y por los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLES) para cargos locales. Ellos presidían las Mesas de Seguridad Interinstitucional, espacios que reunían a autoridades de diferentes ámbitos para discutir y planear acciones relacionadas con la protección y salvaguarda del proceso electoral y de las personas candidatas.
Una de las estrategias implementadas fue el Mecanismo de Protección a Personas Candidatas. A nivel federal, el INE recibía solicitudes de protección y las comunicaba a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, que aplicaba un análisis y evaluación de riesgos. Dependiendo del resultado, se determinaba si las medidas procedían y, en ese caso, en qué condiciones. A nivel local, los OPLES debían coordinar sus propias estrategias de protección, las cuales fueron determinadas libremente por sus autoridades. Por ejemplo, Nuevo León tuvo un mecanismo cuyo nivel de riesgo más bajo era atendido por autoridades municipales, y los demás, por Fuerza Civil. En casos de emergencia, las personas candidatas podían incluso resguardarse en sus cuarteles. En cambio, en la CDMX el OPLE firmó un acuerdo con la Secretaría de Seguridad para activar rutas de apoyo y protección, según lo solicitaran. Como en estos casos, cada estado determinó sus modelos, lo que resultó en una amplia variedad de políticas de seguridad a lo largo del país.
Un segundo mecanismo centrado en mujeres fue el Programa Piloto de Servicios de Primeros Auxilios de la Unidad Técnica de Igualdad de Género y No Discriminación (UTIGyND). Este consiste en dar atención psicológica y orientación, asesoría y acompañamiento jurídico a las candidatas federales en situación de violencia. Dada la necesidad de apoyo y acompañamiento a nivel local, el programa se extendió a las candidatas locales. Estos servicios, vigentes hasta octubre 2024, se activan cuando la candidata pide apoyo directamente. Hasta junio de 2024, la UTIGyND recibió 37 solicitudes de atención: 12 peticiones de diversa índole por parte de autoridades y 25 de atención directa (5 federales y 18 locales). La mayor parte de los servicios brindados fueron jurídicos (62 %), seguidos de psicológicos (33 %) y de canalización con otras autoridades (5 %).
Finalmente, un tercer mecanismo de atención fue la instalación de la Defensoría Pública Electoral Especializada en la Atención de Asuntos de Violencia Política en Razón de Género. Con ella, se brindan servicios de representación jurídica en asuntos federales y locales de paridad y violencia política. Además, también se da orientación en los casos en que se solicite. Para obtener dichos servicios, es necesario que la mujer afectada se presente en las oficinas o que se comunique por correo electrónico o teléfono. Hasta este momento, no se cuenta con información sobre el número de casos atendidos, jurisdicción o servicios provistos.
A pesar del esfuerzo de las autoridades correspondientes para atender y acompañar a las mujeres en la política, las estrategias de protección no resultaron infalibles, como lo demuestran las miles de renuncias y sustituciones o los centenares de víctimas de agresiones físicas y digitales. Esto evidencia la necesidad urgente de revisar y fortalecer los mecanismos implementados para garantizar una protección efectiva de las mujeres candidatas y de las electas. Los aprendizajes de estos mecanismos son varios. A partir del acompañamiento en seguridad que Aúna dio a sus candidatas, a continuación se ofrecen algunas lecciones que, desde nuestra perspectiva, son de las más importantes:
- Los mecanismos de atención, protección y acompañamiento deben ser permanentes. La violencia contra las mujeres se presenta a lo largo de su participación en la política ―antes, durante y después del año electoral― y se prolonga durante el ejercicio de su cargo. Sólo mediante políticas integrales y permanentes podremos asegurar que las mujeres en la política desempeñen sus funciones con la dignidad y el respeto debidos.
- La publicación y publicidad de los mecanismos institucionales fue tardía: entre abril y mayo de 2024, cuando ellas ya estaban en campaña. Esto dificultó que las candidatas conocieran los servicios disponibles y los medios para su activación al estar concentradas en las prioridades de su campaña.
