Ante Trump, México y Canadá deben apostar por América del Norte
El regreso de Donald Trump a la Oficina Oval tendrá implicaciones tectónicas en la relación de Estados Unidos con el resto del mundo y para el orden internacional basado en reglas. Por su proximidad geográfica, nivel de interdependencia y diásporas en ese país, México y Canadá son a todas luces los países más expuestos al riesgo Trump.
En el ámbito internacional, la segunda administración del presidente Trump estará definida por la carrera por el liderazgo tecnológico con China. El reto central para México y Canadá será convencer que la receta para competir con éxito en esta disputa está en una mayor integración regional que aproveche la complementariedad económica, energética y demográfica de los tres países.
Ante este panorama, ¿qué pueden hacer los dos socios y aliados más importantes de Estados Unidos? En primer lugar, preservar América del Norte. Toda revisión del Tratado México-Estados Unidos-Canadá (T-MEC) debe mantener su naturaleza trilateral. México y Canadá deben ir juntos para empujar sus intereses ofensivos y defensivos.
Esto es especialmente relevante para el próximo gobierno canadiense, que de dejarse llevar por el canto de las sirenas y buscar un acuerdo bilateral llegaría en una posición de debilidad a la mesa de negociaciones en temas clave como el acceso a los mercados de lácteos y madera, la excepción cultural de Quebec o la posibilidad de establecer paneles para la revisión de medidas antidumping.
Por su parte, México debe convencer que reglas de origen más estrictas para el sector automotriz debilitaría a la industria en la región en beneficio de las armadoras chinas. De igual forma, el país debe impulsar una flexibilización de las reglas de origen en textiles para fortalecer la industria textil y de confección, especialmente en el sur de México, regiones históricamente expulsoras de migrantes.
La cuestión migratoria, el problema perenne en la relación México-Estados Unidos representa un nudo difícil de desenredar dada la ausencia de condiciones políticas en el Capitolio y en la Casa Blanca para una reforma migratoria integral. No obstante, es posible dar pasos en esa dirección.
Las caravanas de migrantes de América Central, Venezuela, Cuba y Haití, entre otros países, no terminarán únicamente con el despliegue de elementos de la Guardia Nacional en el Suchiate. México, Estados Unidos y Canadá tendrían que establecer un programa ambicioso de visas temporales donde los tres países, proporcional a su tamaño y economía, reciban un determinado número de migrantes por año.
Asimismo, México tiene que promover una ampliación de la lista de profesiones del T-MEC para la entrada temporal de personas de negocios para incorporar empleos actualmente escasos en Estados Unidos como el autotransporte o la enfermería.
En energía, tanto México como Canadá debieran aprovechar la coyuntura para impulsar el desarrollo de proyectos transfronterizos de infraestructura energética que abonen a fortalecer la seguridad energética y la competitividad de la región.
La administración Trump mantendrá la presión para detener los flujos de droga, particularmente fentanilo, a EUA, una de sus principales preocupaciones. La amenaza del crimen organizado transfronterizo sólo se puede abordar con éxito de forma conjunta.
En este sentido, la respuesta tendría que ser un Tratado de Seguridad de América del Norte que formalice los canales y mecanismos de cooperación en este rubro, con mecanismos de identificación de objetivos prioritarios, intercambio de inteligencia, congelamiento de cuentas y otros activos en los tres países, certificaciones y controles de confianza, entrenamiento y capacitaciones, entre otros.
Sólo así podrán México y Canadá quitarse de encima esa espada de Damocles que representa la amenaza arancelaria.
* Oscar Ocampo (@OscarOcampo) es coordinador de Energía y Medio Ambiente.
Negar la ciudadanía por derecho de nacimiento requeriría el apoyo de 2/3 del Congreso y 3/4 de los estados de EE.UU.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que planea poner fin a la “ciudadanía por derecho de nacimiento”, en referencia a la ciudadanía estadounidense que se concede automáticamente a cualquier persona nacida en el país.
Trump firmó el lunes una orden ejecutiva que aborda la definición de ciudadanía por derecho de nacimiento, aunque los detalles hasta ahora no están claros.
La ciudadanía por derecho de nacimiento se deriva de la 14ª enmienda de la Constitución estadounidense, que establece que “todas las personas nacidas” en EE.UU. “son ciudadanos de Estados Unidos”.
Aunque Trump prometió poner fin a esta práctica, tratar de hacerlo supondría enfrentarse a importantes obstáculos legales. La Unión Americana de Libertades Civiles y otros grupos demandaron inmediatamente al gobierno de Trump por la orden ejecutiva.
¿Qué es la “ciudadanía por derecho de nacimiento”?
