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Del pleno a la plana

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Es ya un lugar común hablar que el sistema democrático mexicano construido a partir de la reforma constitucional de 1996 permitió el tránsito de nuestro país de un régimen autoritario de partido hegemónico a uno democrático, en el que los principios rectores de la función electoral -independencia, imparcialidad, objetividad, legalidad, profesionalismo y máxima publicidad- ejercida, además, por autoridades ciudadanizadas e independientes garantizan elecciones libres, periódicas y auténticas.
En esa labor, sin embargo, tanto el Instituto Nacional Electoral (INE) como el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) no han tenido un día de campo para garantizar la gobernabilidad democrática cuya función última están llamados a desempeñar (recuérdese la elección presidencial de 2006 como máximo ejemplo). La realidad política emanada de la transición democrática ha producido múltiples reformas (todas postelectorales) tendientes, entre otros objetivos, a limitar la actividad de los contendientes, sean ciudadanos de a pie, partidos políticos, candidatos, autoridades y un largo etcétera, cuya finalidad está destinada a equilibrar las condiciones de la competencia político-electoral. Además, otro número importante de normas y reformas han sido instituidas para vigilar y contabilizar los recursos financieros con que cuentan los candidatos y partidos para impedir que el dinero sea motivo de ventaja en las elecciones.
A partir de lo anterior, del desarrollo y ampliación de la tutela de los derechos humanos en todos los ámbitos -especialmente en el electoral-, de la cada vez más amplia y diversa participación de la sociedad civil en su conjunto, del excesivo desarrollo reglamentario por parte del INE y la profusa evolución en la actividad interpretativa del TEPJF ante la ingente normativa, los problemas de certeza jurídica aparecen recurrentemente.
Un caso emblemático que involucra una interesante valoración ética respecto a las circunstancias en que se generó y posteriormente respecto de la determinación que tomó la Sala Superior (SS) del TEPJF (expediente SUP-RAP-180/2021) fue el de Mariana Rodríguez Cantú, esposa del hoy gobernador constitucional de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda.
Como se sabe, producto de 13 denuncias de diversos partidos y ciudadanos, además de una investigación de oficio llevada a cabo por el INE tras la profusa actividad en redes sociales que realizó a favor de la campaña de su marido (se detectaron 1335 publicaciones distintas durante los 60 días de campaña por lo menos), por su calidad de influencer al tener mas de un millón seiscientos mil seguidores y por ser esa su principal actividad económica, la autoridad determinó que ese apoyo debía ser considerado como una aportación en especie prohibida por la Constitución y la ley y procedió a sancionar a la señora Rodríguez, al candidato y al partido que lo postuló con una multa de más de veintiocho millones de pesos.
Inconformes con ello, acudieron al tribunal alegando, en lo sustancial, que la multa estaba incorrectamente motivada porque las actividades de Rodríguez Cantú se encuadraban en un legítimo ejercicio de su derecho a la libertad de expresión, que en su calidad de esposa del candidato constituían una muestra del legítimo apoyo que, incluso, es esperable en una relación matrimonial conforme a nuestra legislación civil.
La Sala Superior resolvió a favor de Mariana, Samuel y el partido en el sentido de reconocer la prevalencia de la libertad de expresión de la influencer en el contexto del vínculo matrimonial que existe entre ambos, lo que significa que el apoyo expresado profusamente en las redes sociales es una consecuencia lógica de los lazos afectivos y de comunidad de vida que decidieron emprender.
Nos encontramos entonces ante un conflicto de colisión del derecho fundamental de libertad de expresión de Mariana Rodríguez versus el respeto de las reglas de la fiscalización de los recursos encaminadas a preservar el principio constitucional de equidad en la contienda.
Estimo que en el presente caso sí existe una regla que debe prevalecer (la prohibición constitucional para los candidatos y partidos de recibir aportaciones en especie por parte de personas físicas con actividad empresarial) que es necesario hacer compatible con los principios y valores de nuestro ordenamiento jurídico (la circunstancia de que Mariana esté casada con Samuel).
Cabe traer a colación en este momento que desde hace un par de años por lo menos, el TEPJF ha acuñado para nuestro sistema jurídico electoral el concepto de “integridad electoral”, que consiste en el cumplimiento de las normas y principios emanados de la Constitución y la ley con el objetivo de abonar a la confianza ciudadana sobre el cual descansa la confiabilidad de nuestro sistema democrático. Tal concepto, según el magistrado Reyes Rodríguez Mondragón, “cuyo objetivo principal es vigilar que los distintos actores se comporten de forma honesta y en apego a los valores y a las normas democráticas” (<a href="https://eljuegodelacorte.nexos.com.mx/la-integridad-electoral-enfoque-clave-en-el-proceso-electoral-2021/" target="_blank" rel="noopener">Nexos, 2021</a>).
En la resolución que se analiza, particularmente en la ponderación de los valores que gravitan en este caso particular, el Tribunal decide privilegiar un derecho fundamental (libertad de expresión) que está precisamente limitado por la Constitución, por las leyes y reglamentos en el caso de los apoyos en propaganda político-electoral. Y lo hace con el argumento de corte moral de que el matrimonio cubre con su manto de legitimidad la libre expresión de Mariana (traducida en cientos de publicaciones en redes -millones- por el carácter multiplicador de la interacción en dichas plataformas de comunicación, que equivalen hoy en día a los a los spots televisivos que fueron vedados desde la reforma de 2014). Es decir, me parece que, analizando las publicaciones denunciadas, entre marido, mujer y partido sacaron jugo de una inteligente, pero prohibida campaña politica en redes sociales que muy probablemente fue determinante en el resultado electoral de la elección de gobernador de Nuevo León. Nada más, nada menos.
Es mi convicción que, en este caso, la conducta de Mariana, su esposo y el partido no fueron éticas ya que no contribuyeron a la integridad electoral, ya que respetuosamente considero que abusaron de su condición matrimonial para proteger la libertad de expresión de aquella.
Entiendo que el resultado interpretativo es discutible como casi todo lo relativo a lo jurídico, moral y ético. Sin embargo, me parece un punto a reflexionar la puerta gigantesca que en el ámbito de la política se abrió para que en lo futuro aparezcan auténticos fraudes a la ley disfrazados de matrimonio, o de cualquier forma de convivencia avalada por una moral pantanosa. ¿Para esos rumbos se encamina la integridad electoral? Mi sentido ético me impide desearlo, por el bien de la autenticidad de las elecciones. No creo que esa limitación cause perjuicio alguno a la relación afectiva y de vida de alguna eventual pareja que pudiera encontrarse en la misma situación.
* Noé Corzo Corral es profesor-investigador de la Escuela Judicial Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Una reflexión ética sobre el matrimonio, las elecciones y la función jurisdiccional. Análisis del caso de Mariana Rodríguez

Reflexión ética sobre matrimonio, elecciones y función jurisdiccional: el caso de Mariana Rodríguez

