La justicia electoral: agente de cambio social en el constitucionalismo transformador
El constitucionalismo mexicano en los últimos años ha tenido cambios sustantivos en la forma en que se piensa y se crea el derecho, lo anterior, vinculado a un cambio de paradigma normativo y epistemológico que principalmente se vincula con la idea de los derechos fundamentales.
Esa de forma de repensar el derecho constitucional impacta en la justicia electoral por tres principales razones:
- Las facultades de control judicial de la constitución que tiene la justicia electoral;
- La vinculación con los derechos humanos de fuente internacional, y
- Las obligaciones interpretativas que se tienen frente a la progresividad y maximización de los derechos político-electorales y los derechos democráticos.
Primero, la justicia electoral se caracteriza por ser precursora del control difuso de constitucionalidad, que a través de mecanismos como el juicio para la protección de los derechos político-electorales -en adelante JDC- se ha dedicado a la protección de los derechos fundamentales enjuiciando normas, omisiones y actos derogatorios del órgano legislativo. Con lo anterior, siempre se ha privilegiado un control judicial objetivo e imparcial, desde luego, dependiendo la intensidad de dicho ejercicio constitucional portándose deferente al legislador democrático y anteponiendo la presunción de constitucionalidad de los actos legislativos normativos en sentido positivo o negativo (derogatorios o abrogatorios)
Segundo, el control de convencionalidad y la adjudicación de derechos reconocidos en el orden internacional ha sido factor para el desarrollo progresivo de la jurisprudencia de la justicia electoral. Tan es así que se ha privilegiado la aplicación directa de precedentes interamericanos y se mantiene un diálogo jurisprudencial constante con la Corte Interamericana de Derechos Humanos -en adelante Corte IDH-.
En muchas ocasiones la ampliación de derechos fundamentales en la justicia electoral se debe en gran medida a la interacción obligada que se da con el orden internacional y con los criterios vinculantes del sistema interamericana y el llamado soft law.
Tercero, los principios de progresividad y maximización de los derechos fundamentales han sido y son baluartes fundamentales para la creación interpretativa de la justicia electoral.
Al resolver el SUP-JDC-352/2018 y su acumulado, determinó la interpretación creativa, contextual y evolutiva del derecho a votar frente al principio de presunción de inocencia, dotando de nuevo contenido a la restricción de la constitución para que solo aplique la suspensión de derechos político-electorales cuando exista sentencia ejecutoriada, no así cuando la persona este cumplimentado una medida cautelar como la prisión preventiva. Dicho criterio es consistente con los dispuesto en el caso García Rodríguez y otro Vs. México donde se estableció por la Corte IDH que la prisión preventiva no puede constituir una pena anticipada.
Otro caso relevante donde se aplicó un test de progresividad fue en el SUP-REC-88/2020, la Sala Superior determinó que la actuación del Congreso de la Ciudad de México en la que derogó la figura de la diputación migrante no estaba justificada constitucional y convencionalmente; lo propio, ya que dicho órgano no cumplió con los requisitos de deber reforzado de motivación cuando el acto legislativo puede vulnerar los derechos fundamentales de participación políticas de los grupos en situación de vulnerabilidad, en particular las personas migrantes. Por tal motivo se estableció que dicho acto bajo un escrutinio judicial estricto era inconstitucional.
Finalmente, el caso del SUP-JE-281/2021 y acumulado marcó un abandono parcial de la jurisprudencia de la Sala Superior, vinculada con el control judicial de los actos parlamentarios en un sentido estricto. La reflexión de la Sala Superior es categórica al establecer que todos los actos parlamentarios deben ser susceptibles de control judicial cuando violen el contenido de un derecho fundamental, en el caso, una afectación a un derecho político-electoral o un derecho del orden democrático (en un sentido estricto)
Dicha sentencia genera un cambio de precedente que evoluciona el quehacer interpretativo del Tribunal, misma que tiene un impacto diferenciado y progresivo en la aplicación y adjudicación de derechos de cara a la emisión de actos vinculación con el principio de inviolabilidad parlamentaria.
Así, es posible sostener que la justicia electoral en los últimos años se ha preocupado por tener una visión de agente de cambio social, una evidente postura transformada y una posición epistemológica principialista.
Donald Trump ha intentado distanciarse del polémico proyecto promovido por un grupo de reflexión conservador para reformar el gobierno federal.
El expresidente y candidato de los republicanos para las elecciones del 5 de noviembre, Donald Trump, parece ser el hombre del momento en Estados Unidos.
