Matrimonio igualitario y prohibición de ECOSIG en Guanajuato, punto de partida, no de llegada
¡Dimos un enorme paso para cerrar una brecha que activistas, organizaciones civiles y colectivas reclamaron durante más de una década! El pasado 5 de diciembre, el Congreso de Guanajuato decidió votar y aprobar el matrimonio igualitario y la prohibición de las mal llamadas “terapias de conversión” o ECOSIG (Esfuerzos para Corregir la Orientación Sexual y la Identidad de Género).
La publicación de estas reformas en el Periódico Oficial del Estado representa el inicio (tardío) del pago de la deuda histórica que se tiene con las poblaciones de diversidad sexual y de género en Guanajuato. Ahora el sector público estatal y local enfrenta el enorme reto de adaptar códigos, reglamentos, procedimientos penales y administrativos, y al propio Registro Civil, para garantizar el ejercicio efectivo del matrimonio igualitario y sancionar a quienes practiquen ECOSIG.
El contexto guanajuatense, sin embargo, aún no es el más fácil para la implementación de políticas públicas en favor de la diversidad sexual y de género. Se necesita un trabajo colectivo, transversal, sistemático, coordinado y continuo, tanto en lo administrativo-jurídico como en lo social-político.
Veamos de ejemplo a las Unidades Municipales de Diversidad Sexual y de Género: su creación en los 46 municipios es obligatoria a partir Junio de 2024 con la entrada en vigor de la Ley para las Personas de la Diversidad Sexual y de Género del Estado de Guanajuato y sus Municipios. Hasta la fecha solo 20 de 46 municipios han nombrado una persona titular.
En la práctica, enfrentan obstáculos como falta de personal (solo un par de municipios cuentan con más de una persona trabajando en dichas unidades), presupuestos mínimos o nulos, renuncias y retrasos en los nombramientos de titulares, como sucede en León, o promesas incumplidas como en Salamanca.
¿Qué sigue para el matrimonio igualitario y la prohibición de las ECOSIG?
En los últimos meses, la Subsecretaría de Diversidad Sexual y de Género ha impulsado capacitaciones y sensibilizaciones al personal del Registro Civil, Salud y Seguridad Pública, así como diversas reuniones con organismos administrativos para garantizar cambios necesarios, como modificaciones a Actas. Sin embargo, estos esfuerzos deben acompañarse de lineamientos, procedimientos y mecanismos homologados de múltiples organismos públicos a nivel estatal y local.
La Ley para las Personas de la Diversidad Sexual y de Género del Estado de Guanajuato y sus Municipios reconoce en su artículo 3 los principios de transversalidad y progresividad, indispensables para la construcción de políticas públicas coordinadas, sostenidas y con enfoque de derechos. No obstante, el marco normativo presenta una debilidad central: no fija plazos de cumplimiento ni define acciones específicas para su implementación. Esta omisión abre espacios de discrecionalidad que pueden traducirse en retrasos o simulaciones institucionales. A ello se suma la ausencia de mecanismos claros de supervisión y evaluación, lo que dificulta medir avances, exigir responsabilidades y garantizar que los principios enunciados se traduzcan en resultados efectivos.
Esto deja un camino amplio para que el matrimonio igualitario sea negado u obstruido por voluntades municipales, capacitaciones sin efecto a largo plazo por cambio de personal o por falta de coordinación interinstitucional, dibujando un escenario de riesgos de revictimización en el proceso.
ECOSIG
Las llamadas Estrategias de Conversión Sexual y de Género (ECOSIG) se refieren a un conjunto de prácticas que buscan modificar, reprimir o “corregir” la orientación sexual, la identidad o la expresión de género de una persona. Estas prácticas parten de un supuesto falso: que la diversidad sexual y de género constituye una desviación que debe ser tratada o eliminada. La evidencia científica y los estándares internacionales en derechos humanos han sido consistentes en señalar que las ECOSIG carecen de sustento médico o psicológico y generan daños graves, incluidos ansiedad, depresión, ideación suicida y ruptura de vínculos familiares. Su existencia no solo reproduce estigmas y violencias estructurales, sino que obliga al estado de Guanajuato a sancionar efectivamente estas prácticas que vulneran la dignidad, la autonomía y el derecho al libre desarrollo de la personalidad.
El hecho de que el Código Penal para el Estado de Guanajuato contemple la prohibición de las ECOSIG, por sí solo no garantiza justicia. Su investigación y sanción requiere personal capacitado, procesos de actuación claros, medidas de protección, procesos accesibles de denuncia y acompañamiento. El desafío debe responder al vacío de procedimiento y pruebas: no existen aún mecanismos o antecedentes para identificar, investigar y sancionar las ECOSIG en Guanajuato.
Finalmente, la resistencia una fracción de la ciudadana fue rápida al externar su intención de interponer un amparo contra la prohibición de las ECOSIG. De suceder, podría generar retrasos judiciales dando pie a un periodo de incertidumbre y retraso jurídico. En este contexto añadiendo la falta de homologación de procesos, podría convertir este avance legislativo en algo simbólico, pero sin cambios reales.