En el presente artículo pretenderé establecer, de manera sencilla, mi postura sobre la contradicción de criterios 228/2022 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) entre los sustentados por ese máximo tribunal en la acción de inconsticionalidad 107/2016 y por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) en el SUP-REP-362/2022.
La Corte determinó que sí existió contradicción de criterios entre ambos Tribunales Constitucionales consistentes en que: a) la SCJN sostiene que el modo honesto de vivir es un concepto subjetivo y sumamente indeterminado que no debe seguir siendo exigible como requisito de elegibilidad, ya que la interpretación de lo que cada persona entienda como “honestidad” no encuentra cabida en nuestra sociedad y ello puede generar una posible discriminación en su aplicación y b) la sentencia del TEPJF establece que la presunción del modo honesto de vivir puede ser suspendida como requisito de elegibilidad para la postulación de cargos públicos, por la comisión reiterada de violaciones al orden constitucional y legal por parte de los servidores públicos.
Lo primero a determinar desde la perspectiva de la interpretación jurídica es el bien jurídico que debe prevalecer en un ejercicio de ponderación: el derecho político de los ciudadanos que aspiren a ser votados para un cargo de elección popular ante una posible interpretación discriminatoria o la posibilidad de suspender la presunción del modo honesto de vivir como requisito de elegibilidad de los servidores públicos que pretendan postularse para cargos de elección popular, mediante un criterio y procedimiento objetivo de sanción para los que de manera dolosa y reiterada violenten los principios constitucionales y el Estado de Derecho.
¿Qué es lo justo? ¿Qué criterio es el aplicable para lograr el bien común? ¿Cuál es el bien jurídico que debe prevalecer? Y, realmente, ¿se trata de una contradicción de criterios?
Por lo que hace a lo justo, ambos criterios adoptados por la SCJN y el TEPJF buscan proteger derechos y valores constitucionales ya que, si bien es justo proteger el derecho político de las personas que aspiren a ser registradas para un cargo de elección popular, también resulta justo sancionar a quien transgrede los derechos que detentamos los demás, en particular, el derecho de la ciudadanía a poder elegir a candidatos que cumplan con la normatividad y principios consagrados en nuestra Carta Magna.
Por cuanto hace al cuestionamiento sobre cuál de los dos criterios es el que debe prevalecer para lograr el bien común y cuál es el bien jurídico predominante, por la materia de que se trata y lo que se pretende preservar, resulta aplicable  de conformidad con la recta razón establecer que el criterio sostenido por el TEPJF es el que protege el bien común del Estado Mexicano, ya que implica el respeto y deber de cumplir con las disposiciones que hemos establecido para configurar un sistema democrático y Estado de derecho funcionales con respeto al ejercicio pleno de las libertades de todos los individuos.
Estamos ante un valor (el bien común según Santo Tomás de Aquino) que debe prevalecer respecto de otro (el derecho político de los ciudadanos aspirantes a candidatos). Actualmente resulta de particular importancia para la sociedad que el comportamiento de quienes nos representan adecue sus conductas al bien común y al Estado de derecho. Por ello debe prevalecer el criterio que maximice el Sistema democrático sobre las libertades particulares.
Considerando la ética de los máximos versus la ética de los mínimos, apliquemos los mínimos exigibles a cualquier ciudadano que aspire a ser candidato sobre el concepto del modo honesto de vivir desde una perspectiva presuntiva del mismo y apliquemos los máximos a los funcionarios públicos implicando los deberes y valores superiores que demandan un progreso moral de nuestra vida democrática buscando el  fortalecimiento del Estado de Derecho necesario para la consecución del bien jurídico común a todos los mexicanos.
Como juristas estamos conminados a desempeñar nuestra labor jurisdiccional de manera que ponderemos con razones sobre lo justo, pero además atender al bien jurídico  general sobre el particular y, en este caso,  el concepto objetivo sobre el concepto subjetivo.
La Sala Superior en la sentencia materia de contradicción, vinculó a todas las autoridades electorales a realizar un procedimiento de análisis previo a la suspensión de la presunción del modo honesto de vivir como requisito de elegibilidad de los funcionarios que pretendan ocupar cargos de elección popular, no se pronunció sobre este concepto sino a la posible sanción consistente en la suspensión de la presunción del “modo honesto de vivir”, en el caso de que se comprueben las violaciones dolosas y reiteradas a nuestro ordenamiento constitucional en materia electoral mediante un procedimiento específico previo de análisis antes de aplicar la sanción respectiva.
Por último quiero concluir estableciendo que no hay contradicción de criterios entre nuestros dos Tribunales Constitucionales, se trata de interpretaciones aplicadas en distintos ámbitos. Una por lo que hace a la defensa de los derechos fundamentales de las personas en lo individual para evitar caer en una discriminación. Y la otra, por lo que hace a la defensa de nuestros principios constitucionales sobre el actuar de los que detentan o pretenden detentar el poder los funcionarios públicos que pretenden acceder a cargos de elección popular.
Sin embargo, creo firmemente que desde la óptica de la ética, la prevalencia y eficacia de los principios y valores de la constitución deben ser tutelados como fin último de un Tribunal Constitucional  como lo es el TEPJF.
* Noé Corzo Corral es profesor-investigador de la Escuela Judicial Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

El modo honesto de vivir y la responsabilidad política de las autoridades en México

El pasado 28 de febrero del presente año, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) resolvió el expediente identificado con la clave SUP-REP-39/2024, con el que tomó una trascendente determinación de cara al período de resultados y validez de las elecciones que se llevarán a cabo el próximo 2 de junio.
En pocas palabras y de la manera más sencilla posible, trataré de explicar los antecedentes del caso, la determinación adoptada y las consecuencias que se busca obtener sobre la integridad electoral del actual proceso comicial.
1. Los antecedentes y el caso concreto materia de la sentencia
En primer lugar, es necesario apuntar que la Sala Superior ha sostenido en diversos precedentes <a style="color: #0000ff;" href="#_ftn1" name="_ftnref1">1</a> a) que los servidores públicos tienen el deber de cuidar que sus mensajes no contengan elementos dirigidos a influir en las preferencias electorales o en la opinión pública durante los procesos electorales federal o local, por lo que deben ser particularmente escrupulosos al dirigir mensajes que pueden ser retomados por los medios de comunicación para su posterior difusión, y b) que la adición al artículo 134 de la Constitución general incorporó la tutela de dos bienes jurídicos o valores esenciales de los sistemas democráticos: la imparcialidad y la equidad en los procedimientos electorales, i) para impedir el uso del poder público a favor o en contra de cualquier partido político o candidato a cargo de elección popular; así como el uso de este para promover ambiciones personales de índole política; ii) blindar la democracia mexicana evitando el uso del dinero público para incidir en la contienda electoral y de la propaganda institucional para promoción personalizada con fines electorales, y iii) exigir a quienes ocupan cargos de gobierno total imparcialidad en las contiendas electorales.
En ese sentido, el asunto materia de la sentencia que nos ocupa fue determinado en primera instancia por la Sala Regional Especializada del TEPJF, que tuvo por acreditada la infracción del presidente de la república por el discurso que pronunció en el marco del evento denominado “5º aniversario del triunfo democrático del pueblo de México”, el cual se realizó el uno de julio de 2023 en la Ciudad de México. En dicho evento, tanto la Sala Regional Especializada como posteriormente la Sala Superior, en el recurso que se analiza, confirmaron que el titular del ejecutivo federal emitió diversos pronunciamientos que violentaban el principio de neutralidad en la contienda así como lo dispuesto por el artículo 134 constitucional al haber hecho uso de recursos públicos en el evento citado.
2. La determinación adoptada: la creación de un catálogo de sentencias en las que se haya constatado o confirmado infracciones a la normativa constitucional o legal en materia electoral
En consecuencia, la Sala Superior confirmó la resolución de la Sala Regional Especializada, que acreditó la infracción del presidente de la república y, con el afán de sistematizar diversas infracciones que anteriormente han sido ratificadas en más de 29 sentencias previas, ordenó la creación de un catálogo de determinaciones, resoluciones o sentencias firmes y definitivas —ejecutoriadas o que hayan causado estado—, que declaren la existencia de alguna irregularidad en materia electoral y que sean emitidas por alguna de las salas integrantes de este Tribunal Electoral, identificando, en su caso, a los sujetos infractores.
El objetivo fundamental buscado con la creación del anterior catálogo es el despliegue de los efectos normativos de las sentencias dictadas en relación con las personas involucradas en la comisión de las conductas infractoras, para que, en caso de existir, se instrumenten los mecanismos de reproche que las censuren y eviten que en lo sucesivo se cometan nuevamente, pero también para que esos efectos puedan ser igualmente considerados, en su caso, en las fases posteriores del proceso o procesos electorales con los cuales guarde algún tipo de vinculación, específicamente la calificación sobre la validez de las elecciones.
3. Las implicaciones respecto de la integridad electoral
En el campo electoral, “integridad” implica el cumplimiento de los principios democráticos de sufragio universal e igualdad política consagrados en tratados internacionales tales como la Declaración Universal de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
El concepto de “integridad electoral” incluye tanto a los convenios internacionales como a las normas aplicadas de forma universal a todos los países durante todo el ciclo electoral. El ciclo incluye el período preelectoral, la campaña, el día de las elecciones y las repercusiones de los resultados. <a style="color: #0000ff;" href="#_ftn2" name="_ftnref2">2</a>
En ese orden de ideas, las autoridades electorales deben velar porque las elecciones sean libres, auténticas y periódicas, mediante sufragio universal, libre, secreto y directo, de ahí que deban contar con las herramientas e información pertinente y necesaria para que la ciudadanía pueda informarse de aquellas determinaciones en las que se hayan acreditado irregularidades, para que las partes involucradas puedan identificar aquellas desviaciones que estimen pueden impactar en las condiciones de validez de las elecciones, así como para que las propias autoridades puedan revisar lo conducente cuando realizan el estudio de la validez de los procesos electorales.
Por ello, la sentencia que se comenta es digna de celebrarse ya que constituye un paso decisivo para que la calificación de las elecciones que se llevarán a cabo el próximo 2 de junio cuenten con una herramienta fundamental para que nuestras elecciones sean libres y auténticas tal como lo previene nuestra Constitución y los Tratados Internacionales en materia democrática. En otras palabras, el catálogo creado por dicha sentencia pretende que las conductas violatorias del orden constitucional y legal tengan efectos prácticos en la determinación de validez de cada elección que se lleve a cabo en la próxima jornada electoral consolidando así cade vez más un sistema electoral íntegro como merece nuestro país.
* Gabriela Ruvalcaba García (<a href="https://twitter.com/gabyruvalcaba" target="_blank" rel="noopener">@gabyruvalcaba</a>) es directora de la Escuela Judicial Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (<a href="https://twitter.com/TEPJF_EJE" target="_blank" rel="noopener">@TEPJF_EJE</a>).
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<a href="#_ftnref1" name="_ftn1">1</a> Para este artículo se retoman los previamente desarrollados en los SUP-REP-151/2022, SUP-REP-193/2022 y acumulados y SUP-REP-225/2022.
<a href="#_ftnref2" name="_ftn2">2</a> Norris, Pippa. 2014. “The new research agenda studying electoral integrity”, Electoral Studies, vol. 32 (4): 563-575.