Hizo un regreso triunfal a la escena pública el lunes en la Convención Nacional Republicana, donde fue recibido como un héroe por parte de miles de seguidores dos días después de un atentado contra su vida en el que resultó levemente herido.
Ocurrió en un mitin de campaña en Pensilvania en el que un asistente al evento y el atacante murieron y otras dos personas resultaron heridas.
Pero si bien los focos se centran en el exmandatario, hay un tema que está cobrando cada vez mayor atención de cara a las elecciones y del que probablemente se hable también en la convención republicana que se celebra en Milwaukee hasta el próximo jueves.
Se trata del Proyecto 2025, una polémica iniciativa de un grupo de reflexión conservador para reformar el gobierno federal de la que el propio Trump ha intentado distanciarse.
La propuesta fue creada por la Fundación Heritage y ha estado vinculada a Trump, con varios de sus antiguos funcionarios contribuyendo al plan.
El planteamiento, de más de 900 páginas, contempla el despido de miles de funcionarios, la ampliación del poder del presidente, el desmantelamiento del Departamento de Educación y otras agencias federales, así como recortes fiscales radicales.
En las últimas semanas, los demócratas han intentado movilizar a los votantes contra el plan. Su objetivo ha sido desviar la atención de la creciente preocupación por la edad del presidente Joe Biden hacia el polémico proyecto, del que el propio Biden dijo que “destruiría América”.
Trump ha negado tener conexiones con el proyecto, a pesar de que varios de sus antiguos funcionarios han respaldado la propuesta.
“No tengo ni idea de quién está detrás [del Proyecto 2025]”, escribió Trump en su red social Truth Social. “No estoy de acuerdo con algunas de las cosas que dicen y algunas de las cosas que dicen son absolutamente ridículas y abismales“.
En respuesta, un portavoz de la iniciativa dijo en redes sociales que el Proyecto 2025 “no habla en nombre de ningún candidato o campaña”.
La Fundación Heritage dio a conocer la agenda en abril de 2023. Pero la oposición liberal se ha intensificado en los últimos días, después de que el expresidente Trump tomara la delantera en las encuestas tras la mala actuación del presidente Biden en el debate del 27 de junio.
A principios de julio, el presidente de Heritage, Kevin Roberts, planteó la perspectiva de la violencia política durante una entrevista en un podcast.
“Estamos en el proceso de la segunda revolución estadounidense, que seguirá siendo incruenta si la izquierda lo permite”, dijo Roberts al podcast War Room, fundado por el asesor de Trump Steve Bannon.
En respuesta, la campaña de Biden acusó a Trump y a sus aliados de “soñar con una revolución violenta para destruir la idea misma de Estados Unidos“.
Es habitual que los grupos de reflexión de Washington propongan listas de deseos políticos para posibles gobiernos en ciernes.
El liberal Center for American Progress, por ejemplo, fue apodado la “fábrica de ideas” de Barack Obama durante su presidencia.
¿Qué más ha dicho Trump sobre el Proyecto 2025?
A principios de julio, Trump aseguró en su plataforma de redes sociales que no sabe “nada sobre el Proyecto 2025”.
“Cualquier cosa que hagan, les deseo suerte, pero no tengo nada que ver con ellos”, afirmó.
Sin embargo, varias personas vinculadas al proyecto trabajaron en el gobierno de Trump o como aliados en su campaña de reelección.
- El director del Proyecto 2025, Paul Dans, fue jefe de personal de la Oficina de Gestión de Personal bajo el mandato de Trump.
- El director asociado Spencer Chretien fue asistente especial de Trump y director asociado de Personal Presidencial.
- El asesor Russell Vought trabajó en la Oficina de Gestión y Presupuesto de Trump.
¿Qué es el Proyecto 2025?
El documento del Proyecto 2025 esboza cuatro objetivos principales: restaurar la familia como pieza central de la vida estadounidense; desmantelar el Estado administrativo; defender la soberanía y las fronteras de la nación; y garantizar los derechos individuales otorgados por Dios para vivir libremente.
Es uno de los varios documentos políticos de una plataforma conocida como Agenda 47, así llamada porque Trump sería el 47º presidente de Estados Unidos si ganara.
Heritage dice que el Proyecto 2025 fue escrito por varios exfuncionarios designados por Trump y refleja los aportes de más de 100 organizaciones conservadoras.
He aquí un resumen de varias propuestas clave.