- Los procesos operativos para solicitar el Mecanismo de Protección no eran claros. Las autoridades no señalaron de manera pública y explícita cómo iniciar el proceso ni ante qué unidad o departamento. Además, a nivel federal los partidos debían hacer la solicitud en nombre de sus candidatas, lo que es absurdo en el contexto mexicano, ya que son ellos quienes más suelen violentar a las mujeres en la política.
- Las elecciones a nivel local presentaron grandes retos de seguridad. Al haber modelos diferenciados por entidad federativa, sin información expedita ni fácilmente accesible, las mujeres candidatas frecuentemente desconocían qué situaciones calificaban como alarmantes, a quién solicitar mecanismos de protección o a dónde acudir en caso de emergencia.
- Las mujeres radicadas en la ruralidad o en municipios no metropolitanos se enfrentaron al desconocimiento y falta de perspectiva de género de las autoridades cuando solicitaron acciones de emergencia. Por ejemplo, se les requería trasladarse a la capital para levantar su denuncia o se consideraba que sus casos no eran lo suficientemente relevantes. Esto derivó en su revictimización o en la negación de atención o protección, lo que erosionaba, aún más, la confianza en las instituciones y autoridades locales.
- Las mujeres preferían no denunciar ni pedir apoyo institucional, y optaron por idear sus propias estrategias de cuidados y protección ante los niveles de violencia, en vista del desconocimiento, omisión, colusión o revictimización por parte de las autoridades, sobre todo locales.
En México, la violencia criminal electoral amenaza los derechos fundamentales de las mujeres candidatas y su participación democrática. A medida que luchan por ocupar espacios de poder y representación, también enfrentan obstáculos que desafían su integridad y seguridad personal, lo que puede orillarlas a abandonar la contienda electoral. A la luz de las elecciones en 2024, es necesario reflexionar sobre los resultados que ha alcanzado la paridad y las consecuencias no previstas que ha provocado para las mujeres, sobre todo si las ponemos al frente pero las dejamos solas, sin políticas de acompañamiento útiles e integrales.
Además, necesitamos entender la efectividad de los mecanismos institucionales puestos en marcha. ¿Qué indicadores utilizan las autoridades para medir el efecto de sus estrategias? ¿Qué resultados reales arrojan estas políticas? La información permitirá entender, con mayor claridad, cuáles fueron las estrategias exitosas y reflexionar sobre errores por corregir y los retos pendientes. En conjunto, este ejercicio resultaría en la incorporación de insumos valiosos para mejorar las estrategias de atención, protección y acompañamiento de las mujeres en la política.
Para mejorar estos mecanismos, no necesitamos empezar desde cero: es fundamental reconocer el valor de preservar y fortalecer aquello que ya tenemos, como el Mecanismo de Protección a Personas Candidatas de la SSPyC, el Programa Piloto de Servicios de Primeros Auxilios del INE y la Defensoría Pública Electoral Especializada en la Atención de Asuntos de Violencia Política en Razón de Género del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPFJ). Estos mecanismos son relevantes porque, con la experiencia acumulada, hay aprendizajes valiosos para avanzar, de manera más efectiva, en la protección y el acompañamiento de las mujeres en la política. No es necesario inventar el hilo negro: mejoremos lo que ya existe y potenciémoslo a la luz de la retroalimentación obtenida.
La mejora continua de estas iniciativas —especialmente de las que incorporan una perspectiva de género e interseccionalidad, como el Programa Piloto— es clave para enfrentar los desafíos que las mujeres encuentran en la arena política. La coordinación interinstitucional entre las autoridades es igualmente esencial, pues facilita una respuesta más expedita y eficiente frente a estas violencias. Aprovechar y perfeccionar lo que ya existe permitirá responder mejor a las necesidades actuales, y anticipar y mitigar futuros riesgos. Forjemos un futuro en el que la participación política de las mujeres se desarrolle en un ambiente de respeto, donde su integridad sea siempre nuestra prioridad.