Catálogo de conductas violatorias, un paso más hacia la integridad electoral del proceso 2024

Un paso más hacia la integridad electoral del procesol 2024

En un contexto caracterizado por la desconfianza ciudadana frente a los órganos impartidores de justicia electoral, la justicia abierta figura como un modelo ideal para fomentar y fortalecer la legitimidad de las instituciones judiciales, su credibilidad frente a la ciudadanía y a lograr una mejora en la realización de sus funciones, a partir de principios como la transparencia, la participación ciudadana, la colaboración y la rendición de cuentas.
El comunicar las determinaciones judiciales es una de las vías para combatir la percepción social de que los tribunales son espacios cerrados y opacos, pues <a href="https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/envipe/2023/doc/envipe2023_8_autoridades_seguridad_publica.pdf" target="_blank" rel="noopener">en 2023 tan solo el 58.3 % de la ciudadanía consideró efectivo el desempeño de las personas juzgadoras en México</a>. Tender estos puentes de comunicación entre la autoridad y la ciudadanía coadyuva a aumentar la confianza ciudadana en los tribunales, generar una mejor rendición de cuentas, fomentar la generación de conocimiento a través de información que se difunde y facilitar el acceso a la impartición de justicia electoral para todas las personas.
El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ha transitado hacia la utilización de las herramientas digitales para el desarrollo de su labor jurisdiccional, incluyendo el comunicar sus sentencias a través de estos medios. Si bien esta medida en un inicio fue impulsada para garantizar la continuidad de la impartición de justicia ante la emergencia sanitaria originada por el COVID-19, lo cierto es que el uso de las herramientas digitales ha demostrado el potencial que tienen para hacer más eficaces los procesos internos del Tribunal y con ello fortalecer el cumplimiento de su función sustantiva.
Este avance tecnológico no solo ha permitido la optimización de los procesos internos del Tribunal, sino que también ha marcado el inicio de una nueva era en la comunicación con la ciudadanía. Como parte de este esfuerzo, <a href="https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/cnijf/2023/doc/cnijf_2023_resultados.pdf" target="_blank" rel="noopener">durante 2022 se publicaron 5,257 sentencias, lo que representó un aumento del 63.75 % respecto de la cantidad de sentencias publicadas en 2020</a>, año en el que también se llevaron a cabo elecciones intermedias.
Tanta es la importancia de la socialización de las determinaciones judiciales, que la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) <a href="https://legalinstruments.oecd.org/en/instruments/OECD-LEGAL-0465" target="_blank" rel="noopener">emitió en 2021 una recomendación a sus Estados miembros para que hicieran públicas todas las determinaciones jurisdiccionales en materia electoral</a>, garantizando así el desarrollo de elecciones justas y competitivas, para que los partidos políticos y candidaturas tengan la seguridad de que, en la judicialización de la contienda electoral, se aplicaron las reglas de manera imparcial, consistente y proporcional.
Este impulso por transparentar el actuar jurisdiccional ha dado pie a la generación de un nuevo concepto: la justicia digital. Ésta consiste en integrar soluciones tecnológicas en los tribunales con la finalidad de modernizar y optimizar los procesos judiciales, para que estos sean más transparentes, ágiles y confiables. El acceso a la justicia digital es un elemento de suma importancia para la sociedad moderna, ya que se plantea como una herramienta para que las actividades jurisdiccionales se realicen basándose en medios tecnológicos.
En un marco de justicia abierta y cada vez más digital, resulta esencial que los tribunales realicen sus funciones de forma transparente e implementen los mecanismos necesarios para comunicar y socializar las actuaciones jurisdiccionales. En este contexto, las sentencias son un medio de comunicación sobre una función importante del Estado: la impartición de justicia. Así, éstas cuentan con un carácter social, pues contienen una decisión jurídica, su contenido no tendría ningún sentido si no fueran comunicables para las partes y la sociedad en general. Incluso, se ha se ha señalado la satisfacción de la paz y justicia social como parámetro de evaluación de la eficiencia y competencia de cualquier tribunal a nivel mundial. <a style="color: #0000ff;" href="#_ftn4" name="_ftnref4">1</a>
La importancia de la difusión de las determinaciones jurisdiccionales del TEPJF —sobre todo en un contexto democrático ríspido— radica precisamente en su labor de garante de derechos político-electorales, como herramienta de paz social, y por el nivel de influencia que dicho órgano tiene en la opinión pública y en la percepción de la legitimidad de un proceso electoral; de ahí que es necesario asegurar que sean comunicadas de manera clara y oportuna para evitar la desinformación. Esto se traduce en la necesidad imperativa de adoptar un lenguaje claro y accesible en la redacción de sentencias, garantizando así que el mensaje legal no solo se preserve, sino que se amplifique a través de su comprensión universal.
Cuando las sentencias se comunican de manera clara y transparente, la ciudadanía puede comprender fácilmente las razones detrás de las decisiones judiciales. Esto reduce la percepción de oscuridad en el proceso y fomenta la confianza en que las decisiones son justas y basadas en la ley. Así, las redes sociales de los órganos jurisdiccionales o de las personas juzgadoras han permitido fortalecer un vínculo con la sociedad, a fin de proveer más información y herramientas sobre la labor jurisdiccional, acrecentar su legitimidad en sus resoluciones y fortalecer al Estado de derecho. <a style="color: #0000ff;" href="#_ftn5" name="_ftnref5">2</a>
Las sentencias emitidas por el TEPJF han trascendido las fronteras nacionales y se han convertido en piezas fundamentales de un complejo tejido jurídico y social, lo que evidencia que no sólo moldean el curso de la política y la democracia interna, sino que también suscitan un gran interés a nivel internacional, lo que enfatiza la importancia de emitirlas en lenguaje claro y ciudadano, y transparentarlas a través de medios digitales.
De esta manera, la publicidad de las determinaciones del Tribunal permite que puedan ser consultadas a nivel mundial, al tiempo que <a href="https://knowledgehub.transparency.org/helpdesk/transparency-of-court-proceedings" target="_blank" rel="noopener">mejora la percepción de confianza en su actuar, y su efectividad y eficiencia en el ejercicio de funciones</a>. Con políticas institucionales como ésta, el Tribunal avanza a pasos agigantados hacia la consolidación de una democracia cada vez más abierta, más inclusiva y más ciudadana.
* Rodrigo Sánchez Gracia es titular de la Secretaría General de Acuerdos del TEPJF.
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<a href="#_ftnref5" name="_ftn5">1</a> Jeremy Waldron, “The Rule of Law and the role of Courts”, en Global Constitutionalism (Cambridge University Press: 2021), página 94.
2 Soriano Custodio, Carlos Alberto. (2022). Justicia abierta: un reto para el poder judicial de la Federación en el siglo XXI (p. 95). Editorial Tirant lo Blanch.

