Restauremos la confianza en las elecciones
No es secreto que, a pesar de los avances democráticos que ha tenido el país, nuestras elecciones siguen padeciendo de un problema que ya parece endémico: el uso de dinero ilícito en campañas. Las denuncias sobre el uso de recursos públicos en la elección del Estado de México para favorecer al Partido Revolucionario Institucional, y las repetidas campañas ilegales a lo largo de diversos procesos electorales desplegadas por el Partido Verde son la evidencia más clara de ello. Al respecto, todas las instituciones electorales, ese gran y costoso entramado administrativo, penal y jurisdiccional, se han quedado cortas en el desempeño de sus respectivas funciones.
Ante esto, en las últimas semanas se ha discutido alrededor del desempeño actual de los Consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) y de las reglas electorales como orígenes de este problema. Si bien es necesario y justo cuestionar algunas decisiones del INE con respecto a las últimas elecciones de gobernador, y tomando como punto de partida que las leyes electorales tienen un diseño que tiene severos problemas de aplicación y de cumplimiento de sus objetivos, esto no es el fondo del problema.
En términos de cuestionamientos puntuales, aunque el INE cuenta con un marco legal mucho más robusto -ahora tiene la posibilidad de “abrir” los secretos bancario, fiduciario y fiscal, por ejemplo-, se ha autolimitado de manera constante para atajar los casos de desvío de recursos públicos. Esto se hace aún más evidente si lo comparamos con el trabajo de su antecesor, el Instituto Federal Electoral en casos como Amigos de Fox y Pemexgate, donde, a pesar de las limitaciones con las que contaba en ese momento, investigó, persiguió y sancionó, con multas históricas, a los partidos políticos que protagonizaron estos casos. Dado que hoy por hoy el rebase de topes de campaña y el uso de recursos públicos son dos de las causales de nulidad de una elección, el INE debería atender con mayor firmeza, eficiencia y sin rodeos las denuncias de uso de recursos públicos en las elecciones.
Igualmente, nos pronunciamos con preocupación por la ausencia histórica de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE) en la persecución de estos desvíos de recursos que, aunque suelen ser ampliamente documentados por la Auditoría Superior de la Federación, pocas veces son investigados y sancionados por la Fiscalía. Es momento para que la autonomía de dicha Fiscalía, uno de los logros más publicitados de la pasada reforma electoral, se haga notar. Asimismo, es urgente cuestionar las decisiones que ha tomado el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el cual sistemáticamente ha subestimado las denuncias por los actos irregulares e ilegales de los partidos, ha rebajado las sanciones y multas impuestas por el INE y ha emitido criterios que terminan haciendo inocuas y discrecionales las sanciones que estos reciben.
Sin embargo, aunque el INE y el marco jurídico que tenemos debería ser suficiente para enfrentar esta situación, ningún arreglo institucional puede soportar la violación sistemática, repetida e intencional de la ley de parte de los actores que juegan dentro de él. Por ello, antes que reformas y renuncias, resulta indispensable que los partidos políticos (dentro y fuera de los gobiernos) respeten el acuerdo democrático y dejen funcionar al resto de las instituciones para atender estas coyunturas como excepción y no como regla.
Los partidos políticos en México han jugado deslealmente contra las reglas e instituciones que ellos mismos aprobaron para tener una contienda electoral justa. En especial por parte del PRI, del Partido Verde, en ocasiones con complicidad del PAN y el PRD. Estos partidos no sólo actúan alevosamente por medio del nombramiento de consejeros electorales y magistrados a modo, o con la creación de marcos legales limitantes, burocráticos e indulgentes, también al no permitir que exista un sistema de justicia que pueda evitar el desvío de recursos públicos o que pueda sancionarlos de manera adecuada. Una promesa del Sistema Nacional Anticorrupción es justamente evitar que los recursos públicos se usen de manera indebida, pero eso no sucederá si el Sistema no opera con fiscales autónomos que cuenten con capacidades y recursos suficientes.
Los reiterados casos de uso ilegal de dinero en campañas demuestran que, mientras los actores políticos no tengan la voluntad de respetar las reglas que ellos mismos se impusieron, no existe la posibilidad de celebrar elecciones cuyos resultados no sean motivo de disputa. Es por ello es necesario que tanto instituciones como partidos restauren de manera conjunta la confianza en las elecciones, para lo cual es necesario que las instituciones electorales reafirmen su autoridad, impongan sanciones ahí donde hubo irregularidades en la actuación de los partidos y candidatos, y que, como garantes de la contienda que se avecina el siguiente año, exijan a los partidos su compromiso público con las reglas de nuestra democracia. De lo contrario, mandaran el mensaje de que se actuará de manera permisiva en los futuros comicios presidenciales, lo que solamente agravará el desprestigio de las instituciones electorales. Esto constituye un serio peligro para nuestra endeble democracia.
Si las instituciones electorales no responden por la captura a la que están sometidas por el PRI y el Verde, entonces es necesario que los partidos políticos de izquierdas y movimientos independientes que deseen postular candidatos protesten y, por ejemplo, tomen acciones concretas, tales como levantarse de las mesas de los órganos electorales, como ya se ha hecho, hasta que estas respondan a su mandato constitucional. Asimismo, estos partidos y movimientos pueden presionar para que de una buena vez funcione el Sistema Nacional Anticorrupción, la FEPADE y la Fiscalía General de la República. No podemos tener elecciones confiables si no se reconstituye la confianza por medio de una clara rectificación del rumbo que cierre las puertas al uso ilícito de dinero, tanto público como privado, así como de garantizar sanciones creíbles para quien violente la ley.
En Democracia Deliberada creemos que todavía estamos a tiempo para restaurar la confianza en las elecciones. Por lo antes dicho, declaramos que aquellos actores que capturen las instituciones electorales, que modifiquen a conveniencia la legislación electoral para hacer más complicado la tarea de prevenir y sancionar el uso ilícito de dinero en campañas políticas, que obstaculicen el funcionamiento del sistema de justicia y anticorrupción, serán nuestros adversarios políticos.
