Administrar la abundancia: ¿qué hicimos con la renta petrolera?
A partir del auge petrolero que inició con la explotación del yacimiento de Cantarell en el Golfo de México, a finales de la década de los setenta, el Estado mexicano ha recibido un flujo constante de recursos multimillonarios provenientes de la extracción de petróleo, gas natural y otros hidrocarburos.
En los últimos 48 años –entre 1977 y 2024– los ingresos petroleros representaron una cuarta parte (24 %) del total de ingresos del sector público federal. De estos recursos, aproximadamente la mitad fue captada por Petróleos Mexicanos (Pemex), y la otra mitad por el Gobierno Federal, principalmente a través del cobro de impuestos y derechos a la petrolera estatal.
Ahora que la producción de petróleo es apenas una fracción de lo que fue hace algunos años y enfrenta una declinación constante, ahora que las economías en todo el mundo avanzan hacia la despetrolización, vale la pena preguntarnos si supimos “administrar la abundancia”, en alusión a la tristemente célebre frase pronunciada por José López Portillo en 1977.
Desafortunadamente ni el Estado mexicano en general ni Pemex en lo particular han gestionado adecuadamente los ingresos provenientes de la explotación de aquellos recursos que, por su propia naturaleza, tarde o temprano se agotarán.
Por tratarse de recursos no renovables, los ingresos petroleros debieron ahorrarse en un fondo soberano: un vehículo de inversión administrado por el Estado. Sin embargo, el Fondo Mexicano del Petróleo –creado precisamente con ese fin, aunque con un diseño fallido que ha limitado su funcionamiento– apenas acumula 22.7 mil millones de pesos al cierre de 2024. En contraste, el fondo soberano de Noruega, que administra la renta petrolera de ese país, alcanza un valor de mercado 1,586 veces mayor: 36.1 billones de pesos.
En su defecto, estos recursos pudieron haberse destinado a la adquisición de bienes de capital o infraestructura pública –puertos, aeropuertos, carreteras, redes de transmisión eléctrica– que incrementaran la capacidad productiva de la economía mexicana. Pero ante la falta de trazabilidad de los ingresos petroleros, es imposible saber con certeza si se usaron para programas o proyectos específicos. Si tomamos como referencia las cifras de gasto de las últimas tres décadas, todo apunta a que menos del 15 % de la renta petrolera terminó financiando infraestructura pública.
En cuanto a Pemex, la petrolera tampoco ha sido capaz de gestionar de manera eficiente los recursos que administra. A pesar de la reducción sostenida de su carga fiscal en los últimos años –la tasa del principal derecho que pagaba pasó de 65 % en 2019 a 30 % en 2024– la empresa sigue enfrentando un panorama financiero y operativo desfavorable que, según sus propios auditores externos, pone en duda su capacidad para continuar operando y cumplir con sus obligaciones de pago.
Incluso el nuevo régimen fiscal de Pemex, que entró en vigor este año con la creación del “Derecho Petrolero para el Bienestar” y que reducirá aún más su carga tributaria de acuerdo con un estudio del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), no garantiza una mejor gestión de los ingresos de la empresa al no resolver aquellos problemas estructurales que enfrenta.
Al ritmo de producción actual –y si no hay nuevos descubrimientos– las reservas totales de petróleo y gas natural de México se agotarían en aproximadamente 24 años. Ante esta perspectiva, la pregunta es inevitable: ¿haremos lo correcto con los recursos que nos quedan, pensando en beneficio de quienes vivirán cuando ya no tengamos petróleo, o desperdiciaremos nuevamente esta oportunidad?
* Diego Díaz (@Diego_DiazP) es Coordinador de Finanzas públicas.
Según expertos, el Clan del Golfo es la organización criminal más poderosa de Colombia y dominan rentas ilegales como la extorsión, el narcotráfico, la migración y la minería ilegal.
Nuevo capítulo en la campaña de Estados Unidos contra el narcotráfico y el crimen organizado en América Latina.
