Vapeadores: la regulación que llegó incompleta
La nueva regulación de los cigarrillos electrónicos y vapeadores ya fue aprobada por la Cámara de Diputados y por el Senado de la República, por lo que actualmente sólo está pendiente su promulgación y publicación por parte del Poder Ejecutivo.
Esta reforma a la Ley General de Salud establece que cualquier persona que participe en la compra, fabricación, importación, venta, distribución o almacenamiento de vapeadores (o cualquier dispositivo similar) puede ir a la cárcel de uno a ocho años. Dicho de otra forma, se castiga desde quien los fabrica o trae al país, hasta quien los transporta para venderlos o los ofrece en una tienda.
En este texto se propone analizar la nueva regulación a la luz de un parámetro ya existente: la Ley General para el Control del Tabaco, concebida como un régimen de control sanitario integral. La comparación no busca equiparar productos distintos, sino contrastar estándares regulatorios y preguntarse si el enfoque adoptado para los vapeadores responde, realmente, a una lógica de protección de la salud pública.
¿Qué regulan las modificaciones a la Ley General de Salud?
Las modificaciones a la Ley General de Salud incorporan una definición amplia de los vapeadores y establecen un régimen de prohibición general. A partir de los artículos 282 Ter, 282 Quáter, 282 Quinquies y 456 Bis, la regulación se articula en cinco ejes principales.
1. Prohibición de venta y suministro
La reforma establece la prohibición total de la venta y el suministro de vapeadores en todo el territorio nacional. No se trata de una restricción parcial o condicionada, sino de una prohibición absoluta, sin excepciones previstas en la ley.
2. Restricción de comercialización y distribución
La prohibición se extiende a toda la cadena comercial. La ley impide su comercialización, distribución, almacenamiento y transporte cuando tengan fines comerciales, lo que en la práctica elimina cualquier forma de operación legal vinculada a estos productos.
3. Cierre a la importación y exportación
Las modificaciones también prohíben la importación y exportación de vapeadores, cerrando tanto su ingreso como su salida del país. Con ello, la regulación no solo actúa a nivel interno, sino que bloquea su circulación en el comercio internacional.
4. Facultades de verificación y control por parte de la autoridad sanitaria
El artículo 282 Quinquies faculta a la autoridad sanitaria para realizar actos de verificación, aplicar medidas de seguridad y disponer sanitariamente de estos productos.
5. Sanciones penales por la realización de conductas prohibidas
Finalmente, las adiciones a la Ley General de Salud también incorporan consecuencias de carácter penal. El artículo 465 Bis establece que cualquier persona que realice alguna de las conductas como la venta, suministro, comercialización, distribución, almacenamiento, transporte, importación o exportación de vapeadores con fines comerciales podrá ser sancionada con penas que van de uno a ocho años de prisión, además de una multa económica. Con ello, la reforma trasciende el ámbito administrativo-sanitario y convierte la realización de estas conductas en delitos castigados con cárcel.
La Ley General para el Control del Tabaco no se limita a prohibir conductas en la cadena de venta: construye un sistema de control sanitario con una finalidad clara. Su objeto es regular los productos del tabaco (incluida su importación) y proteger a la población de los efectos nocivos del consumo y de la exposición al humo. Desde el inicio la ley coloca en el centro la salud pública, el derecho de las personas no fumadoras y la reducción del consumo, especialmente entre menores de edad.
Este diseño no ha sido impenetrable: la industria tabacalera, de manera constate, ha bordeado la regulación.
El problema, entonces, no es que el enfoque sanitario sea inútil, sino que requiere normas claras, actualización permanente y vigilancia efectiva. Frente a ese contexto, una regulación débil o limitada al control comercial, no protege mejor la salud.
La prohibición de la cadena comercial de los vapeadores protege la salud solo de manera lateral, limitada y punitivista. Al concentrarse en erradicar el mercado, la regulación deja fuera una mirada integral de salud pública: no aborda el consumo, la exposición indirecta, la información a las personas usuarias ni la gestión de riesgos. Regular sanitariamente no es solo prohibir vender, sino asumir, desde la ley, la protección de la salud como eje central de la política pública.
* Eduardo Cadena Muñoz (@ekadenam) es coordinador de análisis jurídico en Di-Sentir (@Di_sentir).
Un maquinista murió y decenas de personas resultaron heridas en el accidente ocurrido en la línea de vía única que conduce a Machu Picchu.
Un maquinista murió y decenas de personas resultaron heridas en una colisión frontal de trenes cerca de Machu Picchu, la atracción turística más popular de Perú.
Dos trenes chocaron en la vía única que conduce a la antigua ciudad inca el martes, según un comunicado del gobierno local.
Según indicaron las autoridades, 20 ambulancias acudieron al lugar del accidente y los heridos fueron trasladados a centros médicos en la cercana ciudad de Cusco.
De acuerdo con el ministerio de Salud de Perú, los servicios de salud han atendido a 36 heridos, “la mayoría con traumatismos múltiples y contusiones”. Nueve de ellos, fueron dados de alta, mientras que 25 siguen recibiendo atención médica.
La embajada de Estados Unidos en Perú informó que había ciudadanos estadounidenses entre los heridos, pero la policía aún no ha confirmado la identidad de las personas involucradas en el incidente.
El presidente de Perú, José Jeri; el jefe del Gabinete Ministerial y los ministros de Comercio Exterior y Turismo y de Transportes y Comunicaciones se encuentran en Cusco para supervisar el operativo de atención tras el accidente.
El medio de comunicación local Peru21 informa que “cientos” de turistas permanecen en el lugar a la espera de ser evacuados, una operación que se ha visto “dificultada” por el terreno alrededor del lugar del accidente.
Al menos 20 de los heridos se encuentran en estado grave, según declaró un funcionario de salud a la agencia de noticias Reuters.
El acceso a Machu Picchu
La colisión ocurrió en la vía férrea que une la estación de Ollantaytambo con Aguas Calientes, la localidad más cercana a Machu Picchu. El trayecto entre ambas estaciones suele durar alrededor de 90 minutos.
Los dos trenes implicados en el accidente eran operados por PeruRail e Inca Rail, respectivamente.
“Lamentamos profundamente lo sucedido”, declaró PeruRail en un comunicado, añadiendo que su personal brindó “inmediatamente” primeros auxilios al maquinista, al conductor del tren y a los pasajeros afectados por el incidente.
Aún no se ha esclarecido la causa del accidente.
El incidente se produce en medio de una disputa en curso entre los proveedores de transporte al sitio declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco con las comunidades locales descontentas con lo que consideran un proceso de licitación poco transparente.
Los trenes y autobuses que transportan a los turistas a la antigua ciudad tienen precios elevados y pueden resultar muy lucrativos debido a su acceso limitado.
Construida en los Andes peruanos en el siglo XV, la ciudad inca de Machu Picchu es una de las Siete Maravillas del Mundo Moderno.
Los visitantes pueden llegar al sitio en tren y autobús, o realizar una caminata por el Camino Inca con un operador turístico autorizado.
En 2011, las autoridades implementaron un límite diario de visitantes para proteger y preservar el sitio, pero persisten las preocupaciones sobre el turismo masivo.
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