¿Por qué es importante comunicar las sentencias del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación?

¿Por qué es importante comunicar las sentencias del Tribunal Electoral?

“El desarrollo insostenible está claro que no sostiene a la democracia”. 
Giovanni Sartori
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Tal vez la pandemia, los cambios climáticos, las guerras, la velocidad en la que, en general, aumenta nuestra dependencia de la tecnología en la vida diaria, entre otros temas, han provocado una sensación de acercamiento del fin del mundo. Esta es una percepción que se justifica de alguna forma, pues el mundo ya no es ni será como lo conocimos, y todo cambio implica la muerte de algo y el nacimiento de otra cosa.
De alguna forma hay conceptos que ya no pueden contener los mismos significados, estos se derrumban porque no hay otra alternativa y el sentido de aparente seguridad en el que hemos estado instalados/as, es desafiado día tras día. Esto está sucediendo en muchos temas, como el nuevo papel de las mujeres en las sociedades, el reconocimiento de la diversidad sexual y el cuestionamiento a las religiones, a las tradicionales formas de componer una familia, a la manera en que nos relacionamos con el medio ambiente. A esto se suma un fuerte cuestionamiento a las instituciones políticas y, por supuesto, también sabemos que está en crisis el concepto de la democracia en occidente.
En nuestro país, las emblemáticas elecciones presidenciales del año 2000 -a partir de las cuales después de más de 70 años las diferentes fuerzas políticas pueden alternarse en el ejercicio del poder político a través del voto popular- paradójicamente se convirtieron en el punto de quiebre; es decir, en el momento en que se percibe un real desencanto democrático que ya se venía gestando. La razón: los poderes fácticos impiden la generación de políticas que favorezcan a grupos mayoritarios de la población.
En efecto, ha crecido la insatisfacción con la democracia en muchos países, como lo ha sido en el nuestro, y si a partir de la raíz etimológica se puede inferir que la democracia es el poder popular, hoy por hoy, a nivel mundial hay gobiernos que parecen estar dirigidos no por el poder del pueblo, sino por la voluntad de dichos poderes fácticos; el poder económico como uno de los más influyentes. Esto ha originado muchos problemas, pero dos especialmente graves: las desigualdades sociales extremas y los problemas ambientales que ya parecen irreversibles.
Esta situación por supuesto provoca que gran parte de la población se sienta desprovista de su poder originario, que en teoría le corresponde, y genera enojo, provoca desinterés y un sentimiento de lejanía de la clase política hacia ellas y de una desesperanza de que sean atendidas sus necesidades. La población presiente, de alguna forma, que el sistema está diseñado para que jamás recupere ese poder.
Las personas que pertenecen a estos grupos excluidos que han sido explotadas y despojadas pareciera que han sido desposeídas también de su fuerza para exigir, o tal vez, muchas de ellas están pulverizadas en la vida de las redes sociales o quizá solo pueden ocupar su energía vital en poner atención emergente en su subsistencia, y su actuar es de desafección de la política, es probable que por estas razones posterguen el “YA BASTA” a los efectos de la manera en que se ejerce el poder.
Por ello, no debe extrañarnos que haya una insatisfacción a nivel internacional con la democracia y que, ya en ascenso -no es cosa menor- la democracia, con este diseño parece estar en agonía.
Corregir el rumbo de la democracia parece complejo; sin embargo, lo más valioso que enseñó la pandemia y que se instaló en la psique de la humanidad entera es esa capacidad muchas veces desconocida de adaptarnos a un modelo de vida cotidiana, totalmente desconocido, con pérdidas, con ganancias, algunas personas con más retos que otras, pero al final, conocimos un movimiento colectivo proveniente de algo desconocido y no calculado. Seguramente esta experiencia favorecerá a que los movimientos pendientes e inminentes sucedan con menos temor al cambio. Tendríamos que tomarlo en cuenta y apresurarnos a crear nuevos contenidos en la forma del ejercicio del poder en las democracias occidentales.
Si seguimos postergando como sociedad encontrar soluciones radicales a las grandes deudas es probable que el rugido de hartazgo y el ¡YA BASTA! surja del planeta, que también ha sido explotado y despojado. Pero como este tiene fuerza propia, tal vez las consecuencias sean irremediables.
* Mónica Lozano Ayala es magistrada en funciones de la <a href="https://twitter.com/TEPJF_Esp" target="_blank" rel="noopener">@TEPJF_Esp</a>.
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Corpor<a href="https://www.latinobarometro.org/lat.jsp" target="_blank" rel="noopener">ación Latinobarómetro. (2023, 21 de Julio).</a> Informe Latinobarómetro 2023: La recesión democrática de América Latina. Santiago de Chile.
Sartori, Giovanni. (2023). ¿Qué es la democracia? Taurus, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

La era del apocalipsis: nada será como lo conocemos, ni el contenido de la democracia