Del texto legal al acceso real
Esta realidad nos orilla a reflexionar sobre los esfuerzos que faltan para responder a retos reales e invita a mirar más allá del entusiasmo por la aprobación de la reforma. ¿Cómo garantizar que una pareja de Xichú o una joven de Acámbaro pueda ejercer estos derechos sin enfrentar múltiples barreras institucionales y sociales?
La reforma es un punto de partida, no de llegada. Se avecina una vigilancia y participación constante de todas las colectivas, organizaciones, activistas y servidores públicos que luchan desde dentro del sistema con el mismo fin: convertir el texto legal en acceso real. Los próximos meses serán clave para aplicar una política pública robusta e integral.
Jake y Romy Reiner emitieron un comunicado en el que hablan de la muerte de sus padres, Rob y Michele, y de la acusación por el doble asesinato contra su hermano Nick.
Dos de los hijos del actor y director de cine Rob Reiner y su esposa Michele Singer Reiner, asesinados el domingo en Los Ángeles, rompieron su silencio tras el doble asesinato y la posterior acusación contra su hermano Nick.
Jake y Romy Reiner aseguraron en un comunicado este miércoles que están sufriendo un “dolor inimaginable” tras la “horrible y devastadora pérdida” en su familia.
Pidieron privacidad y respeto, y que “las especulaciones se moderen con compasión y humanidad”, sin abordar directamente la implicación de Nick Reiner.
“La horrible y devastadora pérdida de nuestros padres, Rob y Michele Reiner, es algo que nadie debería experimentar jamás“, dijeron Romy y Jake Reiner en un comunicado proporcionado a CBS News, cadena socia de la BBC. “No eran solo nuestros padres, eran nuestros mejores amigos”.
“Agradecemos las numerosas condolencias, muestras de amabilidad y apoyo que hemos recibido no solo de familiares y amigos, sino también de personas de todos los ámbitos”, añadieron.
Los hermanos también pidieron que se recuerde a sus padres “por las increíbles vidas que vivieron y el amor que dieron”.
Los representantes de la familia no respondieron inmediatamente a la solicitud de comentarios de la BBC.
Nick Reiner, de 32 años, compareció este miércoles ante el tribunal por primera vez y renunció a su derecho a declararse culpable o inocente de dos cargos de asesinato en primer grado.
Rob Reiner y su esposa fueron encontrados sin vida el domingo en su residencia en un exclusivo barrio del oeste de Los Ángeles. Pocas horas después, Nick Reiner fue detenido, siendo acusado este martes del parricidio.
El proceso contra el hijo
En la audiencia celebrada el miércoles en un tribunal del centro de Los Ángeles, la fiscalía y los abogados de Nick Reiner acordaron aplazar la comparecencia del acusado hasta el 7 de enero, fecha en la que volverá a tener la oportunidad de declarar.
Al hablar ante el tribunal, el joven solo respondió “Sí, señoría” cuando la jueza Theresa McGonigle le preguntó si entendía que tenía derecho a un juicio rápido.
McGonigle ordenó previamente a los medios de comunicación, que se habían reunido fuera del tribunal horas antes de la audiencia, que no filmaran al acusado, que vestía un uniforme prevención de suicidios de la cárcel.
Los medios en la sala no pudieron ver al acusado durante la breve audiencia porque estaba sentado en un rincón apartado, pero las imágenes posteriores revelaron que tenía el rostro inexpresivo y los brazos desnudos y esposados.
Inicialmente estaba previsto que compareciera ante el tribunal el martes, pero no había recibido el alta médica para hacerlo, según informaron su defensa y los fiscales.
Su abogado, Alan Jackson, dijo a los periodistas que había “cuestiones complejas y delicadas” en el caso que debían resolverse en las próximas semanas.
“Pedimos que durante este proceso se permita que el sistema avance de la forma en que fue diseñado para hacerlo”, dijo Jackson a los periodistas.
“Sin precipitarse a juzgar, sin sacar conclusiones apresuradas, sino con moderación y dignidad, y con el respeto que merecen este sistema y este proceso, y que merece la familia”, añadió.
Evaluación psiquiátrica
El retraso en la declaración de culpabilidad o inocencia de Reiner podría tener como objetivo dar tiempo para realizar una evaluación psiquiátrica, según explicó un abogado penalista a la BBC tras la audiencia.
“La evaluación psiquiátrica se suele realizar antes de la lectura de cargos para determinar si es apto para ser juzgado”, explicó Seth Zuckerman.
Hasta la próxima audiencia, el 7 de enero, Reiner permanecerá bajo custodia en el centro penitenciario Twin Towers Correctional Facility de Los Ángeles.
Los fiscales han afirmado que aún no se ha tomado ninguna decisión sobre si se solicitará la pena de muerte.
“Este caso es desgarrador y profundamente personal, no solo para la familia Reiner y sus seres queridos, sino para toda la ciudad”, declaró el jefe del Departamento de Policía de Los Ángeles, Jim McDonnell.
Con información adicional de Sakshi Venkatraman.
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