* Claudia Cote es coordinadora de seguridad en Aúna. Su experiencia profesional se ha desarrollado en seguridad en contextos hostiles con un enfoque de seguridad humana interseccional y justicia social. Ha trabajado en cooperación internacional y sociedad civil, en América Latina y África. Es politóloga y administradora pública por El Colegio de México y maestra en Políticas Públicas por la Universidad de Warwick, con una especialidad en seguridad física y género en contextos frágiles.
“Es un enfoque integral, que combina incentivos financieros con educación pública y regulaciones estrictas”, le dice un experto surcoreano a BBC Mundo.
“Estoy acostumbrada. Para mí es un hábito”.
Yuna Ku es periodista del Servicio Coreano de la BBC y vive en Seúl. La joven paga por reciclar sus restos de comida, que coloca en máquinas con sensores ubicadas en distintos puntos del complejo de 2.000 apartamentos donde reside.
El reciclaje de residuos de alimentos en Corea del Sur puede parecer complejo a primera vista, pero ha transformado al país en un ejemplo para otras naciones.
Jae-Cheol Jang es profesor del Instituto de Agricultura de la Universidad Nacional de Gyeongsang, en el sur del país, y es coautor de un reciente estudio sobre el sistema coreano de reciclar residuos alimentarios.
“Según los datos más recientes que tenemos del Sistema Nacional de Manejo de Residuos, de 2022, en Corea del Sur se procesan cada año cerca de 4,56 millones de toneladas de restos de alimentos (de hogares, restaurantes y negocios menores)”, le dice Jang a BBC Mundo.
“De esa cantidad, 4,44 millones de toneladas son recicladas para otros usos. Eso significa que se recicla en torno al 97,5 % de los residuos de comida“.
El porcentaje es extraordinario.
Si lo comparamos con el caso de Estados Unidos, por ejemplo, la Agencia Ambiental de ese país estima que de los 66 millones de toneladas de residuos de comida generados en 2019 por restaurantes, hogares y supermercados, cerca del 60 % acabó en vertederos.
Naciones Unidas calcula que en 2019 el desperdicio de alimentos en viviendas, establecimientos de venta al por menor y restaurantes ascendió a nivel global a 931 millones de toneladas.
Y destaca este problema cada 29 de septiembre en el Día Internacional de Concienciación sobre la Pérdida (en la cadena de producción) y el Desperdicio (en hogares y restaurantes) de Alimentos.
¿Cómo logra Corea del Sur reciclar sus residuos alimentarios en forma tan eficiente? ¿Y qué pueden aprender otros países?
Campañas y protestas
El sistema coreano es fruto de un esfuerzo de décadas.
En 1996 Corea del Sur reciclaba solo el 2,6 % de sus residuos de alimentos, pero esto cambió durante la rápida transformación de la economía que venía de los años 80.
“La década de los 80 fue un período fundamental para el desarrollo económico de Corea del Sur”, señala el profesor Jang.
“Con la industrialización y urbanización también surgieron problemas sociales, y uno de ellos fue el manejo de residuos“.
Corea del Sur, un país de más de 50 millones de habitantes, también tiene una alta densidad de población, de más de 530 personas por km cuadrado.
En Perú, por ejemplo, la densidad es menor de 30 habitantes por km cuadrado.
Los cambios económicos en Corea del Sur significaron un aumento de vertederos, algunos cercanos a zonas pobladas, y esto generó protestas.
Los restos de comida mezclados con otros tipos de basura no solo causan mal olor y producen efluentes líquidos, sino que contribuyen al cambio climático.
Los residuos de alimentos, cuando se descomponen, son una fuente de metano, un gas de efecto invernadero aún más potente que el dióxido de carbono.
Campañas ciudadanas exigieron una respuesta al problema de los vertederos.