Gobierno
El Proyecto 2025 propone que toda la burocracia federal, incluidas agencias independientes como el Departamento de Justicia, quede bajo control presidencial directo, una controvertida idea conocida como “teoría del ejecutivo unitario”.
En la práctica, eso agilizaría la toma de decisiones, lo que permitiría al presidente aplicar de manera directa las políticas en una serie de ámbitos.
Las propuestas también abogan por eliminar la protección laboral de miles de empleados públicos, que podrían ser sustituidos por cargos políticos.
El documento califica al FBI de “organización hinchada, arrogante y cada vez más al margen de la ley” y aboga por revisiones drásticas de esta y otras agencias federales, incluida la eliminación del Departamento de Educación.
Inmigración
En el documento se propone aumentar la financiación para un muro en la frontera entre Estados Unidos y México, una de las promesas emblemáticas de Trump en 2016.
Sin embargo, lo más destacado es la consolidación de varias agencias de inmigración estadounidenses y una gran expansión de sus poderes.
Otras propuestas incluyen aumentar las tarifas a los inmigrantes y permitir solicitudes por vía rápida para los inmigrantes que paguen una cuota.
Clima y economía
El documento propone recortar drásticamente el dinero federal para la investigación y la inversión en energías renovables y pide que el próximo presidente “detenga la guerra contra el petróleo y el gas natural”.
Los objetivos de reducción de carbono serían reemplazados por esfuerzos para aumentar la producción y la seguridad energética.
El documento expone dos visiones contrapuestas sobre los aranceles y está dividido sobre si el próximo presidente debería intentar impulsar el libre comercio o levantar barreras a las exportaciones.
Pero los asesores económicos sugieren que un segundo gobierno de Trump debería recortar los impuestos corporativos y sobre la renta, abolir la Reserva Federal e incluso considerar un retorno a la moneda respaldada por oro.
Aborto
El Proyecto 2025 no exige una prohibición del aborto a escala nacional.
Sin embargo, propone retirar del mercado la pastilla abortiva mifepristona.
Tecnología y educación
Según las propuestas, se prohibiría la pornografía y se cerrarían las empresas de tecnología y telecomunicaciones que facilitan el acceso a dicho contenido.
El documento exige la elección de escuela y el control de los padres sobre las escuelas, y apunta a lo que llama “propaganda despierta”.
Propone eliminar una larga lista de términos de todas las leyes y regulaciones federales, incluidos “orientación sexual”, “diversidad, equidad e inclusión”, “igualdad de género”, “aborto” y “derechos reproductivos”.
Jared Huffman, un congresista demócrata de California, ha lanzado el grupo de trabajo Stop Project 2025.
Describió el Proyecto 2025 como “un complot distópico que ya está en marcha para desmantelar nuestras instituciones democráticas”.
Huffman dijo que el proyecto “aboliría los controles y equilibrios, socavaría la separación Iglesia-Estado e impondría una agenda de extrema derecha que infringe las libertades básicas y viola la voluntad pública”.
“Necesitamos una estrategia coordinada para salvar a Estados Unidos y detener este golpe antes de que sea demasiado tarde”, defiende Huffman.
Heritage dijo que el partido de Biden estaba alarmando con “un comunicado de prensa poco serio y plagado de errores”.
“Los demócratas de la Cámara de Representantes están dedicando dólares de los contribuyentes para lanzar una campaña de desprestigio contra el esfuerzo conjunto para restaurar el autogobierno de los estadounidenses comunes y corrientes”, afirmó Roberts a principios de junio.
“Bajo el mandato de Biden, el gobierno federal ha sido utilizado como arma contra los ciudadanos estadounidenses, nuestra frontera ha sido invadida y nuestras instituciones han sido capturadas por una ideología despierta”.
La Fundación Heritage es uno de los think tanks más influyentes que ha elaborado documentos de políticas diseñados para guiar una posible segunda presidencia de Trump.
Desde la década de 1980, Heritage ha producido documentos políticos similares como parte de su serie Mandato para el Liderazgo.
El Proyecto 2025, respaldado por un presupuesto de US$22 millones, también establece estrategias para implementar políticas que comenzarán después de la toma de posesión presidencial en enero de 2025.
En sus discursos y en su sitio web, Trump ha respaldado una serie de ideas incluidas en el Proyecto 2025, aunque su campaña ha dicho que el candidato tiene la última palabra sobre la política.
Muchas de las propuestas enfrentarían desafíos legales inmediatos si se implementaran.
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