Una de las funciones básicas de los órganos jurisdiccionales que desarrollan tareas de control de constitucionalidad, entre ellos el Tribunal Electoral, es garantizar, desde el derecho, que existan las condiciones necesarias para favorecer el ejercicio pleno de las libertades de las personas, en tanto que éstas representan límites al ejercicio del poder público y, en la práctica, hacen posible que se materialicen valores como la igualdad, el pluralismo y la seguridad jurídica, que son pilares del orden social.
De esta forma, resulta incuestionable que el Tribunal Electoral está llamado a generar condiciones que fomenten y consoliden la tolerancia, el respeto, la diversidad y el diálogo, elementos esenciales para garantizar una sana convivencia y para fortalecer la democracia, que no es sólo un régimen político o nuestra forma de gobierno, sino también un elemento que legitima la Constitución y, sobre todo, un principio general del propio ordenamiento.
El primer requisito del estado democrático es la existencia de una ciudadanía activa, crítica y comprometida, que tenga la oportunidad real de participar en el debate público y en las decisiones de interés general y, para que esto sea posible, resulta determinante que se garantice en su favor un espacio amplio de libertades, entre las cuales, la de expresión juega un papel de especial trascendencia.
Esto, porque en un estado libre, el pensamiento y la palabra tendrán que ser igualmente libres, y en el ámbito político electoral deben poder expresarse y difundirse con una enorme intensidad, aun cuando puedan resultar severas, provocativas, chocantes o, incluso, escandalosas, y causen disgusto o malestar, pues esas son, precisamente, las demandas de la tolerancia y el espíritu de apertura, sin los cuales no podría existir una sociedad incluyente.
De esta suerte, el tribunal debe garantizar que todas las manifestaciones que se realicen en ejercicio del derecho en comento se encuentren protegidas de manera reforzada y, consecuentemente, sólo sean restringidas por razones imperiosas, enfocadas a garantizar el orden público como, por ejemplo, cuando el ejercicio de esta libertad pueda entrar en colisión con otros principios de rango constitucional, como los que sostienen el modelo de comunicación política, a través de los cuales se busca evitar una competencia asimétrica entre quienes participan en los procesos democráticos.
Así, el tribunal debe dar coherencia a los mandatos constitucionales que rigen los procesos de participación ciudadana para garantizar su eficacia plena y, a través de sus resoluciones, generar certeza a las y los participantes, abonar a la confianza y legitimidad de los comicios, y sobre todo, hacer operativo el binomio democracia-constitución que, en palabras de Carlos Nino, “…no es un matrimonio sencillo…” por las tensiones naturales que se derivan, por un lado, de la exigencia de contar con espacios de libertad cada vez más amplios para adoptar las decisiones mayoritarias y, por otro, del establecimiento de límites legales para concretarlas.
Frente a esta tensión, el tribunal debe encargarse de dar cauce y equilibrar ambos elementos, pues lo único que no puede suceder es que los anule o ponga en riesgo a través de sus determinaciones.
Ahora bien, las nuevas tecnologías de la información y comunicación juegan un papel fundamental para el ejercicio de la libertad de expresión en el ámbito democrático, pues se han consolidado como herramientas que posibilitan la existencia y difusión de múltiples materiales; amplían el espacio de participación; generan un intercambio incesante y, por ende, un acceso sin precedentes a la información; facilitan una interacción estrecha entre las personas y, por todo lo anterior, se constituyen como potenciadoras de un debate político sólido y de altura.
No obstante, los mecanismos digitales ponen también en la palestra nuevos retos para la aplicación del diseño normativo vigente en la materia como, por ejemplo, el empleo de big data; la presencia de fake news; la existencia de trolls y bots, así como el deep fake y la inteligencia artificial.
Ante ello, al ser la máxima instancia jurisdiccional de control concreto de los actos y normas de naturaleza político electoral, el tribunal está llamado a garantizar que los nuevos medios de información y comunicación cumplan un papel relevante dentro de los procesos de participación ciudadana y, por tanto, su actuación debe encaminarse a asegurar que el ejercicio de este derecho, con independencia del medio a través del cual se lleve a cabo, resulte útil para el modelo democrático establecido normativamente.
Sin embargo, esta intrusión tendrá que ser mínima y excepcional, y habrá de encaminarse a orientar los contenidos que se difunden a través de las herramientas tecnológicas, con la única finalidad de evitar que desatiendan las reglas de las contiendas democráticas y, como consecuencia, produzcan efectos perniciosos en los espacios de decisión ciudadana.
Conforme a lo anterior, parece válido considerar que la relevancia de la jurisdicción constitucional electoral para la construcción y consolidación de la forma de gobierno mencionada en un mundo digital, debe encaminarse a generar certeza respecto del uso de las tecnologías en los procesos de participación ciudadana; ajustar el discurso político electoral que se socializa a través de ellas a los parámetros establecidos en la Constitución, y asegurar el cumplimiento de los principios que sostienen el modelo democrático previsto normativamente, en especial el de comunicación política, pues sólo así será posible elevar la jerarquía del debate público y, consecuentemente, fortalecer la calidad de nuestro sistema político.
* Rubén Jesús Lara Patrón (<a href="https://twitter.com/rurla" target="_blank" rel="noopener">@rurla</a>) es magistrado de la Sala Regional Especializada (<a href="https://twitter.com/TEPJF_Esp" target="_blank" rel="noopener">@TEPJF_Esp</a>).

El papel del Tribunal Electoral como garante de la libertad de expresión en una democracia digital

Un ejemplo de adecuada actuación en un Estado de Derecho es la elección de magistradas y magistrados electorales por el Poder Legislativo; sin embargo, conforme al sistema federal mexicano expresa y libremente asumido por el pueblo, de acuerdo con lo previsto en el artículo 40 de la Constitución, lo congruente es que las (os) magistradas (os) del tribunal federal sean electos por la Cámara de Senadores y quienes integren los tribunales locales sean electos por el Poder Legislativo de la entidad federativa correspondiente.
Lo ideal es también una convocatoria abierta, democrática, para que todas las personas que consideren cumplir los requisitos formalmente previstos estén en posibilidad jurídica de participar en ese procedimiento de elección indirecta.
Para ello, se debe integrar una comisión técnica en el órgano legislativo competente, con la finalidad de revisar el cumplimiento formal de todos los requisitos por quienes hayan concurrido en respuesta de la convocatoria; en caso de incumplimiento de requisitos subsanables se debe dar oportunidad, dentro de un plazo brevísimo, para que la interesada satisfaga puntualmente lo incumplido.
Todas las personas que cumplan lo requerido deben ser sometidas a un riguroso examen de conocimientos jurídicos, con un apartado de Derecho en general y apartados de Derecho Constitucional y Derecho Electoral, sustantivo y procesal.
El examen debe ser aplicado por una o más comisiones académicas, integrada cada una por al menos cinco juristas de alto prestigio académico, a propuesta de las principales Universidades de la República, públicas y privadas. El examen debe ser teórico y práctico; en modalidad escrita y verbal; de carácter público el examen verbal; ambos con la amplitud pertinente y tiempo suficiente para garantizar su exhaustividad y severidad, dignidad o decoro académico ¡Nada de simulaciones!
Las personas que obtengan las más altas calificaciones a partir de un mínimo académicamente serio, deben presentar un examen psicométrico ante una comisión integrada por especialistas en la materia, a fin de estar en posibilidad de seleccionar a las personas más adecuadas para ocupar las magistraturas vacantes.
De entre las personas que hubieren superado satisfactoriamente ambos exámenes, de conocimientos y psicométrico, la comisión técnica o la académica debe proponer ternas, con personas del mismo género, para cada magistratura vacante, con la finalidad de cumplir el principio constitucional de paridad. La propuesta debe ser al pleno de la Cámara de Senadores o del Congreso local, en su caso, para que el órgano legislativo tenga la posibilidad de elegir, siempre por mayoría calificada de las dos terceras partes del total de integrantes, a la persona que ocupará el cargo.
En esta elección, como debe ser en todo, no se deben admitir componendas políticas, irresponsabilidad o simulaciones; no se debe aceptar el voto favorable de las dos terceras partes de legisladoras (es) presentes, debe ser del total de integrantes, todas (os) tienen el deber-derecho constitucional de asistir y elegir.
En el supuesto de que a la primera convocatoria para la sesión plenaria no concurra la legislatura íntegra o al menos el equivalente a las dos terceras partes de la totalidad, se debe emitir una segunda convocatoria bajo apercibimiento que de no tener la asistencia mencionada, la elección para cada magistratura se hará por insaculación, terna por terna. La votación favorable siempre debe ser el equivalente a las dos terceras partes de integrantes del órgano legislativo.
Como es evidente el incumplimiento actual de la Cámara de Senadores, a su deber-derecho de elegir magistradas (os) electorales, federales y locales, se debe establecer que, transcurrido un plazo brevísimo a partir de la propuesta de ternas, sin que se haga la elección, las ternas deben ser enviadas, con los expedientes respectivos, a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en lo federal, y al Tribunal Superior de Justicia de la respectiva entidad federativa, para que efectúe la elección.
La elección por el Poder Judicial, federal o local, debe ser en sesión plenaria pública, siempre por insaculación, por cada terna. Las personas así electas rendirán protesta constitucional ante el Tribunal Pleno elector, para asumir el cargo en la fecha señalada en la legislación aplicable o de inmediato, si el respectivo plazo para su elección se ha consumado. La oportuna y adecuada integración de los tribunales es un principio elemental y substancial en todo Estado de Derecho.
* Flavio Galván Rivera es profesor-investigador de la Escuela Judicial Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (<a href="https://twitter.com/TEPJF_EJE" target="_blank" rel="noopener">@TEPJF_EJE</a>).