“Había un fuerte sentido de comunidad destinado a abordar los problemas sociales juntos, y las políticas de gestión de residuos del gobierno combinadas con esfuerzos a nivel nacional nos llevaron a donde estamos hoy”, afirma Jang.
En 1995 se aprobó un sistema de pago por el volumen de residuos generado, sin separar aún restos alimentarios de la basura en general.
En 2005 se prohibió por ley tirar restos de comida en vertederos. Y en 2013 se implementó el actual sistema de Pago por Peso de Residuos de Comida, Weight Based Food Waste Fee o Wbfwf por sus siglas en inglés.
El sistema sigue evolucionando a medida que avanza la tecnología, pero se basa en un principio básico: “debes pagar cada vez que tiras tus restos de comida“.
Bolsas, calcomanías y radiofrecuencia: qué se hace en la práctica
El sistema de pago por residuos de alimentos varía según la región o distrito, e incluso entre diferentes bloques de apartamentos.
Pero en general hay tres opciones.
1. Comprar bolsas autorizadas
En caso de usar bolsas para tirar restos de comida, es obligatorio hacerlo en las bolsas autorizadas.
“En el caso de mis padres, que viven en una casa, ellos compran las bolsas y cuando están llenas las colocan en el jardín por el olor. Las bolsas son recogidas una vez por semana por el servicio municipal”, le dice Yuna a BBC Mundo.
Hay bolsas de distintos tamaños. Una de tres litros cuesta 300 won surcoreanos, unos 20 centavos de dólar. Una de 20 litros cuesta US$1,5.
2. Comprar calcomanías
Los negocios de comida suelen usar calcomanías o stickers que deben comprar previamente. Las calcomanías necesarias son luego colocadas en cada recipiente de residuos según el peso.
Los restos de comida sin consumir en casas y restaurantes pueden ser considerables en Corea del Sur debido a una tradición culinaria del país, el banchan, una gran variedad de platillos que acompañan al plato principal.
3. Usar máquinas con identificación por radiofrecuencia
Hasta junio de este año Yuna compraba bolsas, pero su bloque de apartamentos pasó a un sistema automatizado.
La joven coloca sus residuos en máquinas con identificación por radiofrecuencia, RFID por sus siglas en inglés, que permite la transmisión de datos por ondas de radio a un centro remoto.
“Cada día pongo los residuos en un pequeño recipiente de acero. Y cada tanto lo llevo hasta la máquina, que está cerrada. La máquina se abre cuando coloco mi dirección, o la toco con una de las tarjetas que me dieron al mudarme aquí y que identifican cada apartamento”.
La máquina automáticamente pesa los residuos de comida. En algunos casos el costo es deducido en ese momento de la tarjeta de crédito del usuario. En otros, como en el caso de Yuna, la máquina computa cada uso y el costo se agrega a la factura mensual de servicios públicos como el agua.
“Lo que pagas por mes depende de cuántos residuos tiras”.
La joven, que vive sola, paga por tirar sus residuos de comida menos de US$5 al mes.
“Siento que las máquinas con RFID son más intuitivas que las bolsas”, dice Yuna.
“Personalmente creo que este sistema hace que la gente sea más cuidadosa con sus desperdicios, porque ves el peso exacto cada vez que los tiras“.
Además de las máquinas en edificios de apartamentos, en algunos distritos hay camiones equipados con RFID que pesan los recipientes grandes al recolectarlos y calculan el costo.
Las multas
Yuna señala que en general la población cumple con el sistema de reciclaje, que además de reglamentos para restos de comida, incluye normas y recipientes diferentes para aluminio, plástico, papel y otros materiales.
Si alguien bota residuos de comida en forma no autorizada debe pagar multas. La infracción puede verificarse en el caso de negocios por la baja cantidad de residuos computados, o por cámaras de seguridad.