El Ejército Gaitanista de Colombia (EGC), más conocido como Clan del Golfo, fue designado como organización terrorista extranjera por el Departamento de Estado estadounidense.
“Es una organización violenta y poderosa con miles de miembros. Su principal fuente de ingresos es el tráfico de cocaína, que utiliza para financiar sus actividades violentas”, según un comunicado de la oficina liderada por Marco Rubio.
Surgido de remanentes del paramilitarismo de los años 90, el EGC, que defiende tener motivos políticos, es considerado el grupo criminal más poderoso de Colombia.
Es la cuarta agrupación armada colombiana que EE.UU. incluye en su lista de organizaciones terroristas extranjeras, uniéndose así al Ejército de Liberación Nacional (ELN), las FARC-EP y la Segunda Marquetalia, disidencias de las FARC que se desmovilizaron tras el acuerdo de paz de 2016.
La decisión de Washington ocurre en un momento de alta tensión en América Latina.
Desde septiembre, militares estadounidenses han atacado a decenas de supuestas embarcaciones narco en el Caribe y Pacífico sudamericanos donde han muerto al menos 95 personas.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha reiterado que la campaña contra el narcotráfico pronto incluirá acciones terrestres en Venezuela.
Trump acusa a su homólogo venezolano, Nicolás Maduro, de liderar una organización criminal llamada Cartel de los Soles, algo que Maduro niega.
El estadounidense tampoco ha descartado que los ataques se extiendan a territorio colombiano, donde más cocaína se produce en el mundo, generando fuertes críticas del presidente Gustavo Petro, al que EE.UU. sancionó recientemente por presuntos vínculos con el narcotráfico.
El Clan del Golfo, por su parte, se encuentra en negociaciones con el gobierno de Petro como parte de la estrategia de “paz total”.
La designación del grupo como organización terrorista por parte de EE.UU. parece poner todo este contexto en vilo.
Quiénes son y cómo surgió el Clan del Golfo
La extensa región del Urabá, fronteriza con Panamá y alrededor de un golfo con salida al Caribe, fue dominada en los 90 por las guerrillas del Ejército Popular de Liberación (EPL) y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
Luego entraron las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), el ejército paramilitar que enfrentaba a la insurgencia.
El EPL y las AUC marcaron el origen de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, o Clan del Golfo, puesto que exmiembros de ambos bandos, en teoría opuestos y desmovilizados, se articularon en una nueva agrupación que, bajo la mirada de analistas y el Estado, adquirió un corte más criminal que político.
Las AGC, hoy llamadas EGC, crecieron en poder y control territorial.
Una investigación de la Fundación Pares en Colombia estima que el grupo está presente en 302 de los alrededor de 1.100 municipios del país.
Según expertos, es esa la clave por la cual hoy dominan rentas ilegales como la extorsión, el narcotráfico, la migración y la minería ilegal.
Víctor Barrera, investigador del Centro de Investigación y Educación Popular (CINEP) en Bogotá, señaló que el grupo “tiene una gran capacidad de movilidad en el territorio, porque operan a través de la subcontratación de servicios específicos según lo demande la situación”.
Este sistema, similar al de franquicias empresariales y con integrantes asalariados, dificulta saber su extensión y les facilita encontrar reemplazo rápido a los líderes que son capturados o dados de baja.
“Hoy se estima que el EGC tiene alrededor de 9.000 miembros, según cifras oficiales, aunque se está llevando a cabo un nuevo conteo en que seguramente aumentará el dato”, le dice a BBC Mundo Gerson Arias, investigador asociado en la Fundación Ideas para la Paz (FIP).
Arias señala que una tercera parte del grupo actúa como ejército, mientras que el resto son redes de apoyo, “milicias y redes de inteligencia”, que en el interior de la organización como “puntos urbanos, rurales o militares”.