Elección de magistradas y magistrados electorales: propuesta de procedimiento

Perdona amable lector o lectora si este título es demasiado coloquial o directo, pero quiero entrarle al tema de inmediato. Este proceso electoral será histórico porque las personas en situación de prisión preventiva van a ejercer su derecho al voto y creo que aún no hemos dimensionado qué supone esto.
Tuve la oportunidad de asistir a las reuniones que se dieron entre el mes de diciembre de 2023 y el mes de enero de 2024 en los centros de reinserción social de la Ciudad de México; voy a referirme a la experiencia en el centro femenil Santa Martha Acatitla, al que asistimos el 6 de diciembre por la mañana.
La convocatoria la realizó el consejero Bernardo Valle Monroy, del Instituto Electoral de la Ciudad de México, y en esta primera fase la intención era incentivar el voto entre la población derechohabiente, con miras a que el Instituto Nacional Electoral integrara la lista nominal con quien solicitara acceder a ese derecho.
La expectación era máxima. Pensábamos inicialmente que las personas recluidas con sus múltiples problemas verían la oportunidad de votar como algo no prioritario. Nos equivocamos.
El personal de la Secretaría de Seguridad de la Ciudad de México nos indicó el espacio para desarrollar las actividades de socialización de los temas que llevábamos para compartir. Nos dijeron que debíamos ser concretos y buscar atraer la atención, porque no es algo sencillo mantener la atención. Ese día las mujeres de Santa Marta tenían jornada de vacunación; se aumentó un poco la ansiedad, pero dio oportunidad para platicar con algunas custodias y algunas presas para medir un poco el ambiente. Las historias que escuchamos en ese lapso nos rompieron el corazón; la vida ahí no es nada fácil.
Pudiera pensarse que muchas de las personas privadas de la libertad “lo merecían”, pero ese es justo el problema. En el caso de los procesados no se ha demostrado, y la Constitución exige la presunción de inocencia, luego está el tema del rezago judicial que vuelve penosos dichos procesos; una doble conculcación de derechos. Si la justicia electoral puede hacer algo por esta población, no hay nada de malo.
Finalmente nos encontramos frente a este peculiar auditorio. Algunas reclusas silban, otras lanzan frases pícaras o dicen bromas, finalmente arrancamos. La adrenalina es alta, todo sale de maravilla. Ellas participan en todos los ejercicios, corresponden a los comentarios y las preguntas; se comprometen a votar. Hay una pequeña luz en sus ojos, sienten que no lo han perdido todo, sus derechos políticos siguen intactos. De aquí a la elección el camino no será fácil, hay bastante reticencia en algunas personas incluso del propio sistema electoral y en las entidades federativas donde ya es una opción, pero estoy seguro que somos los precursores de algo que un día será normal.
En la mañana en que escrito este texto recibo la videollamada del colega chileno Luis Hernández Olmedo, juez electoral del tribunal regional de Santiago de Chile, quien me comenta que, inspirado en los cambios mexicanos respecto al voto en prisión preventiva, ha planteado en aquel país que vayan también en aquella dirección. No puede ser más esperanzador.
<a href="https://twitter.com/TEPJF_EJE" target="_blank" rel="noopener">@TEPJF_EJE</a>

Votar desde el Bote

Tema de reiterado análisis y pronunciamientos de toda especie es la falta actual de magistradas y magistrados en la Sala Superior, Sala Regional Especializada y Salas Regionales de circunscripción, todas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, máximo órgano jurisdiccional (tribunal) especializado en la materia electoral, tanto en el orden federal, como local, municipal y sus correlativos en la llamada Ciudad de México.
Es el más alto tribunal de la República para resolver las controversias que surgen en el contexto de las elecciones que, conforme a la Constitución federal, a las constituciones locales y leyes reglamentarias generales y locales, se deben llevar a cabo en los Estados Unidos Mexicanos a fin de elegir a los representantes del pueblo para el ejercicio del Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo, federal y local, así como para elegir a los integrantes de los ayuntamientos y las alcaldías, para el ejercicio del poder municipal.
En el cumplimiento de sus funciones, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación debe hacer control de legalidad, de constitucionalidad y convencionalidad en toda la materia electoral de México, con excepción del control abstracto de constitucionalidad de leyes y normas jurídicas electorales, es decir, sin necesidad de aplicación para un caso concreto, siempre que su impugnación, mediante acción de inconstitucionalidad, se haga dentro de los treinta días naturales posteriores a su publicación en el Diario Oficial de la Federación o en el correspondiente órgano oficial de difusión en las entidades federativas. Este control abstracto de leyes y normas electorales es competencia exclusiva de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Por disposición constitucional, para el ejercicio de sus facultades, la Sala Superior se debe integrar, respetando el principio de paridad de género, con siete magistradas (os), en tanto que las Salas Regionales se integran, conforme al mismo principio, con tres magistraturas; los tribunales electorales locales se componen, cumpliendo la paridad de género, con diferente número impar de magistradas (os).
Las magistradas y magistrados electorales, federales y de las entidades federativas deben ser electos por la voluntad soberana del pueblo, mediante voto indirecto de la ciudadanía, manifestado por conducto de la Cámara de Senadores; esta elección debe ser por mayoría calificada de quienes integran la Cámara Alta del Congreso de la Unión. Para ser electa (o) magistrada (o) se requiere el voto favorable de las dos terceras partes de senadoras y senadores presentes en la sesión pública correspondiente; si se presentan los 128 integrantes, sería necesario el voto favorable mínimo de 86 senadoras (es) para ser electa magistrada (o) electoral; por supuesto, cumpliendo siempre, la persona candidata a una magistratura, los requisitos constitucional y legalmente establecidos.
Por excepción, la magistratura vacante, definitiva o temporal, en la Sala Superior se suple con la magistrada o el magistrado de Sala Regional de mayor antigüedad en el cargo o, en su caso, de mayor edad; en tanto que tales vacantes en las Salas Regionales del Tribunal federal y en los Tribunales Electorales locales se suple con la persona designada secretaria general de acuerdos o con la secretaria o secretario con mayor antigüedad en la Sala Regional o Tribunal local correspondiente.
Esto es lo que procede en circunstancias ordinarias, pero no existe solución constitucional ni legal para los casos, como sucede en el tiempo presente, en que la Cámara de Senadores, ilícitamente, incumple su deber constitucional de elegir a las correspondientes magistradas y magistrados electorales, a pesar de haber transcurrido en exceso, para ese efecto, los plazos previstos en la legislación.
Actualmente, la Sala Superior, las Salas Regionales y los Tribunales Electorales locales no están integrados como dispone la Constitución federal. La Cámara de Senadores ha incurrido en reiterado incumplimiento de su deber constitucional de elección. ¿Qué hacer en estas circunstancias?
Por el bien de México y la fortaleza de la democracia representativa, es inaplazable reformar la Constitución federal para establecer el sistema electoral de magistradas y magistrados electorales, federales y locales, por insaculación, cuando la Cámara de Senadores no ejerza, en tiempo y forma, su facultad de elección.
* Flavio Galván Rivera es profesor-investigador de la Escuela Judicial Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (<a href="https://twitter.com/TEPJF_EJE" target="_blank" rel="noopener">@TEPJF_EJE</a>).