La primera frase de la 14ª enmienda de la Constitución estadounidense establece el principio de “ciudadanía por derecho de nacimiento”:
“Todas las personas nacidas o naturalizadas en Estados Unidos, y sujetas a su jurisdicción, son ciudadanos de Estados Unidos y del estado en el que residen”.
Los partidarios de la línea dura en materia de inmigración argumentan que la política es un “gran imán para la inmigración ilegal” y que anima a las mujeres embarazadas indocumentadas a cruzar la frontera para dar a luz, un acto que se ha denominado peyorativamente “turismo de natalidad” o tener un “bebé ancla”.
¿Cómo surgió la enmienda?
La 14ª enmienda se adoptó en 1868, tras el final de la Guerra Civil. La 13ª enmienda había abolido la esclavitud en 1865, mientras que la 14ª resolvía la cuestión de la ciudadanía de los antiguos esclavos liberados nacidos en Estados Unidos.
Decisiones anteriores del Tribunal Supremo, como Dred Scott contra Sandford en 1857, habían establecido que los afroamericanos nunca podrían ser ciudadanos estadounidenses. La 14ª enmienda anuló esa decisión.
En 1898, el Tribunal Supremo de Estados Unidos afirmó que la ciudadanía por nacimiento se aplica a los hijos de inmigrantes en el caso Wong Kim Ark contra Estados Unidos.
Wong era un joven de 24 años, hijo de inmigrantes chinos, que nació en EE.UU., pero al que se le denegó la reentrada cuando regresó de una visita a China. Wong alegó con éxito que, al haber nacido en EE.UU., la condición de inmigrantes de sus padres no afectaba a la aplicación de la 14ª enmienda.
“El caso Wong Kim Ark contra Estados Unidos afirmaba que, independientemente de la raza o el estatus migratorio de los padres, todas las personas nacidas en Estados Unidos tenían todos los derechos que ofrecía la ciudadanía”, escribe Erika Lee, directora del Centro de Investigación de Historia de la Inmigración de la Universidad de Minnesota.
“El tribunal no ha vuelto a examinar esta cuestión desde entonces”.
¿Puede Trump revocarla?
La mayoría de los juristas coinciden en que el presidente Trump no puede poner fin a la ciudadanía por derecho de nacimiento con una orden ejecutiva.
“Está haciendo algo que va a molestar a mucha gente, pero en última instancia esto lo decidirán los tribunales”, señaló Saikrishna Prakash, experto constitucional y profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Virginia. “Esto no es algo que él pueda decidir por su cuenta”.
Prakash dijo que, aunque el presidente puede ordenar a los empleados de las agencias federales que interpreten la ciudadanía de forma más restrictiva -los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE.UU., por ejemplo-, eso daría lugar a impugnaciones legales por parte de cualquier persona a la que se denegara la ciudadanía.
Esto podría dar lugar a una larga batalla judicial que acabaría en el Tribunal Supremo de Estados Unidos.
Una enmienda constitucional podría suprimir la ciudadanía por derecho de nacimiento, pero para ello se necesitarían dos tercios de los votos de la Cámara de Representantes y del Senado y la aprobación de tres cuartas partes de los estados de EE.UU.
¿A cuántas personas afectaría?
Según el Centro de Investigaciones Pew, en 2016 nacieron en EE.UU. unos 250.000 bebés de padres inmigrantes no autorizados, lo que supone un descenso del 36% respecto al máximo alcanzado en 2007. En 2022, el último año del que se dispone de datos, hubo 1,2 millones de ciudadanos estadounidenses nacidos de padres inmigrantes no autorizados, según Pew.
Pero como esos niños también tienen hijos, el efecto acumulativo de poner fin a la ciudadanía por derecho de nacimiento aumentaría el número de inmigrantes no autorizados en el país a 4,7 millones en 2050, según el Instituto de Política Migratoria.
En una entrevista con el programa “Meet the Press” de la NBC, Trump dijo que pensaba que los hijos de inmigrantes no autorizados debían ser deportados junto a sus padres, aunque hubieran nacido en EE.UU.
“No quiero estar rompiendo familias”, dijo Trump el pasado diciembre. “Así que la única manera de no romper la familia es mantenerlos juntos y tienes que enviarlos a todos de vuelta”.
Más de 30 países -entre ellos Canadá y México- practican el “Ius soli” automático o “derecho de suelo” sin restricciones.
Otros países, como Reino Unido y Australia, permiten una versión modificada en la que la nacionalidad se concede automáticamente si uno de los progenitores es ciudadano o residente permanente.
*Este artículo fue escrito y editado por nuestros periodistas con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial para la traducción, como parte de un programa piloto.
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