Los tentáculos del Clan también han sido detectados en países como Brasil, Argentina, Perú, España y Honduras, donde algunos de sus miembros han sido capturados.
Quiénes lideran la organización
Durante 15 años, desde comienzos de los 2000, la organización fue controlada por los hermanos Dairo Antonio (Otoniel) y Juan de Dios Úsuga.
Al grupo también se le solía llamar Clan Úsuga.
Otoniel se convirtió en líder máximo cuando su hermano murió a manos de la Policía Nacional durante un asalto a una “narcofiesta” de fin de año, el 1 de enero de 2012.
Otoniel fue el criminal más buscado de Colombia hasta su captura y extradición a EE.UU. en 2021. Hoy cumple 45 años de condena en una prisión estadounidense.
Tras su caída, los nombres de sus sucesores aparecieron rápido en medios colombianos.
Uno de ellos, Wílmer Giraldo, alias Siopas, fue asesinado en 2023 presuntamente por miembros de su propia organización.
Otro, Jesús Ávila, conocido como “Chiquito Malo”, comanda al EGC y es uno de los hombres más buscados del país sudamericano.
Crecimiento reciente
Los analistas de Pares indican que el modelo de operación del EGC, flexible y basado en acuerdos con estructuras locales legales e ilegales, les permite crecer sin necesidad de confrontaciones abiertas.
En los últimos años, los también conocidos como “Urabeños” ampliaron su presencia en otros territorios como el Bajo Cauca, Córdoba, norte del Chocó y parte del Magdalena Medio.
“Este crecimiento se apoyó en la capacidad de absorber bandas locales, presionar a autoridades municipales y ocupar espacios donde la Fuerza Pública no logró mantener una presencia suficiente y permanente”, dice un informe de Pares.
El grupo también ha destacado por su flexibilidad y diversificación económicas.
Durante los cierres de la pandemia en 2020 y 2021 ofrecían bienes y servicios y cuando explotó el éxodo migratorio por el Darién se aliaron con comunidades locales para sacar cuantiosas rentas del fenómeno.
Al igual que otros grupos armados en Colombia, el EGC aprovechó con éxito los espacios dejados por la desmovilización de las Farc.
Entre 2022 y 2025, Pares señala que los gaitanistas crecieron a menor ritmo, aunque reportes de su expansión a zonas mineras en el sur del departamento de Bolívar muestran una búsqueda de incrementar más su presencia territorial.
Negociaciones con el gobierno de Petro
Cuando Petro llegó al gobierno en agosto de 2022, prometió negociar con varios grupos armados en su búsqueda de la paz total.
Su iniciativa de también conversar con el EGC generó críticas en el país, ya que expertos y opositores políticos dudan sobre cómo una organización, considerada como criminal por el Estado colombiano, renunciará a las armas y las rentas millonarias que deja su control territorial.
El EGC se considera a sí mismo como grupo político y reclama recibir un trato similar al de las guerrillas y los paramilitares en las negociaciones de paz.
Recientemente, en una reunión en Doha, Qatar, representantes del EGC y el gobierno colombiano firmaron un acuerdo para trabajar progresivamente hacia un posible desarme y la pacificación de territorios.
El tiempo corre en contra de Petro, quien terminará su mandato en agosto de este año.
Las acciones de EE.UU., que no parece cedar en su ofensiva contra el narcotráfico en América Latina, añaden más incertidumbre si cabe a unas negociaciones de paz en Colombia que no dan los resultados esperados.
Y, a la vez, alimentan el temor de que se produzcan ataques en territorio colombiano, como ha advertido Trump.
Ya lo dijo el Departamento de Estado en su anuncio: “EE.UU. seguirá usando todas las herramientas disponibles para proteger nuestra nación y detener las campañas de violencia y terror cometidas por carteles internacionales y organizaciones criminales transnacionales”.
Petro consideraría cualquier amenaza contra la soberanía colombiana como una “declaración de guerra”, según ha expresado.
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