Elección de magistrados electorales federales y locales: reforma constitucional inaplazable

Previo al inicio de la etapa de precampaña del actual proceso electoral, la Sala Superior del TEPJF validó el aumento en el porcentaje de participación de las mujeres en la asignación del financiamiento público y de los tiempos del Estado en radio y televisión, para establecer que este será del 50 %. <a style="color: #0000ff;" href="#_ftn1" name="_ftnref1">1</a>
La determinación tuvo su origen en la impugnación efectuada por un partido político nacional, en el que planteó: a) la posible vulneración al principio de reserva de ley, al estimar que correspondía al Congreso de la Unión reglamentar en materia de paridad de género; b) la vulneración al artículo 105 de la Constitución Federal, porque la modificación debió realizarse por lo menos 90 días previo al inicio de las elecciones, y c) la vulneración a los principios de autoorganización y autodeterminación de los partidos políticos para desarrollar las estrategias de participación de las candidaturas que postulan. <a style="color: #0000ff;" href="#_ftn2" name="_ftnref2">2</a>
<h2>Contexto</h2>
En 2020, el Consejo General del INE emitió los Lineamientos para regular el acceso a los recursos para la obtención del voto de las candidatas. En ellos estableció que los partidos políticos debían asignar a las candidaturas de mujeres por lo menos del 40 % de sus prerrogativas, al advertir que se trata de un elemento fundamental para lograr una competencia y representación más equitativa.
Durante los procesos comiciales en curso, el INE advirtió la necesidad de aumentar el porcentaje de acceso a los recursos para establecer una proporción igualitaria entre las candidaturas de mujeres y las de hombres, con lo cual considera se materializa el principio de paridad total previsto en la reforma constitucional de 2020.
<h2>Razones de la decisión</h2>
El Pleno de la Sala Superior confirmó el aumento en el porcentaje de participación de las mujeres al financiamiento público y a las prerrogativas de radio y televisión, al considerar que se trata de una medida que iguala las condiciones de participación política y contribuye  a corregir las desventajas históricas en las que se ha colocado a las mujeres; además, sostuvo que el INE cuenta con facultades para vigilar que los partidos cumplan con sus obligaciones en materia de paridad de género y el respeto de los derechos de igualdad y no discriminación en la participación política de las mujeres.
De igual forma, se sostuvo que no era necesario que la modificación ocurriera 90 días antes del inicio de las elecciones, porque el ajuste realizado no se trató de una modificación sustancial a las reglas que rigen los procesos electorales, pues no se varió ni eliminó algún derecho u obligación de los actores políticos ni se involucran aspectos rectores del proceso, pues el INE únicamente instrumento los mecanismos para cumplir con el principio de paridad de género y evitar una práctica discriminatoria contra las mujeres.
<h2>Conclusiones</h2>
Los criterios establecidos por el Pleno de la Sala Superior en materia de paridad de género han dado sustento al concepto de paridad total, sin que ello implique limitarlo a la participación igualitaria de las mujeres en las candidaturas o en la integración de los órganos de Estado.
Por el contrario, a partir de la visión progresista que caracteriza las decisiones del Tribunal Electoral se estimó necesario seguir potenciando dicho principio, pues la “paridad en todo” también debe permear en las condiciones de participación a fin lograr que las mujeres compitan en igualdad de circunstancias.
Así, el hecho de haber señalado un porcentaje de acceso igualitario a las prerrogativas de las mujeres respecto de las candidaturas de hombres se traduce en un mecanismo para borrar la brecha de desigualdad y corregir las desventajas históricas en las que se ha ubicado a las mujeres en la participación en política.
Garantizar esta postura de igualdad en el acceso de las mujeres a los recursos de campaña nivela la cancha electoral y lleva a superar las barreras de participación política, lo cual es coherente con los principios de igualdad de género y el pleno ejercicio de los derechos político-electorales de las mujeres.
* Felipe de la Mata Pizaña es magistrado de la Sala Superior y Karem Rojo García es secretaria de estudio y cuenta, ambos del <a href="https://twitter.com/TEPJF_informa" target="_blank" rel="noopener">@TEPJF_informa</a>.
&nbsp;
<a href="#_ftnref1" name="_ftn1">1</a> Lineamientos aprobados por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral en el Acuerdo INE/CG591/2023.
<a href="#_ftnref2" name="_ftn2">2</a> SUP-RAP-328/2023.