“En mi edificio hubo una advertencia, por ejemplo, con este mensaje: ‘recientemente alguien tiró residuos de alimentos en forma no permitida. Tenemos cámaras de seguridad y estamos observándote. Así que si sigues haciendo esto deberás pagar una multa'”.
En el caso de los hogares las multas pueden superar los US$70, dependiendo de la frecuencia de la infracción.
En el caso de empresas, dice Jang, las multas pueden superar 10 millones de won surcoreanos, que equivalen a más de US$7.000.
Qué se hace con los residuos
Los restos se reciclan con diferentes fines.
Los principales usos según datos de 2022 son ración para animales (49 %), abono (25 %) y producción de biogás (14 %), explica Jang.
El sistema de reciclaje en Corea del Sur aún enfrenta desafíos.
Uno de ellos es el posible riesgo para la salud animal, ya que las raciones con restos de comida no procesados correctamente pueden transmitir enfermedades.
“Actualmente en la mayoría de los países industrializados se prohíbe o limita el uso de restos de comida en raciones para animales”, le dice a BBC Mundo Rosa Rolle, experta en pérdida y desperdicios de alimentos de la FAO.
En 2019 varios países asiáticos incluyendo Corea del Sur padecieron un grave brote de fiebre porcina africana, una enfermedad viral letal que causa fiebre hemorrágica en cerdos.
El brote llevó a que el gobierno surcoreano prohibiera temporalmente en granjas porcinas el uso de raciones elaboradas a partir de restos de alimentos.
Rolle aclara, sin embargo, que “hay estudios según los cuales, si se usan los métodos correctos de procesamiento, las raciones elaboradas a partir de restos de alimentos son seguras…La industria porcina en Corea del Sur no se ha visto afectada negativamente por el uso de estas raciones”.
Jang afirma que Corea del Sur tiene un sistema estrictamente regulado de procesamiento de residuos de comida para raciones animales a través de métodos como el calentamiento y la fermentación.
Otros desafíos del reciclaje en Corea del Sur son el alto contenido de sal de las comidas típicas (el exceso de sal puede ser nocivo para los animales) y la necesidad de mejorar la tecnología para hacer más eficiente la producción de biogás.
Las lecciones de Corea del Sur
Un secreto del éxito del sistema coreano es que tiene numerosos pilares, como el pago por peso de residuos, las multas, y las campañas frecuentes que enseñan cómo separar residuos y el impacto ambiental de no hacerlo.
“Es un enfoque integral, que combina incentivos financieros con educación pública y regulaciones estrictas“, le explica el profesor Jang a BBC Mundo.
“El sistema ha demostrado ser eficaz para reducir el desperdicio de alimentos y podría servir como un modelo valioso para otros países que buscan mejorar su propio sistema de gestión de residuos”.
Otro factor clave es la aceptación por parte de la población.
“En general, los coreanos tienden a cumplir las reglas y tienen un fuerte estándar moral”, dice Yuna.
“Claro que no todos, pero en general. Y además, comparado con el salario promedio en Corea del Sur, el costo mensual de reciclar tus restos de comida no es tan alto”.
El ingreso neto mensual promedio en Corea del Sur es superior a los US$2000.
¿Funcionaría un sistema de “paga por tus restos de comida” en países con ingresos mucho menores?
Rosa Rolle señala que políticas como la surcoreana son muy eficaces para sensibilizar a los consumidores sobre sus hábitos de eliminación de residuos, cambiar comportamientos y promover el reciclaje.
Pero agrega que en países con inseguridad alimentaria, como es el caso de naciones en Latinoamérica, el énfasis debería ponerse en maximizar el uso de los alimentos mediante reducción de pérdidas y donación de alimentos, entre otras medidas.
Los sistemas de cada país “deben basarse en datos sólidos y una comprensión de dónde, por qué y en qué cantidad se producen la pérdida y desperdicio de alimentos. Las soluciones deben basarse en la evidencia científica y ser apropiadas al contexto“.
Para la experta de la FAO, “no hay una talla única que sirva para todos”.
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