Paridad en las prerrogativas

El argumento central del Leviatán es conocido de sobra. Se repite en medios de comunicación, en la academia y en nuestras conversaciones cotidianas con ligereza. No es que necesariamente sepamos quién fue Thomas Hobbes ni podamos definir el estado de naturaleza según lo entendió él. Es lo que sucede con las grandes ideas: circulan hasta volverse parte del sentido común, aunque no siempre expliquen ni den cuenta del orden “real” de las cosas.
Lo cierto es que a nadie extraña escuchar o leer que las personas somos naturalmente egoístas y que la función de la norma jurídica es, justamente, limitar las posibilidades -en principio inagotables- de imponer nuestra voluntad. La premisa también sirve para definir lo que en economía se conoce como principio de escasez: las necesidades son infinitas y los medios para satisfacerlas son, por el contrario, escasas.
El problema para Hobbes no es tanto que haya quien pueda, a nivel individual, imponerse al resto, sea por la fuerza o por la inteligencia, sino que, primero, nadie puede hacerlo para siempre y, segundo, aún si pudiera (que no puede), es posible que un grupo organizado llegara a conquistar a ese disgregado de personas e imponer su ley y voluntad. Para evitar ese sojuzgamiento involuntario se necesita entonces un ente legítimo que regule, establezca límites y garantice una cierta armonía. Todo, bajo la renuncia individual a la posibilidad de hacer lo que nos venga en gana, para decirlo en términos llanos.
El orden social es posible porque (supuestamente) renunciamos a satisfacer todos nuestros deseos en todo momento; en otros términos, porque cooperamos. Y cooperar siempre significa pensar que no estamos solas en el mundo.  El problema lo vio también John Nash, muchos siglos después, al tratar de resolver el dilema que planteaba la teoría de juegos: si cada persona sólo buscara optimizar sus circunstancias sin tener en cuenta a las demás, terminaríamos por bloquearnos todas.
Desconozco si la película “Una mente brillante” se base en situaciones reales para contarnos cómo el profesor concluye en sus planteamientos sobre el “equilibrio” en situaciones de no cooperación, por lo que prefiero recurrir a un ejemplo propio, que vivimos además diariamente en nuestras caóticas ciudades.
Todas hemos estado alguna vez atascadas en el tráfico. Avanzamos lento sobre una avenida y nos acercamos a un semáforo en verde. Seguir nuestro paso puede implicar que nos toque el rojo, con lo que terminamos por bloquear el paso de quienes atraviesan la avenida. Hasta ahí, no habría mayor inconveniente. En lo individual no parecería demasiado importante bloquear el paso de los vehículos si uno obtiene el beneficio de seguir adelante.
El problema está cuando alguien del otro lado decide hacer lo mismo cuando a él o ella se le pone el verde, a sabiendas de que no va a pasar el tiempo que dure el semáforo y termina por bloquearnos, pero al mismo tiempo él mismo queda bloqueado por quienes como uno, decidió seguirse a pesar de la posibilidad de caer en rojo. Ahora pensemos en el derecho y la democracia.
No es infrecuente que las plataformas electorales de los partidos prometan sanciones más elevadas para resolver el problema de inseguridad. O en realidad el problema que sea. Desde la academia, hay quienes, siguiendo la idea hobbesiana, han sostenido que menos que elevar la sanción, lo que en todo caso impacta en el cumplimiento debido de la norma, es la posibilidad (real) de que se aplique la sanción. Al final se supone que, al ser egoístas por naturaleza, tendemos a maximizar. Si resulta más costoso no cumplir la norma que cumplirla, vamos a cumplir. Y viceversa.
Hay otro problema, ahora asociado a ese cumplimiento, que es cómo asegurarlo. Un sistema democrático supone establecer límites al ejercicio del poder, especialmente al poder punitivo. El Estado, entonces, no puede hacer lo que sea en aras de garantizar el orden público. En defensa de Hobbes habrá que decir que él no estaba pensando en un sistema democrático; es otro tema, pero lo que buscaba era fundamentar y legitimar a un totalitarismo en la era del despotismo ilustrado.
Volviendo al punto, un orden democrático tendrá muchos límites y controles en el uso de la violencia legítima. No es legítima sólo porque tiene un fundamento normativo, sino por cómo se utiliza, bajo qué circunstancias y quiénes están facultadas para ejercerla.
En los últimos años hemos visto crecer, yo diría, de manera alarmante, las facultades punitivas del Estado, la fuerza de las corporaciones policiacas y colapsar los controles básicos. El ejemplo más dramático es El Salvador bajo el mandato de Bukele. Pero no es el único. Las soluciones de fuerza desmedida toman fuerza, valga la redundancia, a medida que hay una menor capacidad para mantener el orden y crece el reclamo social por seguridad. Pero sucede en otros ámbitos.
La pausa navideña no nos ha dado tregua: en el radio, televisión y redes sociales vemos una y otra vez mensajes de precandidaturas únicas, dirigidas a militantes del partido que sea. Es un tecnicismo que usan a su favor partidos y candidaturas, porque de todas maneras terminamos por verlos todas, sin ser militantes.
Habrá quien busque, con alguna razón, echar en cara a las autoridades la permisividad y el pasmo: debería haber sanciones ejemplares. Pero, otra vez, tenemos un problema. Si ninguno de nuestros actores coopera (y en realidad vale igual para ilícitos de tránsito y penales), dado que no podemos materialmente sancionar a todos, tendremos que sancionar a alguno o algunos, aleatoriamente. O sea, aplicar de manera algo selectiva la ley; tomar un caso emblemático para mandar el mensaje. Sucede en todos lados, pero en el derecho electoral es no sólo indeseable sino hasta desaconsejable.
La solución, por ende, no es solamente aplicar la norma, porque no es un problema exclusivamente jurídico. Tiene una dimensión ética innegable. Tenemos que pensar en los términos de nuestra cooperación, en vez de pensar en nuestra ganancia, en el espacio que sea. Y pasa por cambiar nuestro sentido común.
* Alonso Vázquez Moyers (<a href="https://twitter.com/alonsomoyers" target="_blank" rel="noopener">@alonsomoyers</a>) es profesor-investigador de la Escuela Judicial Electoral (<a href="https://twitter.com/TEPJF_EJE" target="_blank" rel="noopener">@TEPJF_EJE</a>).

Es la cooperación, no la sanción

El siglo XXI nos mostró desde sus inicios una nueva época en el avance de la tecnología; las redes sociales y la inteligencia artificial ya son parte de nuestras actividades cotidianas. Estas tecnologías no se van a detener, los robots invaden el mundo. Estamos acostumbrados desde hace algún tiempo a que en la industria automotriz gran parte de los automóviles los construyen los robots. Ahora también en la mayoría de los hospitales en el mundo, incluyendo en México, los robots son quienes realizan en algunos casos una cirugía a un paciente. La inteligencia artificial está por todos lados. Inclusive esta inteligencia nos dice también cuando falla la propia inteligencia artificial o si, por ejemplo, nos dan una noticia falsa, la misma inteligencia nos dice que es falsa. Es un nuevo mundo que está llegando a todas partes y a todas las personas.
¿Qué sucede en las elecciones con estas nuevas tecnologías? En el ámbito de la política y de las elecciones por una parte ya llegaron por completo estas nuevas tecnologías con las redes sociales y la inteligencia artificial, pero por otra parte estamos atrasados, por ejemplo, con el voto electrónico.
En el caso mexicano tenemos veinte años o un poco más realizando en diferentes elecciones pruebas piloto del voto en urna electrónica, es decir, se lleva una urna electrónica hasta una casilla urbana o rural y ahí emiten su voto un grupo de personas. En la mayoría de los casos han sido muy exitosas esas pruebas, no fallan, cumplen con su objetivo, y se obtienen los resultados de la urna electrónica sin ningún problema.
También se pueden organizar elecciones vía internet, pero para eso necesitamos una cobertura nacional; entonces como primer paso hay que realizar elecciones en forma hibrida, con urnas electrónicas y vía internet. El futuro indica que habrá elecciones en todo el mundo vía internet, pero eso será quizá en unos años más; sin embargo será muy importante en México que las candidatas y los candidatos que ganen en las próximas elecciones e integren el Congreso de la Unión y los congresos locales programen en sus agendas legislativas como una prioridad, entre muchas otras, la incorporación del voto vía urna electrónica o vía internet, o ambos, para futuras elecciones.
Las y los ingenieros nos dicen: se imaginan que todavía estuviera a la venta el auto más vendido en México en su tiempo, el Volkswagen sedán, y nos contestan: eso ya no sería posible en la actualidad, de entrada porque no cumpliría con las medidas ambientales y de seguridad, entre otras muchas cosas. En unos años esas ingenieras e ingenieros nos van a decir que los autos de gasolina son obsoletos, ya de hecho nos empiezan a invadir los autos híbridos y los eléctricos, que por cierto la mayoría de las personas están de acuerdo con ellos; solo falta que no sean tan caros, pero para allá vamos.
Si la industria automotriz no se detiene en sus avances tecnológicos, entonces ¿qué pasa con el avance tecnológico en las elecciones?, ¿necesitamos que las ingenieras e ingenieros vayan a los congresos del país?, ¿será necesario que expliquen que las boletas de papel son obsoletas?
La cultura política debe cambiar, tenemos que adecuarnos a las nuevas tecnologías para que las elecciones se organicen con procesos más eficientes y eficaces. El cambio implica un riesgo, pero vale la pena afrontar ese riesgo. Recuerden: “el que no arriesga no gana”.
Además, hay expertos que afirman que cuando se implemente el voto vía internet, se va a superar la barrera en México que nos dice que solamente vota la mitad de la ciudadanía en las elecciones y solo en algunos casos un poco más, como en las elecciones presidenciales donde el promedio de votación es de un poco más del sesenta por ciento.
¿Se imaginan una elección en donde vote el ochenta por ciento o más del electorado? Seríamos uno de los países en el mundo con más participación en una elección, esa es la meta que se debe cumplir y el voto por internet será una gran herramienta para lograr esa meta.
Esperemos que las próximas elecciones sean las últimas con boletas de papel. Quienes van a votar por primera vez, aprovechen esa experiencia, porque quizá no vuelva a suceder.
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